Miembros de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados se reunieron este lunes y emitieron un dictamen a favor de la aprobación del proyecto de ley “Que declara en estado de emergencia vial la Avenida Tsunesaburō Makiguchi que une las ciudades de Luque y Limpio, Departamento Central”.

La iniciativa propone declarar en estado de emergencia vial dicha avenida en el tramo que conecta ambas ciudades, por un plazo de 180 días, considerando el grave deterioro que presenta la vía y la necesidad urgente de adoptar medidas que garanticen la seguridad vial y la transitabilidad en la zona, según fundamenta el proyectista.

Se menciona que esta avenida constituye una arteria vial estratégica de Central, atravesando importantes zonas residenciales, productivas y comerciales, tales como la compañía de Itapuamí, el barrio Isla Aranda y otros puntos de alta densidad poblacional.

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“Desde hace varios años, los vecinos de Luque y Limpio vienen realizando reiterados reclamos ante las autoridades competentes, sin que hasta la fecha se haya implementado una solución definitiva y estructural”, dice el proyecto impulsado por el diputado Pedro Gómez.

De sancionarse y promulgarse la ley por el poder Ejecutivo, se autorizará al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a realizar las gestiones correspondientes para la contratación, por la vía de la excepción, de obras, materiales y servicios necesarios para la reparación, mantenimiento y puesta a punto del mencionado tramo. Asimismo esta cartera de Estado podrá disponer de los recursos financieros necesarios para su ejecución inmediata.

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El presidente de la República, Santiago Peña, firmó la promulgación de la Ley 7676/2026, por la cual se declara en situación de emergencia nacional en materia de seguridad vial, en todo el Paraguay debido a las elevadas cifras de siniestros, muertes y heridos de gravedad en las vías públicas. La propuesta legislativa fue recientemente sancionada por el Congreso Nacional.

Esta legislación encomienda a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) la ejecución de acciones y medidas administrativas que sean excepcionales y extraordinarias destinadas a la prevención, fiscalización, control y reducción de accidentes de tránsito.

Entre las acciones previstas se contempla la utilización de herramientas tecnológicas, la coordinación con otras insti­tuciones del Estado y el forta­lecimiento de campañas de concienciación y educación vial dirigidas a conductores, motociclistas y peatones.

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Para lograr estos objetivos, la ANTSV queda facultada para emplear herramientas tecnológicas y coordinar esfuerzos interinstitucionales; conforme a lo que expresa el artículo 2 de la Ley recientemente promulgada. Además, autoriza a implementar los mecanismos operativos, técni­cos e interinstitucionales necesarios para ejecutar las medidas establecidas durante el periodo de emer­gencia.

Cabe destacar que esta legislación contempla de forma complementaria la realización de campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía. En ese sentido, dispone la implementación de acciones interinstitucionales y complementariamente la realización de campañas de concienciación y educación vial, destinados al fortalecimiento de la seguridad vial y para garantizar una pronta y efectiva solución a la situación crítica por la que está atravesando la seguridad vial en el país.

La propuesta legislativa fue presentada por los diputa­dos Hugo Meza y Miguel del Puerto, con el objetivo de dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar una problemática que genera miles de víctimas cada año y representa uno de los prin­cipales desafíos en materia de salud pública y seguridad ciudadana. La declaración de emergencia permitirá acele­rar la adopción de acciones específicas destinadas a dis­minuir los índices de sinies­tralidad y reforzar las polí­ticas públicas de prevención en todo el país.

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En la jornada de este jueves, finalmente prestó declaración el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua en el marco del juicio oral y público de Arnaldo Giuzzio, exministro abdista de la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas) y del Interior, acusado por presunto cohecho pasivo agravado.

Marcus Vinicius fue convocado por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, en carácter de testigo en el proceso judicial. El supuesto narcotraficante prestó declaración vía telemática, teniendo en cuenta que se encuentra privado de libertad en Brasil, y su testimonio fue requerido para dar detalles sobre el origen de la relación que mantuvo con el exministro abdista.

