- Ciudad del Este. Agencia regional
El fiscal Luis Fernando Escobar, de la Unidad Penal N.º 7 de Ciudad del Este, formuló acusación contra un ingeniero agrónomo por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa y producción mediata de documento público de contenido falso. El valor de la supuesta estafa asciende a 114 mil dólares. Asimismo, pidió la apertura a juicio oral y público.
La causa investigada que llegó al estado de acusación indica que, el agrónomo mantenía relaciones comerciales con la empresa Agro Capital S.A. y se habría presentado ante la firma como empresario dedicado a la actividad agrícola, atribuyéndose solvencia económica y capacidad productiva. Ante esa circunstancia, habría generado confianza en la empresa afectada.
De acuerdo a la acusación fiscal, en fecha 10 de abril de 2025, compró diversos repuestos, implementos y maquinarias agrícolas por un valor de USD 114.527, entregando un cheque de pago diferido de un banco de plaza, con fecha de cobro fijada para el 30 de julio de 2025.
Posteriormente, en fecha 26 de agosto de 2025, al momento de la presentación del cheque para su cobro, la entidad bancaria informó la existencia de una orden de no pago y la inhabilitación del titular de la cuenta para operar en cuenta corriente, motivo por el cual el documento fue rechazado.
Asimismo, el procesado presentó una denuncia por supuesto extravío del mismo cheque, pese a haber sido entregado previamente en el marco de la operación comercial. A partir de dicha denuncia, se confeccionó un documento público con esa constancia, lo que desembocó en una orden de no pago del citado cheque a la empresa que debía cobrar por los implementos vendidos.
El Ministerio Público sostiene la existencia del hecho y la presunta participación del encausado, en base a los elementos colectados durante la investigación. En tal sentido, junto a la acusación solicitó la apertura a juicio oral y público, así como la remisión de la carpeta fiscal al Juzgado Penal de Garantías.
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Fiscalía acusa a dueño de matadería por vertido irregular de desechos que afectan al río Acaray
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El propietario de una matadería fue acusado formalmente por el Ministerio Público por hechos punibles contra el medio ambiente, al realizar el vertido de desechos sin cumplir con leyes ambientales y permitir que los desechos vayan a parar al río Acaray.
Se trata de Jorge Javier Gómez González, de la matadería La Familia – Frogomez, quien fue acusado por la fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente de Alto Paraná. Es por el incumplimiento de medidas de mitigación y el procesamiento ilícito de desechos generados durante el faenamiento de ganado vacuno.
La causa se inició tras una divulgación del 17 de febrero de 2026, que alertaba sobre la aparición de sustancias desconocidas en las aguas del río Acaray. La información generó preocupación entre pobladores de la zona ante una posible alteración del curso hídrico, la fauna, la flora y la salud humana.
A partir de ese reporte, el Ministerio Público inició las diligencias para determinar el origen de los residuos y establecer las responsabilidades correspondientes.
En el marco de la investigación, una comitiva fiscal allanó el 18 de marzo de 2026 la matadería ubicada en el km 9 Acaray de Ciudad del Este, a orillas del río Acaray. Durante la intervención se constató que el establecimiento realizaba faenamiento de ganado vacuno y contaba con sectores destinados a la limpieza, almacenamiento de estiércol y tratamiento de efluentes líquidos.
También se verificó que las tres lagunas de estabilización anaeróbicas se encontraban a cielo abierto y no contaban con la impermeabilización mediante geomembranas establecida en el plan ambiental aprobado, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
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Hallazgo de desagüe con salida al río Acaray
Durante la inspección se constató el escurrimiento abierto de líquidos provenientes de la limpieza de la planta, con presencia de sangre, grasa y estiércol. Asimismo, fue hallado un antiguo canal de desagüe que contaba con una salida directa hacia las márgenes del río Acaray.
La Fiscalía sostuvo que estas condiciones evidenciaban deficiencias en el manejo y tratamiento de los efluentes líquidos, pese a las obligaciones previstas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado en 2025.
Entre los elementos reunidos por la Fiscalía para la acusación figuran un análisis del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), un informe de la Itaipú Binacional y documentos de Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), entre otros resultados de análisis de muestras y registros de las verificaciones realizadas en el establecimiento.
La fiscal Zunilda Ocampos sostuvo que la investigación se encuentra agotada y formuló acusación contra el responsable de la firma. Asimismo, solicitó la admisión de las pruebas y la elevación de la causa a juicio oral y público.
