El ministro de la Corte y superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Eugenio Jiménez Rolón, mantuvo una mesa de diálogo institucional con representantes de gremios de abogados de Concepción. La jornada tuvo como objetivo presentar propuestas, recoger inquietudes y analizar acciones orientadas a mejorar la administración de Justicia en la zona, en el marco del Plan Estratégico Institucional.
El alto magistrado señaló que las reuniones con los gremios de abogados son fundamentales, ya que permiten acceder a información relevante para la toma de decisiones, y reafirmó el compromiso institucional de seguir impulsando una justicia más accesible, eficiente y transparente. “Buscamos, fundamentalmente, facilitar el ejercicio de la profesión de abogado y, desde la Corte Suprema de Justicia, se mantiene un canal abierto de diálogo con los litigantes”, expresó.
Por su parte, el vicepresidente del Círculo de Abogados de Concepción, Félix Acuña Quevedo, señaló que mantienen reuniones periódicas con el ministro superintendente para canalizar propuestas orientadas a optimizar el servicio de justicia. Destacó la apertura y predisposición del ministro para escuchar las inquietudes del sector y subrayó que estas acciones buscan fortalecer la articulación entre el gremio y el Poder Judicial, en favor de una mejor gestión en la zona.
Estas reuniones forman parte de las acciones impulsadas por la máxima instancia judicial para mantener una comunicación permanente con los distintos actores del sistema judicial, promoviendo la mejora continua en todo el país.
De la reunión participaron también los integrantes del citado gremio: Óscar Montanía, Luis Ramón Grance, Rubén Montanía y Genaro Domínguez Bogado.
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Senadores escucharon informe del titular de la Senad sobre operativo en Canindeyú
La mesa directiva de la Cámara de Senadores recibió este lunes al titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid quien brindó detalles del operativo “Redención” desplegado en el departamento de Canindeyú.
Específicamente, los parlamentarios solicitaron información sobre el procedimiento realizado en la localidad de Corpus Christi, con apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en el que fallecieron un líder indígena y un docente.
Tras escuchar la exposición del ministro, algunos senadores consideraron pertinente plantear que se realice una investigación interna sobre el procedimiento, además de conocer las pesquisas que lleva adelante el Ministerio Público.
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Con ello se quiere esclarecer eventuales irregularidades como a determinar si existió un uso excesivo de la fuerza o, en su caso, respaldar la actuación legítima del personal interviniente.
Esto considerando que aparentemente se accedieron a testimonios de pobladores que plantean interrogantes sobre los sucesos.
A su vez el ministro Rachid se mostró confiado en la actuación de la institución, pero atento a los resultados de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.
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Día de gobierno: el presidente de la Corte reafirmó su compromiso con el Chaco
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, realizó este jueves 3 de setiembre una jornada de gobierno en el Palacio de Justicia de Puerto Casado, en su carácter de superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, función que ejerce conjuntamente con el ministro César Garay. La actividad se desarrolló en el marco de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2030.
La agenda de trabajo se inició con una reunión protocolar y de trabajo con los jueces y los miembros del Consejo de Administración de Alto Paraguay, William Federico Wood Vera, presidente; Elvio Valentín Ovelar Echeverría, vicepresidente primero; y Alicia María Agüero Giménez, vicepresidenta segunda. Durante el encuentro evaluaron el movimiento procesal de la zona y las estrategias necesarias para agilizar la tramitación de las causas.
Posteriormente, el titular de la Corte Suprema mantuvo un diálogo con agentes fiscales y defensores públicos de la circunscripción, con quienes coordinó acciones interinstitucionales orientadas a fortalecer la articulación y garantizar una respuesta más fluida en los distintos fueros.
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Durante la jornada, Martínez Simón destacó la importancia estratégica que representa el Chaco para la Corte Suprema de Justicia, señalando que esta prioridad se refleja, entre otros aspectos, en la digitalización de los servicios de justicia en la región.
En ese sentido, resaltó la implementación de la digitalización total de los servicios y los trabajos preparatorios en Carmelo Peralta para dotar a la zona de la infraestructura necesaria ante los desafíos comerciales y demográficos que generará el futuro tránsito de personas y bienes con la habilitación del puente de la Ruta Bioceánica.
Asimismo, durante la reunión general con los funcionarios judiciales de la sede, Martínez Simón instó a continuar con la capacitación permanente y a fortalecer el crecimiento profesional dentro de la institución. También enfatizó la importancia de brindar una atención cordial, empática y eficiente a los usuarios del sistema de justicia.
La jornada permitió fortalecer el diálogo con los distintos actores del sistema de justicia y realizar un seguimiento de las acciones orientadas a mejorar la prestación del servicio judicial en la Circunscripción de Alto Paraguay, en línea con las políticas institucionales de modernización y fortalecimiento de la presencia territorial de la Corte Suprema de Justicia.
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Un aumento salarial generalizado agravaría la crisis en salud, aclara titular del MEF
“Un aumento generalizado solo agravaría la imperfección que tiene hoy el sistema”, indicó el ministro de Economía, Óscar Lovera, sobre el intransigente reclamo de reajuste salarial de médicos del sector público, aclarando que se requiere de una progresión y discriminación del escalafón profesional para definir las necesidades presupuestarias.
“El punto de partida de su pedido es atribuible a todos, ellos hablan de la pérdida del poder adquisitivo en un periodo de tiempo dado”, puntualizó sobre el argumento que apunta al año 2012 en comparación con la actualidad.
Lovera acotó que “un aumento generalizado para nosotros solamente agravaría la imperfección que tiene el sistema, nosotros tenemos que corregirlo, debe existir una progresión y discriminación positiva en términos a lo que hace las responsabilidades y la formación de cada uno de los médicos, por eso nosotros hablamos de la carrera médica. Estamos analizando las alternativas para hacer esto viable”.
