La Cámara de Apelación confirmó la resolución que ordenó el arresto domiciliario con la aplicación de tobillera electrónica para Thiago Gorostiaga, exalumno de un prestigioso colegio de Asunción, acusado por coacción sexual y violación contra una adolescente. La medida fue adoptada por el juez Penal de Garantía Raúl Florentín para tener el control sobre el procesado, tras un incumplimiento.
Los camaristas mencionaron que la disposición se ajusta a las garantías procesales, señalando que el juez actuó conforme a la normativa y que no se observa falta de fundamentación en la resolución recurrida. La medida fue dictada en primera instancia tras una supuesta violación del arresto domiciliario por parte de Gorostiaga.
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El 17 de abril de 2026 comenzaron a viralizarse fotografías y un video en los que se observa al imputado en la vía pública, violando su arresto domiciliario. El magistrado Florentín consideró evidente que el procesado traspuso los límites de su residencia para interactuar con terceros.
Asimismo, el procesado cuenta con otros dos procesos penales más que se tramitan en el juzgado penal adolescente. Uno de ellos ya fue elevado a juicio oral y público y otro se debe llevar a cabo la audiencia preliminar.
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Cámara confirma condena a tres expolicías por torturas
Un Tribunal de Apelación de Asunción confirmó las sentencias condenatorias de tres expolicías del régimen de Alfredo Stroessner, hallados culpables de someter a torturas físicas y psicológicas a Domingo Rolón, quien estuvo preso por motivos políticos entre 1976 y 1978. Eusebio Torres y Fortunato Laspina fueron condenados a 25 años de prisión, mientras que Manuel Alcaraz recibió una pena de 20 años.
La Cámara de Apelación consideró que las penas son proporcionales a la gravedad de los hechos y al grado de reprochabilidad de los autores. Asimismo, sostuvo que los condenados eran funcionarios públicos encargados de la seguridad y que las sanciones responden a criterios de prevención. Además, señaló que no existen elementos de desproporcionalidad o arbitrariedad en la sentencia de primera instancia.
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Respecto a la tortura y su imprescriptibilidad, la resolución señala que el Estado tiene la obligación de investigar crímenes atroces y evitar que queden impunes. La Cámara sostuvo que aplicar este criterio no constituye una aplicación retroactiva en perjuicio de los acusados
Durante el juicio se tuvo por probado que los tres participaron en las torturas sufridas por Rolón en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital. La víctima, fallecida en 2024, fue sometida a golpes con garrote, látigo y otros objetos. Entre las pruebas valoradas se destacó el testimonio de Carlos Casco, quien también fue torturado y señaló a los tres condenados como responsables
Según el tribunal, los métodos de tortura fueron utilizados para obtener información sobre las Ligas Agrarias y otras organizaciones políticas críticas al régimen de Alfredo Stroessner. Domingo Rolón fue detenido tras ser traído desde Formosa por portar documentos no auténticos. Llegó a Asunción en el baúl de un vehículo y permaneció como preso político hasta 1977; posteriormente, fue trasladado a Emboscada, donde permaneció hasta 1978.
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Operativo Berilo: ratifican juicio oral para “Cucho” Cabaña y otros
La Cámara de Apelación, integrada por los magistrados Arnaldo Fleitas, Camilo Torres y José Waldir Servín, ratificó de manera unánime que Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y los demás implicados en el caso Berilo deberán enfrentar un juicio oral y público. Con esta resolución, el tribunal de alzada confirmó la determinación previa adoptada por el juez penal de Garantías, Miguel Palacios.
Tras esta confirmación, el siguiente paso procesal consistirá en el sorteo correspondiente para designar a los jueces que integrarán el Tribunal de Sentencia, quienes tendrán la responsabilidad de juzgar a los acusados. La causa judicial, enmarcada en el conocido “Operativo Berilo”, investiga una compleja estructura criminal presuntamente dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.
Según las pesquisas de la Fiscalía, esta red civil y comercial operaba transportando cargamentos de estupefacientes procedentes de Bolivia, cruzando el territorio paraguayo, para finalmente introducirlos en el mercado de Brasil.
