• Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: Archivo / Gentileza

Derribar aquello de que el hombre manda/mujer obedece es clave para enfrentar el flagelo del feminicidio. La violencia de género tiene en estos crímenes su desenlace más extremo, la punta del iceberg. Subyacen allí controles cotidianos, humillaciones, aislamiento, amenazas, dependencia económica, miedo, celos naturalizados, violencia psicológica, golpes, acoso, persecución, silencios familiares e instituciones que llegan tarde. Aquí el análisis de tres especialistas.

El cuadro social determina comportamientos, coinciden las especialistas consultadas para este informe. El machismo estructural es la respuesta principal al por qué se sigue matando de la manera aberrante que se vio en el profusamente televisado caso de Deisy Giménez.

Entendiendo esto, se preguntó por qué el duro castigo previsto no detiene estas acciones, a qué se debe la insuficiencia de lo punitivo. Raquel Samudio, del departamento de Psiquiatría y Psicología Forense del Ministerio Público, explica que “la mayoría de los feminicidas no tienen una enfermedad mental que anule su comprensión o su voluntad, saben lo que hacen. Entonces, atribuir esto a un trastorno desplaza la responsabilidad y además estigmatiza a las personas que tienen un sufrimiento mental que en la mayoría de los casos son víctimas y no victimarios”.

“El agresor no hace un cálculo racional de los costos, actúa desde una lógica “si no es mía no es de nadie”. Entonces, la pérdida de control sobre la mujer lo vive como algo intolerable. Por esto es que no es raro que después se autoeliminen porque no es que les importe el castigo, sino que su objetivo es eliminar ese objeto que perdieron. Entonces esto también es muy importante porque la respuesta no puede ser solo penal, tiene que ser preventiva y tiene que ser temprana”, señala.

De su experiencia, describe que en los feminicidas suelen verse rasgos como “posesividad extrema o celos, baja tolerancia a la frustración, dependencia emocional que muchas veces se disfraza como de dominio, como la necesidad de dominar en realidad porque dependen emocionalmente de la otra persona y creencias rígidas sobre los roles de género”. También se dan “antecedentes de violencia previa, en algunos casos hay consumo de sustancias, que no es en sí misma la causa de la violencia, pero sí la agrava”, agrega.

Myrian González desde hace más de 20 años es redactora del capítulo “Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia” para el informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Describe entonces que el feminicida “se ciega ante lo que considera una afrenta a su hombría. Muchas veces le da vergüenza que otros hombres le consideren inútil, débil, por permitir que la mujer sea ‘juru guasu’, no baje la cabeza, no se calle, denuncie, le abandone”, describe.

“Según mi análisis, no es que sufre por amor, porque le dejaron, ni porque tiene algún descontrol psíquico. Lo que le pasa es que ve en peligro su hombría, él no puede actuar como un pelele, el mandato cultural masculino le dicta que él es el que manda sobre su novia o mujer. Siente que se le rompe el mandato tradicional del macho, del hombre de la casa”, dice describiendo el cuadro.

González, que es directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), entiende que “un problema principal es la ausencia, la falta de una educación igualitaria, que es responsabilidad del Estado”.

Agrega que la “educación machista es resultado de esa cultura que valora de manera diferenciada a mujeres y hombres. El Estado, con sus ministerios y políticas públicas, es responsable de no promover la educación igualitaria. Esto es, mirando la realidad con perspectiva de igualdad de género”, describe.

“Se debe visualizar, comprender y aceptar que esas diferencias entre mujeres y hombres generan discriminación y desigualdades y que estas se traducen en que las niñas tienen que portarse bien y no “tentar” a los varones, las mujeres deben obedecer a sus esposos para que no se enojen, las jóvenes no tienen que provocar sexualmente a los hombres vistiéndose de x forma, ni salir solas o a la noche. Esta es la cadena que somete a mujeres y envalentona a los hombres”, apunta llamando a la transformación de esta matriz.

