El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, sigue realizando su recorrido por los juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y los juzgados de la Niñez y la Adolescencia de la capital, ubicados en el tercer piso del Palacio de Justicia de Asunción, con el objetivo de verificar las condiciones de funcionamiento, relevar necesidades operativas e identificar acciones orientadas al fortalecimiento institucional y la modernización del servicio de Justicia.
Durante su tradicional recorrido, el titular de la máxima instancia judicial dialogó con los magistrados, actuarios judiciales y funcionarios de los juzgados visitados sobre la dinámica de trabajo y las principales necesidades vinculadas a recursos humanos, organización de espacios y funcionamiento general de las dependencias.
Posteriormente, señaló que continúan las tareas de reorganización y mejora en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia de la capital. Asimismo, destacó que el Poder Judicial avanza en el proceso de digitalización, reciclaje de documentos y remisión de expedientes al archivo institucional.
“Seguimos con la misma dinámica: enviando expedientes al archivo, verificando el reciclaje de papeles que no forman parte de los expedientes y que siempre se acumulan. Sobre eso vamos a elaborar un informe consolidado de todo lo reciclado y remitido al archivo”, expresó.
El titular de la Corte también subrayó la importancia de generar condiciones adecuadas en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, atendiendo a la especial sensibilidad de los casos que allí se tramitan.
“Estos relevamientos tienen como fin mejorar las condiciones de trabajo en los juzgados en general. Sin embargo, en el fuero de Niñez y Adolescencia el tema es todavía más sensible, porque los niños necesitan una atención distinta, una atención que no aumente el estrés que ya tienen por presenciar conflictos. Por eso debemos procurar un ambiente amigable y humano para ellos”, manifestó.
Estas acciones forman parte de la política de supervisión directa impulsada por la Corte Suprema de Justicia, orientada a acompañar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales e introducir mejoras operativas a partir de la observación in situ.
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