La acusación del Ministerio Público refiere que “Cucho” Cabaña se desempeñaba como el supuesto líder y principal financista de la organización criminal. Por su parte, varios de sus familiares directos y un entorno de colaboradores cercanos cumplían roles específicos y tareas logísticas diferenciadas dentro del esquema.
En lo que respecta al exdiputado Ulises Quintana, también procesado en la causa, la Fiscalía le atribuye haber realizado supuestas gestiones de influencia para facilitar las operaciones de la banda, así como intervenciones directas para lograr la liberación de personas vinculadas al grupo y de sumas de dinero incautadas.
Al analizar los recursos presentados por las defensas técnicas, la Cámara de Apelación sostuvo firmemente que la resolución que elevó la causa a juicio oral no presenta vicios de nulidad ni errores en la aplicación de la ley. Al verificar que el proceso se ajustó estrictamente a las normas vigentes, los camaristas rechazaron las apelaciones y ratificaron la validez de la remisión del expediente a la etapa de juzgamiento público.
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San Juan Bautista: detienen a sacerdote por supuesta coacción sexual contra adolescente
Este sábado, la Policía Nacional intervino en un caso de presunta coacción sexual contra una adolescente por parte de un sacerdote en la ciudad de San Juan Bautista, departamento de Misiones. Desde la diócesis comunicaron que el hombre fue apartado del cargo de forma inmediata.
Según el reporte policial, el hecho se registró en la casa parroquial ubicada en la citada ciudad y fue reportado por el obispo Osmar López Benítez, quien recibió un mensaje de que había una persona pidiendo auxilio en la vivienda. Este alertó a la comisaría 1ª de San Juan Bautista y los agentes intervinieron en el sitio.
Al llegar al lugar, los intervinientes encontraron a la adolescente de 16 años en el interior del inmueble, específicamente en el baño, donde se mantuvo encerrada por temor. La misma fue rescatada y trasladada hasta el Hospital Regional de la ciudad para la atención y evaluación correspondiente.
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En el lugar fue detenido el sacerdote Ismael Obregón Olmedo, de 47 años, quien fue acusado por un supuesto hecho de coacción sexual contra la adolescente. El hecho fue comunicado al Ministerio Público y, por disposición fiscal, el aprehendido permanece en sede policial. En tanto que, la adolescente quedó bajo resguardo de su madre.
Apartado del cargo
La Diócesis de San Juan Bautista Misiones y Ñeembucú emitió un comunicado en el que informó que se dispuso que el presbítero Obregón, será apartado de manera inmediata de su oficio de párroco y que se iniciará el proceso canónico correspondiente tras lo ocurrido.
“Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la Justicia y el bienestar de la comunidad. La institución de la iglesia local se pone a disposición de lo que el Ministro Público requiera. Así también, ofrece la asistencia y acompañamiento de un profesional psicólogo y el servicio espiritual a los afectados”, reza parte del comunicado.
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Fiscalía pidió a la Corte destrabar proceso penal por lavado de dinero de Miki Zaldívar y otros
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabar el proceso penal por lavado de dinero que enfrentan Miguel Ángel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, y otros coimputados.
El Ministerio Público exige a los miembros de la máxima instancia judicial resolver la recusación dilatoria presentada por el abogado Enrique Kronawetter, defensor del acusado Celio Tunholi, contra los camaristas Silvana Luraghi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar.
Debido a que ya transcurrieron cuatro meses desde la presentación de esta chicana sin que se haya dictado una resolución, la Fiscalía urge definir la situación para garantizar la celeridad procesal y continuar con las actuaciones.
Acusación
El Ministerio Público presentó una acusación formal por lavado de dinero y solicitó la apertura de un juicio oral y público contra Miguel Ángel Zaldívar y los demás procesados. La nómina de acusados incluye a Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
A raíz de los constantes recursos dilatorios interpuestos por la defensa de los acusados, hasta el momento no se ha podido realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares. Asimismo, permanece pendiente la fijación de la audiencia preliminar, instancia en la cual se definirá si la causa se eleva a la etapa de juicio oral y público.
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