Condenan a 25 años de cárcel a un hombre por abusar de sus nietas en Arroyos y Esteros
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El Tribunal de Sentencia de Caacupé, presidido por la magistrada Liliana Ruiz e integrado por las juezas Kristel Müller y Carolina Jara,condenó a 25 años de pena privativa de libertad a un hombre hallado culpable de abuso sexual en niños. Durante el proceso, se logró comprobar que el acusado agredió sexualmente a sus dos nietas.
La fiscal de Emboscada, Fabiola Sosa, presentó todos los elementos probatorios necesarios para que el colegiado dictara la sentencia máxima. Tras analizar las pruebas presentadas durante el juicio oral sobre los hechos ocurridos entre los años 2015 y 2021, los jueces decidieron imponer la pena de 25 años de cárcel.
En sus alegatos finales, la representante del Ministerio Público solicitó la condena máxima para el acusado, quien es el abuelo materno de las víctimas.
Según el relato de las niñas, los abusos ocurrieron en la ciudad de Arroyos y Esteros: una de ellas fue victimizada desde los 6 hasta los 12 años, mientras que su hermana sufrió las agresiones desde los 6 hasta los 10 años.
La defensa del condenado tendrá la posibilidad de poder apelar el presente fallo y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien deberá definir si confirma la condena dictada en primera instancia.
Condenan a 8 años de cárcel por lavado de dinero a Jaime Franco, vinculado al crimen del fiscal Pecci
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El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado, integrado por María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk, condenó a Jaime Franco a la pena de 8 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. En su momento, se sospechó que el hoy condenado habría sido el autor moral del asesinato del agente fiscal Marcelo Pecci.
Franco fue acusado por el Ministerio Público luego de un allanamiento realizado el 22 de octubre de 2020, en un caso que guarda relación con la muerte del fiscal Pecci.
En sus alegatos, el fiscal Luis Piñánez solicitó la pena máxima de 5 años de cárcel para Jaime Franco (quien ya cumple una condena de 18 años por narcotráfico). La causa se deriva de una requisa realizada en octubre de 2020 en la penitenciaría de Tacumbú, ocasión en la que se hallaron importantes sumas de dinero y otros objetos en la celda de Franco.
El representante del Ministerio Público sostuvo que se probó el hecho punible de lavado de dinero y solicitó el comiso de las sumas incautadas, consistentes en G. 188.421.000 y USD 10.050, además del comiso de dos teléfonos celulares.
Asimismo, el agente requirió el comiso por valor sustitutivo hasta alcanzar la suma de USD 20.000, considerando la adquisición de un vehículo a nombre de Alicia Ferreira, quien formaba parte del equipo criminal de Franco. El rodado no pudo ser hallado durante la investigación, motivo por el cual se solicitó dicha medida.
Según la hipótesis fiscal, el dinero proviene de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, así como de transferencias de divisas de ese origen que carecen de sustento legal.
Justicia condenó a 18 años de cárcel a madre por abuso sexual y otros en Pedro Juan
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Un tribunal de sentencia condenó a 18 años de cárcel a una mujer tras hallarla culpable de abuso sexual en niños y violación del deber del cuidado o educación. La causa fue llevada adelante por el fiscal Emilio Álvarez, de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
La investigación se originó a partir de un procedimiento realizado por la desaparición de una niña de tres años, hecho ocurrido el 21 de abril de 2023 en una vivienda ubicada en un asentamiento. En aquel momento, el Ministerio Público intervino para interiorizarse de las circunstancias y recolectar indicios fundamentales para el caso.
Durante dicha diligencia, las autoridades descubrieron la situación de otra víctima: una niña de 12 años que convivía en concubinato con un hombre mayor de 30 años. Se constató que esta situación contaba con la anuencia de su madre, la hoy condenada, quien incluso le proveía pastillas anticonceptivas y no la había escolarizado.
En el juicio se demostró que la mujer violó gravemente su deber legal de cuidado y educación, además de haber incurrido en la incitación a cometer actos sexuales, transgrediendo lo establecido en la Ley 6002/17.
El Tribunal de Apelación integrado por Paublino Escobar, Camilo Torres y Arnulfo Arias, ratificó la condena de 13 años de cárcel para el senador con permiso Erico Galeano, quien fue encontrado culpable en primera instancia por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
La resolución de segunda instancia no hizo lugar a los agravios planteados por la defensa, al considerar que se cumplieron debidamente las normas procesales y penales, sin advertir errores u omisiones que invaliden la sentencia. Agrega que el fallo condenatorio reúne los requisitos formales y se sustenta en una valoración probatoria ajustada a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia.
Ahora la defensa del parlamentario tendrá la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, serán los integrantes del máximo tribunal quienes tendrán la última palabra.
El legislador fue sentenciado en marzo de este año tras comprobarse en juicio oral que brindó apoyo operativo a la organización criminal entre los años 2020 y 2021, recibiendo beneficios económicos e invirtiendo G. 10.370 millones en el Club Capiatá, donde integraba la Comisión Directiva. Asimismo, se acreditó que en octubre de 2020 vendió un inmueble en Altos por USD 1 millón en efectivo a Hugo González Ramos, señalado como testaferro de “Tío Rico”, con conocimiento del origen y condiciones de la operación.
La jueza de Sentencia, Mesalina Fernández, condenó a la abogada María Esther Roa, encontrada culpable por difamar a Guillermo Duarte, a quien acusó de hechos graves como coima, soborno y tráfico de influencia mediante la difusión de un audio, cuya autenticidad no fue verificada.
La que dice ser representante del pueblo, pero nadie acude a sus movilizaciones, fue sancionada a 100 días de multa, pero la misma será reemplazada con la suspensión de la ejecución de la pena, bajo la condición de que la condenada María Esther Roa elimine la publicación y pida disculpas a Duarte, además de otras medidas que serán especificadas en la sentencia por escrito.
Las pruebas periciales fueron importantes en el presente caso y es por ello que el juzgado concluyó que el audio difundido no fue generado con inteligencia artificial, pero sí fue editado, montado y ensamblado a partir de fragmentos de otras declaraciones realizadas por Duarte.
En el material divulgado se escuchaba la voz del abogado, supuestamente manteniendo una conversación con quien sería un ministro de la Corte sobre un pedido de prescripción en una causa penal que involucra a su suegro, el ingeniero Carlos Heisele, extitular de la Ande, acusado por lesión de confianza.