Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este lunes 13 de abril que la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional presentó su informe de seguimiento de audiencias preliminares correspondiente al período del 6 al 10 de abril de 2026.
“Los datos provienen de los Juzgados Penales de Garantías, de Delitos Económicos, así como de los juzgados de la Niñez y la Adolescencia y de los especializados en Crimen Organizado de la Capital”, aclararon.
Indicaron además, que de acuerdo con el informe del 6 al 10 de abril del corriente año se detalla que se realizaron 87 audiencias, correspodiente a un 61 %, en tanto que 56 fueron suspendidas, representando esto un 39 %.
Según los datos, de las audiencias preliminares suspendidas, 27 fueron por incomparecencia, 21 por pedidos de suspensión, 5 por planteos procesales, 2 por falta de traslado de penitenciaría y 1 por falta de notificación.
Finalmente, el informe contempla las audiencias preliminares programadas por los Juzgados Penales de Garantías de Capital y de Delitos Económicos, Juzgados Penales de la Adolescencia Primer Turno y Segundo Turno, y los especializados en Crimen Organizado, 1er, 2do y 3er turno.
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Justicia pedirá a Seprelad y Contraloría auditar bienes de personal penitenciario
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que requerirán a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) el cruzamiento de datos sobre los ingresos de los directores, jefes de seguridad y funcionarios encargados de la admisión de las penitenciarías tras concretarse el pasado domingo 25 de octubre la fuga de reos del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada. A la vez manifestó que pedirán a la Contraloría General de la República (CGR) la auditoría de los bienes.
“Debemos trabajar con la Seprelad para el cruzamiento de los ingresos de los directores, jefes de seguridad y los encargados directos de la admisión de los controles de ingreso de personas y de encomiendas ya que ahí se generan los focos de corrupción. Nosotros en algún momento cuando tuvimos problemas hemos remitido pedidos de control a la Contraloría para ver los ingresos y bienes que están a nombres de estos funcionarios y yo creo conveniente renovar ese trabajo porque es parte del esquema para la detección de hechos irregulares”, refirió en el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.
Nicora comentó que su cartera llegó a implementar el polígrafo como herramienta de control de confianza, evaluación y selección de los funcionarios penitenciarios como por ejemplo en la cárcel de Minga Guazú. “Es un elemento que no marcó un alto rango de resultados negativos en cuanto al cuestionario que fue implementado, pero sí fue un elemento que nos ayudó para decidir la renovación de contratos o no. Esta herramienta fue enfocada justamente en los nuevos penitenciarios”, puntualizó.
A la vez dijo que Paraguay próximamente firmará un acuerdo que le permitirá contar con tecnología para la detección de dispositivos irregulares en las penitenciarías del país. “Ahora estamos trabajando en una alianza estratégica con un país para tener esa tecnología”, mencionó.
Antecedentes
Los datos recabados mediante la investigación fiscal y policial refieren que los reclusos burlaron los controles de seguridad mediante corte de barrotes y el uso de sogas confeccionadas con sábanas y frazadas, aprovechando una zona perimetral que se encontraba sospechosamente sin el resguardo de agentes penitenciarios.
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Concurso de Buenas Prácticas Judiciales amplía plazo de postulación hasta este lunes
La Corte Suprema de Justicia informó que el plazo para presentar postulaciones al Concurso de Buenas Prácticas Judiciales 2026 se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, con el propósito de dar más oportunidades a los despachos y dependencias del Poder Judicial interesados en participar de esta iniciativa.
El certamen apunta a distinguir las experiencias que contribuyen a mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía, mediante propuestas innovadoras, soluciones creativas y acciones que reflejen el compromiso de magistrados y funcionarios con una administración de justicia más eficiente y accesible.
La convocatoria busca poner en valor el trabajo de las áreas jurisdiccionales y administrativas que impulsan mejoras en la atención a los usuarios, la transparencia, la integridad, el acceso a la información y la participación ciudadana, en consonancia con las políticas de Buen Gobierno Judicial.
Podrán participar tribunales, juzgados, direcciones, oficinas y otras dependencias de las distintas circunscripciones judiciales. La invitación también alcanza al área registral, correspondiente al Registro Unificado Nacional (RUN), además de los sectores administrativo y jurisdiccional.
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Criterios de evaluación
Las propuestas serán analizadas a partir de una serie de categorías y criterios establecidos sobre la base de la Guía de Espacios Amigables. Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran la innovación, la sostenibilidad, la receptividad y la viabilidad de las iniciativas, así como su aporte a la calidad del servicio judicial.
Una vez cerrado el periodo de recepción de candidaturas, comenzará la etapa de evaluación de las experiencias presentadas, que se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026.
La entrega de reconocimientos está prevista para el miércoles 9 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional contra la Corrupción. La fecha busca destacar también la importancia de las buenas prácticas institucionales para fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana.
Los interesados pueden consultar las bases y condiciones del concurso en www.pj.gov.py/buenaspracticas. Para obtener más información o realizar consultas, están habilitados el teléfono (021) 480-016, internos 2046 y 3838, y el correo electrónico buenaspracticas@pj.gov.py.
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Corte Suprema y ONU abordan la prevención de la tortura en Paraguay
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este viernes que ministros de la máxima instancia judicial se reunieron con una delegación del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT), en el marco de la visita oficial que el organismo internacional desarrolla en Paraguay del 25 de octubre al 3 de noviembre de 2026.
