El líder de la bancada de Honor Colorado de la Cámara de Senadores, Natalicio Chase, brindó su parecer político respecto al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, que rechazó la acción de inconstitucionalidad plateada por la exsenadora Kattya González. El legislador considera que el dictamen de la máxima autoridad judicial es correcto y justo e indicó que salió en el sentido que debía de salir.

El parlamentario mantuvo una charla con varios medios de prensa esta mañana en la sede de la Cámara Alta, donde en primer lugar aclaró que no cuenta con una opinión jurídica como tal, ya que no es abogado de profesión.

No obstante, señaló que sí puede dar una opinión política respecto al fallo que emitió la CSJ sobre Kattya González y al respecto, indicó que el análisis que hace la Corte se basa en tres patas principales. En primer lugar, señaló que las decisiones de sanciones del Congreso no son justiciables. “No pueden llevarse a otro Poder a hacer análisis, o si no, no tendría la independencia que dicen tener los Poderes del Estado”, explicó.

Como segundo aspecto, señaló que lo más discutido fue si estaba o no vigente el reglamento interno. A lo que agregó que aunque esté vigente ese reglamento interno del Senado, era inconstitucional. “Entonces no puede tener validez. Desde ese punto de vista el reglamento debería ser descartado, porque ningún reglamento ni ley puede estar en contra de la Constitución, que es la ley madre, y es la ley número uno en la pirámide de Kelsen", recordó.

Mientras que como tercer punto que resaltó la CSJ en su dictamen, tiene que ver con la supuesta indefención que planteó la exsenadora Kattya González. “Sin embargo, ella estuvo tres días en huelga de hambre, estaba presente y sí fue notificada. No se presentó por decisión propia a defenderse, a pedir prórroga o a hacer algún pedido dentro del pleno que pueda ayudarle a justificar su no defensión, según ella expresó“, agregó.

Por tanto, el senador Chase remarcó que considera que el dictamen de la Corte es correcto y justo. “Tardó un poco, pero yo creo que salió en el sentido que tenía que salir. Yo me ratifico en que fue una acción que tomó el Senado, así como otros tantos, creo que nueve casos en el periodo anterior. Y bueno, no pueden ser reclamados por la Corte Suprema”, remarcó.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio del Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ), anunció este lunes la apertura de inscripciones para el “Diplomado de Actualización en la Etapa de Ejecución Penal”, una propuesta académica dirigida a magistrados y funcionarios judiciales de todo el país.

La etapa de ejecución penal corresponde al período posterior a una sentencia firme, cuando se supervisa el cumplimiento de las condenas, medidas de seguridad y demás disposiciones judiciales. El diplomado busca actualizar conocimientos y fortalecer las capacidades de los operadores de justicia en esta fase clave del sistema penal.

El programa comenzará el próximo 24 de junio a las 13:30 en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción. Las clases serán presenciales para los participantes de la Capital, mientras que los integrantes de los juzgados de ejecución del interior podrán seguirlas de manera virtual.

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El primer módulo estará encabezado por el vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia y titular de la Sala Penal, Luis María Benítez Riera, junto con la directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional, Mónica Paredes.

“Durante la jornada se analizarán los mecanismos legales que regulan el traslado internacional de personas condenadas, así como los convenios internacionales aplicables en Paraguay”, explicaron desde la Corte.

La capacitación tendrá una carga total de 100 horas académicas, distribuidas en diez módulos de 10 horas cada uno. Las actividades se desarrollarán semanalmente, con dos clases de cinco horas los miércoles y jueves.

Desde la organización destacaron que el diplomado será completamente gratuito y estará disponible tanto para funcionarios y magistrados de la Circunscripción Judicial de la Capital como para los de las distintas circunscripciones del interior del país mediante la modalidad telemática.

Los interesados pueden completar su inscripción a través del formulario habilitado por la Corte Suprema de Justicia.

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Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este miércoles que fueron retirados más de 5.000 kilogramos de documentos y otros materiales en desuso del Archivo General. La medida se dio como parte de un proceso de depuración documental orientado a fortalecer las políticas de sostenibilidad ambiental dentro de la institución.

“La tarea estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección de Derecho Ambiental, quienes realizaron una inspección en las instalaciones para identificar, clasificar y gestionar residuos susceptibles de ser reciclados”, indicaron.

Agregaron que la iniciativa busca optimizar el uso de los recursos, disminuir el impacto ambiental y fomentar la reutilización de papel y otros materiales recuperables.

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De acuerdo con los datos proporcionados por la dependencia, durante la jornada se logró separar más de cinco toneladas de material destinado al reciclaje, contribuyendo así a una gestión más eficiente y responsable de los residuos generados por la actividad institucional.

Las acciones forman parte de las disposiciones establecidas en la Acordada N.º 733/2012, normativa que promueve prácticas de ahorro y manejo adecuado de desechos dentro del Poder Judicial.

El director de Derecho Ambiental, ingeniero Mauricio Peña, señaló que la cantidad recuperada corresponde únicamente al área intervenida y adelantó que los trabajos continuarán en otras dependencias.

Explicó además que las tareas se desarrollan en coordinación con la Administración de Fueros, organismo encargado de determinar qué documentos deben conservarse y cuáles pueden ser eliminados, especialmente aquellos vinculados a expedientes concluidos hace más de una década.

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Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este lunes sobre la presentación del nuevo reglamento de funcionamiento de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM), una actualización considerada clave para mejorar la coordinación entre organismos públicos encargados de prevenir, atender y erradicar la violencia de género en el país.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos impulsados en el marco de la Ley N.º 5777/2016 y busca consolidar una respuesta estatal más eficiente, articulada y enfocada en la protección integral de las mujeres. Entre los principales cambios incorporados se encuentran:

• nuevas normas para el funcionamiento de la mesa
• mecanismos de seguimiento a los compromisos asumidos por las instituciones participantes
• y una mayor participación de organizaciones de la sociedad civil.

Las modificaciones también establecen reuniones ordinarias cada dos meses, regulan los procedimientos de integración y exclusión de organizaciones, institucionalizan los encuentros anuales de altas autoridades y contemplan medidas ante ausencias injustificadas de los representantes designados.

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Durante la sesión técnica realizada en Asunción se presentó además el Plan de Acción 2026, documento estratégico que orientará las acciones interinstitucionales para fortalecer la prevención y la respuesta ante los casos de violencia contra las mujeres. Según se informó, la gran mayoría de las metas previstas cuenta con financiamiento asegurado mediante cooperación internacional.

Autoridades destacaron que la actualización reglamentaria permite subsanar un vacío normativo existente desde hace dos años, otorgando mayor seguridad jurídica y operativa a la Mesa PREVIM. Asimismo, se avanzó en la conformación de un comité de trabajo que tendrá a su cargo el proceso de incorporación de organizaciones de la sociedad civil, con una convocatoria pública prevista para las próximas semanas.

La Mesa PREVIM, liderada por el Ministerio de la Mujer, reúne a diversas instituciones del Estado con el propósito de coordinar políticas públicas y fortalecer las acciones destinadas a reducir la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional.

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