Cometió abuso sexual en el 2012, cuando tenía 14 años. Dejó secuelas físicas y emocionales de por vida en su víctima. En el 2017, Rodrigo Renaut fue juzgado y condenado a 5 años y 6 meses de prisión. Apeló y, mientras duró el proceso, estuvo bajo arresto domiciliario.
Tras ratificarse la sentencia en el 2019, desapareció. Se mantuvo prófugo de la Justicia hasta este 2026. Vivió en absoluta libertad durante 7 años. En este tiempo, en cambio, la víctima siguió sin una resolución definitiva.
Tras su captura, la jueza que tiene la causa aclaró que deberá pasar 3 años y 9 meses preso. A la condena se le descontó el tiempo que estuvo recluido en su domicilio. Además, haber estado prófugo no implica necesariamente un aumento de la pena.
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Actualmente, Renaut está recluido en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, un centro de seguridad media con poco más de 200 internos y enfoque en reinserción social mediante trabajo, capacitación y educación.
Su traslado a este penal también generó cuestionamientos, ya que se esperaba que fuera derivado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
El contraste es el que alimenta la indignación: años en libertad, una condena reducida y condiciones de reclusión distintas a las que muchos esperaban. El caso vuelve a poner en debate el alcance de la sanción y la percepción de impunidad en delitos graves.
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Caso Mathías: retiran la guarda al padre del menor, tras pesquisas por presunto abuso
La Justicia de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, confirmó este viernes que tras ser hallado sano y salvo, el niño Mathías fue entregado a su tía paterna y que le retiraron la guarda a su padre, porque saltaron denuncias de que habría mantenido una relación sentimental con su madre cuando esta tenía solo 13 años.
La medida fue tomada por defensora pública, Eva Carolina Medina, quien tras una investigación detectó el menor que desapareció por más de 36 horas habría sido concebido cuando su madre tenía solo 13 años, situación que es configurada como un presunto hecho de abuso sexual en niños.
Ante esta grave situación, Medina dispuso retirar la guarda del menor a su padre, y desde la fecha la protección como el cuidado del niño se le otorgó de manera provisoria a una tía paterna. El caso de abuso sexual contra la madre del menor ya fue remitido ante el Juzgado.
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Los antecedentes que fueron recabados en lo que duró la localización y contención del niño, ya fueron presentados ante el Ministerio Público e iniciaron las investigaciones penales correspondientes para determinar las responsabilidades legales del entorno. De esta forma el caso vuelve a quedar bajo revisión.
El pequeño Mathías, de solo 2 años, desapareció el pasado miércoles en la Colonia Kokue Pyahu, donde reside con sus abuelos. Tras una larga búsqueda y luego de unas 36 horas, fue encontrado a unos 10 kilómetros de la casa de sus abuelos maternos ubicado en el asentamiento Kokue Pyahu.
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Caso Canela: ¿resolución judicial prioriza vínculo familiar por encima del bienestar de la mascota?
La decisión judicial que ordena el retorno de Canela a la familia que la tenía cuando sufrió la explosión que destruyó su mandíbula sigue generando una fuerte reacción ciudadana. Sin embargo, más allá de la resolución en sí, fueron las explicaciones brindadas por la jueza Carmen Román las que encendieron aún más el debate.
Durante una entrevista concedida a Canal 9, la magistrada defendió su decisión argumentando que Canela tiene una familia y que, conforme a su interpretación de la normativa vigente, corresponde que vuelva con ella. “Al contar con una familia es lo que corresponde, que vuelva con la familia”, sostuvo Román.
Las declaraciones provocaron cuestionamientos inmediatos de los conductores del programa, quienes insistieron en un aspecto que para muchos ciudadanos resulta central: las condiciones en las que se encontraba el animal cuando sufrió la gravísima lesión que conmocionó al país.
Canela perdió parte del hocico tras un brutal episodio y desde entonces su recuperación ha dependido de tratamientos veterinarios especializados, cirugías y cuidados permanentes financiados gracias a la movilización de cientos de personas y de la fundación Olfateando Huellas liderada por Diana Camarasa.
Uno de los puntos más criticados de la entrevista fue cuando la jueza afirmó que no corresponde privar a la perra de su familia por una cuestión económica. “No podemos nosotros, porque sea de nivel económico bajo, privarle a Canela de su familia”, expresó.
Ante las consultas sobre si el juzgado verificó la capacidad económica de los propietarios para sostener un tratamiento que requiere importantes recursos mensuales, la magistrada respondió que si los dueños se opusieron a entregar definitivamente al animal, se presume que están en condiciones de hacerse cargo.
