El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ratificó la querella presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas; Eleno Concepción Martínez, Celio Tunholi y otros imputados por presunto lavado de dinero.
El magistrado rechazó la excepción de falta de acción planteada por la defensa de dos de los procesados. Con esta determinación judicial, se confirma la validez de la querella presentada por la matriz del fútbol sudamericano.
Días atrás, el juez Otazú ya había rechazado un recurso previo presentado por la defensa de Miguel Ángel Zaldívar. Según fuentes judiciales, el imputado continúa recurriendo a presentaciones dilatorias para evitar someterse a la Justicia. Debido a esto, el expediente deberá ser analizado nuevamente por un Tribunal de Apelación, el cual ya podría aplicar sanciones disciplinarias tanto a los abogados como al procesado.
La defensa de Zaldívar presentó una reposición con apelación en subsidio contra la resolución del juez Otazú, quien fijó para el 15 de abril la audiencia de imposición de medidas cautelares. El argumento de la defensa es que existe un recurso extraordinario de casación pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia.
Una vez que el Tribunal de Apelación destrabe el proceso penal, el juez podrá fijar una nueva fecha para la audiencia de imposición de medidas, en la que se definirá si Zaldívar y los demás implicados enfrentarán el proceso en prisión o serán beneficiados con medidas alternativas.
Podes leer: Condenan a 15 años de prisión a un hombre por abusar de su hijastra de 9 años
Dejanos tu comentario
Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
Te puede interesar: Detuvieron a la abuela paterna de Magnolia en el aeropuerto e investigan el caso
La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.
Dejanos tu comentario
Violento intento de asalto a un camión transportador de caudales en la Ruta PY08
Varios delincuentes perpetraron un fallido asalto contra un camión transportador de caudales sobre la Ruta PY08, en el departamento de San Pedro. Los autores del hecho se dieron a la fuga sin poder llevarse dinero.
El caso se registró en horas de la mañana de este miércoles contra un camión blindado perteneciente a la empresa Yrendague, a la altura del kilómetro 310 de la Ruta PY08, en la compañía María Auxiliadora de Yataity del Norte. El grupo comando estuvo integrado por aproximadamente 10 a 15 personas fuertemente armadas que se desplazaban en seis rodados. Los criminales interceptaron al transportador de caudales e intentaron obligar a sus ocupantes a detenerse en el camino.
Tras percatarse de lo que estaba sucediendo, el conductor decidió acelerar la marcha y emprender una rauda huida, dirigiéndose hasta la sede de la Comisaría 15ª de Yataity del Norte para buscar refugio. Al no poder lograr su cometido, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de dos camionetas: una Toyota Fortuner y una Nissan Terrano.
Luego, los criminales incineraron un automóvil Toyota Allion en inmediaciones del peaje de Tacurú y abandonaron un furgón Toyota Noah, ambos utilizados en este frustrado golpe. En su huida, también arrojaron clavos “miguelito” sobre la ruta con el propósito de evitar ser perseguidos por las patrulleras de la Policía Nacional. Los dos funcionarios de la empresa de seguridad, identificados como César González y Alfonso Flores Quiñonez, resultaron ilesos, ya que las balas disparadas por los asaltantes no lograron traspasar el blindaje del vehículo.
Dejanos tu comentario
Agujero de G. 126.000 millones reaviva polémica por millonario fideicomiso IPS-Atlas
El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.
El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
Le puede interesar: Peña y Alliana felicitan a Espriella, presidente electo de Colombia
Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.
Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.
Obligaciones pendientes
A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.
Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la construcción de cuatro hospitales.
Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.
Siga informado con: Embajada paraguaya en Turquía resalta relaciones diplomáticas históricas
Dejanos tu comentario
IPS confirma a Contraloría que quita de deuda a familia de Abdo ocurrió durante su gobierno
El informe remitido por el Instituto de Previsión Social (IPS) a la Contraloría General de la República confirma que la millonaria quita de la deuda a la empresa de la familia política de Mario Abdo Benítez se realizó durante su propio gobierno. De esta manera, se descarta la versión mediática del diario ABC Color, del Grupo Zuccolillo, que pretendía atribuir al mandatario Santiago Peña haber digitado dicho acuerdo.
El documento enviado por el IPS a la Contraloría describe paso a paso cómo se generó la demanda contra el Consorcio Hotelero Sudamericano y la forma en que la previsional recuperó la suma multimillonaria de G. 9.391 millones en 2024.
De acuerdo con el informe que ya está en poder de la Contraloría, fue en el 2018, durante la gestión de Mario Abdo Benítez, cuando se “arregló” y se firmó un acuerdo que recortaba la deuda de más de G. 10.000 millones a G. 5.557 millones, en beneficio del Consorcio Hotelero Sudamericano, propiedad de los familiares políticos de Abdo. Posteriormente, en 2024 y durante la Presidencia de Santiago Peña, al verificarse el incumplimiento del acuerdo de 2018, se ejecutó el cobro de G. 9.391 millones a favor del IPS, quedando pendiente el cobro de lo adeudado desde el 2018 en adelante.
Te puede interesar: Juicio de Boidanich: testigos ratificaron plazos legítimos y sin filtraciones
Empresa de la familia
El Consorcio Hotelero Sudamericano S.A. -vinculado a Jorge López Moreira y Colaso Bo, familia política de Mario Abdo Benítez- adeudaba desde el 2014 la suma de G. 5.557 millones al IPS. Esta deuda fue litigada por muchos años por la previsional, la cual logró ganar en todas las instancias judiciales el cobro del capital y los intereses. Para el 2017, el monto total ya superaba los G. 10.000 millones.
Al año siguiente, a pesar de haber ganado el juicio, la previsional aceptó un acuerdo extrajudicial para que la deuda se fijara en G. 5.557 millones. Esto generó una reducción del saldo de hasta G. 5.000 millones durante la era Abdo. Además, se permitió el pago fraccionado en 120 cuotas, con un interés del 1 % mensual (12 % anual) aplicable solo en caso de mora en las cuotas, resultando en un acuerdo sumamente favorable para la empresa.