Los abogados paraguayos volverán a las urnas el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 para elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM), en unos comicios que definirán a dos miembros titulares y dos suplentes del gremio para el periodo 2026-2029.

Según informaron desde la Corte Suprema de justicia este jueves, la convocatoria electoral cobró forma definitiva luego de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aprobara, mediante la Resolución N.º 196/2026, el cronograma que regirá el proceso. La jornada de votación se extenderá de 07:00 a 17:00, en los locales que serán habilitados por la Corte en las distintas circunscripciones electorales del país.

El calendario contempla como uno de sus primeros hitos el 9 de octubre, fecha establecida para la presentación de las listas de candidatos, proponentes y apoderados generales ante la Secretaría Judicial del TSJE. Las candidaturas deberán contar con el respaldo de los proponentes y cada lista tendrá que designar dos apoderados titulares y dos suplentes.

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Para la elección se prevé la utilización de 200 mesas receptoras de votos, con máquinas de votación distribuidas tanto en Asunción como en los diferentes departamentos. Los abogados que figuren en el padrón y estén habilitados podrán sufragar en cualquiera de las circunscripciones electorales habilitadas, pero solo una vez y en un único local.

La Corte Suprema ya había convocado en marzo pasado a los profesionales de la matrícula para escoger a dos representantes titulares y dos suplentes, en cumplimiento de la Ley N.º 296/1994. La organización del proceso hasta el día de los comicios corresponde a la máxima instancia judicial, mientras que la realización de las elecciones y su juzgamiento están a cargo del TSJE.

El Consejo de la Magistratura está compuesto por ocho miembros, provenientes de distintos sectores del Estado, del ámbito jurídico y académico. La integración vigente incluye a:

• Gerardo Bobadilla Frizzola, representante de los abogados y actual presidente del CM.
• Enrique Berni Brítez, representante de los abogados.
• Luis María Benítez Riera, ministro de la Corte Suprema de Justicia y representante de la máxima instancia judicial.
• Alicia Pucheta, representante del Poder Ejecutivo.
• Édgar López Ruiz, representante de la Cámara de Senadores.
• Édgar Olmedo Silva, representante de la Cámara de Diputados.
• Gustavo Miranda Villamayor, representante de la Universidad Nacional y vicepresidente del Consejo.
• César Ruffinelli Buongermini, representante de una universidad privada.

La actual composición experimentó un cambio importante este año con el reemplazo del ministro Eugenio Jiménez Rolón por Luis María Benítez Riera como representante de la Corte Suprema.

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En una nueva jornada del juicio oral y público al exsenador Hernán David Rivas, procesado por tener título de abogado dudoso, declararon varios testigos. Entre ellos comparecieron el actual presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el director de Auditoría Interna del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Roy Rodgers; y Ana Coronil, exalumna de la Universidad Sudamericana.

Lo más relevante de la jornada fue la declaración de Roy Rodgers, quien explicó que el ministro de Educación, Luis Ramírez, solicitó mediante un memorando una auditoría interna para verificar si la Auditoría 026/2020 se había elaborado correctamente. “La revisión concluyó que se cumplieron los requisitos aplicables y que los auditores actuaron de forma adecuada”, afirmó el testigo en relación con el proceso de inscripción del título de Rivas. Este testimonio contradice la acusación del Ministerio Público.

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Asimismo, Rodgers indicó que dicha revisión fue ordenada por el ministro Ramírez debido a los fuertes cuestionamientos mediáticos sobre la Auditoría 026/2020, la cual ya había determinado que se cumplió con toda la documentación para la inscripción del título de Rivas.

El testigo confirmó que el trabajo se ajustó a las normas vigentes y aclaró que el MEC aún no define oficialmente qué procedimiento aplicar a las carreras creadas bajo la Ley “Marcos”, que luego fueron cerradas y cuyos títulos se expidieron tiempo después, debido a los cambios normativos entre la finalización de los estudios y el registro del título.

Ante los criterios contrapuestos de la Dirección de Transparencia y la Dirección de Registro de Títulos, se recomendó solicitar a la Asesoría Jurídica del MEC una definición clara para casos como el de Hernán Rivas. Este pedido sigue pendiente de respuesta, manifestó el director.

Por su parte, Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, señaló que Hernán Rivas manifestó en su momento la intención de representar a la institución ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y que la bancada de Honor Colorado respaldó su postulación. Indicó, además, que actualmente no existe un procedimiento interno para verificar o acreditar los requisitos exigidos para ejercer dicha representación, aunque existe un proyecto con media sanción para regularlo.

Durante la audiencia también se introdujeron varias pruebas documentales. Entre ellas destacó un informe del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), el cual estipula que las carreras habilitadas antes de la vigencia de la Ley 4995/2013 son legales, siempre que acrediten su implementación conforme a los requisitos de la Resolución 166/2015 del Cones. Finalmente, se constató que el MEC registró títulos de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana hasta el año 2022.

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“Debo decir con mucho pesar que el Instituto de Previsión Social es por lejos la institución más desordenada administrativamente del Estado paraguayo”, dijo el Contralor General de la República (CGR), Camilo Benítez, tras presentar este lunes al Congreso Nacional el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025.

