Proyecto fue seleccionado en la convocatoria a Proyectos I+D en Transición Energética 2023, de Conicet de Argentina, ANII de Uruguay, Conacyt de Paraguay y FAPESP de Brasil.

El III Workshop Inter­nacional “Transi­ción energética por techos fríos para la refrige­ración urbana y generación de H₂” reunió a investigado­res para compartir avances de un proyecto orientado a desarrollar tecnologías que reduzcan el consumo energé­tico, mitiguen el calor urbano y contribuyan a la producción de hidrógeno. El encuentro se realizó en la Facultad de Ciencias Químicas de la Uni­versidad Nacional de Asun­ción (FCQ-UNA).

La iniciativa articula institu­ciones científicas de Argen­tina, Brasil y Paraguay y busca desarrollar tecnologías de techos fríos (cool roofs), superficies capaces de refle­jar una parte importante de la radiación solar y presentar una alta emisividad térmica. Estas características permi­ten disminuir la temperatura de las superficies de los edifi­cios y reducir la demanda de energía destinada a la refri­geración.

Durante el workshop, las investigadoras principales Noelia Archapar, de Argen­tina; Fátima Yubero, de Para­guay; y Lía Toledo Moreira Mota, de Brasil, presentaron avances en investigación de materiales, química, física, electrónica, energía y mode­lación urbana. Entre los tra­bajos se destacó el desarrollo y caracterización de revesti­mientos para techos fríos, además de estudios sobre su potencial protección de pro­piedad intelectual.

La investigación también contempla la producción de hidrógeno mediante proce­sos electroquímicos utili­zando aguas colectadas de las superficies de los techos, así como su integración con tecnologías fotovoltaicas. Asimismo, en viviendas de Posadas, Argentina, se ins­talaron sensores para anali­zar temperatura y humedad y comparar edificaciones con y sin revestimientos. También se desarrollaron sensores de bajo costo para registrar tem­peratura del aire, humedad, concentración de dióxido de carbono y temperatura super­ficial.

El Tribunal de Apelación Penal rechazó la chicana del imputado por lesión de confianza, Arnoldo Wiens, y confirmó al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, para que siga llevando adelante el presente proceso penal. El citado magistrado tendrá que resolver varios incidentes pendientes y fijar la fecha para la realización de la audiencia preliminar, en la que se definirá si el acusado irá a juicio oral.

Wiens y su defensa alegaron una supuesta falta de imparcialidad, cuestionando que el juzgado haya recibido el escrito de acusación mientras aún había incidentes pendientes de resolución. En su momento, el juez Otazú aclaró que solo se tuvo por presentada la acusación para ponerla a disposición de las partes y que la audiencia preliminar se pospuso para resolver todas las cuestiones previas.

El Tribunal de Apelación fundamentó que el pedido carecía de sustento, no violaba garantías procesales y solo buscaba efectos dilatorios, por lo que resolvió ratificar la competencia del juez Otazú.

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De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes. Los agentes fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti sostienen que Wiens recibió en el 2018 un proyecto con el 40 % de avance por parte de la administración del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.

A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, las decisiones de Wiens mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos.

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La agente fiscal Silvia González volvió a solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que destrabe el proceso penal por lesión de confianza contra el exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola. La máxima instancia judicial debe definir quién integrará la Cámara de Apelación que tendrá que estudiar si Filizzola seguirá procesado o no.

Una vez que se defina al camarista, se deberá analizar si corresponde dejar sin efecto la prescripción de la causa que se resolvió en un Juzgado Penal de Garantías. El Ministerio Público apeló dicha determinación y pidió que el proceso siga su curso para que Filizzola continúe procesado en esta causa penal por la supuesta comisión de lesión de confianza.

El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación general en contra del A.I. n.° 371 de fecha 6 de mayo de 2025. El Tribunal de Apelaciones Penal, Primera Sala, fue designado para entender en el recurso; sin embargo, se generó un conflicto de competencia entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuya decisión sigue pendiente ante la misma Sala Penal.

“Esta representación penal viene a solicitar respetuosamente que se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del Tribunal competente y el consecuente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, remarca el documento enviado por la fiscal interviniente a la Corte Suprema de Justicia.

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Este recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el A.I. n.° 371. Por ello, la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, ya que el transcurso del tiempo está directamente vinculado con la cuestión que constituye la materia de controversia.

“Resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del Tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”, agrega el escrito.

El caso “Comisarías de oro”, que involucra al senador Rafael Filizzola por su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo, sigue sin resolverse. La investigación fiscal comenzó en 2013 y el proceso judicial en el Juzgado Penal arrancó al año siguiente; sin embargo, hasta ahora la causa sigue trabada y no avanza. A pesar del desembolso de G. 1.131 millones a la empresa Todo Verde Emprendimientos, las obras quedaron inconclusas.

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El juez Rodrigo Estigarribia decretó este jueves el arresto domiciliario para Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), con el uso de tobillera electrónica, debido a su aparente ingreso irregular al país procedente de Italia, donde se encontraba cuando se produjo su imputación por lesión de confianza y por presunto perjuicio a la previsional por G. 61.000 millones. El exfuncionario compareció junto a sus abogados ante el Juzgado de Delitos Económicos para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Tras su retorno, que no tendría registro oficial de reingreso, el 12 de agosto se puso directamente a disposición del fiscal Julio Ortiz, quien prefirió levantar la orden de detención antes que ponerlo a disposición del juzgado.

Según la imputación, Bataglia, en su rol de presidente del IPS y firmante de las adendas número 3 y 4, habría otorgado, junto con otros funcionarios, condiciones favorables a la empresa Neighpart S.A., permitiendo pagos por aproximadamente G. 61.000 millones y ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial a la previsional.

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Junto con Vicente Mario Bataglia Araujo está imputado otro extitular de IPS, Jorge Brítez, además de funcionarios identificados como Vicente Mario Bataglia Araujo, Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Manuel Villar López, Rosa Colman, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado. Todos ellos se encuentran bajo la sospecha de haber participado en conductas tipificadas y sancionadas por el Artículo 192 incisos 1º y 2º del Código Penal paraguayo, en concordancia con las reglas de autoría y participación legalmente establecidas.

El 14 de agosto, representantes del Ministerio Público realizaron un recorrido por el depósito del Departamento de Materiales y por el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), en el marco de la investigación relacionada con el llamado para la construcción de quirófanos modulares, cuya ejecución se encuentra paralizada ante presuntas irregularidades que son objeto de investigación.

El proyecto contempla la construcción de 11 quirófanos modulares, cuya puesta en funcionamiento representaría un refuerzo para la capacidad quirúrgica y la cobertura sanitaria de la institución.

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