El juez del Tribunal de distrito del Este de Virginia (Estados Unidos), Rossie D. Alston, fijó para el 11 de enero de 2027 la fecha de inicio del juicio para el meganarcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, por lavado de dinero, drogas y narcoterrorismo.
El juzgado rechazó intentos de la Fiscalía que pretendía retrasar para marzo próximo, es decir un año después de su arresto registrado en Bolivia, según informó el portal de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Hoy miércoles, se realizó un suerte de audiencia preliminar en el Tribunal Federal de Alexandría, en la que el magistrado Alston elevó la causa a juicio oral.
El abogado de Marset, Robert Feitel, pidió al juzgado que el juicio se adelante ya en noviembre de este año, pero fue rechazado, fijando para el 11 de enero de 2027, previendo dos semanas o más para lo que consideró un caso complejo", refirió el portal de la OCCRP.
Marset, el narcotraficante uruguayo más importante de los últimos tiempos llegó a ser el número tres más buscado por la DEA (Administración de Control de Drogas) estadounidense, pidiéndose una recompensa de USD 2 millones por su arresto.
El narco uruguayo fue capturado en una redada al sur de Bolivia el 13 de marzo pasado y luego fue extraditado a los Estados Unidos. Además de lavado de dinero, se añadieron cargos de tráfico de drogas y narcoterrorismo.
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Fiscalía define si acusa y pide juicio oral para procesado por estafa
La fiscala Verónica Mayor deberá presentar su acusación u otro requerimiento este 2 de julio en el marco del proceso penal que enfrenta Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente procesado por estafa con un perjuicio que sería de USD 91.000.
Sin embargo, meses atrás el Ministerio Público pidió el sobreseimiento provisional debido a que debía realizar varias diligencias por lo que ya estaría habilitada a poder presentar el requerimiento conclusivo en relación al presente caso.
En julio del 2025 el Ministerio Público, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta rara la presentación que realizó la fiscala.
De acuerdo la información que se maneja habría elementos para poder presentar la acusación y el pedido de juicio oral contra el procesado y eso está en manos de la fiscala mayor.
Imputación
Meses atrás, la fiscala Laura Romero había formulado imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, Darío Ramón Mongelós había realizado una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
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EE. UU. designa como organización terrorista al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers
Estados Unidos anunció el miércoles que designa como organización terrorista extranjera al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers, una facción que se separó de los Choneros en 2020.
Chone Killers “ha llevado a cabo numerosos ataques (...) incluidos asesinatos de alto perfil de autoridades públicas” explicó un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.
Los grupos ecuatorianos Los Choneros y Los Lobos fueron declarados organizaciones terroristas extranjeras en setiembre del año pasado.
“La Administración Trump, en asociación con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo nuestro hemisferio manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos” aseguró el comunicado.
Tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, Estados Unidos dio un paso significativo en el combate al crimen organizado, al designar como organizaciones “narcoterroristas” a más de una decena de grupos o cárteles en América Latina, en México, Colombia, Brasil o Ecuador.
Coordinar la lucha contra el crimen
Esa designación, según la interpretación jurídica del gobierno Trump, permite mano libre a la hora de atacar a los grupos o a sus líderes, sea donde sea.
Washington empezó por atacar militarmente a lanchas de presuntos narcos en el Caribe, y luego en el Pacífico, a partir del 2 de setiembre pasado.
Esas acciones, que provocaron alarma de gobiernos progresistas en la región, han causado como mínimo 215 muertos, según un recuento de la AFP.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y jurídicas han denunciado esos ataques con misiles, que no suelen dejar supervivientes, como una violación flagrante del derecho internacional.
El pasado 12 de junio el Pentágono atacó la guarida del líder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, Niño Guerrero, que murió en la operación.
El ataque contó con la colaboración del gobierno venezolano, a cargo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, con el que se han estrechado enormemente los lazos tras la operación de captura y extracción del país de Nicolás Maduro.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, es uno de los fieles aliados de Trump en la región, y ya ha visitado Estados Unidos en varias ocasiones para coordinar la lucha contra el crimen organizado.
Las tropas extranjeras que participen en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador gozarán de inmunidad, según un decreto que emitió Noboa hace 12 días.
