El agente fiscal Abelino Bareiro Aguirre, de Saltos del Guairá, formuló imputación contra un hombre de 39 años, por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, así como por producción de riesgos comunes, conforme a la Ley n.° 4711/2012 y su modificatoria. Asimismo, el representante del Ministerio Público pidió al juzgado la prisión preventiva del imputado.
La investigación se inició tras un procedimiento realizado el 3 de julio de 2026, alrededor de las 21:00, durante un allanamiento efectuado en una vivienda ubicada en el barrio Santa Rosa de la ciudad de La Paloma, departamento de Canindeyú.
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En el procedimiento fueron incautados 348,2 gramos de supuesta cocaína, distribuidos en distintos paquetes y 11 dosis, un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, marca FM, de procedencia argentina, con un cargador y ocho cartuchos, tres motocicletas de diferentes marcas y modelos, dos teléfonos celulares, una balanza de precisión y G. 1.204.000 en efectivo, monto que sería producto de la comercialización de sustancias ilícitas.
De acuerdo con los elementos colectados durante la investigación, el Ministerio Público sostiene la existencia de suficientes indicios sobre la presunta participación del imputado en los hechos investigados, por lo que además de la imputación solicitó la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para asegurar su sometimiento al proceso penal.
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Investigan muerte en Ñemby: sufrió descarga eléctrica mientras reparaba un cartel
El Ministerio Público investiga una tragedia laboral en la ciudad de Ñemby, donde un hombre falleció mientras reparaba el cartel publicitario en una estación de servicio. Se presume que la cinta métrica que utilizaba el trabajador que estaba sobre un andamio hizo contacto con un cable de alta tensión.
Según el reporte policial, el accidente ocurrió en una estación de servicio que se encuentra en el barrio Cañadita de Ñemby, ubicada sobre la ruta PY01 (exAcceso Sur), muy cerca del límite con la ciudad de Ypané, donde un grupo de trabajadores realizaba mantenimiento al cartel.
Testigos indicaron que el hombre subió a una torre de andamios a una altura aproximada de 15 metros y que realizaba mediciones con una cinta métrica de metal y en un momento dado, hizo contacto con el cable eléctrico de alta tensión de la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
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Tras el contacto, Héctor Catalino Zarza Ferreira, de 34 años, fue prácticamente despedido por la descarga y quedó colgando del andamio, ya que contaba con las medidas de seguridad correspondientes. Su compañero de trabajo lo auxilió rápidamente y llamó a los bomberos voluntarios de la ciudad.
En el lugar intervinieron bomberos, agentes policiales de la comisaría local, personal de Criminalística y representantes del Ministerio Público, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias del accidente laboral y determinar si contaban con las medidas de seguridad al momento de realizar el trabajo.
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Condenan a 22 años de cárcel a un hombre por abuso sexual contra su sobrina
Un Tribunal de Sentencia condenó a un hombre a 22 años de pena privativa de libertad tras hallarlo culpable de la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños, en una causa en la que resultó víctima su propia sobrina, de tan solo 9 años de edad.
La acusación fue sostenida en juicio por la agente fiscal Norma Salinas, titular de la Unidad Penal n.° 1 de la ciudad de Eusebio Ayala. Durante el desarrollo del juicio oral y público, la representante del Ministerio Público logró acreditar plenamente la existencia del hecho y la responsabilidad penal del acusado. Para ello, presentó un cúmulo de elementos probatorios, periciales y testimoniales que fueron producidos y valorados de manera integral por el Tribunal Colegiado de Sentencia de Cordillera.
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Con base en la gravedad del delito, el vínculo familiar existente y el daño ocasionado a la menor, los magistrados resolvieron dictar la mencionada sanción penal en primera instancia.
No obstante, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal, la defensa técnica del sentenciado aún cuenta con el plazo legal para interponer un recurso de apelación especial contra el fallo. En caso de que se presente dicha impugnación, el expediente será elevado a un Tribunal de Apelación, instancia que tendrá a su cargo revisar las actuaciones y definir si confirma, modifica o revoca la condena dictada.
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FAO convoca a Paraguay para presentar su modelo de titulación de tierras en Roma
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), realizó una invitación al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, a representar a Paraguay en el II Foro Mundial de Soluciones de Políticas para la Agricultura Familiar, que se realizará el 24 y 25 de noviembre en Roma, Italia.
