El agente fiscal de Ñemby Luis Alberto Peralta solicitó a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición de la mujer identificada como Ada Jeanette Núñez Jara, de 35 años, de nacionalidad paraguaya. El hecho fue puesto a conocimiento del Ministerio Público mediante nota policial, en la cual se reporta que la misma salió de su vivienda el pasado 7 de marzo del corriente año.
En ese contexto, la Fiscalía solicitó ser informada si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de la desaparecida y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.
Asimismo, el agente fiscal recordó a la comisaría actuante que debe cumplirse con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el correspondiente informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido. Además, se solicitó verificar y aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas.
La investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el paradero de la mujer. Ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía se ruega comunicarse a los números telefónicos 0982 746-310, y 0973 229- 187.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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Buscan identificar a una mujer hallada muerta en una casa abandonada de San Lorenzo
La Policía busca identificar a una mujer hallada muerta en una vivienda abandonada de San Lorenzo. El hallazgo se produjo ayer miércoles, alrededor de las 15:00, en una casa ubicada sobre la avenida Los Tucanos del barrio Virgen de los Remedios de esta ciudad.
“Encontramos en una de las habitaciones un cuerpo tendido boca para abajo presumiblemente de sexo femenino en estado de descomposición”, informó al canal NPY el comisario principal Benito Vega.
Vecinos alertaron a la Policía tras percibir un fuerte olor proveniente de la casa deshabitada. “Un vecino mencionó que pasó por el lugar y que sintió un olor raro. Posteriormente, llamó al 911”, señaló el jefe policial de la subcomisaría de Calle’i.
La persona fallecida no contaba con ninguna identificación. “No precisamos sus datos personales ni personal de Criminalística pudo definir su identidad por el sistema Afis por el avanzado estado de descomposición”, mencionó.
Ante esta situación, fue trasladado a la morgue judicial por disposición fiscal y el médico forense para su identificación y para determinar la causa de muerte. Tampoco se pudo precisar si presentaba rastros de golpes u otras heridas, pero se presume que el cadáver llevaba cinco a seis días en el lugar.
No se reportó ninguna denuncia de persona desaparecida, según verificación policial de la zona. La casa abandonada pertenece a un ciudadano residente en el extranjero. Pero “suelen frecuentar personas a altas horas de la madrugada”, mencionó el uniformado. Autoridades policiales y del Ministerio Público siguen adelante con la investigación.
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Fiscalía acusa a Gianina García Troche por lavado de dinero del narcotráfico
El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación por lavado de dinero y asociación criminal contra Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La mujer se encuentra recluida en el complejo penitenciario de máxima seguridad de Emboscada en el marco del caso A Ultranza Py.
El agente del Ministerio Público solicitó a la jueza de crimen organizado Rosarito Montanía elevar la causa a juicio oral y público. Parte del documento presentado por el fiscal indica que García Troche manejó, entre los años 2020 y 2021, una flota de aeronaves perteneciente al grupo criminal que era utilizada para traslados de Asunción al departamento de Alto Paraná.
Indica además que accedió a beneficios económicos sin haber desarrollado actividad lícita alguna que justifique sus ingresos. La mujer es sindica como pieza clave dentro del esquema de blanqueo de activos montado por la organización criminal de Marset.
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El Ministerio Público señala que la ahora acusada tuvo conductas orientadas a ocultar, disimular e incluir dentro del sistema financiero los fondos que provenían del narcotráfico. García Troche afronta proceso por lavado de dinero, asociación criminal y transgresión a la ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines.
En febrero pasado, García Troche fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cué al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, Cordillera, donde fue recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres.
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Consejo de la Magistratura detectó inconsistencias documentales y promovió denuncia ante la Fiscalía
Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.
La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.
Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.
Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.
La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.