Este miércoles se desarrolló la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, en la que su titular, Alberto Martínez Simón, recordó a los magistrados la obligación de presentar su primer informe cuatrimestral sobre los expedientes en estado de “autos para sentencia” y “autos para resolver” pendientes.

“Estos deberán ser presentados de forma digital el próximo viernes 24 de abril, como parte del compromiso con la transparencia y la eficiencia en la administración de justicia”, destacaron.

Recordaron, además, que esta es la primera de las tres fechas establecidas para que los juzgados y tribunales de toda la República presenten un informe cuatrimestral sobre los expedientes en estado de “autos para sentencia” y “autos para resolver”. Las próximas presentaciones están previstas para el 28 de agosto y el 18 de diciembre.

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Según anunciaron, la presentación de informes se realiza en cumplimiento de la Acordada N° 1836/2026, que dispone que los jueces de Paz y de Primera Instancia, así como los Tribunales de Apelación, de todos los fueros y circunscripciones judiciales del país, y el Tribunal de Cuentas, deberán presentar el informe cuatrimestral sobre los expedientes que se encuentren en estado de “autos para sentencia” y “autos para resolver”.

a continuación informaron que se dispuso que la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia realice sorteos aleatorios para seleccionar juzgados y tribunales en todo el país, los cuales serán inspeccionados por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional para verificar la veracidad de la información proporcionada en los informes. El mismo procedimiento se aplicará en la Circunscripción Judicial de la Capital.

Un detalle a tener en cuenta es que los sorteos serán transmitidos en vivo y difundidos a través de los medios institucionales de la Corte Suprema de Justicia, a fin de garantizar la transparencia del proceso.

Estas medidas buscan agilizar los procesos judiciales y garantizar que los ciudadanos reciban una respuesta oportuna a sus casos.

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Los abogados Álvaro Cáceres, Cristóbal Cáceres y Dante Gulino asumieron la defensa de Dalia López, detenida el jueves pasado y quien estuvo prófuga de la Justicia por 6 años, tras ser imputada por haber proporcionado un pasaporte de contenido falso al exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira “Ronaldinho” y a su hermano Roberto de Assis Moreira.

Los nuevos defensores de López están analizando solicitar al Juzgado Penal de Garantía la revisión de medidas cautelares y lograr que el juez del caso, Francisco Acevedo, decida que la mujer siga privada de su libertad en el departamento judicial feminino de la Policía Nacional y evitar ser traslada a la cárcel de mujeres de Emboscada.

Días atrás, el juez de turno Raúl Florentín decretó la prisión por 10 días en el Departamento Judicial Femenino de la empresaria Dalia López, capturada el jueves tras permanecer prófuga por 6 años por producción de documentos de contenido falso y asociación criminal. Luego de cumplido este plazo, la procesada deberá ser trasladada hasta la cárcel de mujeres de Emboscada.

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De filántropa a prófuga de la Justicia Dalia Angélica López Troche (55) tiene una historia que combina la filantropía con supuestos delitos de producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, al que se suma ahora sospechas de vínculos con el narcotráfico.

Su nombre cobró protagonismo al descubrirse un presunto hecho de falsificación de documento que involucró al exjugador brasileño Ronaldinho Gaúcho, demorado en nuestro país el 4 de marzo de 2020 durante una visita promovida por la empresaria y en la que se descubrió que el futbolista portaba pasaporte y cédula paraguaya de contenido falso.

Como dueña de un holding empresarial multirrubro y presidenta de la Fundación Fraternidad Angelical, era muy conocida en el departamento de San Pedro, donde al momento de desatarse el escándalo –hace seis años– tenía planificado lanzar un proyecto de salud preventiva para niños, para el cual había invitado a participar a Ronaldinho.

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Desde la Corte Suprema de Justicia recordaron que este 3 de abril se cumplen 155 años de la existencia de los Registros Públicos. Por eso, en el marco de este aniversario, la máxima instancia judicial reafirma su papel en la consolidación de la seguridad jurídica en el país.

“En la actualidad, la institución impulsa un proceso de modernización mediante la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN), como una política orientada a consolidar un sistema registral y catastral más eficiente, integrado y accesible para la ciudadanía”, indicaron.

Agrearon que este proceso se enmarca en las acciones destinadas al fortalecimiento institucional y a la mejora de los servicios, en línea con el compromiso de la Corte Suprema de Justicia de garantizar seguridad jurídica y acceso a servicios públicos.

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También recordaron que la entidad fue una de las primeras instituciones surgidas en el Paraguay durante el periodo de la posguerra, en un contexto de reconstrucción nacional y tuvo varias denominaciones. Fue creada por Ley del 3 de abril de 1871, como la Oficina de Hipotecas de la República y Registro General de la Propiedad, iniciando sus actividades con la apertura de tres registros: dominio, hipoteca y embargo.

Posteriormente pasó a ser el Registro General de la Propiedad, luego Dirección General de Registros Públicos y en la actualidad el Registro Unificado Nacional (RUN).

Un hecho digno de recordar es que el 11 de abril de 1871 se formalizó la primera inscripción en los registros públicos, correspondiente a un expediente de fecha 20 de febrero de 1870, firmado por el escribano público de la capital, José Beltrán, en el que consta la compraventa de un inmueble ubicado en esta ciudad, en las calles Del Sol y De la Catedral. El asiento fue rubricado por Ricardo Brugada en la misma fecha.

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Este martes, desde la Corte Suprema de Justicia informaron que resolvió prorrogar hasta el 30 de abril de 2026 la suspensión de la entrada en vigencia de la Resolución N° 12.299/2025.

La medida establece un nuevo procedimiento para el registro y circulación de motocicletas y vehículos similares. Según explicaron, el objetivo realizar ajustes técnicos y operativos que garanticen una implementación eficiente, segura y adecuada del sistema, en coordinación con las instituciones involucradas.

Esta decisión fue adoptada en sesión plenaria de este martes 31 de marzo, en el marco de la Resolución N° 12.660/2026, que dispuso previamente la suspensión de la medida.

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Recordaron que la Resolución N° 12.299/2025 establece el procedimiento de liquidación previa para el pago e impresión del formulario previsto en el artículo 1° de la Ley N° 5531/2015, a través de la red bancaria.

“La medida responde a una solicitud técnica del Registro Unificado Nacional (RUN), en atención a la necesidad de adecuar los sistemas informáticos y operativos para la implementación del nuevo procedimiento”, explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón.

Finalmente, la institución comunicó también que, durante este periodo, se avanzará en la optimización de los procesos y en la incorporación de los ajustes necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema al momento de su entrada en vigencia.

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