Esta invitación no surge de forma casual, teniendo en cuenta que Paraguay ya había recibido un importante reconocimiento internacional de parte de este organismo por su política de titulación de tierras. Sobre todo, teniendo en cuenta el enfoque de inclusión de mujeres rurales. Este reconocimiento se había dado en mayo pasado, cuando el Indert recibió el premio internacional “Logro 2025″.
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Ahora bien, esta convocatoria a Roma permitirá al ente rural paraguayo proyectar su experiencia en un foro de discusión sobre políticas públicas para la agricultura familiar. Paraguay, representado por el Indert presentará su experiencia en titulación masiva de tierras, con énfasis en mujeres rurales y jóvenes, destacando herramientas innovadoras como el Barrido Predial Masivo.
Cabe resaltar que el BPM es una metodología de relevamiento territorial que permite identificar, registrar y procesar información sobre los lotes rurales de una colonia, con el objetivo de agilizar su regularización jurídica. Su implementación involucra el trabajo coordinado del Indert, el Servicio Nacional de Catastro y la Dirección General de los Registros Públicos.
Desde la institución rural destacan que la iniciativa paraguaya despierta interés internacional por promover la seguridad jurídica, la autonomía económica de las mujeres, el arraigo campesino y nuevas oportunidades para las generaciones jóvenes. “Paraguay lleva al mundo su experiencia de inclusión y desarrollo rural, con la titulación de tierras como herramienta de transformación social”, resalta el informe oficial.
Respecto al II Foro Global de Soluciones de Políticas para la Agricultura Familiar, es un encuentro que reunirá experiencias y propuestas de distintos países sobre el acceso equitativo a la tierra, la gobernanza responsable de la tenencia y el fortalecimiento de la agricultura familiar. En ese espacio, Paraguay expondrá los resultados de su programa de titulación masiva, con énfasis en la incorporación de mujeres rurales y jóvenes al acceso a la propiedad.
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Ueno Bank: imputan al superintendente de Bancos por lesión de confianza y piden su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo y Verónica Valdez Rivas formularon imputación contra el superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor. Esto se da en el marco de la causa penal que investiga presuntas irregularidades relacionadas con las operaciones de Ueno Bank S.A. y el ejercicio de las funciones de supervisión del sistema financiero.
Asimismo, los fiscales pidieron al Juzgado de Garantías la prisión preventiva del imputado. Ante este pedido, el juez Humberto Otazú ya admitió la imputación y fijó para este viernes, a las 08:45, la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si Insfrán va a prisión o recibe medidas alternativas.
En la presente causa penal también están imputados el expresidente de la República Santiago Peña, así como el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. En el caso del exjefe de Estado, el mismo se encuentra privado de libertad en el Regimiento Escolta Presidencial, mientras que Carvallo está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
Según el acta de imputación, el superintendente habría tomado conocimiento formal, el 29 de abril de 2026, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno Bank, entre ellas Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20 %.
La representación fiscal sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el imputado no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.
Asimismo, la investigación señala que el 16 de junio de 2026 se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank tras una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S.A. por aproximadamente USD 74,4 millones. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.
Otro de los hechos atribuidos se refiere al tratamiento de un informe técnico remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión, que advertía sobre posibles irregularidades en la operación de transferencia de cartera. Según el acta de imputación, el documento habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin haber sido elevado formalmente al Directorio de la institución. La Fiscalía también atribuye al imputado la presunta falta de impulso de medidas correctivas y el no haber comunicado oportunamente al Directorio del BCP la necesidad de adoptar disposiciones ante las observaciones detectadas, mientras la entidad bancaria continuaba desarrollando operaciones financieras.
Como parte de las diligencias investigativas, los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres y Elena Fiore Franco encabezaron un allanamiento en la vivienda del superintendente, donde se ejecutó una orden de detención previamente dispuesta por el Ministerio Público. Durante el procedimiento fueron incautados documentos relacionados con sus funciones, computadoras, un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
Asimismo, se inspeccionaron dos vehículos. En uno de ellos fueron halladas maletas vacías, mientras que en el otro se localizaron documentos y una computadora de trabajo, que también fueron incautados. Los elementos recolectados serán sometidos a los análisis y pericias correspondientes para determinar su eventual relevancia para la investigación.
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