El presidente de la República, Santiago Peña, firmó la promulgación de la Ley 7676/2026, por la cual se declara en situación de emergencia nacional en materia de seguridad vial, en todo el Paraguay debido a las elevadas cifras de siniestros, muertes y heridos de gravedad en las vías públicas. La propuesta legislativa fue recientemente sancionada por el Congreso Nacional.

Esta legislación encomienda a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) la ejecución de acciones y medidas administrativas que sean excepcionales y extraordinarias destinadas a la prevención, fiscalización, control y reducción de accidentes de tránsito.

Entre las acciones previstas se contempla la utilización de herramientas tecnológicas, la coordinación con otras insti­tuciones del Estado y el forta­lecimiento de campañas de concienciación y educación vial dirigidas a conductores, motociclistas y peatones.

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Para lograr estos objetivos, la ANTSV queda facultada para emplear herramientas tecnológicas y coordinar esfuerzos interinstitucionales; conforme a lo que expresa el artículo 2 de la Ley recientemente promulgada. Además, autoriza a implementar los mecanismos operativos, técni­cos e interinstitucionales necesarios para ejecutar las medidas establecidas durante el periodo de emer­gencia.

Cabe destacar que esta legislación contempla de forma complementaria la realización de campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía. En ese sentido, dispone la implementación de acciones interinstitucionales y complementariamente la realización de campañas de concienciación y educación vial, destinados al fortalecimiento de la seguridad vial y para garantizar una pronta y efectiva solución a la situación crítica por la que está atravesando la seguridad vial en el país.

La propuesta legislativa fue presentada por los diputa­dos Hugo Meza y Miguel del Puerto, con el objetivo de dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar una problemática que genera miles de víctimas cada año y representa uno de los prin­cipales desafíos en materia de salud pública y seguridad ciudadana. La declaración de emergencia permitirá acele­rar la adopción de acciones específicas destinadas a dis­minuir los índices de sinies­tralidad y reforzar las polí­ticas públicas de prevención en todo el país.

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El presidente de la República, Santiago Peña, reconoció que el esquema actual para establecer los aumentos del salario mínimo basado en el Índice del Precio al Consumidor (IPC) es “imperfecto” y plantea impulsar una modificación legal para que el próximo año exista un mecanismo más claro y consensuado. Indicó que está de acuerdo en comenzar con una mesa de trabajo para en los eventuales cambios que son necesarios introducir.

En una charla con varios medios de prensa, este lunes, el mandatario coincidió en que el IPC no refleja perfectamente el poder adquisitivo de los trabajadores. No obstante, remarcó que cualquier cambio que se lleve adelante debe fundamentalmente proteger el empleo y la estabilidad económica.

Recordó que ya en el año 2016, bajo la presidencia de Horacio Cartes, siendo él ministro de Hacienda, se hizo una modificación porque, hasta entonces, el reajuste salarial se hacía cada vez que la inflación llegaba al 10 %, lo que ocurría de 3 a 4 años y era una medida que erosionaba mucho en el ingreso de los trabajadores. Dijo que, pese a la oposición empresarial, el presidente Cartes estableció que se haga el reajuste cada año conforme a la inflación.

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“Esta es una medida que mejoró el esquema anterior, pero sigue siendo imperfecta. Ante la ausencia de consenso dentro del Consejo de Salario Mínimo (Conasam), tomé una decisión equilibrada. Pero, estoy dispuesto a que nos sentemos de inmediato a trabajar en un cambio legal, para que el próximo año no haya esta duda, la cual considero legítima; porque el día de mañana se pueden tomar medidas que no sean equilibradas, y ponga en riesgo tanto la generación de empleo o la certidumbre económica que tiene el Paraguay”, expresó.

