Cometió abuso sexual en el 2012, cuando tenía 14 años. Dejó secuelas físicas y emocionales de por vida en su víctima. En el 2017, Rodrigo Renaut fue juzgado y condenado a 5 años y 6 meses de prisión. Apeló y, mientras duró el proceso, estuvo bajo arresto domiciliario.
Tras ratificarse la sentencia en el 2019, desapareció. Se mantuvo prófugo de la Justicia hasta este 2026. Vivió en absoluta libertad durante 7 años. En este tiempo, en cambio, la víctima siguió sin una resolución definitiva.
Tras su captura, la jueza que tiene la causa aclaró que deberá pasar 3 años y 9 meses preso. A la condena se le descontó el tiempo que estuvo recluido en su domicilio. Además, haber estado prófugo no implica necesariamente un aumento de la pena.
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Actualmente, Renaut está recluido en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, un centro de seguridad media con poco más de 200 internos y enfoque en reinserción social mediante trabajo, capacitación y educación.
Su traslado a este penal también generó cuestionamientos, ya que se esperaba que fuera derivado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
El contraste es el que alimenta la indignación: años en libertad, una condena reducida y condiciones de reclusión distintas a las que muchos esperaban. El caso vuelve a poner en debate el alcance de la sanción y la percepción de impunidad en delitos graves.
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Jonathan Fabbro solicita ser trasladado a Paraguay para cumplir el resto de su condena
El exjugador de fútbol Jonathan Fabbro, condenado en Argentina a 16 años de cárcel, solicitó a la Justicia de Paraguay ser trasladado a nuestro país para cumplir el resto de su condena. Sobre dicha petición, la jueza de Ejecución Penal, Sandra Silveira, ya remitió varios oficios a fin de evaluar el planteamiento del condenado.
La defensa de Fabbro realizó la solicitud argumentando que el caso se encuadra, en principio, dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur (aprobado por la Ley N° 3536/2008). El objeto de este tratado es posibilitar que los reclusos que reúnan las condiciones previstas puedan continuar con el cumplimiento de su pena en el Estado del cual son nacionales o donde tengan residencia legal y permanente.
En ese sentido, la recepción de la solicitud no implica la aprobación automática del traslado. Esta etapa inicial corresponde a la prosecución del trámite y a la verificación de los requisitos necesarios para que la magistratura pueda emitir oportunamente una decisión dentro del ámbito de sus competencias.
Al tratarse de un ciudadano argentino nacionalizado paraguayo, la jueza Silveira determinó que resulta pertinente contar con información actualizada respecto a su situación personal y jurídica en el país. Asimismo, se busca verificar la eventual existencia de procesos penales pendientes en territorio nacional, sin perjuicio de los demás antecedentes contemplados en el instrumento internacional.
Como primeras medidas, la magistrada solicitó a la Comandancia de la Policía Nacional el prontuario policial de Fabbro, además de la planilla de antecedentes penales actualizada. Igualmente, requirió a la Dirección General de Migraciones las constancias de entrada y salida del territorio nacional, y solicitó al Juzgado Penal de Garantías N° 6 de la Capital un informe actualizado sobre el estado procesal de la causa caratulada “Jonathan Fabbro sobre abuso sexual en niños y otros”.
Una vez que se reúnan estos informes primarios, la jueza estudiará si corresponde dar trámite definitivo al pedido realizado por el condenado.
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Decretan prisión de pastor colombiano imputado por abuso sexual en personas indefensas
La jueza Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Luis Guillermo Álvarez Jaramillo, pastor y referente de CENFOL, imputado por supuesto abuso sexual en personas indefensas y acoso sexual. El colombiano fue puesto a disposición de la Justicia luego de ser detenido en la Argentina y trasladado a nuestro país.
La resolución judicial de la jueza Sánchez se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Según la imputación, se habría valido de su posición de autoridad y de relaciones de confianza para realizar presuntos tocamientos sin consentimiento. Además, se habría presentado como médico para reforzar la confianza de las víctimas.
