El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, fijó para los días 6, 7 y 8 de mayo la audiencia preliminar para el exsenador Rodolfo Friedmann y otros acusados por el presunto esquema de corrupción con la merienda escolar en la Gobernación de Guairá. En este proceso penal, el exdiputado Ever Noguera ya fue elevado a juicio oral y público.
Friedmann fue acusado por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.
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También están procesados en la causa Lourdes María Auxiliadora González, tesorera de la empresa ESSA S.A., y Eduardo Domínguez, quien se desempeñaba como secretario del exsenador durante su gestión como gobernador.
Según la investigación, Friedmann habría montado un esquema para adjudicarse licitaciones de la gobernación destinadas a la provisión del almuerzo escolar a través de la empresa Eventos y Servicios S.A. (ESSA), de la cual sería el principal accionista.
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A Ultranza Py: decretan prisión de supuesto secretario logístico de Marset
El juez Rodrigo Emmanuel Estigarribia, interino de su colega Osmar Legal, decretó la prisión preventiva de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera (38), alias “Chiqui”. Según la investigación, Cáceres Cabrera se desempeñaba como secretario, operador e intermediario logístico de una estructura dedicada al tráfico, acopio y comercialización de cocaína que habría estado encabezada por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. La defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar la decisión; en ese caso, un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la resolución del Juzgado Penal de Garantías.
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Cáceres Cabrera fue capturado el domingo en Itacurubí de la Cordillera durante el denominado operativo Nexus 2. El imputado por tráfico de drogas y asociación criminal dentro del esquema “A Ultranza Py” se encontraba prófugo desde febrero y afronta una pena de hasta 30 años de cárcel.
La investigación, que empleó técnicas especiales como la interceptación de llamadas telefónicas, reveló que la red delictiva operaba de manera coordinada tanto desde el exterior como desde el interior de establecimientos penitenciarios, donde el sospechoso cumplía el rol de brazo ejecutor fuera de los reclusorios.
“Dentro de lo que es la investigación del caso, se señalaba una estructura que operaba incluso desde establecimientos penitenciarios por personas que ya estaban privadas de libertad en el marco de la causa A Ultranza Py. En ese sentido, se ha identificado a personas que también operaban para esta estructura desde fuera de esos establecimientos, y una de ellas es el procesado capturado ayer”, explicó este lunes la fiscal Ingrid Cubilla en comunicación con el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Ejecutivo y Legislativo gestionan proyectos viales, educativos y productivos para Itapúa
El diputado Germán Solinger mantuvo una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña, para evaluar proyectos estratégicos orientados al desarrollo integral de los habitantes del departamento de Itapúa. Durante la visita, el legislador detalló los planes para el ámbito vial, la descentralización de la educación superior, la asistencia a los pequeños productores yerbateros y el fortalecimiento social de asentamientos rurales de la región, según informó.
En el ámbito educativo, expuso formalmente el anhelo de los pobladores locales de implementar una filial de la Facultad de Ciencias Veterinarias en Itapúa, proyectando al distrito de Capitán Meza como sede central de dicha casa de estudios.
El congresista colorado exteriorizó además la compleja realidad que atraviesa el sector de la yerba mate, solicitando un mayor acompañamiento y la intervención inmediata del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para estructurar alternativas de solución técnica en favor del campesinado.
La conectividad vial constituyó otro eje neurálgico del encuentro con el gobernante. El parlamentario urgió una intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la ruta PY07, específicamente en el tramo Cruce Santa Clara - Pirapó - Natalio. Igualmente, se gestionó el recapado asfáltico del sector comprendido entre las rutas 16 y 24.
Así también, se revisaron las condiciones de transitabilidad de la ruta que conecta Capitán Meza con Puerto - Edelira - Km. 20, sumando a la agenda la viabilidad de un nuevo puente internacional con la República Argentina, en las variantes Natalio - Puerto Rico o Capitán Meza - Jardín América para dinamizar el comercio del nordeste itapuense.
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Ypytá: JEM está habilitado a investigar de oficio al juez Édgar Rivas por mal desempeño
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya está habilitado para iniciar de oficio una investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, en el que firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.
El pasado 21 de agosto de 2026 se cumplió el plazo legal. Ahora, los integrantes del órgano juzgador tienen las facultades para estudiar el caso y enjuiciar al cuestionado juez Rivas Laguardia por su dudosa actuación en el mencionado expediente judicial. De acuerdo con los datos recabados, existirían irregularidades suficientes para avanzar con el enjuiciamiento.
Los miembros del JEM —Alicia Pucheta, Enrique Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón, Mario Varela, Alejandro Aguilera y Diego Candia— son quienes deberán votar para iniciar el proceso y, si correspondiera, solicitar la suspensión del magistrado.
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Semanas atrás, el Jurado decidió tomar conocimiento de la causa ante una serie de publicaciones periodísticas del diario La Nación, que se hizo eco de las presuntas y arbitrarias irregularidades cometidas por el juez Rivas.
Las irregularidades
En su momento, la abogada Patricia Rebollo, representante legal de Ypyta, señaló su sorpresa ante la actuación del juez Rivas respecto a la firma del título de propiedad perteneciente a la firma, el cual fue transferido a otra persona. Según explicó, el magistrado no intimó a la empresa ni al síndico de quiebras para realizar dicho acto, lo cual calificó como totalmente ilegal e irregular.
Rebollo señaló: “El hecho de que el juez no haya intimado a la firma Ypyta para poder firmar la transferencia del inmueble en litigio podría causar lesiones a los derechos procesales y a la propiedad que posee la empresa que represento”. Asimismo, fue tajante al aclarar que “todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio civil deben ser comunicadas a la firma Ypyta, porque la misma fue rehabilitada legalmente”.
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Estafa a colonos: se suspendió audiencia de acusados y querella pidió aplicar sanción por chicanas
Se suspendió la audiencia preliminar de tres acusados por la millonaria estafa, cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Río Verde, San Pedro. Esta vez la diligencia judicial se postergó porque el acusado, José Ljubetic, cambió de abogado minutos antes de iniciarse la diligencia judicial, por lo que el acto fue considerado como una chicana, más a los efectos de dilatar que el proceso penal pueda seguir su curso.
Ante la nueva suspensión de la diligencia judicial, la querella adhesiva representada por la abogada Gessy Ruiz Díaz, solicitó al juez Penal de Garantías, Vicente Coronel, la sanción disciplinaria por chicanero al acusado Ljubetic. Este pedido deberá ser estudiado por el citado magistrado.
Asimismo, en el presente caso están acusados William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados y quien sería uno de los cerebros de la megaestafa; y la abogada Ilse Paredes.
El Ministerio Público presentó acusación y pidió que el proceso se discuta en un juicio oral y público. Sostuvo que cuenta con suficientes elementos probatorios para debatir en juicio oral y poder lograr una sentencia condenatoria.
Extracción de datos pendiente
Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín. Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.
A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.
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