El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, defensor de Celio Tunholi —imputado por lavado de dinero junto a Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, y otros—, recusó a los camaristas Mario Camilo Torres, Paublino Escobar y Silvana Luraghi, integrantes del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.
Con esta recusación, calificada como infundada, la defensa busca frustrar la audiencia de imposición de medidas cautelares fijada para el 15 de abril ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú. Al tratarse de un recurso con el solo efecto de dilatar el proceso judicial, la máxima instancia judicial podría aplicar sanciones disciplinarias tanto al abogado Kronawetter como al propio imputado, considerando que estas “chicanas” entorpecen el desarrollo de la causa penal.
Los camaristas ya elevaron su informe a la Sala Penal de la Corte Suprema, que deberá decidir si corresponde confirmar la competencia del tribunal recusado.
Varios reveses judiciales
Días atrás, el magistrado Humberto Otazú ratificó la querella presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra Miguel Zaldívar, Eleno Concepción Martínez, Celio Tunholi y otros procesados por presunto lavado de dinero. El magistrado rechazó la excepción de “falta de acción” planteada por la defensa, confirmando así la validez de la participación de la matriz del fútbol sudamericano en el caso.
Asimismo, el juez Otazú ya había desestimado un recurso previo de la defensa de Miguel Ángel Zaldívar. Según fuentes judiciales, los imputados continúan recurriendo a presentaciones dilatorias para evitar someterse a la Justicia. Debido a esto, el expediente será analizado nuevamente por un Tribunal de Apelación, el cual tiene la facultad de aplicar sanciones disciplinarias a los abogados y a los procesados por el uso indebido de recursos procesales.
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Fiscalía abrió nueva causa por lavado a directivos de Atlas
El Ministerio Público consideró pertinente abrir un nuevo expediente penal para investigar varias operaciones.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ordenó la apertura de una nueva investigación penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar y otros relacionados con la constitución de fideicomisos y operaciones sobre bienes inmuebles que salpican al Banco Atlas.
La investigación surge de antecedentes detectados en una causa por lavado de dinero vinculada al caso Conmebol, en el cual están imputados el presidente de la entidad bancaria, Zaldívar, y otros directivos.
La medida fue adoptada mediante la Resolución F.G.E. n.º 4067, del 19 de octubre de 2026. Para intervenir en la nueva investigación, fueron designados los fiscales Christian Benítez Cáceres y Luz Guerrero Moral, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Según los antecedentes, los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Verónica Valdez comunicaron la existencia de hechos que podrían constituir conductas punibles distintas de las investigadas en el expediente original.
Asimismo, la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín informó sobre indicios de posibles operaciones vinculadas al lavado de activos, específicamente relacionadas con fideicomisos y transacciones sobre bienes inmuebles.
La resolución señala que, aunque podrían existir aspectos comunes con la investigación inicial, los hechos identificados serían diferentes de los que forman parte de aquella causa. Por ese motivo, el Ministerio Público consideró pertinente abrir un nuevo expediente penal para investigar las operaciones señaladas.
FUNDAMENTOS DE LA APERTURA
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), explicó que el Ministerio Público, a través de su área de Delitos Económicos, recopiló información en el marco de una causa en la que ya se formuló acusación y que actualmente sigue en curso.
Según indicó, los datos recabados estaban relacionados con aspectos que no eran objeto de investigación en ese procedimiento, en referencia a la apertura de una nueva causa contra Miguel Saldívar, directivo del banco Atlas, por presunto lavado de dinero.
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Fideicomisos de Leoz y Atlas en la mira en nueva causa
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), explicó que el Ministerio Público, a través de su área de Delitos Económicos, recopiló información en el marco de una causa en la que ya se formuló acusación y que actualmente sigue en curso. Según indicó, los datos recabados estaban relacionados con aspectos que no eran objeto de investigación en ese procedimiento, en referencia a la apertura de una nueva causa contra Miguel Saldívar, directivo del Banco Atlas, por presunto lavado de dinero.
“Una vez que formularon su acto conclusivo, y en cumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio Público, regido por el principio de legalidad procesal, está obligado a investigar cuando toma conocimiento de elementos que generan sospechas, incluso a partir de indicios, sobre la posible comisión de un hecho punible”, señaló Lovera en declaraciones a Nación Media.
En este sentido detalló que a través de una tarea de revisión de esos antecedentes, y un pronunciamiento de la Fiscalía General, se señala que se identificaron nuevos hechos, diferentes a los que fueron acusados en el caso Banco Atlas – Conmebol. En este caso, se investigan las operaciones respecto a fondos depositados por Nicolás Leoz, y otros hechos.