El encuentro formó parte de una serie de reuniones con representantes de los distintos poderes del Estado, orientadas a fortalecer el diálogo y la cooperación en materia de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con la prevención de la tortura y las condiciones de las personas privadas de libertad.
Las autoridades judiciales recordaron que el Subcomité de la ONU es un órgano integrado por 25 expertos independientes, creado en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), vigente desde 2006 y aprobado por Paraguay mediante la Ley N.º 2754/2005.
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Su mandato incluye:
- la visita a establecimientos donde permanecen personas privadas de libertad
- la elaboración de recomendaciones para los Estados
- la asistencia a los mecanismos nacionales encargados de prevenir la tortura
- la cooperación con otras instituciones que trabajan en esta área.
Las actuaciones del organismo se rigen por los principios de confidencialidad, imparcialidad y cooperación con los Estados, con un enfoque preventivo destinado a contribuir a la protección de los derechos fundamentales.
Esta es la tercera visita oficial del Subcomité a Paraguay. Las anteriores se realizaron en marzo de 2009, con una visita periódica, y en septiembre de 2010, durante una misión de seguimiento.
Protagonistas
La reunión contó con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera; y la ministra Carolina Llanes, integrantes de la Sala Penal.
Por la máxima instancia judicial también estuvieron presentes la directora de Derechos Humanos, Nury Montiel, y la coordinadora del Área de Sistemas Internacionales de Protección, Marian Mujica.
La delegación internacional estuvo compuesta por:
- Marco Fabricio Feoli Villalobos, de Costa Rica
- Marie Sorensen Brasholt, de Dinamarca
- María del Carmen Comas-Mata Mira, de España
- Juan Pablo Vegas Torres, de Perú
- Claudia De La Fuente Barreda, secretaria del SPT
- y Virginia Vasiliou Thompson, oficial asociada de Derechos Humanos.
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Criptoactivos y lavado de activos plantean nuevos desafíos a las investigaciones financieras
El rastreo de las operaciones con criptomonedas, la identificación de sus titulares y la determinación del origen de los fondos son algunos de los desafíos que enfrentan las investigaciones por lavado de activos en la era digital. Estos temas fueron abordados este jueves por el juez penal de sentencia especializado en Delitos Económicos y Corrupción, Matías Garcete, durante el Foro Nacional de Prevención del Lavado de Activos.
La exposición, titulada “Criptoactivos, trazabilidad blockchain y su uso en investigaciones penales y financieras”, se centró en las herramientas y los criterios que permiten analizar las transacciones con activos digitales y determinar si existen indicios de actividades ilícitas.
El encuentro fue organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y se desarrolló hoy de manera telemática, en coincidencia con el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. La convocatoria se realizó bajo el lema “El lavado de activos nos afecta a todos”.
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Rastrear el dinero digital
Durante su presentación, Garcete señaló que los criptoactivos forman parte de la transformación digital de la economía, que abre nuevas posibilidades para las operaciones financieras, pero también genera riesgos que deben ser considerados por los organismos de control y el sistema de justicia.
“Estamos en una era digital que mejora el sistema económico, pero nos da una sociedad de riesgo”, expresó el magistrado al referirse a los desafíos que implica el uso de estas herramientas en las investigaciones penales.
Los criptoactivos son representaciones digitales de valor que utilizan técnicas criptográficas para operar. Entre ellos se encuentra el bitcoin, una de las criptomonedas más conocidas, que permite transferir e intercambiar valor sin recurrir necesariamente a los mecanismos tradicionales del sistema financiero.
Garcete aclaró que utilizar criptomonedas no constituye, por sí mismo, un delito. Para determinar si una operación está vinculada con el lavado de activos, es necesario examinar las circunstancias de cada caso, establecer de dónde provienen los fondos y reconstruir los movimientos realizados después de su obtención.
En este proceso, la trazabilidad de las transacciones y el análisis de la información disponible resultan fundamentales. El objetivo es reconstruir el recorrido de los activos y establecer posibles conexiones entre las operaciones, los recursos investigados y las personas que podrían estar involucradas.
Uno de los principales obstáculos, según explicó Garcete, consiste precisamente en identificar a los responsables de las transacciones. Aunque la tecnología blockchain permite registrar y seguir movimientos de activos digitales, relacionar esas operaciones con personas concretas puede requerir otras diligencias investigativas y el análisis de información complementaria.
Criptomonedas, cantidad y su valor
Otro aspecto destacado durante la exposición fue la necesidad de diferenciar la cantidad de criptoactivos de su cotización en el mercado.
El magistrado explicó que un saldo determinado de bitcoins no representa necesariamente un valor fijo en dólares, debido a que su precio puede variar de manera significativa. Por esa razón, las investigaciones financieras deben precisar qué criterio de valoración se utiliza y a qué momento corresponde el cálculo.
Esta distinción adquiere relevancia cuando se busca determinar el monto de una operación investigada, estimar el patrimonio relacionado con un posible delito o establecer cuánto dinero podría recuperarse mediante medidas de recuperación de activos.
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En ese sentido, una estimación basada en la cotización histórica de una criptomoneda no equivale necesariamente a su valor actual ni al monto que efectivamente podría recuperarse. Son cálculos diferentes que deben analizarse según el objetivo de la investigación.
El foro también contó con las presentaciones de:
- Rocío Cañas, asistente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)
- Christian Benítez, agente fiscal
- María del Carmen Benítez, directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
- y Julio Bogado, director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad.