El Tribunal de Sentencia integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Sonia Villalba ordenó la libertad de Carlos Granada, condenado a 10 años de cárcel por coacción sexual, coacción y violación, luego de que el Tribunal de Apelación anulara la resolución que mantuvo su prisión preventiva.

Con la determinación adoptada por los jueces de sentencia, Granada recupera su libertad hasta tanto quede firme la sentencia dictada en primera instancia.

Recordemos que el pasado 26 de noviembre, el comunicador fue condenado a 10 años de cárcel en el marco de un juicio oral y público. Durante la fundamentación de la sentencia, la jueza Fleitas incluso afirmó que Granada “quiso verificar si una de las víctimas estaba en su período menstrual, tocándola”.

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La magistrada detalló además el modus operandi del entonces gerente periodístico del Grupo Albavisión, mencionando que todos los hechos se desarrollaban en la oficina, hasta donde eran convocadas las trabajadoras supuestamente para recibir instrucciones laborales, pero en realidad era para sufrir acosos y manoseos.

Se reveló que les pedía que vengan vestidas con polleras y vestidos, detalló la jueza y agregó que tras cometer los hechos les amenazaba con que no conseguirían trabajo en otros medios, ya que tenía amigos en todos los canales de televisión.

En enero de este año, la Cámara de Apelación había confirmado la prisión preventiva de Granada. Los camaristas que votaron por ratificar la prisión son José Agustín Fernández y José Waldir Servín; mientras que el camarista Agustín Lovera Cañete votó por ordenar la libertad de Granada.

Los dos primeros sostuvieron que subsisten los presupuestos que motivaron la imposición de la prisión preventiva y apoyaron la posición del Tribunal de Sentencia en relación a que, en caso de una sentencia condenatoria, se da una prórroga excepcional de la prisión preventiva por el término adicional de tres meses en los casos de sentencia no firme.

Por su parte, Lovera Cañete sostuvo en su voto que el arresto domiciliario constituye privación de libertad y consideró que lo plasmado por el Tribunal de Sentencia, en cuanto a que el mismo constituye una privación de libertad ambulatoria, es incongruente.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió al paso de las declaraciones que realizó hace unos días Andrés Felipe Pérez Hoyos, uno de los hermanos condenados por su participación en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El mandatario volvió a ratificar que se “silenció el proceso” de investigación sobre los autores intelectuales del crimen del agente del Ministerio Público y que las declaraciones de Pérez Hoyos lo confirman ahora.

El pasado jueves, Andrés Pérez Hoyos, declaró en una entrevista que brindó a radio Caracol de su país, desde el centro penitenciario La Picota, en Bogotá, que existe una orden para asesinarlo y que el monto ofrecido por su muerte alcanzaría los USD 3 millones.

Esto mismo, ya había sido advertido por el presidente colombiano en julio del año pasado, cuando asistió a la toma de posesión de Héctor Carvajal como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, ocasión en la que señaló que estos hermanos están en peligro de muerte en las cárceles “y deben ser salvados cuanto antes, porque los quieren matar”, había expresado entonces.

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Petro había denunciado que los hermanos Pérez Hoyos estaban dispuestos a hablar y contar quiénes son los autores intelectuales, si es que sus vidas y la de sus esposas eran protegidas. Indicó que luego de que su esposa Margareth Lezeth Chacón Zúñiga recibiera la máxima condena, Pérez Hoyos se calló y en la Fiscalía nunca más se tocó el tema de los autores morales del crimen de Pecci.

“Esto que he afirmado y que debería estar en investigación, muestra la realidad que he denunciado. Se ocultó a los autores intelectuales de la muerte del fiscal Pecci en Cartagena, y por tanto se construyó impunidad ficticia en el caso, y hay una fuerte incidencia en la cúpula de ese período de la Fiscalía sobre la junta del narcotráfico”, indicó Petro el 29 de enero pasado tras las declaraciones que realizó Pérez Hoyos en una radio local.

El presidente de Colombia ratificó que el mismo fiscal Mario Andrés Burgos, que investigó a su hijo Nicolás Petro, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, es el mismo que no hizo la investigación sobre los autores del asesinato de Pecci y silenció este proceso.

“¿Había una relación entre la posición de Barbosa de mantener a Marcela Mancera, la vicefiscal, con el trato que me propuso, al padre del hijo que investigaban y de limar mi interés por encontrar los miembros de la Junta internacional del narcotráfico que intentaron asesinarme?” cuestionó el mandatario.