Monserrat Fois es antropóloga social y preside la Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas (APIF). Considera que una de las dimensiones más graves del problema “es la abrumadora irresponsabilidad del Estado porque no estamos frente a un fenómeno desconocido ni mucho menos inexplicable. Existen décadas de investigación en estudios de género, en sociología, antropología, en derecho y en políticas públicas que permiten comprender cómo se producen y reproducen las violencias contra las mujeres”.

Yendo a los datos, recuerda que “en Paraguay, solamente en 2025 hubo 37 feminicidios y más de 37 mil víctimas registradas de violencia familiar. En lo que va de 2026, ya van 20 feminicidios y 28 tentativas de feminicidios. Es decir, detrás de los casos extremos que llegan a los medios existe un universo muchísimo mayor de violencia cotidiana”, describe.

“Entonces, no me estoy refiriendo solamente a que una institución haya actuado mal ante una denuncia concreta, sino a gobiernos que, teniendo evidencia disponible, deciden escuchar a sectores políticos y religiosos que cuestionan sistemáticamente las políticas de género basados en prejuicios, supersticiones, odio o miedo y desoyen el conocimiento acumulado generado por investigadoras, académicas, funcionarias públicas y organizaciones feministas”, apunta.

Explica entonces que hay estudios e informes internacionales que permiten generar una trazabilidad sobre eventuales agresores: “Esto no significa, por supuesto, que podamos saber con certeza qué agresor va a matar ni en qué momento. Pero sí nos está diciendo que existen trayectorias y señales de riesgo que pueden ser identificadas y que deberían activar respuestas estatales diferenciadas”.

Insiste en que “antes que hablar de ‘combatir el feminicidio’, el Estado necesita construir capacidad para identificar trayectorias de violencia antes de que se vuelvan letales”.

Apunta entonces que “en el corto plazo, debemos evitar que una trayectoria de violencia tenga a la muerte al final de la historia. Y en el largo plazo, transformar las condiciones sociales, económicas, culturales e institucionales que producen, permiten y las legitiman. El problema es estructural y, por lo tanto, la respuesta también tiene que tener esa categoría”.

Es hora de actuar.

Lo mediático juega un papel clave en la reproducción del modelo que incuba los feminicidios, pero puede también convertirse en factor de reversión. Todo depende de los ejercicios profesionales y empresariales, entienden las especialistas.

Para la psiquiatra Raquel Samudio, “una cobertura con muchos detalles morbosos del método, de fotos de la víctima, de relatos que romantizan al agresor como que la amaba demasiado o fue un crimen pasional o que terminan culpabilizando a la mujer, revictimiza a las familias. Además, también hay evidencia de que la difusión masiva de estos casos puede asociarse a un efecto dominó en otras personas que ya estaban predispuestas a cometer un crimen”, recuerda.

Apunta a su vez que “los medios también pueden funcionar como un factor protector muy grande cuando nombran el hecho como feminicidio, cuando contextualizan la violencia como un problema social y no como un caso individual, como un hecho privado, cuando muestran las señales de alerta y cuando informan dónde pedir ayuda. El periodismo responsable salva vidas”, recuerda.

Para la antropóloga social Montserrat Fois, “tanto los medios como las autoridades públicas producen sentidos y categorías a través de las cuales interpretamos la realidad. Contribuyen a decirnos qué es grave, qué es normal, qué es excepcional, qué es tolerable y hasta dónde una determinada violencia merece ser considerada un problema público”.

Citando a Rita Segato en su libro “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”, recuerda que no es correcto presentar esta violencia como “algo disperso, anómalo o episódico. Un crimen acá, otro crimen allá, una pareja que discutió, un hombre que perdió el control”, sin reflejar “la estructura que conecta fenómenos que aparentemente no tienen relación entre sí”.

Otro elemento que pone en discusión es la espectacularización de la violencia. “Vimos circular por todas partes el video del feminicidio de Deisy y amanecimos a los días con la noticia de otro feminicidio ocurrido en Canindeyú. Quiero ser muy cuidadosa acá porque no puedo ni pretendo afirmar que exista una relación causal directa entre la difusión de un feminicidio y la comisión de otro. Pero Segato plantea algo muy importante para pensar este fenómeno y es que la propia violencia puede funcionar como una forma de comunicación”.