El mandatario remarcó que el Índice de Precios al Consumidor es una medida que aproxima al valor adquisitivo del dinero, pero insistió en que no es perfecta, porque como todo número representa a todos, pero a la vez no representa a nadie. “Es un cálculo que hace el Banco Central, que hace una encuesta durante un año donde evalúa los hábitos de consumo de todos los paraguayos, que no necesariamente es el tuyo o el tuyo, sino es un promedio. El Banco Central está trabajando, pero eso nos quita que nosotros podamos tener un diálogo más fluido sobre estas medidas y sobre otras que afectan a la generación de empleo”. acotó.

El presidente Peña remarcó que el objetivo de su Gobierno es generar 500.000 nuevos empleos, y que a la fecha ya está logrando alcanzar la mitad de esta meda. Señaló que esto estará informando ante el Congreso nacional el próximo 1 de julio, cuando lleve adelante la presentación del informe de gestión anual.

“Estamos alcanzado ya casi la mitad de nuestros objetivos, que son generar 500.000 nuevos puestos de trabajo. Estamos en la mitad de camino, pero no nos podemos quedar ahí, porque alcanzando el pleno empleo, lo que necesitamos es que aumente el ingreso. Ese es el objetivo real, aumentar el poder adquisitivo y eso se consigue atrayendo empresas y generando empleos que paguen salarios más altos”, mencionó.

Finalmente, agregó que para lograr todo esto, se debe insistir en la capacitación, en la educación, en la atracción de inversiones y, por supuesto, el acceso a los mercados para los productos paraguayos.

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Víctimas de la mafia de los pagarés endurecerán medidas. En ese sentido, anuncian que próximamente se encadenarán masivamente en protesta por la supuesta inacción de las autoridades con respecto a sus casos.

“Son 140 personas quienes han podido solucionar el problema, de los 17 mil. Hay otras personas que están encaminando sus casos y el 60% nada todavía”, señaló a la 1020 el coordinador de la organización, Pedro Coronel.

A través de un comunicado, la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés convocó a la sociedad civil y gremios a acompañar el encadenamiento masivo a realizarse el lunes 13 de julio, con la intención de corporizar el dolor y visibilizar el sistema de subyugación, expresaron.

“Con mucha tristeza vamos descubriendo que esta mafia no solamente afecta a las personas que tienen salario”, indicó Coronel. En ese contexto, mencionó que cada vez más se acercan personas que no tienen salario fijo, como pequeños productores, agricultores, pequeños emprendedores, microempresarios.

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“Con mucha sorpresa reciben la noticia de que su casa, su terreno, sus locales están siendo subastados. Esa es la preocupación y más la inacción de las autoridades”, acotó.

No obstante, hubo ciertos avances. “Algunas personas han recuperado su plata gracias a las movilizaciones, a las publicaciones en los medios, al trabajo del Senado, pero son cuestiones muy superficiales”, apuntó.

Actualmente tienen contabilizadas 17 mil víctimas y se van acercando más personas. “Hay casos que nos sorprenden, como personas ya fallecidas cuyos bienes fueron subastados tras su fallecimiento. O personas que se encuentran en otro país y se enteran de que sus bienes de acá están siendo subastados”, refirió.

Y la mafia sigue operando. “Creemos nosotros que se debe ir terminando y la organización va a ir tomando medidas más contundentes”, puntualizó.

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El juez Rodrigo Estigarribia, interino de su colega Francisco Acevedo, admitió la imputación contra la jueza Penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, imputada por uso de documentos no auténticos debido a que habría presentado certificado falso para obtener mejor puntuación en un concurso ante el Consejo de la Magistratura.

La decisión judicial fue adoptada luego de que el juzgado recibiera la comunicación oficial del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sobre el desafuero de la magistrada, quien queda formalmente procesada. La imputación fue presentada por el fiscal Leonardi Guerrero por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos.

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Según la investigación, Librada Peralta presentó varias constancias académicas que no figuraban en los registros oficiales y que contenían firmas idénticas, circunstancia que generó dudas sobre su autenticidad.

Días atrás el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) hizo lugar al desafuero de la magistrada y debido a ello el juzgado Penal de Garantía admitió el presente y ha fijado para el miércoles 10 de junio la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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