El abogado señaló que Leoz realizó una serie de adquisiciones de inmuebles, que se iniciaron desde el año 2000 en adelante, esto con una sospecha razonable que lo hizo como consecuencia de los perjuicios a la Conmebol, y el Banco Atlas también habría realizado estos fideicomisos.
“Esos inmuebles fueron objetos de loteamiento para la venta y luego Nicolás Leoz cuando es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de activos en la misma época de estos fideicomisos del banco Atlas también hizo otros fideicomisos inmobiliarios. Eso implicó también blindar esos inmuebles y en ese contexto proseguir con esos procesos de loteamiento y venta, y asegurarse esos recursos en el sentido de la protección de una figura como el fideicomiso”, detalló.
Agregó que, en ese contexto, “por lo que se pudo identificar en la información recopilada en esta otra causa estaban inmobiliarias como Inmobiliaria del Este, Inmobiliaria Raíces, y que finalmente terminaron administrando esos fideicomisos inmobiliarios en ese marco, respecto a otro banco diferente a Atlas”.
El letrado sostuvo finalmente, que “esos fideicomisos iniciaron por valores cercanos a los 2 millones de dólares, pero por lo que se obtuvo en esa investigación, a finales de ese año en el cual iniciaron los fideicomisos eran inmuebles por valor de 20 millones de dólares, inclusive superando”.
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Fiscalía abre nueva causa por presunto lavado que involucra a directivos de Atlas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una nueva causa penal para investigar hechos emergentes de presunto lavado de dinero que involucran a directores del Banco Atlas y a referentes del entorno de Miguel Ángel Zaldívar. La medida, oficializada mediante la Resolución n.º 4064, responde a denuncias formales presentadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), las cuales señalan serios indicios de irregularidades en la constitución de fideicomisos y la ejecución de transacciones inmobiliarias.
Para llevar adelante las pesquisas sobre estas nuevas conductas punibles, la máxima autoridad del Ministerio Público designó a los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Christian Benítez y Luz Guerrero. Este equipo de fiscales tendrá a su cargo la recolección de elementos probatorios, el peritaje de los instrumentos financieros señalados y el análisis de la trazabilidad de los fondos para determinar las eventuales responsabilidades penales de los denunciados.
El caso Atlas-Conmebol se centra en la investigación penal impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol por presunto lavado de dinero derivado del esquema de corrupción que involucró a su difunto expresidente, Nicolás Leoz, durante el período comprendido entre 2013 y 2016. Según las denuncias del organismo deportivo, la entidad bancaria habría celebrado contratos de fideicomiso y operaciones financieras con Leoz por varios millones de dólares para blindar y ocultar patrimonio presuntamente ilícito obtenido durante su gestión, omitiendo las debidas alertas del sistema de prevención de lavado de activos.
Imputación
La imputación formal por presunto lavado de dinero fue presentada por la Fiscalía el 30 de octubre de 2025. Entre los procesados figuran los principales directivos del Banco Atlas: Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Silvera (presidente del banco), Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Páez. Asimismo, fueron imputadas las herederas del fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz: María Clemencia Pérez de Leoz, Celia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Riveiro.
El esquema financiero indagado involucra maniobras por un total estimado que supera los USD 6 millones en fideicomisos (equivalentes a unos G. 40.000 millones), depósitos directos en efectivo realizados por Leoz entre enero y mayo de 2013 por USD 5,1 millones, y otras transferencias y colocaciones en instrumentos de ahorro que suman más de G. 23.000 millones y USD 2,1 millones en cuentas particulares dentro de la institución.
Según la hipótesis del Ministerio Público, los directivos de la entidad financiera autorizaron la bancarización e integración al sistema formal de activos de origen ilícito desviados de la Conmebol. Específicamente, se les atribuye haber omitido las alertas de prevención de lavado de dinero y la debida diligencia para aprobar la constitución de contratos de fideicomiso, así como la renovación de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y transacciones inmobiliarias a nombre de Nicolás Leoz y sus familiares, aun cuando sobre este pesaba una orden de captura internacional expedida en el marco del caso “FIFA Gate”.
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Juzgado admite acusación y eleva a juicio oral el caso de invasión de la Estancia Pindó
Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.
La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.
Juzgarán tres hechos punibles
De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.
En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:
- Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
- Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
- Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.
La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.
Rechazos para la defensa
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.
El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.
El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.
Presunto liderazgo en el asentamiento
Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.
La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.
Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.
Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.