A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.

El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.

A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

Le puede interesar: Presidente del PLRA analizará con su comité si asiste a convocatoria de Payo Cubas

“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.

Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.

Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.

“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.

Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.

Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.

De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.

Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.

Siga informado con: Peña y Alliana convocan a intendentes y ediles electos para el 6 de noviembre

El Ministerio de Educación tomó intervención en el caso de una estudiante de 15 años que resultó herida tras ser atacada con un arma blanca (navaja) por una compañera en una institución educativa del barrio Sajonia, en Asunción.

“Se auxilió a la niña afectada, se activó el protocolo y se hizo la denuncia”, manifestó este martes Erika Vargas, directora de Educación de Capital, en declaraciones al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La funcionaria se refirió a las acciones que llevan adelante ante estos graves hechos de violencia. “Lamentamos desde el MEC lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con la familia de la joven afectada”, expresó.

Añadió que al tomar conocimiento del episodio, el director y la supervisión activaron el protocolo. “Se realizaron las denuncias a las instancias correspondientes como la Policía, la Fiscalía”, precisó. Asimismo, “se auxilió” a la niña herida. “Pudimos llegar al hospital y ella está en muy buenas condiciones, a Dios gracias”, manifestó la funcionaria de Educación.

Sobre el ingreso de armas al centro educativo, aclaró que encuentran dificultades legales debido a que necesitan autorización de los padres para revisar las mochilas, atendiendo que se trata de menores de edad.

Te puede interesar: Golpe a microtráfico: Senad saca de circulación más de 1,2 millones de dosis de droga

“Nosotros tenemos un protocolo que se había activado para hacer la revisión de mochilas. Para este protocolo necesitamos el visto bueno de la familia, pero al familia se opone a ello. Entonces, se complica el trabajo”, apuntó. Ante esta situación, destacó la necesidad de realizar un trabajo conjunto entre el MEC y la familia de los alumnos.

A la par, la cartera de Educación propone encarar una campaña de concienciación, de trabajo y prevención en los colegios. “Estamos trabajando con la Dirección de Desarrollo para que los chicos puedan entender lo qué es la convivencia entre pares, que la convivencia sea sana y que por sobre todo, la familia acompañe estos procesos”, detalló.

En ese sentido, recordó que son los padres los que tienen que velar por lo que los chicos llevan a la escuela, porque “si nosotros tomamos la intervención de revisión de mochilas necesitamos la autorización de los padres que muchas veces son reacios”, remarcó.

Por lo tanto, la responsabilidad es de los padres. “Nosotros habíamos remitido una planilla para la autorización de los padres, pero no cayó muy bien, no permitían la revisión”, comentó.

En cuanto a las medidas que tomarán sobre la agresión entre compañeras, señaló que van a separar a la víctima y a la agresora de acuerdo con las normativas vigentes y al protocolo activado, pero garantizando el derecho a la educación de ambas. “Vamos a ver como separarlas, pero que ambas reciban educación”, puntualizó.

La Fiscalía también va a tomar medidas porque ya pueden recibir algún tipo de imputación, agregó.

Por otro lado, mencionó que en la fecha mantendrán una reunión con un grupo de directores y supervisores y con el Ministerio del Interior para establecer mecanismos de trabajo para dar seguridad a los chicos a la entrada y salida ante la rivalidad entre colegios.

Leé más: Realizan requisa en la penitenciaría de Emboscada tras fuga de dos internos

El juez penal de garantías, Humberto Otazú, otorgó medidas alternativas a la prisión al exintendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, y a su hijo, Esteban David Ríos Isasi, imputados por supuesta administración en provecho propio por un presunto negociado con un terreno municipal en Remansito, por cuya adjudicación no se habría realizado pago alguno.

Otazú dispuso la prohibición de cambiar de domicilio, mantener los números de celular informados al Juzgado y cumplir con la prohibición de salir del país, entre otras reglas de conducta.

Además, fueron intimados a presentar, en un plazo de 20 días, el título de propiedad y el informe de condiciones de dominio del inmueble ofrecido como fianza. La garantía deberá cubrir G. 25.000.000 por cada procesado, por un total de G. 50.000.000.

Te puede interesar: Cayó José Ignacio Hermoza, mano derecha y nexo logístico de “Macho” en Canindeyú

Según la imputación fiscal, entre 2020 y 2021, el entonces intendente habría beneficiado a su hijo con un certificado de ocupación de un inmueble municipal de 2.512,02 metros cuadrados, ubicado en San Jorge–Remansito. Posteriormente, el terreno fue adjudicado a Ríos Isasi, quien presuntamente no abonó el arrendamiento ni el precio de la adquisición definitiva.

El 26 de noviembre de 2020, Ríos Ayala expidió el certificado de ocupación a favor de su hijo. En 2021, este solicitó el arrendamiento del inmueble y el procedimiento culminó con un contrato que fijó un canon anual de G. 120 por metro cuadrado, monto que tampoco habría sido pagado.

El 25 de octubre de 2021, Ríos Isasi solicitó la compra definitiva del terreno. La Junta Municipal de Villa Hayes, mediante la Resolución JM N.º 510/2021, del 2 de noviembre de ese año, aprobó la adjudicación por G. 32.068.447 y autorizó al entonces intendente a suscribir la escritura de transferencia.

Sin embargo, según un informe remitido por la Municipalidad al Ministerio Público, no existen registros de pagos por la adquisición definitiva ni comprobantes contables.

Podes leer: Adolescente desaparecida fue encontrada en Brasil junto a un camionero paraguayo

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), aprobó una medida para simplificar la emisión del Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN) y facilitar la participación de empresas nacionales en los llamados de adquisición del programa Hambre Cero.

Según informaron desde la cartera, las empresas que soliciten el CPEN para los servicios de almuerzo y cena deberán gestionar un solo certificado por servicio, bajo las modalidades de “cocinando en las escuelas” o “catering”, en reemplazo del esquema anterior de certificación por producto, denominado plato por plato.

Asimismo, para solicitar el certificado correspondiente al servicio de “almuerzo/cena” en la modalidad “cocinando en las escuelas”, las empresas deberán contar con el Registro de Prestadores de Servicio (Repse) vigente y declarar la actividad “Otros suministros de comidas sin los servicios de restaurante”, identificada con el código NSP 1.0301.29.

La disposición contempla procedimientos diferenciados según el tipo de servicio y los productos ofrecidos. Para almuerzos y cenas, el certificado se gestionará por servicio, mientras que para desayuno y merienda continuará la emisión por cada producto, con el correspondiente detalle de las materias primas e insumos utilizados.

Leé más: Avanzan nuevos accesos y obras de drenaje para la futura Costanera de Pilar

“Además, el establecimiento declarado deberá contar con el registro del establecimiento y el certificado de buenas prácticas de manufactura, expedido por la autoridad competente”, mencionaron en el comunicado.

Para la emisión del CPEN de cada producto correspondiente a la modalidad “Desayuno/Merienda”, las empresas deberán contar con el Registro Industrial vigente. En este documento se deberá detallar el producto final que se desea ofrecer, así como las materias primas e insumos correspondientes a cada producto, con su respectiva nomenclatura arancelaria vigente.

Con esta disposición, el MIC busca simplificar el trámite de certificación para las empresas nacionales interesadas en participar en los procesos de adquisición del Programa Hambre Cero, de acuerdo con el comunicado institucional.

Te puede interesar: MIC simplifica la emisión de certificados para empresas del programa