El juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, elevó a juicio oral y público el proceso penal contra el hijo de un exvicepresidente de la República, quien fue acusado por supuesto abuso sexual de un niño de 10 años. El Ministerio Público sostiene en su acusación que el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad del menor para manosearlo en varias oportunidades.

Tras la audiencia preliminar, el juzgado resolvió admitir íntegramente la acusación del Ministerio Público y, además, dispuso que el acusado cumpla arresto domiciliario con control de la comisaría jurisdiccional de la zona. Asimismo, impuso medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y a su madre.

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La acusación presentada por el fiscal Armin Echeguren refiere que el procesado, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía 10 años a la fecha de la denuncia, procedía a manosearlo en sus partes íntimas, por debajo de su ropa, utilizando como herramienta la excusa de los juegos para conseguir su cometido de índole sexual.

Los episodios, según la investigación, sucedían durante las visitas a su domicilio y, ocasionalmente, en la casa de los abuelos paternos, debido a que contaba con un régimen de relacionamiento.

Con la resolución del juzgado de primera instancia, el acusado deberá afrontar juicio oral y público y será juzgado por un Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora.

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Personal de Crimen Organizado y el Ministerio Público realizaron una serie de allanamientos en Filadelfia, departamento de Boquerón, que derivó en la captura de un sospechoso y la incautación de evidencias vinculadas a un menor. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y actualmente todos son sospechosos de la desaparición del pequeño Khael.

A cinco días de la desaparición de Khael Valdez en el Chaco paraguayo, el fiscal Lucrecio Cabrera perdió la esperanza de encontrar con vida al pequeño de 3 años y solicitaron ayuda a los ayoreos para seguir con la búsqueda. Así también, se realizaron una serie de allanamientos en los que se encontraron importantes evidencias y se detuvo a una persona.

El procedimiento se llevó a cabo en simultáneo durante la noche de ayer miércoles en dos viviendas en la ciudad de Filadelfia, que dio como resultado la detención de un hombre identificado como Daniel Caballero Velázquez, de 41 años. En el mismo lugar se incautaron un vehículo, dispositivos electrónicos y varios objetos que serían de niños.

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“Nosotros ya perdimos la esperanza de encontrarlo con vida si es que está en la zona, porque es imposible que resista al calor. Estuve ahí un día entero y no aguantamos mucho tiempo; con 40 grados es difícil de aguantar, sin agua y comida, un niño no va a soportar, salvo que lo tenga una persona”, afirmó Cabrera, en Unicanal.

Refirió que la hipótesis más fuerte es que el niño no está perdido en la zona, sino que alguien lo tiene y están investigando al padre de Khael e iniciaron el peritaje de su celular. “No sé si es una trata o un secuestro, pero no hay pedido de dinero, por eso sospechamos del papá, que podría haber actuado para desaparecer”, detalló.

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Ante el ofrecimiento del líder de la comunidad ayoreo totobiegosode y abogado, Tagüide Picanerai, el fiscal confirmó que aceptaron el ofrecimiento y que la idea es peinar nuevamente la zona en búsqueda del menor. “Pedimos la colaboración de los Ayoreos, porque se ofrecieron; ellos conocen el lugar y tenemos antecedentes de otras personas que fueron encontradas por ellos”, apuntó.

Aseguró que todos los equipos de búsqueda siguen con las tareas y que están volviendo a peinar la zona tanto a caballo, a pie como vía aérea. “Buscan entre matorrales o lugares donde el niño pudo haberse quedado, pero estoy más convencido de que el niño no está en el lugar”, reiteró.

Agregó que actualmente todos son sospechosos y que solicitó informes financieros de todo el personal de la estancia como del entorno cercano para rastrear posibles pagos vinculados al retiro del niño. “Tenemos que desconfiar de todos; investigaremos las comunicaciones y movimientos de dinero para aclarar esta situación”, puntualizó.

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El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió suspender preventivamente en el ejercicio de sus funciones, y sin goce de sueldo, al juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Capitán Bado (Circunscripción Judicial de Amambay), Cristian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por el supuesto hecho de lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Asimismo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició un proceso de enjuiciamiento en su contra.

De acuerdo con el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de una causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.

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Según el escrito fiscal, en agosto de 2023 la Senabico informó al juez que los inmuebles poseían medidas cautelares vigentes dictadas en dicha causa. Pese a ello, el magistrado dispuso la subasta de ambas propiedades. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos emitidos en octubre y noviembre de 2023 —a pedido del propio juez— confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez.

A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. El 28 de noviembre, el juez aprobó el remate y ordenó la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Finalmente, la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a la vigencia de las medidas cautelares dictadas en el proceso penal relacionado con el caso “Cabeza Branca”.

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El juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, uno de los sospechosos del crimen de Rebeca Martínez en Eusebio Ayala. En esta causa, Rodríguez Merlo está acusado en Asunción por el hurto agravado de una camioneta Toyota Fortuner, ocurrido el 20 de octubre de 2024 en el barrio Sajonia. Asimismo, el magistrado levantó la orden de captura internacional que pesaba sobre el imputado y decretó su prisión preventiva.

En relación con su presunto cómplice, José Luis Paes Gasparin, el juzgado se opuso al pedido de sobreseimiento provisional y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ratifique la solicitud o presente una acusación formal.

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La causa penal se originó tras la sustracción de una Toyota Fortuner blanca, año 2020, perteneciente a Héctor Daniel Villalba. El vehículo había sido estacionado alrededor de las 19:35 del 20 de octubre de 2024 en la intersección de las calles Cala’a y Antonio Ruiz de Arellano, en el barrio Sajonia.

Según la acusación, Rodríguez Merlo manipuló la puerta del conductor mientras Paes Gasparin realizaba tareas de vigilancia. Tras forzar el acceso, ambos ingresaron al habitáculo, lograron arrancar el rodado y, aproximadamente a las 21:04, se dieron a la fuga, iniciando la investigación por supuesto hurto agravado.

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