La defensa de Dalia López, quien permaneció prófuga de la Justicia durante seis años, solicitó la revisión de medidas para obtener el arresto domiciliario. Como “hecho nuevo”, los abogados Cristóbal Cáceres y Dante Gulino argumentan la factibilidad técnica del uso de tobilleras electrónicas en el domicilio de la empresaria, tras el fracaso de sus intentos previos basados en supuestos problemas de salud.
El juez Francisco Acevedo deberá fijar la fecha de la audiencia para definir si otorga la medida antes del Día de la Madre. Por su parte, el Ministerio Público presentará un informe contundente que buscará ratificar la prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Emboscada.
Cabe recordar que, tras su detención, López intentó acondicionar con lujos una celda en el departamento judicial femenino de la Policía Nacional. Tras detectarse tal situación la procesada fue traslada hasta la cárcel de mujeres de Emboscada.
Sin embargo, el plan de la “celda VIP” se frustró al salir a la luz pública. Del mismo modo se advierte que, de otorgarse el beneficio, se sentaría un precedente negativo para la Justicia paraguaya, considerando que la procesada se burló del sistema durante años y nunca demostró voluntad de someterse al proceso penal de forma voluntaria.
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Defensa critica pedido fiscal y dice que desorden de la universidad y del MEC no es culpa de Rivas
La abogada Alba Zaracho, representante legal del exsenador Hernán David Rivas —quien es juzgado por tener título de abogado dudoso—, calificó como infundada la solicitud de 12 años de cárcel realizada por el Ministerio Público. La defensora argumentó que el porcentaje del alegato dedicado exclusivamente a la conducta de Rivas fue muy inferior al tiempo empleado para cuestionar a los testigos y analizar sus declaraciones en el juicio oral.
Asimismo, la defensa del exsenador sostuvo que la acusación se basó, fundamentalmente, en la falta de archivos o antecedentes académicos de Hernán Rivas en la Universidad Sudamericana, así como en cuestiones relacionadas con la habilitación de la carrera de Derecho ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Sin embargo, enfatizó que el desorden administrativo y documental no puede atribuirse al alumno, ya que este no tiene injerencia en la organización de la institución educativa.
Por otra parte, la defensa de Rivas señaló que la Fiscalía inició la causa recién en el año 2023, a raíz de la denuncia de la exfiscal Casse Jiménez, a pesar de que ya existía una denuncia previa presentada por el abogado Federico Campos López Moreira con fecha del 11 de junio de 2020 (dos días después del registro del título de Rivas en el MEC).
También recordó que existía la posibilidad de iniciar la investigación de oficio en ese mismo año. Al postergarse la investigación hasta 2023, ya habían transcurrido los 5 años de plazo en los que la Universidad Sudamericana estaba obligada a resguardar la documentación académica.
Finalmente, la representación legal indicó que la acusación sobre el supuesto uso de influencia política para obtener el registro del título en tiempo récord carece de sustento probatorio, dado que tanto el entonces ministro Eduardo Petta como el director de Registro de Títulos manifestaron no haber hablado nunca con el procesado. Concluyó que se pretende atribuir a Rivas toda la responsabilidad por las falencias de la universidad y del MEC, y criticó que se cuestione la falta de conocimiento sobre la “experiencia universitaria” cuando esa misma situación se repitió en todos los testigos que fueron alumnos de dicha institución.
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Revisan a la baja el crecimiento de la economía española en 2025, hasta el 2,6 %
El Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó dos décimas a la baja el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español en 2025, del 2,8 % al 2,6 %, según anunció este viernes el organismo.
Pese a la revisión, el crecimiento español del año pasado se mantiene todavía en un nivel casi dos veces por encima del de la zona euro, que se situó entonces en el 1,5 %, según Bruselas.
El descenso se debe a que “se ha estimado ahora menor contribución de la demanda interna y externa”, respecto a las estimaciones iniciales, según indicó el INE en un comunicado.
El instituto estadístico revisó también el crecimiento de 2024, en este caso dos décimas al alza, para dejarlo en el 3,7 %, mientras que el de 2023 se fijó en el 2,4 %.
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La economía española se ha visto fuertemente impulsada desde hace unos años por la importante aportación del turismo, el consumo de los hogares y la inversión extranjera.
