El abogado Álvaro Cáceres, representante legal del senador Hernán David Rivas, se refirió sobre la resolución firmada por el tribunal de apelación en mayoría sobre la prescripción y la desvinculación del proceso penal por producción y uso de documento no auténtico con relación al título de abogado del citado parlamentario.

Cáceres fue claro en señalar que “la Fiscalía nunca debió imputar a Rivas porque los delitos imputados y acusados ya no podían ser perseguidos penalmente porque habían prescripto”. Indicó que “la resolución de la Cámara de Apelación fue la de corregir y argumentar jurídicamente que no puede haber uso de documento público falso cuando no existe el delito principal conexo, que es el hecho punible de producción de documento falso”.

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“Creo que la postura de la Fiscalía es que no quieren reconocer que imputaron y acusaron hechos prescriptos, porque digamos que el Ministerio Público ahí no queda bien parado, pero la resolución de cámara es clara y contundente sobre la persecución del hecho punible acusado, que ya no puede seguir por lo que corresponde la desvinculación de mi representado”, sostuvo el citado profesional del derecho.

La defensa del parlamentario sostuvo en que al haber prescripto la cuestión de la producción, tanto a criterio de la defensa como a criterio de la Cámara, no se puede ya identificar el uso específicamente por esa remisión que hace el artículo del 252, que es el uso al 250, que es la producción inmediata.”

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El agente fiscal de Ñemby Luis Alberto Peralta solicitó a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición de la mujer identificada como Ada Jeanette Núñez Jara, de 35 años, de nacionalidad paraguaya. El hecho fue puesto a conocimiento del Ministerio Público mediante nota policial, en la cual se reporta que la misma salió de su vivienda el pasado 7 de marzo del corriente año.

En ese contexto, la Fiscalía solicitó ser informada si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de la desaparecida y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.

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Asimismo, el agente fiscal recordó a la comisaría actuante que debe cumplirse con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el correspondiente informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido. Además, se solicitó verificar y aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas.

La investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el paradero de la mujer. Ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía se ruega comunicarse a los números telefónicos 0982 746-310, y 0973 229- 187.

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Tras su detención en el barrio Herrera de Asunción, Dalia López presentó un cuadro de inestabilidad, por lo que una ambulancia acudió en su asistencia.

La detenida padece diabetes y al ser inspeccionada no presentó problemas de salud, por lo que se decidió trasladarla a la Fiscalía barrial número dos, descartando que vaya hasta un centro asistencial.

Al respecto, el fiscal Federico Leguizamón indicó que López se encuentra estable y lúcida. Y que la misma manifestó que su fuga se debió a que temía por su vida ante presuntas amenazas.

“Ella va a ser puesta a disposición del Juzgado Penal de Garantías y ya dependería de lo que el juzgado determine”, dijo el agente fiscal a los medios de prensa.

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Confirmó que fueron incautados documentaciones, equipos informáticos, teléfonos celulares y dinero. “Son documentaciones sobre la empresa y sobre propiedades que le corresponderían”, indicó.

No descartó incluir en la causa a la pareja de Dalia. Dijo que ambos se exponen a un proceso por lavado de dinero, si no pueden justificar los USD 220.000 y los G. 400 millones que fueron hallados en la residencia.

“Ella se mostró muy predispuesta desde un comienzo, dijo que estaba amenazada. No dijo por parte de quien, pero que su rebeldía se debió a que ella temía por su vida porque se sentía amenazada. En cuanto a su salud está estable, está lúcida”, remarcó.

El agente del Ministerio Público aclaró que su participación se limita a la aprehensión, mientras que la causa principal por crimen organizado está a cargo de otros agentes.

“El procedimiento de hoy es al solo efecto de la aprehensión, yo no soy el titular de la causa, es Crimen Organizado. Yo le pasaré todos los antecedentes a mis colegas de Crimen Organizado”, expresó.

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Una denuncia penal por presunta negligencia médica fue presentada tras un grave hecho ocurrido en el IPS Ingavi, donde una paciente con diagnóstico de cáncer habría sido sometida a la extirpación de la mama incorrecta durante una intervención quirúrgica.

La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la familia de Nancy Elizabeth Franco, de 62 años, señaló a la 1020 am que la denuncia apunta contra la médica María Paredes y su equipo, cuestionando tanto el procedimiento realizado como las condiciones profesionales en las que se habría llevado a cabo la cirugía.

Según indicó la representante legal, se tomó conocimiento de manera extraoficial de que la profesional habría obtenido recientemente su título de mastóloga, lo que, de confirmarse, abriría el debate sobre la responsabilidad institucional en la contratación y supervisión del personal médico.

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Por su parte, el fiscal Armin Echeguren, quien interviene en la causa, confirmó a la misma emisora que se trata de un caso en investigación por presunta mala praxis, y que actualmente se están analizando documentos y antecedentes para determinar posibles responsabilidades.

El agente del Ministerio Público también informó que, tras detectarse el error, se procedió a una segunda intervención quirúrgica inmediata con el objetivo de corregir la situación, en medio de un escenario de alta tensión para la paciente.

De acuerdo con los reportes, la mujer habría confrontado a la médica tratante al percatarse de lo ocurrido, evidenciando el impacto emocional y físico derivado del procedimiento.

El fiscal confirmó que la paciente ya fue dada de alta, mientras la investigación continúa su curso con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer eventuales sanciones penales o administrativas en el caso.