Desde el Ministerio Público se presentó la acusación formal contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Silvera y solicitaron que el caso por el cual es acusado junto a otras ocho personas sea elevado a juicio oral y público. El año pasado la Conmebol describió el sistema que facilitó movida de dinero a Banco Atlas.

El comunicador Camilo Soares, en su momento, detalló que los argumentos fueron presentados por la querella, en este caso la Conmebol, quien recibió un perjuicio que supera los USD 44 millones y que hoy fue confirmado por el Ministerio Público.

Los argumentos presentados por el abogado de la Conmebol resaltaron que no fue un error administra­tivo, sino que se trató de un sistema estructu­rado que permitió que Nicolás Leoz moviera millones de dólares sin ningún control.

En la acusación presentada este 30 de abril por el Ministerio Público indican que: “En efecto, Nicolás Leoz Almirón, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, garante del patrimonio de esa entidad, entre el año 2000 y el mes de abril de 2013, ordenó –sin justificación alguna– transferencias de sumas de dinero desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas vinculadas a él".

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Posteriormente, ese dinero reapareció dentro de Banco Atlas SA convertido en certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a plazo, renovaciones sucesi­vas y finalmente fideicomisos millonarios estructurados aun cuando Leoz ya enfren­taba causas abiertas en Esta­dos Unidos.

“Corresponde indicar que los señores Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García, como integrantes del directorio del Banco Atlas S.A., el 04 de febrero de 2016, aprobaron y ratificaron la suscripción de los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. Además, aceptaron la calidad del Banco Atlas como fiduciario”, dicta parte del documento.

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Soares agregó que Lovera recordó que el 7 de enero de 2016, el Ministerio Público allanó la sede de la Conmebol a pedido de autoridades esta­dounidenses, en el marco de una cooperación internacio­nal. La situación era pública, ampliamente difundida por medios nacionales e inter­nacionales.

Aun así, sostiene la querella, el banco Atlas no solo mantuvo su vínculo con Leoz, sino que lo profundizó, utilizando CDAs sospechosos como garantías y pasando por alto advertencias de la Super­intendencia de Bancos (SIB).

Otro punto cuestionado por la Conmebol es la docu­mentación presentada por el banco, que, siempre según los datos difundidos por Soares, incluía fechas incompatibles, perfiles de riesgo inexistentes en el sistema al momento de su supuesta emisión y formu­larios confeccionados a pos­teriori para dar soporte for­mal a operaciones previas.

“Así, los directivos del Banco Atlas S.A., Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García recibieron activos provenientes de la actividad ilícita desarrollada por Nicolás Leoz, y aprobaron el 04 de febrero de 2016, en la ciudad de Asunción, la celebración de los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago”, dice la acusación.

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Finalmente, se estima que todos estos manio­bras, omisiones y mecanismos internos ocasionó un perjuicio al patrimonio de la Conmebol cuantificado en USD 44.953.601.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación por lavado de dinero y pidieron juicio oral y público contra el presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros procesados. Así también, se solicitó el comiso de 718 mil dólares, lo cual deberá ser embargado de los bienes de Banco Atlas.

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se refirió sobre el acuerdo que fue firmado con los herederos de Nicolás Leoz y fue tajante al señalar que no tiene efectos sobre las responsabilidades penales de terceros en el proceso penal por lavado de dinero que enfrenta el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros imputados. La postura se dio a conocer a través del abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, en respuesta al Banco Atlas y el diario ABC Color, ambos del Grupo Zuccolillo.

Lovera fue claro al señalar que los acuerdos alcanzados con la sucesión de Leoz son de carácter personal y no pueden extenderse a otros actores. Mencionó que delitos como el lavado de dinero no se extinguen mediante acuerdos entre particulares, ya que implican conductas más amplias que incluyen el manejo de fondos derivados y su circulación en el sistema financiero.

“El lavado no solo abarca el objeto original, sino también los bienes sustitutos generados a partir de esos fondos”, explicó Lovera. Acotó que cualquier persona o entidad que haya participado en ese circuito, incluso obteniendo beneficios propios o para terceros, no queda alcanzada por esos acuerdos.

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Fiel a su estilo, el Grupo Zuccolillo inició su ofensiva mediática y judicial exponiendo el acuerdo firmado por la Conmebol con los herederos de Leoz para sostener que el caso contra su banco debería extinguirse. Dicho acuerdo, firmado en 2020, contempló el desistimiento de acciones contra la sucesión de Leoz a cambio de un resarcimiento de al menos 51,2 millones de dólares.