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Una de las víctimas relató que, tras acudir al investigado por lesiones en las manos en marzo de este año, durante una supuesta revisión médica habría sufrido tocamientos en sus genitales y zona anal. Posteriormente, el imputado supuestamente le solicitó fotografías íntimas, le pidió mantener los hechos en secreto y le realizaba obsequios.
Otra víctima señaló que desde 2023 comenzó a recibir contactos físicos que le generaban incomodidad y que, durante 2024, estos habrían evolucionado a tocamientos en sus partes íntimas. También afirmó que le solicitaron fotografías íntimas.
Un tercer joven manifestó que, mientras se recuperaba de un accidente y estaba bajo medicación, el imputado habría acudido reiteradamente a su domicilio entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Según su relato, habría realizado tocamientos en sus genitales mientras descansaba y durante supuestos exámenes médicos.
Una cuarta víctima señaló que en junio de 2025 acudió al investigado por una afección en sus partes íntimas y que, durante una supuesta evaluación médica, este habría inspeccionado y palpado sus genitales. Este hecho continúa bajo investigación.
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Fiscalía pidió ratificar juicio oral contra hermano de una agente fiscal
La fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al Tribunal de Apelación de San Lorenzo —integrado por Ana Orrego, Dionicio Nicolás Frutos y Gustavo Bóbeda— que ratifique íntegramente la resolución que elevó a juicio oral y público el proceso penal por abuso sexual en niños, cuyo presunto autor es el hermano de una representante del Ministerio Público.
Ríos Dos Santos contestó la apelación presentada por la defensa del acusado, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya fue confirmada por la Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace dos meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para intentar favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones planteadas por las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo sobre un hecho determinado, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
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Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar concretamente qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar.
Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral.
La Fiscalía sostiene que “la hipótesis fáctica se sostiene con todos los elementos colectados a lo largo de la investigación, los cuales se encuentran agregados al cuaderno de investigación fiscal”.
Entre estas pruebas se destacan declaraciones testificales, un diagnóstico médico, contención psicológica con relato del hecho, informes psicológicos, la Cámara Gesell, un informe fonoaudiológico, un informe psicopedagógico inicial y un perfil neurocognitivo.
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Luque: detienen a dos hombres por presunto abuso sexual en niños
Dos hombres fueron aprehendidos ayer domingo en Luque durante un procedimiento policial-fiscal en el marco de una investigación por presunto abuso sexual en niños. Los detenidos se valían de supuestos ritos de sanación para captar a las víctimas y a través del servicio de fisioterapia que ofrecían en una escuela de fútbol.
“Estas personas se dedicaban a fisioterapia en una escuela de fútbol de la zona de la ciudad de Luque, como así también la persona más mayor se dedicaba a la sanación a través de oraciones o rituales religiosos. Así se acercaba a sus víctimas y como también una vez que se ganaba la confianza empezaba ya a tener contactos físicos como acoso y después ya terminaba en abuso sexual”, dijo este lunes el comisario Humberto Aquino, del Departamento contra Trata de Personas.
En diálogo con Unicanal, el jefe policial indicó que el contacto se daba a través de la escuela de fútbol, donde se hacían conocidos y se ganaban la confianza de las víctimas. Se trata de una institución formativa donde acudían niños entre 8 y 12 años.
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“Estas personas cada vez que le llamaban de la escuela de fútbol ellos se acudían y empezaban a realizar su profesión de fisioterapeuta. Asimismo, a la par de eso también ellos ofrecían rituales religiosos para curar a sus víctimas y así se acercaban y ganaban su confianza hasta ya llegar a abusar de ellas”, explicó.
La intervención se llevó a cabo por agentes policiales, acompañados por el fiscal Luis Chamorro, en una vivienda de la zona de Maka´i de Luque tras la denuncia hecha por la familia de una víctima. En el allanamiento fueron incautados teléfonos celulares y documentos. Los aprehendidos fueron identificados como José Daniel Olmedo (43) y Jesús Daniel Godoy (22).
El comisario dijo que falta determinar qué relación tenían los detenidos con la escuela de fútbol, pero sí hallaron carnet de la institución formativa deportiva y no se descarta que existan más afectados. “Tenemos evidencia”, según el celular incautado habría más víctimas.
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