El Ministerio Público se opondría al pedido de arresto domiciliario solicitado por la defensa de Dalia López, quien estuvo prófuga de la justicia durante seis años y ahora busca abandonar la cárcel de mujeres de Emboscada.
El juez penal de garantías Francisco Acevedo fijó para este miércoles —último día laboral— a las 9:00 la audiencia de revisión de medidas para la empresaria. La defensa solicitó el arresto domiciliario con el uso de una tobillera electrónica.
Celda VIP
Cabe recordar que, tras su detención, López intentó acondicionar con lujos una celda en el departamento judicial femenino de la Policía Nacional. Al detectarse esta situación, la procesada fue trasladada a la cárcel de mujeres de Emboscada.
Sin embargo, el plan de la “celda VIP” se frustró al hacerse público. En el mismo sentido, se advierte que, de otorgarse el beneficio del arresto domiciliario, se sentaría un precedente negativo para la justicia paraguaya, considerando que la procesada evadió al sistema durante años y nunca demostró voluntad de someterse al proceso penal de forma voluntaria.
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Niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela: ¿qué dice la ley sobre los límites de la disciplina?
Un niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela materna en una vivienda, según una denuncia presentada ante la Policía y difundida inicialmente por C9N. El caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez, que deberán determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.
Según el reporte policial, una familiar del menor se presentó en la comisaría acompañada del niño y relató que lo encontró en la vía pública luego de que este saliera de la vivienda. Al observar que tenía una cadena colocada en una de sus manos, la mujer habría procedido a retirársela y posteriormente comunicó lo ocurrido a las autoridades.
La Fiscalía y la Defensoría de la Niñez fueron informadas del caso para activar las medidas correspondientes. El niño quedó provisoriamente bajo el cuidado de su tía, mientras que la abuela quedó a disposición de las autoridades.
De acuerdo con el relato de los intervinientes, la mujer habría manifestado que recurrió a esa medida porque ya no podía controlar al niño y que este no obedecía sus indicaciones.
¿Hasta dónde puede llegar la disciplina?
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende la investigación puntual: ¿hasta dónde puede llegar un adulto cuando intenta corregir la conducta de un niño?
En Paraguay, los niños y adolescentes son sujetos de derechos y cuentan con protección especial frente a cualquier forma de violencia o vulneración. Las medidas de disciplina o corrección no pueden utilizarse como justificación para someterlos a situaciones que afecten su integridad física o psicológica.
La normativa paraguaya establece además el principio del interés superior del niño, que debe orientar las decisiones de las autoridades y de quienes tienen a su cargo su cuidado. Esto significa que una persona adulta no puede disponer de cualquier mecanismo bajo el argumento de estar disciplinando a un menor.
Cuando una medida implica violencia, sometimiento o una afectación de sus derechos, corresponde la intervención de las instituciones encargadas de su protección. El caso podría configurar una situación de maltrato.
No obstante, será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió exactamente, durante cuánto tiempo estuvo el niño en esa situación, cuáles fueron las circunstancias y qué responsabilidad corresponde a los adultos involucrados.
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El caso queda bajo investigación
La prioridad de las instituciones intervinientes será garantizar la protección del menor y determinar las medidas necesarias para resguardar sus derechos.
La denuncia también vuelve a poner de relieve la importancia de que situaciones de posible violencia o vulneración contra niños sean comunicadas a las autoridades, en lugar de recurrir a medidas que puedan poner en riesgo su integridad.
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Narcotráfico: exfutbolista Julio Manzur fue beneficiado con arresto domiciliario con tobillera electrónica
El exfutbolista Julio César Manzur, acusado por hechos relacionados con el narcotráfico y que enfrenta una pena elevada, fue beneficiado con el arresto domiciliario y el uso de una tobillera electrónica. El tribunal de sentencia de Central, integrado por los jueces Luz Karina Caballero, Julio César López y Carolina Bernal, decidió otorgar la medida al exjugador bajo una fianza de 3.600 millones de guaraníes.
Manzur deberá sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 8 de septiembre en el marco del proceso penal que enfrenta por tenencia y comercialización de drogas, un delito que podría superar los 15 años de cárcel. El colegiado de Luque fijó cauciones que superan los G. 3.600 millones, desglosadas en embargos e inhibiciones por G. 2.884 millones y fianzas personales por G. 750 millones. El procesado recién podrá abandonar la cárcel de Emboscada una vez que se haga efectivo el embargo del monto citado.
Por su parte, la fiscala Andrea Ríos se opuso a la solicitud de arresto domiciliario, argumentando que aún existe peligro de fuga y que el juicio oral está próximo a realizarse.
