Los jueces Pablino Barreto, Juan Dávalos e Inés Galarza deberán fijar fecha y hora para la audiencia de revisión de medidas para el exsenador Erico Galeano. La Fiscalía pide prisión preventiva tras su renuncia como senador. Además, para hoy se presentará la casación.
Los agentes fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak requirieron la aplicación de la prisión preventiva sobre el condenado a 13 años de pena privativa de libertad por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal y solicitaron fijar la audiencia de imposición de medida cautelar.
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Esto, conforme a la renuncia de Erico Galeano al cargo de senador, que se hizo publica este martes 12 de mayo, por lo que corresponde aplicar la medida cautelar de carácter personal requerida, más aún considerando que la condena se encuentra confirmada por el Tribunal de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado.
Asimismo, dejan a criterio del Tribunal de Sentencia la solicitud de carácter urgente del informe oficial de la Presidencia de la Cámara de Senadores respecto a la investidura y situación actual de Galeano.
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Exsenador Erico Galeano seguirá preso en el Centro Nacional de Prevenidos
Un juzgado de Ejecución rechazó el pedido de tutela jurisdiccional y traslado de penitenciaría solicitado por la defensa del exsenador Erico Galeano, quien de esta manera seguirá recluido en el Centro Nacional de Prevenidos, donde cumple una condena de 13 años de cárcel por lavado de dinero y otros.
La defensa del exparlamentario pidió su trasladado a la Penitenciaría Militar de Viñas Cué, alegando que mantiene la condición jurídica de prevenido debido a una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución, además de invocar su estado de salud y los riesgos derivados de su exposición pública como exlegislador.
No obstante, el magistrado Carlos Mendoza indicó que los abogados Luis Almada y Ricardo Estigarribia no acompañaron la documentación que acreditara su representación legal para promover el pedido. En consecuencia, concluyó que carecían de personería para actuar en nombre del condenado, lo que impidió dar trámite a la solicitud.
Si bien existe aún una acción de inconstitucionalidad contra la sentencia de condenatoria, la Sala Penal declaró firme la resolución que confirmó la condena de 13 años de prisión y ordenó remitir el expediente para iniciar su ejecución.
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Expulsan a bombero condenado por acoso sexual y coacción en Alto Paraná
El consejo directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, decidió expulsar de sus filas al voluntario que fue condenado por acoso sexual y coacción. El hombre se desempeñó como vicedirector de operaciones de la citada compañía.
Esta semana se dio a conocer la resolución RCD n° 08/2026 del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, en el que se establece la expulsión con degradación de Fabio Martín Bravo González, quien fue condenado por acoso sexual y coacción.
“Esta medida disciplinaria, derivada de las faltas gravísimas a la ética y moral institucional, se sustenta en una sentencia condenatoria firme de la Justicia Penal. La institución mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que vulnere la dignidad humana y los valores bomberiles”, expresaron en el comunicado.
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Esta condena contra Bravo fue ratificada en todas las instancias, además, fue confirmada por el Acuerdo y Sentencia nº 24 del Tribunal de Apelación. Así también, fue cerrada definitivamente al declararse inadmisible el recurso de casación por la Corte Suprema de Justicia, agotándose así todas las vías recursivas.
Bravo González fue denunciado por dos voluntarias en octubre del 2020. Estas confirmaron que el voluntario en su carácter de superior las acosaban de manera sistemática desde el 2012, obligándolas a mantener relaciones sexuales para continuar en la institución.
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Corte dejó firme fallo condenatorio contra exsenador Galeano
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la firmeza del fallo que ratificó la condena de 13 años de cárcel para el exsenador Erico Galeano.
El exparlamentario fue hallado culpable por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal, luego de probarse que obtuvo beneficios de la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.
La determinación fue adoptada luego de que la defensa del exlegislador desistiera del recurso extraordinario de casación presentado contra la resolución de segunda instancia. No obstante, los abogados aclararon que aún permanece pendiente una acción de inconstitucionalidad, por lo que sostienen que la condena todavía no quedó firme.
La máxima instancia judicial dispuso remitir el expediente al Tribunal de Sentencia para que se realicen los trámites correspondientes a la ejecución de la pena. Cabe recordar que Galeano se encuentra con prisión preventiva.
En el juicio oral, el Tribunal de Sentencia concluyó que el exparlamentario brindó apoyo operativo a la organización criminal entre los años 2020 y 2021.
A cambio, recibió beneficios económicos, entre ellos una inversión de G. 10.370 millones en el Club Capiatá, del cual integraba la comisión directiva mientras Marset era jugador de la institución.
La sentencia también tuvo por acreditado que, en octubre de 2020, Galeano vendió un inmueble ubicado en Altos por USD 1 millón en efectivo a Hugo González Ramos, considerado testaferro de Miguel Ángel Insfrán. Asimismo, se estableció que puso a disposición su aeronave para facilitar los desplazamientos de integrantes de la organización, luego de que la flota utilizada por el grupo fuera incautada en un procedimiento fiscal.
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Condenan a 17 años de prisión a un hombre por el abuso de su hijastra de 10 años
- Ciudad del Este. Agencia regional
Un hombre de 41 años fue condenado a 17 años de prisión al ser hallado culpable por el abuso sexual de su hijastra, una menor de edad desde que tenía diez años de edad. El fallo fue dictado en juicio oral que culminó el viernes último en el Complejo Judicial de Ciudad del Este.
El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por el juez Milciades Ovelar e integrado por las magistradas Flavia Lorena Recalde y Emilia Santos. La fiscal que defendió la acusación fue Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, de Ciudad del Este.
La causa que culminó con la condena tiene que ver con los hechos que se registraron de forma sistemática entre los años 2019 y 2022, en un inmueble ubicado en el kilómetro 13 Acaray, distrito de Minga Guazú. Los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 10 años de edad.
La agresión sexual consistía inicialmente en manoseos, hasta llegar a consumarse con las acciones más violentas, tratándose de una menor de edad y en reiteradas ocasiones. El hoy condenado, aprovechaba que su pareja y madre de la niña salía a trabajar para cometer los abusos.
Tras los ataques, amenazaba de forma constante a la víctima para que no contara el hecho. Sin embargo, un día, la niña no aguantó más la situación que sufría y contó a su profesora. A partir de dicho relato se realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público.
En el marco de la investigación, los resultados de la inspección médica forense y de una evaluación psicológica de la niña a cargo de una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, ordenada por la fiscal, confirmaron que la víctima sufría de abusos sexuales sistemáticos.
Asimismo, durante la entrevista en la Cámara Gesell, la niña relató pormenorizadamente los abusos sufridos en poder de su padrastro y que fueron probados durante el desarrollo del juicio oral, según el fallo judicial dictado.
La identidad del condenado se omite en cumplimiento de las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que pudieran permitir la identificación de menores de edad en carácter de víctimas o autores de hechos punibles.