Marcus Vinicius dio las explicaciones requeridas de cómo se inició el contacto con el acusado. Relató que “(conoció a Giuzzio) a través del señor Moacir. Ellos tenían una camioneta que necesitaba de un mantenimiento, era una camioneta que utilizaba el ministro y después pasó a ser usada por la jefa de la Senad”, indicó durante la testifical.

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También detalló que el contacto se inició a través de terceros, de un funcionario público específicamente, pero no supo precisar si se trataba de un funcionario del Ministerio del Interior o de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

“No recuerdo el nombre ahora, pero era alguien que trabajaba con el Ministerio Público o Interior (no supo especificar). No sé, no recuerdo con qué institución él trabajaba, porque en esa época el vehículo era utilizado por la Senad como por el ministro del Interior”, testificó.

Sin embargo, Marcus Vinicius negó que su empresa haya licitado con el Estado paraguayo, esto en el marco de las supuestas negociaciones entre el mismo y el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, para la adquisición de equipos de seguridad (chalecos y blindados) para la Policía Nacional. “Mi empresa nunca trabajó con licitaciones públicas con el Estado”, dijo ante el tribunal.

Por otra parte, también fue consultado si hubo o no un ofrecimiento por parte de Giuzzio u otra persona, o de su propia empresa para dicha licitación, dijo que probablemente sí se dio tal ofrecimiento, aunque sus respuestas fueron bastante evasivas. El juicio fue a un cuarto intermedio de algunos minutos y luego continuará la declaración testifical del brasileño.

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Un grupo de senadores presentaron un proyecto de ley que declara en estado de emergencia al Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS para el año presupuestario 2026.

Con esto se pretende por vía de la excepción de la Ley N° 7021/2022 a fin de autorizar la compra directa de medicamentos, insumos, equipos críticos, laboratorios, servicios tercerizados e incluso contratación temporal de personal médico.

La propuesta fue presentada por los senadores colorados Juan Afara, María Varela y Alfonso Noria, quienes plantean como método de financiación los recursos de bonos del Estado hasta USD 304 millones a 5 años plazo; empréstitos con organismos multilaterales/bilaterales; adelantos del BCP, y los recursos serán imputados a cuenta de la deuda histórica del Estado con el IPS.

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En su exposición de motivos señala que la propuesta de declaración de emergencia es como respuesta a la crítica situación financiera, operativa y asistencial, informada públicamente por el actual presidente de la institución, el Dr. Isaías Fretes, respecto a la situación de dicho fondo, el cual constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de seguridad social en la República del Paraguay.

En este contexto, el documento menciona que la declaración de emergencia se configura como un mecanismo jurídico excepcional que permite dotar al IPS de herramientas administrativas, presupuestarias y financieras extraordinarias, orientadas a garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios de salud, evitando el colapso operativo del sistema.

Además, señala que permite adecuar y ordenar sus deudas contables con los recursos ordinarios, estableciéndose que los fondos obtenidos mediante estas disposiciones deberán limitarse a los objetivos bien especificados en el presente proyecto.

En tal sentido, uno de sus articulados se establece expresamente la exclusividad de los fondos que solo podrán ser utilizados para fortalecer el Fondo de Enfermedad-Maternidad, prohibiendo el uso para deudas anteriores.

En cuanto al régimen excepcional de contrataciones públicas, el proyecto se establece dentro del marco de la Ley N° 7021/2022, con el fin de agilizar los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras indispensables para el funcionamiento del sistema sanitario del IPS.

En cuanto al control, la propuesta normativa establece que el IPS deberá publicar todas las contrataciones. Además de presentar informes mensuales a Contraloría General de la República, que ésta a su vez deberá llevar adelante auditoría concurrente con informes bimestrales al Congreso.

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