Por el territorio ecuatoriano transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.
El narcotráfico convirtió al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.
Fuente: AFP
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EE. UU. ha arrestado a unas 350 personas relacionadas con Tren de Aragua, dice Fiscal General
Unos 350 miembros o presuntos miembros de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua han sido detenidas en Estados Unidos desde que fue declarada organización terrorista, declaró este miércoles el fiscal general, Todd Blanche.
Tren de Aragua fue designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump el 20 de febrero de 2025.
El líder de la organización criminal, ‘Niño’ Guerrero, murió en una operación estadounidense en territorio venezolano que contó con la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez, el 13 de junio.
“Hemos detenido creo que en torno a 350 miembros o presuntos miembros de Tren de Aragua”, declaró en rueda de prensa Blanche, que destacó que el gobierno Trump se ha centrado en esta nueva amenaza criminal en su segundo mandato en la Casa Blanca.
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Blanche anunció junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, y fiscales de Texas e Illinois, la detención de ocho miembros del grupo venezolano en varias operaciones, todos ellos inmigrantes ilegales.
Cuatro de los detenidos son acusados de matar a un padre delante de sus dos hijos menores tras un secuestro en 2024 en Texas. Un quinto involucrado en el caso también fue arrestado. En tanto, otros tres fueron inculpados en Chicago por un secuestro que terminó en ejecución, detallaron los fiscales estatales.
Blanche explicó que tras la designación del grupo hace año y medio, el Departamento de Justicia puede añadir cargos de terrorismo a medida que avanzan las investigaciones.
“A menudo las acusaciones adicionales llegan luego, cuando podemos añadirlas”, explicó. El gobierno estadounidense ha prometido incrementar las operaciones militares en América Latina contra el crimen organizado.
El Pentágono lleva a cabo desde septiembre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con más de 215 víctimas hasta ahora.
- Fuente: AFP
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Demandan a Maduro en EE. UU. por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
Las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela demandaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro en un tribunal de Estados Unidos, acusándolo de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal.
La demanda de 44 páginas, presentada el martes, afirma que Maduro ordenó a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) ejecutar a los hombres entre 2017 y 2020.
La querella indica que las víctimas son parte de miles de personas asesinadas bajo el mando de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FAES, que se disolvieron en 2021 tras denuncias de abusos, incluso por parte de Naciones Unidas.
Maduro está en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por cargos penales de narcotráfico, después de que el ejército estadounidense lo derrocara en una operación en Venezuela en enero.
Durante su presidencia, de 2013 a 2026, fue reiteradamente acusado de usar la represión para aferrarse al poder.
La demanda civil, presentada ante un tribunal federal en Brooklyn, sostiene que los asesinatos de los cinco jóvenes siguieron un patrón conocido de ejecuciones extrajudiciales bajo el gobierno de Maduro.
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Describe cómo los agentes de las FAES llegaron a los barrios de las víctimas de madrugada, vestidos completamente de negro y con el rostro cubierto, y separaron a los hombres de sus familias antes de dispararles.
Luego, los funcionarios fabricaron relatos según los cuales las víctimas se habían “resistido a la autoridad”.
“Maduro utilizó a las FAES como instrumento político y mecanismo de control social para reprimir violentamente la disidencia, aterrorizar a los barrios de bajos ingresos y eliminar a la oposición política”, afirma la demanda.
“De hecho, las FAES son ampliamente consideradas un ‘escuadrón de la muerte’ o ‘grupo de exterminio’”, añade.
La demanda sostiene que el Poder Judicial venezolano, sesgado, ha impedido que se rindan cuentas por los asesinatos.
Las familias, cuyas identidades se mantienen protegidas por razones de seguridad, presentaron la demanda en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos y buscan una compensación económica de Maduro.
Se espera que el ex hombre fuerte de Venezuela solicite inmunidad como jefe de Estado, informó The New York Times. En su caso penal, en el que está acusado junto con su esposa Cilia Flores, Maduro se ha declarado “prisionero de guerra”.
Se ha declarado no culpable de los cargos que enfrenta, entre otros conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas.
- Fuente: AFP
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