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Revelan conflicto entre accionistas de empresa dueña de shopping de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, imputó a cinco personas, entre accionistas y ejecutivos de la firma K & K Shopping’s S.A., por supuesta apropiación, lesión de confianza, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y su uso.
La empresa K & K S.A. es la propietaria del Shopping Paris de Ciudad del Este. Los procesados son: Elizabeth Kim Jang, presidenta del directorio, apoderada y representante legal de K & K Shopping´s S.A.; Kim Jang, accionista; Nam Jun Kwon, vicepresidente del directorio; Antonio Ramón Galeano Vega, síndico titular y Alexis Florentín Gauto, secretario de asamblea.
La investigación abarca una serie de actuaciones societarias realizadas entre mayo de 2025 y marzo de 2026, las cuales, según la Fiscalía, perjudicaron a dos accionistas del grupo KAO/WANG, Rosana Ming Kao y Hasiao Hua Wang
La Fiscalía detalla que el capital de la empresa era de G. 103.000 millones y estaba distribuido en partes iguales entre los grupos KIM y KAO/WANG. La situación cambió tras la asamblea del 5 de mayo de 2025, que resolvió reducir a G. 38.850 millones mediante el rescate de acciones y estableció pagos de G. 3.207.500.000 para una de las accionistas y G. 28.867.500.000 para la otra.
En la imputación se indica que, las sumas citadas quedaron a cargo de la sociedad para su entrega a las titulares, pero nunca habrían sido abonadas. Un comprobante emitido por la propia empresa el 26 de mayo de 2025 consignó como pagado el monto de G. 26.558.100.000, tras una retención tributaria de G. 2.309.400.000 sobre la suma mayor.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el dinero jamás ingresó a las afectadas. De hecho, el 15 de enero de 2026, una de ellas fue convocada para firmar los recibos correspondientes, pero se negó con el argumento que los valores continuaban impagos.
Paralelamente, la composición accionaria volvió a tener modificaciones sustanciales, según el escrito fiscal. El 18 de diciembre de 2025, el capital se incrementó de G. 38.850 millones a G. 49.350 millones mediante la emisión de 210 acciones adjudicadas a una sola accionista, cuya participación subió del 50 % al 61 %, reduciendo la del grupo KAO/WANG al 39 %.
Posteriormente, el 13 de marzo de 2026, se ejecutó un nuevo aumento hasta alcanzar los G. 103.350 millones con 1.080 nuevas acciones. De estas, 560 respondían a un supuesto aporte de G. 28.000 millones y fueron adjudicadas nuevamente a la misma persona, quien pasó a controlar el 71 % de la firma, dejando a las dos afectadas con un 29 % conjunto.
La investigación señala que estos aportes —por un total de G. 38.500 millones— no habrían sido efectivamente integrados, emitiéndose acciones sin que la sociedad recibiera el capital.
La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la etapa preparatoria debido a la complejidad del caso y al volumen de documentación por analizar, requiriendo la aplicación de medidas alternativas a la prisión para todos los procesados.
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Acusan a funcionario de DNIT y personal de la Marina por lesión a un adulto y un menor
- Ciudad del Este. Agencia regional
El funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) Osvaldo Carísimo Bustamente y el personal del Área Naval del Este, Gumercindo Ramírez Achneider fueron acusados por el fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de Ciudad del Este, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión corporal en el ejercicio de funciones y privación de libertad.
Los acusados habían sido imputados tras ser vistos en un video viralizado cuando agredieron a un adulto y a su hijo, un menor de 14 años en la cabecera del Puente de la Amistad. El fiscal pidió el juicio oral y público.
El hecho se había registrado el 14 de octubre de 2025, alrededor de las 16:20, en la zona primaria de la Aduana de Ciudad del Este, durante un control de ingreso al país. En ese momento, un hombre mayor de edad y su hijo, de 14 años, circulaban a bordo de un automóvil Toyota Sienta, de color blanco, cuando fueron retenidos por los intervinientes para una verificación.
Durante la verificación se produjo un forcejeo, momento en que el funcionario citado habría utilizado la fuerza para intentar sacar al conductor del habitáculo.
El adolescente quiso defender a su padre y, según el relato fiscal, fue sujetado del cuello, golpeado en la cabeza, a la altura del oído, y tomado del cabello.