Agrega entonces que “la violencia no solamente actúa sobre la víctima concreta, puede comunicar poder, mostrar de qué es capaz el agresor, hasta dónde puede llegar, qué capacidad tiene de controlar, castigar o disponer sobre el cuerpo de otra persona. Y cuando los medios o las redes espectacularizan esa violencia pueden, potencialmente, convertirse en parte de la circulación de ese mensaje, ampliar su audiencia”.

Expone ante el caso que “esa exhibición reiterada puede ofrecer repertorios de acción y modelos de potencia con los cuales otros agresores pueden llegar a identificarse. No estoy diciendo que alguien que vea un feminicidio en televisión o en Tiktok automáticamente salga a cometer otro. Sería irresponsable afirmarlo de esa manera. Lo que estoy diciendo es que debemos preguntarnos qué efectos sociales produce mostrar una y otra vez el momento exacto en que una mujer es violentada o asesinada, convertir al agresor en protagonista y hacer circular su acto de poder millones de veces”, apunta.

Entiende que en esa situación el medio deja de ser solamente un canal que informa sobre un crimen corriendo el riesgo de transformarse, “aun sin proponérselo, en parte del dispositivo mediante el cual ese crimen adquiere visibilidad, audiencia y capacidad de comunicar poder. Para mí, ahí está la enorme responsabilidad de los medios y también de las plataformas digitales: informar sin convertir la crueldad en espectáculo”.

Comenzaron las obras de renovación en la Basílica Santuario de Caacupé para la festividad del 8 de diciembre, con obras de mejoramiento en sus instalaciones y la organización de 500 voluntarios que asistirán a los devotos durante las celebraciones.

Los trabajos incluyen la explanada, las veredas y el sistema de iluminación exterior; además, abarcan la pintura de las barandas perimetrales, la reparación de la escalinata que conduce a la planta alta y el reacondicionamiento del salón de confesiones, según informe del rector del santuario, padre Rubén Ojeda.

Las mejoras son financiadas por la entidad binacional Itaipú y el monto total de la inversión se conocerá una vez concluidas las obras, previstas para antes del inicio del novenario, el 28 de noviembre.

Te puede interesar: Hallaron restos de interés en excavaciones en el Cementario del Este en busca de víctimas de la dictadura

Asimismo, en el sentido religioso, coordinan los preparativos para recibir a los peregrinos que llegarán hasta la Virgen de Caacupé. En ese sentido, el sacerdote refirió que alrededor de 500 voluntarios, junto con el Consejo Pastoral de la Basílica, se están organizando para colaborar en las distintas tareas de asistencia a los devotos.

A la par, instituciones públicas y organizaciones participantes también comenzaron a coordinar acciones para el operativo de este año. La próxima reunión interinstitucional está prevista para el 6 de noviembre.

El lanzamiento oficial del Operativo Fiesta de Caacupé 2026 se realizará el 13 de noviembre, a las 9:00, en la Capilla San Roque González de Santa Cruz, ubicada en la planta baja del santuario.

Caacupé se alista para recibir a miles de fieles de diferentes puntos del país durante el novenario que inicia el 28 de noviembre y la celebración central del 8 de diciembre.

Las obras y la coordinación de los servicios buscan mejorar las condiciones del santuario y la atención a los peregrinos.

Leé más: IPS supera las 2.100 teleconsultas y proyecta expandir su Hospital Virtual

El exintendente de Ciudad del Este y dirigente opositor aspirante a la presidencia de la República, Miguel Prieto, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados. Esto se da en el marco de un segundo proceso penal por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el caso judicial conocido como “Tajy”, cuyo perjuicio se estima en G. 306 millones.

Así lo resolvió el Tribunal de Apelación al confirmar la resolución del juez Humberto Otazú. Los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni ratificaron la determinación adoptada por el magistrado, quien, luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en agosto de este año, elevó el proceso penal a juicio oral. Ahora se deberá sortear a los jueces de Sentencia que tendrán a su cargo juzgar a Prieto y a los demás acusados.