El abogado Rodrigo Yódice, representante del banco, planteó a radio 730 AM (Grupo Zuccolillo) que esa reparación integral del daño debería implicar la extinción de la acción penal, incluso en lo referente al supuesto lavado. También dijo que le sorprendió conocer el acuerdo y aseguró que fue ocultado para iniciar la acción contra el banco.

Sin embargo, el abogado Lovera le respondió que los acuerdos fueron públicos y comunicados en su momento, incluso en congresos del organismo. Señaló que el propio presidente Alejandro Domínguez hizo referencia a estos entendimientos en distintas ocasiones, por lo que rechazó cualquier insinuación de ocultamiento.

Este manotazo de ahogado del diario ABC se da en “coincidencia” con el plazo que tiene la Fiscalía para presentar su requerimiento conclusivo en el caso de lavado de dinero en Atlas. Este jueves, la Fiscalía deberá definir si acusa formalmente y eleva la causa a juicio oral o si adopta otra salida procesal.

La investigación se originó tras una denuncia de la propia Conmebol por presuntas operaciones con fondos desviados durante la gestión de Leoz, que habrían sido canalizados mediante contratos por más de G. 23.000 millones y USD 2,16 millones en Atlas.

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Asociaciones apoyan gestiones ante la Justicia paraguaya contra directivos del banco Altas por lavado de dinero.

El Congreso de la Con­mebol, reunido en Quito a escasas sema­nas del inicio de la Copa del Mundo, otorgó su pleno res­paldo a las gestiones realiza­das ante la Justicia paraguaya en el caso FIFAgate.

De igual manera, las 10 federaciones renovaron el mandato de pro­seguir con la querella y todas las acciones necesarias para la recuperación del dinero, en el marco del caso contra directivos del banco Atlas de Paraguay, procesados por lavado de activos.

El doctor Claudio Lovera, representante legal de la Con­mebol, hizo una exposición detallada ante los congresistas acerca de las últimas noveda­des en este caso. Resaltó que, por primera vez, el Ministe­rio Público del Paraguay hizo un pronunciamiento sobre el caso, identificando activida­des concretas que derivaron en daño patrimonial a la Conme­bol por valor de USD 44 millo­nes, entre los años 2000 y 2013.

Lovera explicó que un segundo pronunciamiento la Fiscalía paraguaya determinó la par­ticipación de un grupo de per­sonas en actos que afectaron el patrimonio de la Conmebol, lo que permitió la apertura de una causa penal. En este sentido, la Conmebol, en su carácter de víctima, impulsa una querella contra estas per­sonas.

El abogado afirmó que la aparición de nueva informa­ción en el marco de la investi­gación penal podría eventual­mente ameritar el impulso de nuevas acciones legales por parte de la Confederación.El banco Atlas acordó con Nico­lás Leoz –extitular de la Con­mebol– la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de cap­tura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justi­cia de los EE. UU. El banco Atlas lo hizo ignorando las diligencias exigidas por la legislación vigente.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), calificó como “bastante predecibles” las estrategias que son adoptadas por la defensa del titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar y los 8 imputados por lavado de dinero para frenar la investigación fiscal y evitar un juicio oral y público.

“Ahora comenzaron con recusaciones en sede fiscal y judicial. Yo creo que van a proseguir con esa estrategia que es bastante predecible, la defensa afirma que es un caso prescripto, ellos en realidad quieren extender lo más que puedan los plazos de la investigación para que en algún momento se sientan habilitados a plantear algo así“, afirmó Lovera a la 1330 AM.

Las afirmaciones de Lovera surgieron tras la paralización de la audiencia de imposición de medidas para Zaldívar, que debió ser desarrollada el pasado 15 de abril ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.

“La estrategia es netamente tratar de descabezar la investigación y ver que pueden pescar en ese contexto. Ellos se presentan como víctimas del sistema judicial y acto seguido realizan recusaciones”, dijo Lovera al argumentar que la defensa a la vez emplea una cobertura mediática en un intento de apartar a los acusadores para anular el proceso.

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La audiencia quedó trabada luego de que la defensa de uno de los imputados Celio Tunholi haya recusado a los camaristas Mario Camilo Torres, Paublino Escobar y Silvana Luraghi, miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.

Esta situación obliga a la Sala Penal de la máxima instancia judicial a pronunciarse antes de continuar con las diligencias. La Fiscalía tiene plazo hasta el 30 de abril para presentar su requerimiento conclusivo, que puede derivar en acusación o sobreseimiento.

Hasta que no haya una resolución de la Corte, el avance del proceso seguirá suspendido por los recursos planteados por las defensas. En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.

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