El Consejo de la Magistratura, a través del dictamen jurídico N° 851/2025, dejó claro que Bernardino Caballero, síndico de Quiebras confirmado por la propia Corte Suprema de Justicia, reúne todos los requisitos para integrar la terna y ser confirmado en el cargo que ocupa hace varios años en el sistema de justicia. El documento fue remitido a la máxima instancia judicial para respaldar la continuidad del agente síndico en sus funciones.
Asimismo, la asesoría del Consejo de la Magistratura señala que, para el cargo de Agente Síndico, no se requiere única y exclusivamente un título de grado en ciencias contables y administrativas. Esto surge del análisis literal del artículo 4° de la Ley N° 4870, que expresa textualmente: “Los Síndicos Adjuntos y Agentes Síndicos deberán ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado y un título que acredite su conocimiento de las ciencias contables y administrativas; y haber ejercido la profesión o la magistratura judicial por cinco años como mínimo. Durarán cinco años en sus funciones y podrán ser reelectos.
En este contexto, al definir el término “título”, se acude a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 4995, que lo define como el reconocimiento académico otorgado a una persona al culminar un programa o carrera en una Institución de Educación Superior.
Inicialmente surgieron cuestionamientos sobre la formación de Caballero en áreas contables. Sin embargo, dicha controversia ha quedado desestimada, ya que el Consejo reconoció que el profesional posee los conocimientos técnicos requeridos. Esto se acredita mediante sus especializaciones en Gestión Administrativa y Contable, expedidas por un Instituto Superior de Enseñanza, lo cual queda acreditado que el mismo reúne como dice la norma para integrar la terna y por ende ser confirmado en el cargo como ya fue decido en el pleno de la Corte.
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Más de 41.000 abogados elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura
Más de 41.000 abogados se encuentran habilitados para elegir el próximo sábado 28 de noviembre a sus nuevos representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM), quienes asumirán sus funciones durante el periodo 2026-2029. A la vez, desde mañana lunes 2 de noviembre, serán instaladas en los Palacios de Justicia y otros lugares estratégicos del país las máquinas de votación con la finalidad de que los abogados puedan familiarizarse con el sistema
La iniciativa forma parte de un programa de orientación impulsado por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) rumbo a los comicios. Los profesionales tendrán la posibilidad de realizar ensayos presenciales con las máquinas y recibir instrucciones de técnicos electorales sobre el procedimiento, el manejo de los equipos y la correcta utilización de las papeletas. Los dispositivos estarán disponibles tanto en la sede judicial de Asunción como en las distintas circunscripciones del territorio nacional.
Quienes prefieran prepararse a distancia también podrán recurrir a una plataforma digital habilitada por la Justicia Electoral, a través de la dirección https://simuladoroficial.tsje.gov.py. Tanto las prácticas presenciales como las virtuales buscan evitar inconvenientes y garantizar que los electores conozcan el mecanismo antes de acudir a las urnas.
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Candidaturas
El TSJE oficializó cuatro listas: La Lista A, Renovación Gremial, propone a Enrique Javier Berni Brítez y Nilsa Cáceres de Hernández como titulares. La Lista B, Gremio Unido y Solidario, lleva a Gerardo Ramón Bobadilla Frizzola y José Antonio Valenzuela Pavón. La Lista J, Es Nuestro Momento, presenta a Jorge Luis Bogarín Alfonso y Rolando Milciades Aquino Navarro; y la Lista S, Unidad Gremial, postula a Juan Migdonio Sosa Bareiro y Nidia Ignasia Silvero de Prieto. Cada agrupación cuenta también con dos candidatos suplentes.
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ARP pide garantías para la propiedad privada tras avance judicial en el caso Pindó
A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.
El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.
A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.
“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.
Legalidad sobre la ocupación
Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.
Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.
“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.
Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.
En juicio se establecerán responsabilidades
Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.
De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.
“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.
Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.
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Bicameral mantiene monto del PGN 2027 y plantea reasignaciones presupuestarias
La diputada Cristina Villalba aseguró que el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto aconseja la aprobación con algunas modificaciones. Aclaró que se mantuvieron los G. 163,3 billones planteados por el Ejecutivo, aunque incorporó reasignaciones para sectores prioritarios.