Asimismo, la representante del Ministerio Público analiza la posibilidad de apelar el fallo judicial. Si lo hace, será un tribunal de apelación de Central el encargado de definir si Manzur continuará en prisión o si permanecerá en su domicilio particular a pesar de la gravedad del hecho.
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Bello dispone colaboración con la Fiscalía en intervención de la Dirección de Vialidad
El intendente de Asunción, Luis Bello, informó que el Ministerio Público se constituyó en la Dirección de Vialidad del municipio asunceno, tras haber dispuesto su intervención, el pasado 16 de julio. En prosecución de esta investigación, el jefe comunal comunicó al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, en una nota remitida el 27 de julio acerca de las denuncias sobre el presunto desvío de recursos públicos en dicha dependencia.
“Puse a disposición toda la colaboración de la Municipalidad para contribuir al esclarecimiento de los hechos e informé sobre la designación de un equipo de auditores para acompañar los procesos administrativos”, indicó Bello en una publicación en redes sociales. “Valoramos el trabajo del Ministerio Público y reafirmamos nuestra plena apertura y colaboración con la investigación. No vamos a tolerar ninguna irregularidad. Los responsables deberán responder ante la ley”.
En la nota remitida a Rolón, el intendente de Asunción adjunta la Resolución de Intendencia n.° 929/2026 I., de fecha 16 de julio de 2026, que determina la Intervención de la Dirección de Vialidad, como medida de carácter temporal y excepcional destinada al esclarecimiento de los hechos denunciados, la verificación del correcto funcionamiento de dicha dependencia, la preservación de la legalidad de la actuación administrativa y del patrimonio municipal, identificar las eventuales deficiencias administrativas, y, de corresponder, la remisión de los antecedentes a las instancias competentes.
El documento informa que fueron designados funcionarios de la Dirección de Contraloría Interna para acompañar el proceso de Intervención, brindando el apoyo técnico necesario para el adecuado desarrollo de las tareas de verificación, análisis y evaluación que comprende dicha medida administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero de la citada resolución, una vez concluidas las actuaciones de la Intervención y emitido el informe final pormenorizado, el mismo será remitido a la Fiscalía General del Estado, acompañado de los antecedentes, documentos e informes que lo sustenten, para los fines que estime pertinentes.
“Esta Intendencia Municipal expresa su plena disposición de coadyuvar con las diligencias investigativas que eventualmente impulse el Ministerio Público, poniendo a disposición toda la información, documentación y antecedentes que fueren requeridos y prestando la colaboración que resulte necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales”, reitera la nota de Bello.
“La presente comunicación tiene por finalidad propiciar una actuación institucional coordinada y oportuna que contribuya al debido esclarecimiento de los hechos y, en su caso, a la determinación de las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieren derivarse de los hechos investigados, en el ámbito de competencia de las autoridades correspondientes”, finaliza la solicitud dirigida a la Fiscalía.
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Faltas en deber del cuidado en abuelos crecieron 25 % en los últimos tres años
Por el Día de los Abuelos, el Ministerio Público informó que en los últimos tres años se reportó un aumento significativo de causas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos. El grupo etario de 80 a 89 años figura entre las víctimas más frecuentes dentro del registro. La fecha del 26 de julio celebra a San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús.
Según el análisis realizado por la Dirección de Planificación entre 2023 y 2025, las causas pasaron de 620 a 775, lo que indica un incremento del 25 %. Apuntan a que la mayoría de las víctimas son personas adultas mayores o personas con discapacidad y que el 96 % de los hechos ocurrió dentro de su propia vivienda.
“En el 83 % de los casos, los presuntos responsables fueron hijos de la persona afectada. El grupo etario de 80 a 89 años registró el incremento proporcional más importante dentro del total de víctimas. En 2023 representaba el 9 %, en 2025 alcanzó el 33 %”, aclara el informe.
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En el año 2025, el 82 % de las víctimas correspondió a personas adultas mayores, el 9 % a adultos mayores con discapacidad y otro 9 % a personas con discapacidad. Dejando en evidencia los casos afecta a personas que, por su edad o condición de discapacidad, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
“En 2025, el 55 % de las víctimas fueron de sexo masculino y el 45 % femenino, una tendencia que también se observó en 2023, cuando los hombres representaban el 59 % de los casos registrados. En el 94 % de las causas se identificaron el incumplimiento de necesidades básicas de alimentación, atención médica, higiene o protección”, puntualiza.
El 50 % de los casos fue reportado en Asunción y Alto Paraná. El 85 % de las denuncias fue presentado por familiares cercanos y responden a una mayor conciencia ciudadana para denunciar estos hechos.
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