El Ministerio Público refiere que el 11 de junio de 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306 millones a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que nunca fueron entregadas, lo que constituye un hecho de corrupción y un perjuicio a las arcas del municipio.

Te puede interesar: En diciembre definen si hijo de Lalo Gomes, el abogado Óscar Tuma y otros van a juicio oral

“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.

El proceso judicial que enfrenta el dirigente opositor se originó durante la pandemia del covid-19. La imputación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez. “Prieto tenía la calidad de ordenador de gastos y, entre los meses de marzo y junio de 2020, convocó, promovió y pagó una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la producción de panificados destinados a familias de escasos recursos”, afirmó el fiscal.

En esta causa también se encuentran acusados:

• • Sebastián Martínez Insfrán
• • Robert Osmar Florentín Silvero
• • Alex Yamal Samhat González
• • Francisco Raimundo Arrúa Álvarez
• • Emili Vanessa Florentín Páez
• • Higinio Ramón Acuña
• • Nelson Alexis Segovia Acevedo
• • Maggi Elizabeth Fariña Almada
• • Buena Ventura Morínigo
• • Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez

De igual manera, Miguel Prieto y otros procesados ya están siendo juzgados por lesión de confianza y asociación criminal en el caso “Tía Chela”, por ocasionar un presunto perjuicio de G. 2.130 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. Actualmente, ese juicio se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales, donde el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad de cada uno de los acusados en el esquema irregular.

Podes leer: Ypytá: jueza se constituirá en la universidad UASS, ligada a esposa de Rafaat y a otros inmuebles

Las dos escuelas de Caacupé donde se registraron casos de meningitis ya retomaron las clases normales, confirmó este jueves el Dr. Luis Gómez, director de la Tercera Región Sanitaria. Las clases presenciales habían sido suspendidas a fin de aplicar el protocolo correspondiente y cortar la transmisión de la enfermedad, considerada altamente contagiosa, pero “ya retomaron las clases en ambas instituciones”, expresó en la 1020 AM.

Asimismo, comentó que no hay nexo entre los casos registrados en instituciones diferentes. “No encontramos una relación directa entre los casos porque son de instituciones educativas diferentes”, refirió. Fueron dos alumnos los que presentaron síntomas compatibles con meningitis, un niño de 9 años y una adolescente de 15, y se encuentran bajo estricto tratamiento médico. “La niña de 15 años está en el IPS de Asunción y el niño de 9 años está en un sanatorio privado de la capital”, comentó el profesional.

Te puede interesar: Usan inteligencia artificial para detectar tuberculosis en cárcel de Itapúa

En cuanto a los demás compañeros, agregó que se aplicó quimioprofilaxis a los contactos estrechos. “Fueron identificados los contactos estrechos y se hizo la quimioprofilaxis en esos niños”, puntualizó. No obstante, se hará el seguimiento durante unos días, a fin de evaluar su situación y corroborar si presentan o no eventuales síntomas de meningitis.

Aclaró que no se puede hablar de contagio porque “son dos casos que se presentaron en instituciones educativas diferentes y no hay un nexo entre los dos”, subrayó. Tras confirmarse el brote, el Ministerio de Salud activó el protocolo establecido para este tipo de casos, identificando a los contactos estrechos de ambos afectados y aplicando las medidas preventivas correspondientes.

La enfermedad meningocócica se transmite principalmente a través de las secreciones respiratorias y de la garganta. Sus síntomas habituales son fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, vómitos persistentes, somnolencia inusual, dificultad para despertar, convulsiones y alteración de la conciencia. La vacunación es fundamental para la prevención, resaltó el profesional médico. “La vacuna hexavalente es la que cubre la meningitis y se aplica a los dos, cuatro y seis meses”, precisó.

Leé más: Itaipú delimita cotas de riesgo en Ciudad del Este tras aumento del nivel del río Paraná