Entre las propuestas, mencionó un reajuste de G. 500.000 por vínculo para profesionales de la salud pública. Anunció además, que el estudio en particular del PGN 2027 en la Cámara de Diputados está previsto para el 9 de noviembre.
Al término de la sesión de la fecha, la diputada Villalba, quien preside la Bicameral de Presupuesto, explicó que la recomendación es aprobar en general el presupuesto que se mantiene con el monto global que envió el Ejecutivo, incluida la adenda. No obstante, señaló que el dictamen plantea algunas modificaciones en el proyecto de ley ya que se plantean reasignaciones, en las que se han priorizado a los funcionarios de blanco de las diferentes especialidades.
“Es una es una reasignación de un monto de 500.000 guaraníes. No sé si esto va a satisfacer, pero es a la vez, un gesto de parte de la Bicameral y esto abre una posibilidad de seguir conversando, seguir trabajando todos juntos y por supuesto, es la valoración a todos los profesionales que engloba Salud Pública. Estamos hablando de un número variado de profesionales de diferentes diferentes hospitales”, explicó.
Aumento salarial al personal de blanco
Mencionó que una de las propuesta que se plantea modificar para el presupuesto de Salud Pública es el aumento salarial de G. 500.000 a partir del mes de julio para 28.691 vínculos, en los que están incluidos bioquímicos, odontólogos, trabajadores rurales, sociales; todos aquellos trabajadores que no fueron incluidos dentro de la adenda.
Señaló además, que la lista de las instituciones que también contempla modificaciones en sus presupuestos incluyen al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Defensoría Pública y la Diben, que recibirá una inyección presupuestaria de G. 10.000 millones por su gran labor misional que viene realizando. La lista incluye también a Senadis y las universidades públicas, así como el Ministerio de Educación con lo que se apunta a reactivar el programa de educación indígena, mediante una inyección presupuestaria de G. 5.000 millones.
“La reasignación presupuestaria para todas las universidades públicas, incluyendo el Hospital de Clínicas, es para cubrir el crecimiento vegetativo e inversiones. En este plan presupuestario a universidades incluye la Universidad Politécnica Paraguay - Taiwán; ya que al inicio los estudiantes viajaban hasta Taiwán para estudiar, pero desde el año que viene ya comenzarán a desarrollar su plan curricular acá en el país en su sede propia en Asunción y el presupuesto es para la designación de docentes”, comentó.
Finalmente, la diputada Villalba confirmó que ya se fijó la sesión de la Cámara de Diputados para el 9 de noviembre, para las 14:00 para el estudio en particular; posterior a eso ya iría a la Cámara de Senadores.
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Habilitarán máquinas de votación en sedes judiciales para práctica de los abogados
Con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; del vicepresidente Luis María Benítez Riera; así como del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín; y del ministro de dicho organismo, Jaime Bestard, acompañados de sus respectivos equipos técnicos, se llevó a cabo el acto de lanzamiento de la campaña de capacitación y divulgación, así como la habilitación de las máquinas de votación para la práctica de los profesionales abogados que participarán en las próximas elecciones de representantes ante el Consejo de la Magistratura.
Las máquinas estarán disponibles desde el lunes 2 de noviembre en la sede judicial de Capital, en las distintas circunscripciones judiciales y en puntos estratégicos del país. La iniciativa tiene como objetivo facilitar a los profesionales del Derecho el conocimiento del sistema de votación que será utilizado en las elecciones previstas para el sábado 28 de noviembre.
La iniciativa tiene como objetivo facilitar a los profesionales del Derecho el conocimiento del sistema de votación que será utilizado en las elecciones.
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En ese marco, Martínez Simón expresó que “la Corte Suprema de Justicia tiene la mejor predisposición para colaborar en todo el desarrollo del proceso electoral. Brindaremos nuestro apoyo al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que el día del evento sea realmente un éxito”, señaló.
Por su parte, Jorge Bogarín destacó el lanzamiento de la campaña de capacitación y divulgación para los comicios del 28 de noviembre e informó que el padrón electoral está conformado por aproximadamente 41.000 abogados habilitados.
Respecto a las actividades previstas, precisó que, además de las sedes judiciales habilitadas para las prácticas desde el 2 de noviembre, las máquinas de votación también estarán disponibles en eventos masivos. En estos espacios, los profesionales podrán realizar consultas y familiarizarse con el procedimiento de sufragio, bajo la orientación de especialistas de la Justicia Electoral.
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