Esa explicación fue recibida con incredulidad por parte de los entrevistadores y posteriormente por numerosos usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron que no se hayan expuesto públicamente evaluaciones concretas sobre las condiciones materiales para garantizar la continuidad del tratamiento.
Otro aspecto que generó controversia fue la explicación sobre las circunstancias que derivaron en las lesiones sufridas por Canela. Román sostuvo que el incidente no ocurrió dentro de la vivienda y que los propietarios no fueron quienes protagonizaron directamente el episodio. “Los dueños no fueron los que protagonizaron ese accidente”, afirmó.
Sin embargo, durante la entrevista se le señaló que la vivienda no contaba con un perímetro de protección adecuado para impedir que el animal saliera a la vía pública, situación que para muchos representa precisamente una responsabilidad de sus cuidadores.
Las respuestas de la magistrada fueron interpretadas por numerosos sectores como una priorización del vínculo familiar por encima de las garantías sobre la recuperación y el bienestar futuro del animal.
Mientras continúa la polémica, organizaciones animaleras, ciudadanos y profesionales vinculados a la protección animal mantienen su preocupación por el futuro de Canela, cuyo caso se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la lucha por una mayor protección de los animales en Paraguay.
La discusión ya no gira únicamente en torno al destino de una perra que logró sobrevivir a graves heridas, sino también sobre cuáles deben ser los criterios que prevalezcan cuando la Justicia debe decidir entre la propiedad formal de un animal y las condiciones reales para garantizar su bienestar.
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Condenan a 23 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de sus hijastras
Un tribunal de sentencia de Cordillera condenó a 23 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable por los hechos punibles de abuso sexual en niños, pornografía relativa a niños y adolescentes y abuso sexual en niños bajo tutela.
La agente fiscal, María Lucia González, ha demostrado en juicio oral y público la autoría del hoy condenado en el grave hecho registrado.
De acuerdo a lo señalado por los jueces de sentencia, el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del procesado en los hechos acusados mediante elementos de prueba que sustento la acusación fiscal sobre los delitos sentenciados.
Asimismo, la agente fiscal presentó declaraciones de las afectadas, actas de Cámara Gesell, evaluación sicológica, y evidencias cuya conclusión fue la condena a prisión para el padrastro.
Estos hechos ocurrieron en la ciudad de Mbocayaty del Yhaguy, departamento de Cordillera, en una vivienda donde residían el hoy condenado con sus hijastras de 15 y dos niñas de 13 años de edad.
Ahora, la defensa tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá la última palabra si confirma la sentencia condenatoria o decide que se vuelta a realizar un nuevo juicio oral y público.
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Octogenario es condenado a 12 años de prisión por abuso sexual de una niña
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un comerciante de 81 años fue condenado a 12 años de prisión por el abuso sexual sistemático de una niña. La fiscal Julia González Medina, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, fue la que desarrolló la acusación en juicio oral realizado en el Poder Judicial de la capital de Alto Paraná.
El sentenciado está identificado como Víctor Mereles Arzamendia, quien fue encontrado culpable por el hecho punible de abuso sexual de una menor de 8 años. El juzgamiento y posterior fallo penal estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Margarita Martínez e integrado por sus pares Gloria Vera y Diego Duarte.
Las agresiones sexuales juzgadas en juicio se produjeron en un inquilinato ubicado en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, desde que la víctima tenía 7 años de edad, quien era manoseada en partes íntimas por parte del octogenario.
Al tratarse de un inquilinato, el agresor aprovechaba los momentos en que la madre de la niña se ausentaba de la casa para cometer los actos bajo amenazas.
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Sin embargo, un día, la pequeña contó lo que venía sufriendo a su hermana de 15 años, quien a su vez informó a la familia sobre lo ocurrido y se presentó la denuncia ante ante el Ministerio Público, el 25 de febrero de 2025.
En el marco de la investigación del hecho, la Fiscalía reunió diversos elementos, entre ellos la evaluación psicológica, el informe forense y la entrevista en Cámara Gesell (realizada como anticipo jurisdiccional de prueba), los cuales sirvieron de base para la acusación fiscal que derivó en la condena de 12 años de pena privativa de libertad para el octogenario.
De acuerdo a Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a mayo de 2025, fueron presentadas 1.184 denuncias por abuso sexual de niños. Central, Alto Paraná y Asunción siguen siendo los que concentran la mayor cantidad de casos y el mayor porcentaje de los autores también se mantiene en el entorno familiar o cercano de las víctimas.
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