Para 2026, el gobierno prevé un crecimiento del 2,6 %.
El PIB español creció un 0,7 % en el segundo trimestre, casi el doble que la evolución de la zona euro, a pesar de las repercusiones económicas de las tensiones en Oriente Medio y la subida de precios.
La inflación escaló al 4,3 % en agosto, debido al fuerte encarecimiento de los carburantes, según el INE.
- Fuente: AFP
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Defensa de Óscar Boidanich solicitó ratificar su absolución
La defensa del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, solicitó al Tribunal de Apelación ratificar íntegramente su absolución de culpa y pena. Boidanich había sido juzgado por el supuesto delito de frustración de la persecución penal en el caso del empresario Dario Messer. Los abogados defensores, Claudio Lovera y César Alfonso, contestaron la apelación presentada por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer, quienes habían recurrido ante el tribunal de alzada la determinación adoptada inicialmente por un Tribunal de Sentencia.
La defensa de Boidanich sostiene que la decisión de primera instancia debe ser confirmada porque nunca se configuró el delito de frustración de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomisados en nuestro país y a eso se le agrega que dicho fallo ya está firme en la Corte.
Del mismo modo, la defensa de Boidanich sostiene que el Ministerio Público pretende de manera irregular que la Cámara de Apelación revalore pruebas testimoniales y documentales, algo prohibido por la norma y más en segunda instancia.
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Absolución de culpa
Un Tribunal de Sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible. Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresario fue imputado y sus activos fueron incautados.
Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces evidenciaron que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación para perjudicar al Boidanich.
Durante el juicio oral, funcionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspondiente. Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.
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Paraguay prepara una nueva defensa ante las amenazas sanitarias
Este vienes, el Ministerio de Salud anunció que mediante la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), avanza en la consolidación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana que apunta a detectar riesgos con mayor anticipación y activar respuestas coordinadas antes de que una situación pueda convertirse en una emergencia de mayor impacto.
Las autoridades indicaron que la estrategia parte de una premisa clave para la salud pública: cuando aparece una amenaza, anticiparse puede marcar la diferencia. La detección temprana, el análisis oportuno de la información y la coordinación entre instituciones permiten reducir los tiempos de respuesta y mejorar la protección de la población.
También explicaron que el proyecto cobra especial relevancia ante un escenario sanitario cada vez más complejo, en el que los brotes y otros riesgos pueden superar rápidamente las fronteras y afectar simultáneamente a distintos sectores. Frente a esta realidad, Paraguay trabaja en un modelo que busca dejar atrás los sistemas aislados y avanzar hacia una estructura capaz de reunir información, mejorar su calidad y facilitar decisiones rápidas.
A partir de este diagnóstico se elaboraron documentos técnicos y normativos y se diseñó una arquitectura orientada a la interoperabilidad, tomando como referencia estándares internacionales como HL7 FHIR, una tecnología que facilita que diferentes sistemas puedan intercambiar y utilizar información de manera estructurada.
Uno de los principales cambios que plantea esta iniciativa es la necesidad de que las instituciones hablen el mismo lenguaje, compartan información y trabajen bajo reglas comunes. Para ello se avanzó en acuerdos interinstitucionales, estándares compartidos y mecanismos de gobernanza destinados a reducir la fragmentación existente.
Frente a las amenazas
El nuevo modelo también amplía la mirada sobre los riesgos sanitarios mediante el concepto de “Una Salud”, que reconoce la estrecha relación entre la salud de las personas, los animales y el ambiente.
Esto significa que una amenaza no necesariamente comienza en un hospital o centro de salud. Puede surgir en poblaciones animales, en el ambiente o en otros ámbitos y posteriormente representar un riesgo para las personas. Por eso, la integración de información de diferentes sectores puede convertirse en una herramienta decisiva para detectar señales de alerta antes de que el problema crezca.
El siguiente gran paso será el desarrollo de una plataforma central interoperable, que permitirá incorporar de manera progresiva los sistemas prioritarios de vigilancia humana, animal y ambiental.
La tecnología será el instrumento para construir una capacidad nacional de respuesta más rápida, integrada y sostenible, capaz de transformar datos dispersos en información útil para la toma de decisiones.
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