El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una investigación penal a los efectos de indagar al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez; al exgerente de abastecimiento y logística, Jaime Caballero, y a otros implicados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y malversación de fondos.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta y Silvia González, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón, serán los encargados de investigar a los denunciados.
Dos profesionales del derecho presentaron la denuncia penal contra el extitular del IPS, Jorge Brítez Acosta, así como contra exdirectivos y miembros del Consejo de Administración por supuestas irregularidades en licitaciones que habrían generado un perjuicio de más de G. 391.574 millones.
La denuncia señala presuntas sobrefacturaciones, falta de estudios técnicos, ausencia de controles y contratos supuestamente duplicados en servicios de higienización, fumigación, desinfección y sistemas de gestión. Entre los señalados figuran:
- Jaime Caballero
- Alicia Olazar
y los miembros del Consejo de Administración:
- Gustavo Alberto González Maffiodo
- Carlos Alberto Pereira Olmedo
- José Emilio Argaña Contreras
- Víctor Eduardo Insfrán Dietrich
- y José Jara Rojas.
La denuncia también alcanza a la directora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel.
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Caso Tajy: destraban proceso penal contra el exintendente de CDE, Miguel Prieto
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como Tajy y destrabó el proceso penal del exjefe comunal acusado por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.
La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la realización de la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direccionadas a empresas vinculadas al exintendente.
La acusación, el perjuicio patrimonial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.
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Filizzola pontifica sobre justicia mientras busca su impunidad
La máxima instancia judicial decidirá si Rafael Filizzola será blanqueado en el caso de lesión de confianza donde habría perjuicio de G. 1.200 millones.
La doble moral como estrategia política resulta el ejercicio de un total cinismo en la actuación del senador Rafael Filizzola debido a que el mismo se erige como el juez moral de nuestra República; sin embargo, el citado parlamentario se olvida de que él mismo aún tiene cuenta pendiente con la Justicia por un proceso penal por supuestos hechos de corrupción cometidos cuando se desempeñaba como ministro del Interior entre 2008 y 2011.
En mayo de 2025, Filizzola fue beneficiado por la Justicia con la prescripción del proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.
Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que busca continuar con el proceso penal y presentar las pruebas en un juicio oral contra Filizzola. Hasta el momento, no se ha podidoresolver la apelación de la Fiscalía debido a que Filizzola recusó a dos camaristas. Ante dicha situación, el integrante del tribunal de alzada, José Agustín Fernández, decidió apartarse del caso. Debido a ello, el expediente pasó a manos de la camarista Adriana Giagni, quien no estuvo de acuerdo con la inhibición de su colega Fernández y decidió impugnar su separación ante la Corte.
A raíz de esto, el expediente se encuentra en la Sala Penal de la Corte integrada por Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos (dos liberales) desde setiembre de 2025, a los efectos de resolver quién integrará la cámara de apelación que estudiará si corresponde que Filizzola siga procesado o si se le vuelve a beneficiar con un blanqueamiento. Actualmente, solo el camarista Paublino Escobar conforma el tribunal de apelación.
PRESCRIPCIÓN POR CHICANAS
En mayo de 2025, el juezpenal de Garantías Yoan Paúl López resolvió hacer lugar al incidente de prescripción y benefició con el sobreseimiento definitivo al exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, quien estaba acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “todo verde”, donde se registró un perjuicio patrimonial de G. 1.200 millones.
Con la resolución judicial dictada en primera instancia, Filizzola logró la impunidad tras presentar diversas chicanas durante más de 10 años, evitando así ser juzgado por un tribunal de sentencia.
ACUSACIÓN
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre de 2010, el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, aprobó la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de la época. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras nunca fueron terminadas. En esta misma causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional del procedimiento.
Blanqueado en el caso helicópteros Por otra parte, la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.
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Caso agua tónica: ratifican condena por corrupción de la extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo
Patricia Delia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tendrá que cumplir una pena de 4 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada. Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, ratificada en segunda y, ahora, en la máxima instancia judicial.
Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, fueron condenados por el delito de lesión de confianza debido a la compra irregular de agua tónica durante la pandemia de covid-19. Esta maniobra ocasionó a la institución estatal un perjuicio patrimonial que supera los G. 300 millones.
Los ministros de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazaron el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de la expresidenta de Petropar, Delia Patricia Samudio Torras, y de su esposo, José Manuel Costa Perdomo (condenado a 3 años y 9 meses). Con este fallo, la Corte ratificó de forma definitiva las penas de prisión para ambos por el hecho punible de lesión de confianza.
El caso
De acuerdo con la investigación penal, Samudio autorizó la adquisición de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 mascarillas KN95, 60 tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 pallets y 15 termómetros láser que nunca ingresaron al ente público.
Para la Fiscalía, desde un principio fue evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez, algo que logró demostrarse mediante la pesquisa y los elementos presentados en el juicio oral.
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Itakyry: Policía identificó a algunos de los autores del asalto y rapto de menor
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Continúa la intensa búsqueda policial de los autores del asalto, robo y rapto de un menor, liberado poco después, que ocurrió esta madrugada en el centro de Itakyry. Algunos de los integrantes de la banda criminal fueron identificados por los agentes investigadores y habrían sido seis los involucrados en el hecho.
Es lo que manifestó a La Nación/Nación Media, el comisario José Martínez, jefe de Investigaciones de San Alberto, quien forma parte del contingente policial que está tras la detención de los autores del hecho. Indicó además que la banda criminal responsable sería de la zona con un amplio conocimiento del manejo de la familia que fue víctima del atraco.
El jefe policial dijo que los buscados no serían brasileños, sino paraguayos que querían hacerse pasar por brasileños, según los datos que están consiguiendo. “No pasan de 6 o 7 los que estuvieron involucrados, de los cuales son cuatro los que ingresaron al local”, dijo el comisario Martínez.
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“Así como va la investigación creemos que mañana ya tendríamos a algunos detenidos”, sostuvo. La identificación de las cuentas a las que fueron realizadas las dos transferencias bancarias, fue el dato inicial para avanzar en la investigación.
El caso tiene que ver con el asalto que sufrió la familia De Oliveira De Lima, propietaria del supermercado El Campo, ubicado en el centro de Itakyry. Desde las 02:00 hasta las 03:30 aproximadamente los delincuentes ingresaron a la vivienda ubicada en la parte posterior del local comercial.
La banda utilizó armas cortas y largas para reducir a la familia y apoderarse de un total de 50 millones de guaraníes, joyas y transferencia a dos cuentas por un total de 14 millones de guaraníes. Un adolescente de 15 años fue raptado con fines de escudo para luego ser liberado en un cultivo.