Ciudad del Este. Agencia Regional.

Dos pilotos extranjeros fueron condenados a 14 y 13 años de prisión, tras ser hallados culpables por tráfico internacional de drogas, en un juicio oral y público sustanciado ante un Tribunal de Crimen Organizado de la capital del país, Asunción. Los condenados son Lucio Alfonzo Paz Fernández (36), piloto de nacionalidad boliviana, y Elmer Enrique Figueroa Paredes (53), copiloto peruano.

Fueron considerados responsables del traslado de un cargamento de cocaína proveniente de Bolivia y con destino final al Brasil, según se sustentó en la acusación por remisión a países extranjeros de sustancias estupefacientes, tenencia sin autorización de estupefacientes, provisión de medios de transporte y formación de organizaciones constituidas, para perpetrar hechos contra la ley 1340/40.

Elvio Aguilera fue el agente fiscal de la causa y el Tribunal de Sentencia que dictó el fallo condenatorio estuvo presidido por el juez Federico Rojas e integrado por las magistradas María Luz Martínez y Rossana Maldonado.

Los ahora condenados fueron detenidos el 29 de enero de 2023, alrededor de las 13:20, durante un operativo conjunto de la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná y agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en las afueras de Hernandarias.

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En el lugar, los intervinientes se incautaron de 265,095 kilos de cocaína distribuidos en 260 panes, hallados en el interior de una avioneta Cessna 206, matrícula CP-2038, de color blanco, que estaba al mando de los tripulantes extranjeros.

La aeronave habría ingresado desde Bolivia con el cargamento ilícito y aterrizado en un camino vecinal de la zona, para reabastecerse de combustible, donde era aguardada por cinco personas de sexo masculino a bordo de dos camionetas, de las cuales descendieron para bajar bidones de combustible.

Sin embargo, se percataron de la presencia de los intervinientes y todos huyeron del sitio, abandonando los bidones y la aeronave, pero los pilotos fueron aprehendidos.

La investigación fiscal sostiene que la operación formaba parte de una estructura criminal dedicada al tráfico aéreo de cocaína desde Bolivia, con tránsito por territorio paraguayo y destino final el mercado brasileño, considerado uno de los principales puntos de comercialización de la red.

Durante el procedimiento también fueron incautados dos GPS y otras evidencias que confirmaron la logística utilizada para el transporte aéreo de la droga, según lo expuesto en juicio.

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Cansados del abuso sexual del esposo de su tía, dos hermanos adolescentes de 14 años, mellizos, dejaron la casa donde vivían en el municipio de Santa Teresa, departamento de Caaguazú, y se trasladaron a Ciudad del Este junto a familiares maternos a pedir auxilio, para luego denunciar el hecho.

Es lo que relataron ante la unidad fiscal a cargo de Vivian Coronel (Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes), donde las mismas víctimas, acompañadas de algunos familiares, relataron sobre los años de sufrimiento, de los que habrían sido víctimas. El abuso los habrían sufrido desde las 6 años, según dijeron.

La madre de los hermanos falleció cuando eran muy niños y quedaron bajo la guarda de la tía. El esposo de la mujer es quien sería el autor de los hechos. El mismo aprovechaba los momentos en que no se encontraba su esposa en la casa para someter a sus sobrinos, según lo referido.

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Tras la orden pertinente de la fiscal, agentes de la División Inteligencia de la Policía al mando del subcomisario José Rolón, fueron hasta Santa Teresa, Km 37, en el límite entre Alto Paraná y Caaguazú y procedieron a la detención del hombre, de nacionalidad brasileña, de 52 años.

Fue trasladado hasta el Ministerio Público de Ciudad del Este, donde ya en horas de la noche se le tomó la declaración. La fiscal Vivian Coronel refirió a La Nación/Nación Media que está confirmado el abuso a los hermanos.

La identidad del detenido se omite en cumplimiento de las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que pudieran permitir la identificación de menores de edad en carácter de víctimas o autores de hechos punibles. En este caso, el supuesto tiene parentesco con las víctimas.

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El presidente de la República, Santiago Peña, ordenó el retiro de todos los carteles publicitarios ubicados en la vía pública en Ciudad del Este. A través de sus redes sociales, el mandatario paraguayo expresó su contundente postura hacia lo ocurrido esta mañana en la zona primaria de la capital de Alto Paraná, con respecto a los carteles que contenían mensajes ofensivos hacia el pueblo paraguayo.

“Deploramos los carteles ofensivos instalados en Ciudad del Este. Este tipo de acciones no aportan al entendimiento ni el respeto que deben prevalecer entre los pueblos”, lamentó el jefe de Estado, mediante un comunicado que divulgó en su cuenta personal de X.

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El jefe de Estado anunció que ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el retiro total de toda la cartelería de uso publicitario en el Este, así como también, cualquier otra instalación irregular que ocupe espacios públicos.

“He ordenado al MOPC el retiro de todas de estas estructuras, así como de cualquier otra instalación irregular que ocupe espacios públicos, en el marco de las atribuciones legales que la institución viene ejerciendo en distintos puntos del país”, anunció.

Asimismo, el mandatario remarcó que el Paraguay está viviendo uno de sus mejores momentos, sobre todo en el ámbito económico, lo que genera un gran interés de diversos sectores empresariales.

“Paraguay crece, atrae inversiones y avanza con fuerza hacia el futuro. Quizás eso incomode a algunos. A nosotros nos motiva a seguir trabajando para que el gigante que es Paraguay siga creciendo y ocupando el lugar que merece. Paraguay seguirá hacia adelante”, remarcó.

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El Tribunal de Sentencia Permanente N.° 2 de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, dictó fallo condenatorio a Rodrigo Sebastián Tamarasco, a 2 años de pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. Es porque usaba electricidad de manera ilegal para la operación de una criptominería. El fiscal de la causa fue Alcides Giménez Zorrilla.

El proceso se había iniciado hace tres años a raíz de la denuncia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), por robo de energía eléctrica. En el juicio fue comprobada la utilización clandestina de electricidad para la operación de una criptominería.

El caso se originó a partir de una intervención realizada por funcionarios de la Ande el 11 de abril de 2023, en un inmueble ubicado en el barrio Pablo Rojas, de Ciudad del Este. En dicho lugar, los técnicos de la Ande detectaron una conexión clandestina e irregular directamente a una línea de Media Tensión trifásica de la Ande, antes del medidor, permitiendo el consumo de energía eléctrica, sin registro ni facturación legal.

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Durante el procedimiento fiscal y policial con orden de allanamiento, se constató que la conexión irregular alimentaba un transformador de 300 kVA y equipos utilizados para criptominería, actividad caracterizada por el elevado consumo de energía eléctrica. En tal sentido, la conexión ilegal y el robo de energía constituyeron un perjuicio patrimonial a la Ande por más de 2.300 millones de guaraníes. (G. 2.366.129.189).

El Tribunal de Sentencia Permanente, bajo la presidencia del juez penal de Sentencia, Fabio Aguilar Benítez e integrado por los jueces Serafín González y Vitalia Duarte, declaró probada la existencia del hecho punible de sustracción de energía eléctrica, así como la culpabilidad y responsabilidad del acusado Rodrigo Sebastián Tamarasco.

Asimismo, el Tribunal dispuso el comiso de los bienes incautados durante el operativo, entre ellos cables, crucetas, descargadores, cartuchos porta fusibles, separadores y un transformador de 300 kVA.

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