Policías de San Lorenzo detuvieron a un hombre vinculado a una serie de robos domiciliarios en el departamento Central. El sospechoso utilizaba una estrategia especial para cometer su fechoría, marcaba las casas que serían robadas.

De acuerdo a la investigación policial, recorría el barrio en un vehículo con una carpeta amarilla en mano y un quepis, simulando realizar gestiones.

Generalmente, se bajaba del vehículo para rondar el barrio y marcar la casa o las casas que posteriormente sería visitada por el ladrón.

Al percatarse de que los propietarios estaban ausentes, marcaba la vivienda, posteriormente llegaba al sitio con sus cómplices, trepaban la muralla o levantaban el portón basculante para ingresar. Y utilizaban siempre el mismo vehículo para poder llevar las cosas.

La policía le estaba dando seguimiento al automóvil hasta que finalmente lograron identificar el vehículo y detener a la persona que estaba dentro del rodado.

Se trata de Marcelo Damián Ruiz González (29), con antecedentes por hurto agravado y reducción año 2026.

El aprehendido, supuestamente dijo a la policía que podían “arreglar” esta situación. Luego, se presenta en la comisaría una mujer con una mochila y la suma de G. 10.000.000 con la intención de “tranzar” con los policías y liberar al detenido.

La misma fue identificada como Antonella Guadalupe Pineda Ríos (21) y también quedó detenida.

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El operativo se realizó el domingo en el barrio Los Nogales en el marco de una investigación por varios hechos de hurto domiciliario.

Durante el procedimiento fue incautado el vehículo, que circulaba con una chapa presuntamente adulterada y presentaba inconsistencias en su documentación.

En el interior del rodado, los intervinientes hallaron herramientas que serían utilizadas para cometer hurtos, además de chapas metálicas, documentos, tarjetas bancarias, joyas, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Según el informe policial, el procedimiento se inició luego de que vecinos alertaran sobre un automóvil con actitud sospechosa que rondaba la zona.

Tras la verificación, el conductor presentó documentos que no coincidían con la matrícula colocada en el vehículo, por lo que ambos fueron trasladados hasta la Comisaría 1.ª de San Lorenzo.

Posteriormente, varias víctimas de hurtos domiciliarios acudieron a la comisaría e identificaron el automóvil como el utilizado en los hechos investigados.

El caso fue comunicado a las fiscalas Viviana Riveros, Andrea Ríos y Cecilia Núñez.

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Maximiano Barreto, padre de un joven paraguayo de tan solo 21 años que falleció en la guerra de Ucrania, solicita a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores asistencia urgente para repatriar los restos de su hijo. Asimismo, pide que se verifique oficialmente el deceso, debido a que la familia aún no ha recibido una notificación formal del hecho.

El joven, identificado como Néstor Adrián Barreto, era oriundo de la localidad de Choré, Departamento de San Pedro. Según los informes, falleció el pasado 25 de junio en el marco del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

A través de un escrito dirigido al canciller Rubén Ramírez Lezcano, el padre solicita una intervención urgente que incluya asistencia consular, la verificación oficial del fallecimiento, la repatriación de los restos mortales y la obtención de la documentación oficial por parte del Estado ucraniano.

“Mi familia no cuenta hasta el momento con ningún documento oficial expedido por autoridades competentes que permita verificar la autenticidad de dicha información, razón por la cual solicitamos la urgente intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores para realizar las verificaciones pertinentes ante las autoridades de Ucrania”, indicó Barreto.

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El joven había viajado desde Paraguay a España el 25 de febrero de este año con el objetivo de buscar mejores oportunidades laborales para mejorar su calidad de vida y ayudar económicamente a su familia. Al llegar a España, se instaló en la casa de su hermano, quien ya trabajaba en ese país, y al día siguiente comenzó a trabajar con él en actividades agrícolas, principalmente en la poda de parrales.

Posteriormente, recibió una oferta laboral para trasladarse a Ucrania, una decisión que inicialmente mantuvo en secreto. El 17 de abril informó a su hermano y a su madre sobre su viaje. Aunque todos sus familiares intentaron persuadirlo para que desistiera debido a los altos riesgos del conflicto bélico, el joven insistió en irse. Aseguró a su familia que no participaría directamente en operaciones de combate, sino que, según las condiciones ofrecidas, lo contratarían para funciones de control, monitoreo y operación de drones.

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Unos 350 miembros o presuntos miembros de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua han sido detenidas en Estados Unidos desde que fue declarada organización terrorista, declaró este miércoles el fiscal general, Todd Blanche.

Tren de Aragua fue designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump el 20 de febrero de 2025.

El líder de la organización criminal, ‘Niño’ Guerrero, murió en una operación estadounidense en territorio venezolano que contó con la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez, el 13 de junio.

“Hemos detenido creo que en torno a 350 miembros o presuntos miembros de Tren de Aragua”, declaró en rueda de prensa Blanche, que destacó que el gobierno Trump se ha centrado en esta nueva amenaza criminal en su segundo mandato en la Casa Blanca.

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Blanche anunció junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, y fiscales de Texas e Illinois, la detención de ocho miembros del grupo venezolano en varias operaciones, todos ellos inmigrantes ilegales.

Cuatro de los detenidos son acusados de matar a un padre delante de sus dos hijos menores tras un secuestro en 2024 en Texas. Un quinto involucrado en el caso también fue arrestado. En tanto, otros tres fueron inculpados en Chicago por un secuestro que terminó en ejecución, detallaron los fiscales estatales.

Blanche explicó que tras la designación del grupo hace año y medio, el Departamento de Justicia puede añadir cargos de terrorismo a medida que avanzan las investigaciones.

“A menudo las acusaciones adicionales llegan luego, cuando podemos añadirlas”, explicó. El gobierno estadounidense ha prometido incrementar las operaciones militares en América Latina contra el crimen organizado.

El Pentágono lleva a cabo desde septiembre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con más de 215 víctimas hasta ahora.

• Fuente: AFP

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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.

Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.

La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.

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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.

Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.

Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.

“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.

Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.

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