En tanto, Pérez Hoyos pide garantías para brindar los nombres de quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en la isla Barú, Cartagena, el 10 de mayo del 2022, durante su luna de miel.

Uno de los principales responsables confeso de coordinar el asesinato del fiscal rompió el silencio sobre los pormenores del magnicidio, asegurando tener conocimiento certero sobre las identidades de quiénes ordenaron el crimen.

En la entrevista, Pérez Hoyos afirmó que lo contactaron para el sicariato porque él trabajaba con esa organización y llegó como una orden de los jefes. Ante la consulta si conoce a la persona que dio la orden de matar al fiscal, dijo que sí y que el homicidio planeaban cometerlo en cualquier parte del mundo.

"Esta organización tiene injerencia en todo el mundo. Si el fiscal Marcelo Pecci se hubiera ido para Cancún o para otro país, sus jefes habrían buscado la forma“, mencionó.

Añadió que su petición es que la familia del fiscal Pecci busque un marco jurídico que le sirva de salvoconducto, porque él “no puede hablar por hablar“, debido a que su vida ”corre peligro”.

“Me he enterado de que estos patrones ya se volvieron contrarios. Han pagado una cantidad muy grande (UDS 3 millones) a unas oficinas para asesinarnos desde el año pasado, entonces estoy en un dilema de que no tengo seguridad en ninguna cárcel“, expresó.

Al respecto, sostuvo que no quiere que le suceda lo mismo que a Francisco Luis Correa, quien era un testigo clave en el caso Pecci y fue asesinado en una celda de la cárcel de Bogotá el 3 de enero del 2025, supuestamente en medio de una riña carcelaria. Pérez Hoyos aseguró lo mandaron matar.

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La jueza de Ejecución, Luz Rossana Bogarín, ordenó la libertad por compurgamiento total de la condena de Pedro Augusto Guillén Tellechea, sentenciado a cinco años de cárcel por el delito de estafa. Lo más llamativo del caso es que el condenado cumplió ocho años bajo la medida de arresto domiciliario.

Guillén Tellechea fue sentenciado a cinco años de prisión por estafa mediante sistemas informáticos, de acuerdo con el fallo dictado en juicio oral el 18 de octubre de 2019. Esta sentencia de primera instancia fue apelada y posteriormente confirmada por el Tribunal de Apelación Penal (Segunda Sala de la capital) el 30 de diciembre de 2020.

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Finalmente, cuatro años después, la Sala Penal de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación, con lo que la sentencia quedó firme.

La jueza de Ejecución Penal, Luz Rossana Bogarín, dejó sin efecto las medidas alternativas y ordenó la captura de Guillén Tellechea; sin embargo, al realizar el cómputo correspondiente, se percató de que el condenado ya había cumplido la pena de cinco años bajo la figura del arresto domiciliario, excediéndose por tres años. Ante el cumplimiento total de la sanción, se dispuso su inmediata libertad.

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La cámara de apelación confirmó la prisión preventiva del exgerente periodístico de canal 9 Carlos Granada, condenado a 10 años de pena privativa de libertad tras ser encontrado culpable de coacción sexual y acoso sexual, cuyas víctimas fueron 6 periodistas del grupo Albavisión.

Los camaristas que votaron por ratificar la prisión son José Agustín Fernández y José Waldir Servín. Mientras que el camarista Agustín Lovera Cañete votó por ordenar la libertad de Granada.

Los dos jueces en mayoría sostienen que subsisten los presupuestos que motivaron la imposición de la prisión preventiva. Agregaron que no surgen elementos nuevos que permitan desvirtuar los fundamentos que justificaron la decisión de mantener la medida sobre Granada.

También los camaristas apoyaron la posición del tribunal de Sentencia en relación a que, en caso de una sentencia condenatoria, se da una prórroga excepcional de la prisión preventiva por el término adicional de tres meses en los casos de sentencia no firme.

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Por su parte, Lovera Cañete sostuvo en su voto que el arresto domiciliario constituye privación de libertad y consideró que lo plasmado por el tribunal de sentencia, en cuanto a que el mismo constituye una privación de libertad ambulatoria, es incongruente.

Un tribunal de sentencia integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza condenó a 10 años de cárcel a Carlos Granada, exgerente periodístico de canal 9, luego de ser encontrado culpable por coacción sexual y acoso sexual. Se probó que el acusado cometió ambos hechos punibles había mencionado el colegiado al momento de dar a conocer la sentencia condenatoria.

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