El proceso, dirigido por la Comisión de Asuntos Constitucionales, se enfocó en profundizar sobre la formación académica y la trayectoria profesional de los aspirantes.

El Senado continuó ayer con el periodo de audiencias públi­cas para evaluar a los candida­tos a contralor y subcontralor general de la República.

El proceso, dirigido por la Comisión de Asuntos Cons­titucionales, se enfocó en profundizar sobre la forma­ción académica y la trayec­toria profesional de los aspi­rantes, un paso esencial para dotar de transparencia a la elección de los futuros res­ponsables del control de los bienes públicos.

Tras una primera jornada en la que se presentaron 10 pos­tulantes, ahora se sumaron otros siete, completando una etapa más dentro del pro­ceso que abarca a un total de 47 candidatos. Los expo­nentes de la jornada fueron: Rolando Daniel Martínez, Dionisio Valinotti Paredes, Carlos Vera Ruiz, Miguel Ángel Stampf, Lorenzo Sca­venius Montiel, Óscar Guido Forestieri y Mónica Alejan­dra Villalba.

Estas audiencias constituyeron una instancia clave para que los legisladores pudie­ran medir la idoneidad y el compromiso ético de quie­nes aspiran a ocupar car­gos de alta relevancia en la administración estatal. La exposición permitió eva­luar la visión de los candida­tos ante los desafíos actuales de la Contraloría y su capaci­dad técnica para gestionar el uso eficiente de los recursos del Estado.­

La Corte Suprema de Justicia recordó este domingo que esta semana concluirá el plazo para que las organizaciones sin fines de lucro presenten sus solicitudes para acceder a la donación de bienes institucionales dados de baja. La convocatoria, iniciada el 1 de julio, finalizará el viernes 10 de julio, luego de cumplirse los ocho días hábiles establecidos para el proceso.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Administración y Finanzas, está dirigida a entidades sin fines de lucro legalmente constituidas interesadas en recibir mobiliarios, equipos informáticos y otros bienes que ya no forman parte del patrimonio de la institución. Aunque estos elementos quedaron obsoletos o dejaron de ser utilizados en las labores judiciales, todavía podrían ser aprovechados en proyectos de carácter social.

La Corte precisó que los bienes serán entregados en las condiciones físicas y de funcionamiento en las que se encuentran actualmente. Por ese motivo, las organizaciones que resulten beneficiadas deberán asumir los costos de retiro, carga, transporte y traslado de los artículos adjudicados.

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Las manifestaciones de interés deben presentarse por escrito en la Mesa de Entrada de la Dirección General de Administración y Finanzas, ubicada en el cuarto piso de la Torre Sur del Palacio de Justicia de Sajonia, en Asunción, de lunes a viernes, entre las 07:00 y las 13:00.

Entre los documentos exigidos figuran una copia autenticada del estatuto social de la organización, los documentos de identidad del representante legal, la constancia vigente de inscripción en el Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA) y un informe que detalle el destino social que tendrán los bienes solicitados.

Como parte del proceso, las organizaciones interesadas también pueden realizar una inspección previa de los lotes disponibles durante el período de la convocatoria. Para coordinar las visitas, la División Inventario de Bienes habilitó la línea telefónica 0981 297-488, además de la central (021) 439-4000, internos 2012 y 2826.

La máxima instancia judicial aclaró igualmente que la presentación de la solicitud no garantiza la adjudicación de los bienes. La selección final de los beneficiarios se realizará conforme a los criterios establecidos en la normativa interna, priorizando que los artículos sean destinados a iniciativas de beneficio para la comunidad.

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La ciudad de Villarrica concentró este viernes una amplia agenda institucional del Poder Judicial en el marco del denominado “Día de Gobierno”, una iniciativa orientada a fortalecer la administración de justicia en el departamento del Guairá mediante actividades de gestión, formación, concursos, incorporación de nuevos profesionales y reuniones con actores del sector.

Como parte de la jornada, se llevó adelante el examen de conocimientos correspondiente al Concurso para el Ingreso de Personas al Poder Judicial, que reunió a más de 1.000 postulantes interesados en ocupar cargos jurisdiccionales, administrativos y forenses. La evaluación constituyó una de las actividades centrales del programa desarrollado en la capital guaireña.

Además, 37 nuevos abogados prestaron juramento de ley para ejercer funciones en la Circunscripción Judicial del Guairá. El acto fue encabezado por la secretaria de la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, Rita Monges, quien tomó el compromiso legal a los profesionales que se incorporarán al servicio de justicia en la región.

La agenda también incluyó la presencia del vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, y del ministro Manuel Ramírez Candia, superintendentes de la Circunscripción Judicial del Guairá, quienes participaron de las distintas actividades previstas dentro del Día de Gobierno.

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Durante el encuentro con los nuevos abogados, Benítez Riera los felicitó por este paso profesional y los instó a continuar su capacitación permanente para brindar una atención de calidad a la ciudadanía, resaltando la importancia del compromiso humano en el ejercicio del Derecho. A su turno, Ramírez Candia destacó la responsabilidad que tiene la profesión jurídica de responder de manera eficiente a las necesidades de la población.

La visita de las autoridades judiciales forma parte del plan institucional impulsado por la Corte Suprema de Justicia para reforzar el funcionamiento del sistema judicial en las circunscripciones del interior del país, promoviendo una gestión más cercana a las comunidades y receptiva a las inquietudes planteadas por autoridades locales y ciudadanos.

Como cierre de la jornada, los ministros mantuvieron una reunión de trabajo con integrantes del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Guairá para coordinar acciones destinadas a optimizar la prestación del servicio de justicia. Asimismo, recibieron a representantes de gremios de abogados del departamento, con quienes analizaron diversos temas vinculados al funcionamiento del sistema judicial y otros asuntos de interés público.

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El presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, anunció la realización de auditorías internas y externas para investigar presuntas irregularidades en los procesos de licitación relacionados con la compra de equipos eléctricos adquiridos en 2019.

Dichos equipos estaban destinados a la construcción de una subestación eléctrica, proyecto que finalmente no pudo concretarse debido a la falta de los permisos necesarios para completar el trazado de la línea de conexión hasta el Banco Central del Paraguay (BCP).

Durante una inspección, las autoridades comprobaron que parte de los materiales ya no coincide con el inventario original, por lo que iniciarán una auditoría para deslindar responsabilidades.

“¿Cómo se puede robar una cosa enorme como esta?”, expresó el presidente del IPS, quien también anunció que la próxima semana se tendrá una estimación del valor de los equipos faltantes.

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Además, la previsional analiza un convenio con la Ande para recuperar parte de la inversión mediante el aprovechamiento de los materiales que aún permanecen almacenados.

Según las autoridades en enero de este año se realizó un inventario de los materiales, pero al abrirse hoy el contenedor se comprobó que había faltantes, ya que habría sido objeto de robos.

¿Cómo se puede robar una cosa enorme como ésta. Hubo el consentimiento de alguien. Quiere decir que acá vino un camión grande, alguien dio el visto bueno, alzó eso y llevó a vender?, cuestionó Fretes.

Insistió que se buscará concretar un acuerdo con las autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), en un intento por recuperar al menos una parte del dinero invertido en el frustrado plan.

Dicho convenio contempla un mecanismo de canje, mediante el cual los cables en desuso serían entregados a la Ande como parte del pago correspondiente al consumo de energía eléctrica.

Según los datos preliminares, los cables hallados estarían valuados en más de G. 20.000 millones. Estos materiales permanecen a la intemperie y según el inventario, faltarían varios rollos, por lo que no se descarta un presunto robo.

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