Presunta negligencia fiscal beneficia con el sobreseimiento a Willian Bogarín
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El Juzgado Penal de Garantías de San Pedro otorgó el sobreseimiento definitivo al funcionario de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, imputado por el supuesto cobro indebido de honorarios.
El desenlace del caso se dio tras una presunta negligencia del Ministerio Público, que omitió presentar su requerimiento conclusivo en tiempo y forma.
De acuerdo con la resolución judicial firmada por el juez David Mendoza, y tras el trámite correspondiente del juzgado, la fiscal adjunta Alicia Sapriza no presentó la conclusión de la investigación dentro del plazo de 10 días estipulado en el artículo 139 del Código Procesal Penal.
Ante la ausencia de otro “remedio procesal”, el magistrado declaró la extinción de la causa y el consecuente sobreseimiento definitivo de Bogarín.
El fallo señala que la fiscal adjunta Sapriza, en representación de la Fiscalía General del Estado, presentó un dictamen recomendando un “saneamiento” procesal, figura que no corresponde a un requerimiento conclusivo. Este hecho sugiere una posible investigación por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto mal desempeño en sus funciones.
Antecedentes de la imputación
La investigación, iniciada por el fiscal de Santa Rosa del Aguaray, José Godoy, sostenía que Bogarín Campuzano incurrió en el cobro indebido de honorarios al ejercer como abogado litigante en un juicio sucesorio iniciado el 27 de diciembre de 2018.
Dicha actividad le estaba prohibida por su condición de funcionario permanente de la Cámara de Diputados. Según la imputación, el funcionario habría percibido pagos de USD ( 10.000 y UDS) 20.000 (en noviembre de 2021 y setiembre de 2022, respectivamente) por su intervención profesional en la mencionada sucesión.
Caso Tajy: admisión de culpa de excolaboradores de Prieto confirma la solidez de la acusación
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El agente fiscal Silvio Corbeta manifestó la relevancia de que tres excolaboradores del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hayan reconocido su culpabilidad en el caso Tajy, que ayer martes fue elevado a juicio oral y público por el juez Humberto Otazú. “Para nosotros repercute positivamente porque demuestra la solidez de nuestra acusación fiscal”, dijo el funcionario de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Durante la audiencia preliminar realizada finalmente el 3 y 4 de agosto, tras una serie de chicanas, el magistrado decidió la suspensión condicional del procedimiento para los acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago. Estos funcionarios admitieron que los hechos de presunta compra simulada, mediante licitaciones por vía de la excepción, ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esto refuerza la teoría del Ministerio Público, efectivamente estas personas prefieren reconocer (su culpabilidad) antes que someterse a un juicio oral y público porque ahí supone una pena mucho mayor”, refirió Corbeta, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. La Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas, que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables; a través de una empresa sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.
Audiencia preliminar en que el magistrado Humberto Otazú resolvió elevar la causa a un juicio. Foto: Aldo Insfrán/NM
El representante del Ministerio Público refirió que “el reconocimiento de los propios actores que estuvieron en el proceso también fortalece y robustece nuestro requerimiento conclusivo y nuestra investigación porque finalmente estas personas optan por una salida procesal antes de someterse a un juicio, esto significa que los hechos han ocurrido”.
Corbeta mencionó que, “en un eventual juicio oral, estas personas se exponían a una pena mínima de tres años y medio para arriba. Son cómplices, tienen una reprochabilidad o culpabilidad reducida con relación al principal acusado que es el exintendente”.
Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del Partido Yo Creo y candidato a la presidencia de la República para el 2028 enfrentará también el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en el marco de la causa denominada Tía Chela, por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia.
“En el caso de la causa Tía Chela, ninguno de los acusados optó por la salida alternativa, todos pretendieron acompañar al exintendente a juicio oral. Las mismas personas que ayer admitieron su culpabilidad en el caso Tajy también están acusados en la causa de Tía Chela y la realización del juicio se torna un poco compleja porque, al haber tantas personas, lógicamente puede ocasionar suspensiones reiteradas”, comentó el fiscal.
Prieto se expone a 10 años de cárcel
Corbeta estimó que el juicio oral y público contra Prieto en la causa Tajy podría desarrollarse a finales del presente año o principios del 2027. “En este caso hay varios tipos penales, Prieto podría exponerse a una pena de 10 años si se prueba la administración en provecho propio e incluso superior si se prueba los demás tipos penales que son lesión de confianza y asociación criminal”, sentenció.
Investigación fiscal: padre que murió con su hijo peleó con su pareja antes del choque fatal
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La fiscal Viviana Duarte dio detalles del accidente en el que murieron un padre y su hijo de 1 año en Capilla del Monte, San Lorenzo, el sábado de madrugada. El hombre, aparentemente, estaba fuera de sí debido a que se habría peleado con su pareja antes del choque fatal, según reveló este lunes la agente del Ministerio Público en diálogo con la 1020.
Mencionó que todos fueron auxiliados de forma rápida y que el abuelastro fue el primero en llegar al lugar, porque les estaba siguiendo. “El abuelastro (esposo de la mamá de la chica) me dijo que les estaba siguiendo porque él (el conductor) le llevó a ella de la fiesta”, mencionó.
Añadió que decidió seguirles porque protagonizaron una pelea en el evento en el cual estaban participando. “Se pelearon, discutieron y tomé un Bolt y les seguí, me dice el abuelastro. Él estaba muy mal”, precisó.
En cuanto a imágenes sobre el percance, señaló que hallaron una cámara a cien metros del lugar del accidente. “En el lugar mismo del hecho, no hay”, indicó la agente fiscal.
Pero, a simple vista, por la forma en que quedó el vehículo, se nota que “hubo bastante velocidad de por medio”, refirió la interviniente.
La madre está estable, pero shockeada
En relación al estado de salud de la madre, dijo que los médicos le informaron que analizarían si la señora sería intervenida debido al traumatismo que tenía en el mentón. “Ese traumatismo era el 10 % de lo que tenía el niño en la mejilla”, comentó.
No obstante, en general, está estable. “Estaba estable, lúcida, pero también shockeada”, puntualizó.
El siniestro vial involucró a Arturo Gómez y su hijo de 1 año, quienes perdieron la vida al instante, tras estrellarse contra un árbol supuestamente al pasar un bache sobre la avenida Moisés Bertoni, zona de Capilla del Monte.
Según reportes, el conductor perdió el control tras atravesar el bache, salió de la calzada e impactó violentamente contra un árbol ubicado en el paseo central. La madre del menor, de 21 años, sufrió múltiples lesiones y fue trasladada de urgencia al Hospital del Trauma, donde permanece internada.
Policía sobreviviente a ataque “recibió un disparo de refilón y se hizo del muerto”, reveló fiscal
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El fiscal Óscar Paredes habló acerca del ataque que se cobró la vida de dos suboficiales y un civil en el puesto policial de Naranjito y señaló que el grupo llegó al sitio caminando, pero disparando y sin mediar palabra ejecutaron a dos oficiales.
“Los fallecidos estaban en la ruta realizando controles y no tuvieron tiempo de reaccionar. Ellos fallecieron en el mismo lugar”, dijo este miércoles en declaraciones a la 1080 AM.
Añadió que en el lugar, también había un civil que recibió dos impactos de bala. Además, otro policía que estaba en la patrullera recibió un disparo de refilón en la cabeza y otro en la axila. “Él se hizo del muerto y recibió otro impacto en el costado, pero pudo escapar”, informó el agente fiscal.
El herido, suboficial mayor Víctor Raúl Gavilán, fue derivado a Curuguaty y luego fue trasladado a Asunción hasta el Hospital de Policía Rigoberto Caballero. Aparentemente, su cuadro no reviste gravedad.
El agente policial sobreviviente fue trasladado hasta Asunción. Foto: Gentileza
Asimismo, mencionó que otro agente que estaba descansando en una edificación del fondo salía para tomar su turno cuando escuchó los tiros y escapó por la parte trasera. El grupo criminal estaba compuesto entre 20 a 30 personas que vestían ropas camufladas, botas y portaban armas largas. Se comunicaban en idioma guaraní.
“Hablaban en guaraní”
Al policía que estaba en la patrullera le dio tiempo de visualizar al grupo antes de recibir los disparos. “Divisó a personas camufladas con botas y hablaban en guaraní, todos portaban armas largas”, precisó el representante del Ministerio Público.
Luego, los malvivientes “tiraron una bomba ‘molotov’ a la patrullera”, incendiando el móvil policial. Este momento fue aprovechado por el suboficial para escapar del grupo armado. “Al incendiarse, salió por una de las puertas y entró en un matorral”, puntualizó el agente fiscal.
El civil fallecido cumplía tareas de secretario. “Hacía limpieza, mandados en la comisaría”, apuntó. Posteriormente, los atacantes procedieron a quemar el puesto policial.
Los tres fallecidos tras el ataque contra una sede policial en Ybyrarobaná son: el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios (40), suboficial inspector Herminio Ojeda González (32) y Josemar Escobar Piris (38), funcionario civil.
Jueza otorgó libertad al diputado Mauricio Espínola, imputado por homicidio culposo
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La jueza penal de garantía Diana Carvallo ordenó la libertad ambulatoria del diputado Mauricio Espínola (ANR), imputado por el delito de homicidio culposo tras la muerte de un motociclista al que chocó y falleció días después del accidente ocurrido el pasado 16 de mayo.
La magistrada Carvallo decidió que Espínola deberá mantener el domicilio fijado en el expediente judicial, tampoco podrá salir del país sin autorización judicial, tendrá que comparecer trimestralmente ante el juzgado para la firma del libro judicial y cumplir una fianza personal de G. 100.000.000.
La víctima del accidente fue Emilio Benítez Chaparro, quien falleció 11 días después del percance a causa de un traumatismo craneoencefálico, lo que motivó que la Fiscalía cambiara la calificación del caso de lesión a homicidio culposo e imputara al legislador.
Según la investigación, el suceso ocurrió cuando la camioneta conducida por Espínola colisionó con la motocicleta de la víctima en la intersección de la avenida Kubitschek, provocando su caída y las lesiones que posteriormente derivaron en su fallecimiento.