“Se afectó a la sensibilidad máxima de los ciudadanos paraguayos. Debo decir esto por justicia, quiero hacer un reconocimiento al expresidente del IPS, Jorge Brítez, quien fue él quien solicitó esta auditoría. Ahora entiendo por qué en años anteriores se resistían tanto los extitulares de la previsional, como por ejemplo, Vicente Bataglia, en cuya gestión incluso tuvimos que recurrir a órdenes judiciales y allanamiento para poder acceder a las diversas informaciones”, indicó a los medios de comunicación.

Benítez mencionó que “hicimos varias actividades de control en las distintas dependencias de la institución y este informe es el más emblemático de la historia de la Contraloría, en cuanto al IPS. Abarca el aspecto financiero, ambiental, tecnológico y esto puede servir para que de una vez por todas se tomen verdaderamente las medidas de corrección”.

Detalló que entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público, figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“Existe una deuda flotante de más de G. 1 billón que se arrastra año a año, es decir cada vez que el IPS se propone comprar insumos o medicamentos no tiene el dinero para pagar. La imagen financiera del IPS ya da pena”, mencionó como otra de las grandes falencias dentro de la institución.

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Durante la conferencia de prensa, Benítez puntualizó que se realizaron más de 2.000 actividades de control y más de 40 auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño que evalúan no solamente el aspecto contable o la legalidad del gasto público, sino también el impacto de la política pública.

Agregó que el 40 % de dicho trabajo de auditoría se concentró en la previsional. A la vez comentó que existe un desfasaje entre lo que cobra el IPS en concepto de aporte patronal y lo que se paga a los jubilados.

Con relación al tema refirió que los funcionarios de la previsional no se esforzaron en cobrar estas deudas y muchas de las demandas prescribieron. “Entonces, aquí tenemos un problema de un caos financiero. El Estado paraguayo y las empresas privadas le adeudan más de G. 10.000 billones al IPS y muchas veces vemos que el IPS no hace una gestión eficiente en cuanto al cobro a empresas que le deben al IPS”, dijo.

A todas las irregularidades se suman los gastos por USD 25 millones por “el abuso del sistema de gastos judiciales para pagar acuerdos privados que fueron homologados” y los inmuebles arrendados que no generan ni el 1 % de rentabilidad.

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Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) recordaron que por ley, las colonias chaqueñas deben estar destinadas a la inversión y al desarrollo productivo. Señalan que el Estatuto Agrario establece requisitos de inversión, solvencia y justificación del origen de los recursos para los asentamientos ganaderos de la Región Occidental.

A través de un informe del ente rural recuerdan que el acceso y la adjudicación de tierras destinadas a asentamientos ganaderos en el Chaco están sujetos, por disposición legal y reglamentaria, a condiciones orientadas a garantizar la ocupación efectiva de los inmuebles y su desarrollo productivo ambientalmente sostenible.

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Recuerdan que en el artículo 16, inciso “f”, de la Ley 1863/2002 Estatuto Agrario, establece entre los requisitos para los asentamientos ganaderos chaqueños la obligación de garantizar, conforme a la reglamentación del organismo de aplicación, la realización de inversiones para la ocupación efectiva y el desarrollo productivo ambientalmente sostenible del inmueble solicitado.

Además que, en cumplimiento de esta disposición, el Indert estableció en 2012, mediante la reglamentación correspondiente, la RP 1715/2012, los parámetros que deben ser contemplados en los proyectos productivos.

Entre los principales requisitos figuran:

1. Presentación de un plan de inversión productiva: debe contemplar los objetivos del proyecto, su localización y las actividades productivas previstas, así como un cronograma anual de las inversiones y mejoras a realizar en el inmueble.
2. Demostración de solvencia económica: el solicitante debe acreditar que cuenta con capacidad económica para afrontar las inversiones previstas.
3. Justificación del origen de los recursos: se debe justificar la procedencia del dinero destinado a financiar las inversiones, mediante la documentación correspondiente.

Mencionan que la reglamentación también establece la necesidad de detallar las mejoras que serán introducidas en el terreno y sus respectivos costos, dentro de un cronograma de inversiones proyectado.

En este marco, el presidente del Indert Francisco Ruiz Díaz, realizó durante el último fin de semana un recorrido por colonias ubicadas en la zona fronteriza con Bolivia, en el marco de las acciones impulsadas por la institución para fortalecer la Nueva Ruralidad promovida por el Gobierno.

La iniciativa busca consolidar un modelo rural que combine seguridad jurídica sobre la tierra, productividad, inversión y sostenibilidad, al mismo tiempo que genere condiciones para el relevo generacional en las fincas rurales, incorporando a jóvenes y nuevas generaciones a las actividades productivas.

“El desarrollo del Chaco requiere una visión de largo plazo, en la que la tierra adjudicada cumpla efectivamente su función productiva y genere oportunidades de desarrollo para las familias y comunidades asentadas en el territorio”, precisó.

Finalmente, señaló que la política de tierras se articula con la promoción de inversiones y de actividades productivas sostenibles, buscando que las colonias chaqueñas no sean solo espacios de ocupación territorial, sino verdaderos polos de desarrollo económico y social.

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