El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación por lavado de dinero y asociación criminal contra Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La mujer se encuentra recluida en el complejo penitenciario de máxima seguridad de Emboscada en el marco del caso A Ultranza Py.
El agente del Ministerio Público solicitó a la jueza de crimen organizado Rosarito Montanía elevar la causa a juicio oral y público. Parte del documento presentado por el fiscal indica que García Troche manejó, entre los años 2020 y 2021, una flota de aeronaves perteneciente al grupo criminal que era utilizada para traslados de Asunción al departamento de Alto Paraná.
Indica además que accedió a beneficios económicos sin haber desarrollado actividad lícita alguna que justifique sus ingresos. La mujer es sindica como pieza clave dentro del esquema de blanqueo de activos montado por la organización criminal de Marset.
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El Ministerio Público señala que la ahora acusada tuvo conductas orientadas a ocultar, disimular e incluir dentro del sistema financiero los fondos que provenían del narcotráfico. García Troche afronta proceso por lavado de dinero, asociación criminal y transgresión a la ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines.
En febrero pasado, García Troche fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cué al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, Cordillera, donde fue recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres.
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Marset se declararía culpable para evitar fuerte condena
El acusado de narcotráfico enfrenta un proceso judicial en los Estados Unidos.
El capo narco uruguayo Sebastián Marset podría declararse culpable con la finalidad de evitar una condena de hasta 20 años de cárcel en el proceso judicial que enfrenta en los Estados Unidos por lavado de activos derivados de ganancias del narcotráfico internacional. La información cobra fuerza teniendo en cuenta que su audiencia preliminar prevista para en el estado de Virginia fuera postergada hasta el 1 de julio para permitir negociaciones entre la Fiscalía federal y su defensa sobre un eventual acuerdo de colaboración.
El medio de comunicación Ámbito señala que la decisión de postergar la audiencia fue adoptada de común acuerdo entre los fiscales estadounidenses y la defensa legal de Marset, y posteriormente avalada por el juez federal Rossie Alston Jr., quien extendió el plazo para que ambas partes sigan negociando una posible declaración de culpabilidad.
Si Marset acepta el acuerdo de culpabilidad, deberá colaborar con información relevante en torno a las operaciones y vínculos de su organización criminal, a cambio de una eventual reducción significativa de la pena.
En cambio, si decide ir a juicio y es condenado, podría enfrentar la pena máxima prevista de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas superiores a los USD 500.000.
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Consejo de la Magistratura detectó inconsistencias documentales y promovió denuncia ante la Fiscalía
Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.
La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.
Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.
Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.
La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.
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EE. UU. inculpa al expresidente cubano Raúl Castro por derribo de dos avionetas en 1996
Estados Unidos inculpó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, la primera vez que un alto cargo del régimen comunista es acusado ante la justicia de su país vecino y enemigo.
Castro está acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, por la muerte de cuatro personas.
Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una gravísima crisis económica.
Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era en 1996 ministro de Defensa.
“Se trata de una acción política, sin ningún fundamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”, escribió en X el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Estados Unidos “no olvida a sus ciudadanos”, proclamó el Fiscal General, Todd Blanche, en rueda de prensa en Miami ante la comunidad de origen cubano. Washington espera que Castro acabe entre rejas, añadió.
“Con el presidente Trump no se juega”
El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron a dos avionetas desarmadas de “Hermanos al Rescate” en el estrecho de Florida, matando a sus cuatro tripulantes.
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Esta organización se proponía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida. Un tercer aparato, donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar por poco.
Cuba actuó entonces “en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales”, aseguró el presidente cubano en su mensaje en la red X. Los aviones cayeron en aguas internacionales.
Este caso ha sido perseguido durante décadas con tenacidad por la comunidad cubanoestadounidense en Florida, uno de los bastiones electorales del presidente Donald Trump.
“La acusación me parece bien y muy justa. El pueblo ha sufrido mucho. El pueblo necesita libertad y que caigan los que tengan que caer”, declaró a la AFP Francys Fabelo, escritora de 67 años, en el histórico restaurante Versailles de Miami.
“Con el presidente Trump no se juega. Esperamos, el pueblo de Cuba espera, que esto vaya en serio”, añadió.
Una oferta de paz
Trump alterna las amenazas con las ofertas de diálogo con la isla, como ya hizo con Venezuela, donde derrocó y se llevó para enjuiciarlo al presidente Nicolás Maduro.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había ofrecido horas antes una “nueva relación” entre su país y Cuba, en un mensaje especial en español, en video.
Esa nueva relación “tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, sostuvo el secretario de Estado.
Trump firmó el pasado 29 de enero un decreto que amenaza con imponer aranceles a los países que venden petróleo a Cuba, lo que dejó en la práctica sin combustible a la isla.
La Habana reconoce que ya no tiene reservas para enfrentar las necesidades cotidianas.
Estados Unidos ofrece ahora 100 millones de dólares en alimentos y medicamentos que deben ser distribuidos directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o algún grupo caritativo.
Rubio fustigó en su mensaje la represión y se refirió además a los apagones que padecen los cubanos.
“La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos”, sostuvo.
“La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado millas de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”, esgrimió Rubio, de origen cubano.
Recordó que hace tres décadas Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA, que es “propiedad de las fuerzas armadas” y, afirmó, “cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual”.
Raúl Castro, que sucedió a su hermano Fidel en la presidencia de Cuba, llevó a cabo un acercamiento histórico en 2015 con Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, que luego cuestionó Trump.
- Fuente: AFP
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Erico Galeano ya se encuentra recluido en el Centro Nacional de Prevenidos
El exsenador Erico Galeano fue trasladado este miércoles hasta el Centro Nacional de Prevenidos (expenintenciaría de Tacumbú), donde guardará reclusión mientras continué el proceso judicial al que se encuentra sometido por asociación criminal y lavado de activos, en el marco de la causa judicial A Ultranza Py.
Galeano, sentenciado a 13 años de prisión, ingresó a la excárcel de Tacumbú cerca de las 11:30 tras haber permanecido bajo custodia en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional. En el recinto, que ya no alberga a personas privadas de libertad que estén condenadas, el exparlamentario será sometido a una evaluación de su estado general de salud por disposición del Ministerio de Justicia.
Galeano ya fue condenado tanto en primera y segunda instancia, pero la condena aún no se encuentra ejecutada en su totalidad. Recientemente su defensa legal, que está a cargo de Ricardo Estigarribia y Luis Almada, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) planteando un recurso extraordinario de casación y una acción de inconstitucionalidad con la finalidad de anular las sentencias previas.
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El exparlamentario refiere que en el marco del proceso quedó vulnerada la presunción de inocencia, el principio de legalidad penal, el principio de culpabilidad, la garantía de la defensa en juicio, el doble conforme y la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones judiciales.
Antecedentes
La ratificación unánime de la sentencia por parte del tribunal de apelaciones, se concretó el lunes 4 de mayo. Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que una aeronave de la marca Beech, propiedad del exlegislador, fue utilizada como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González.
También indicó que, a cambio de la aeronave, Galeano habría recibido dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que insertó dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compra de bienes.
El Ministerio Público también señaló que Galeano recibió aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.