En una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el funcionario de Estado manifestó también que “el reclamo de los médicos es tan genuino como puede ser para cualquier sector. Yo no quiero entrar en la parte de que sí es correcto que requieran pasar de un salario de G. 5.000.000 millones a G. 8.000.000 millones. Si nos ponemos a discutir cuánto debe ganar un médico especialista, subespecialista, en formación, yo me siento, diagramamos y vemos cómo podemos hacerlo, pero hablar solamente de la pérdida del poder adquisitivo no es solo del sector médico, es generalizado”.
De esta manera, el funcionario de Estado considera que utilizar la pérdida del poder adquisitivo como motivo exclusivo carece de sustento, ya que es un fenómeno que afecta por igual a toda la economía y a los demás sectores de la población.
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El sector médico reclama la concreción de mejores condiciones laborales en los hospitales, garantías en la provisión medicamentos e insumos básicos, pago de feriados y nombramientos de los contratados. Sin embargo, el punto de conflicto se centra en la exigencia de un aumento directo de G. 3.000.000 por vínculo, solicitando pasar de los G. 5.000.000 actuales a un total de G. 8.000.000 por cada contrato de 12 horas semanales.
Los gremios argumentan que, desde 2012, su poder adquisitivo cayó de 2,8 a 1,7 salarios mínimos. “Ante esta situación, Lovera recordó que desde el Poder Ejecutivo se analiza la implementación de la carrera sanitaria que consistirá en el pago basado en la especialización, meritocracia y no por vínculo, planteamiento que es rechazado por el sector médico.
“Las retribuciones tienen que estar vinculadas a las responsabilidades, es el puesto que tiene que estar valorado de mejor manera, no la persona y eso mismo es lo que queremos trasladar a esta discusión porque no es lo mismo un médico general, un especialista y subespecialista. Nosotros debemos trabajar en esto para generar más incentivo porque necesitamos hoy más especialistas y subespecialistas”, comentó el ministro.
Por otra parte, Lovera se refirió a la posibilidad de que el sector docente vaya a un paro nacional por cinco días en el presente mes de setiembre. “El pedido de ellos es de un 8 % y en el caso de este sector nosotros estamos cumpliendo todos los acuerdos. El presupuesto 2027 refleja todos los acuerdos que se alcanzaron”, mencionó.
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Ministros disertaron sobre la independencia judicial y comunicación institucional
El ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel Junghanns y la ministra María Carolina Llanes disertaron en una jornada académica organizada por la Asociación de Magistrados del Alto Paraná (ASOMAP), en Ciudad del Este.
Las exposiciones abordaron la independencia judicial como garantía para el ejercicio de la función jurisdiccional y los desafíos para avanzar gradualmente hacia una comunicación institucional más coordinada y comprensible, orientada a facilitar a la ciudadanía el acceso a información confiable y oportuna sobre la labor del Poder Judicial.
La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Ciudad del Este y congregó a la magistratura, representantes de asociaciones y gremios, profesionales del derecho, funcionariado judicial e invitados especiales.
El ministro César Diesel desarrolló la conferencia “El valor de la independencia judicial”, en la que destacó que la independencia constituye un elemento indispensable para la vigencia del Estado de derecho y el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. Durante su exposición se refirió al papel constitucional del Poder Judicial y al control de constitucionalidad dentro del sistema de separación, equilibrio y recíproco control entre los poderes del Estado.
Asimismo, sostuvo que la legitimidad de las decisiones judiciales se sustenta en el conocimiento de los hechos, la aplicación del derecho correspondiente y la debida fundamentación de los fallos, con respeto a las garantías del debido proceso. Diesel abordó además las garantías constitucionales destinadas a preservar la independencia institucional y funcional de la magistratura y destacó su importancia para que jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones con apego a la Constitución y las leyes.
Finalmente, remarcó que la independencia judicial también requiere fortalecer la calidad de la administración de justicia, mediante decisiones debidamente fundamentadas, adoptadas sin demoras innecesarias y con el tiempo necesario para garantizar el debido proceso.
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Por su parte, la ministra, María Carolina Llanes Ocampos, presentó el tema “Implementación de la Política Comunicacional” y expuso aspectos vinculados al desarrollo operativo de la Política de Comunicación del Poder Judicial, aprobada mediante Resolución N.º 9990/2023 de la Corte Suprema de Justicia.
Durante su presentación destacó la importancia de facilitar a la ciudadanía el acceso a contenidos institucionales confiables y comprensibles. En ese contexto, explicó que el desarrollo operativo de la Política de Comunicación se concibe como un proceso gradual de fortalecimiento institucional, orientado a consolidar criterios, procesos e instrumentos que contribuyan a una comunicación más coordinada y acorde con las particularidades del Poder Judicial.
Otro de los ejes abordados fue la necesidad de promover una justicia comprensible mediante información clara y un lenguaje accesible que permita a la ciudadanía conocer las funciones y competencias del Poder Judicial, comprender sus procedimientos, identificar los servicios disponibles y consultar información institucional.
La ministra se refirió además a la participación de las distintas circunscripciones judiciales en la identificación de necesidades, experiencias y buenas prácticas, con miras a construir herramientas adaptadas a las diferentes realidades territoriales.
Señaló que, cuando corresponda evaluar una actuación comunicacional, deberán considerarse los derechos involucrados, las competencias institucionales, el interés público, la proporcionalidad y las características de cada situación. En ese sentido, explicó que la comunicación estratégica requiere contar con criterios y herramientas que permitan determinar cuándo corresponde comunicar y de qué manera hacerlo, preservando las competencias y responsabilidades institucionales.
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