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La acusación también sostiene que el funcionario de la DNIT ingresó al vehículo por el lado del acompañante y habría actuado con violencia para sacar al conductor del rodado. El procedimiento fue grabado y divulgado en redes sociales.
Tras el procedimiento a cargo del personal de la Aduana y de la Marina, el conductor fue aprehendido y trasladado hasta la sede del Área Naval, donde permaneció privado de su libertad hasta aproximadamente las 21:00.
La conducta atribuida al funcionario de la DNIT fue calificada como lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, mientras que al agente de la Marina se le atribuye lesión corporal y el de privación de libertad, en calidad de autor.
Como evidencia material, la Fiscalía ofreció grabaciones del procedimiento contenidas en discos y un dispositivo de almacenamiento proporcionado por la Dirección General de Aduanas, además de filmaciones remitidas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo de Amílcar Antonio Marecos.
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Rafael Filizzola maniobró plazos y dejó caer póliza en caso de comisarías
Una serie de maniobras administrativas y omisiones deliberadas habrían permitido al exministro del Interior Rafael Filizzola consumar un millonario perjuicio al Estado en el caso de las obras inconclusas en comisarías.
La acusación fiscal de fecha 9 de diciembre de 2014, chicaneada hace 11 años para evitar juicio oral de la causa, argumenta paso a paso la lesión de confianza que se atribuye al exministro del Interior Rafael Filizzola por el pago de obras en comisarías que no fueron realizadas.
El hilo de evidencias muestra que, a sabiendas de que la entrega de las obras no eran posibles en el periodo fiscal licitado, se procedió a la obligación de los pagos mediante maniobras administrativas y ampliación de plazos que, finalmente nunca se cumplieron y heredaron trabajos por debajo del 10 % de avance y un agujero de G.1.200 millones a las arcas del Ministerio del Interior.
Filizzola hasta se destendió de sacar una resolución de rescisión de contrato, requisito fundamental para el inició de la ejecución de la póliza. Con esta y otras omisiones administrativas se dejó caer la cobertura generando el millonario daño al patrimonio del Estado. Lea la infografía de la cronología del alevoso perjuicio consumado al erario público.
“En once años nunca estuvo ante un juez”
El Ministerio Público había imputado al exministro del Interior Rafael Filizzola por supuesta lesión de confianza.
El ministro del Interior, Enrique Riera, recordó que hace 11 años el senador Rafael Filizzola está chicaneando ante la Justicia y a la fecha, “nunca se sentó frente a un juez”, en el marco del proceso por supuesta lesión de confianza durante su gestión al frente del Ministerio del Interior por la compra de helicópteros para la Policía Nacional.
Filizzola estuvo procesado por la compra de cuatro helicópteros Robinson R44 usados para la Policía Nacional, en 2010, operación cuestionada por presuntas irregularidades administrativas y un supuesto perjuicio patrimonial al Estado. Dos de esas aeronaves fueron denunciadas posteriormente como inservibles.
Al respecto, el ministro Riera, en comunicación con el Programa “Arriba hoy” que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, recordó que su colega, senador Filizzola, de quien señaló que se había molestado cuando le dijo en su momento que sus helicópteros no volaban porque no servían. Pero, por esta causa ya lleva 11 años chicaneando.
“Hace 11 años que chicanea y hasta ahora no se pudo hacer la audiencia preliminar. Es decir, que nunca, hasta hoy en día se sentó ante un juez. Lleva 11 años chicaneando en una causa que ya está ante la Corte”, precisó.
El ministro Riera señaló además que el primer caso vinculado a los helicópteros de la Policía Nacional ya prescribió, mientras que el segundo caso está a poco tiempo de prescribir. “Pero hasta ahora, él nunca se presentó ante la Justicia”, remarcó.
PERJUICIO PATRIMONIAL
Cabe señalar que el Ministerio Público había imputado al exministro del Interior Rafael Filizzola por supuesta lesión de confianza. La Fiscalía argumentó en su momento que la adquisición, realizada a la empresa Proibérica, se hizo de forma irregular y causó un perjuicio patrimonial estimado al Estado de 50.000 millones de guaraníes.
A la fecha, esta causa penal prácticamente está cerrada, luego de que en marzo del año pasado, Filizzola lograra obtener una resolución a medida, atendiendo a que la jueza Penal de Garantía, Alicia Pedrozo, dio lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo del exministro, lo que en el ámbito político se calificó como un “blanqueamiento” por plazos vencidos.