El exdiputado Ulises Quintana se presentó este lunes ante el juez penal de Garantías Miguel Palacios para firmar el acuerdo con las medidas sustitutivas a la prisión que le fueron impuestas luego de la elevación a juicio oral y público de la causa Berilo, que investiga una red de narcotráfico internacional, lavado de dinero y asociación criminal.
Quintana estuvo recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hasta el pasado 1 de abril. El exparlamentario fue sobreseído de los cargos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, pero enfrentará el juicio oral por asociación criminal y lavado de dinero.
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En la misma causa es investigado el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien al igual que Quintana estuvo recluido en Tacumbú hasta el pasado 1 de abril y actualmente está con medidas alternativas. Cucho tiene prohibido salir del país y solamente puede movilizarse entre Asunción y Lambaré usando tobillera electrónica.
A diferencia del exlegislador, Cabaña está acusado por tráfico internacional de drogas, asociación criminal, lavado de dinero y comercialización de estupefacientes.
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Imputan a director jurídico del BCP y solicitan su prisión preventiva
El director jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Javier Rodríguez González, fue imputado por el Ministerio Público en el marco de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas al caso Ueno Bank. La Fiscalía le atribuye los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
Los agentes fiscales solicitaron la aplicación de la prisión preventiva para el funcionario, quien se presentó el domingo ante la Policía Nacional, luego de que se ordenara su detención en el marco de la causa penal N.º 92/2026.
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La investigación apunta a la presunta modificación de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos, remitido a la Cámara de Senadores el pasado 7 de octubre. Según la hipótesis fiscal, el documento habría sido alterado y habría omitido información relevante sobre la situación financiera de Ueno Bank y las observaciones relacionadas con determinadas operaciones crediticias.
Tras la presentación de la imputación, el caso queda a cargo del juez penal de Garantías Osmar Legal, quien asumió como nuevo magistrado de la causa y deberá convocar a Rodríguez para la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se analizará el pedido de prisión preventiva.
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Caso ueno bank: Fiscalía pidió a Seprelad informes financieros y societarios de 27 imputados y 20 empresas
En el marco de la investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras en ueno bank S.A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), información financiera y societaria correspondiente a 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas.
La solicitud fue hecha este jueves, mediante una nota fiscal dirigida a la ministra secretaria ejecutiva de la Seprelad, Liliana Alcaraz, en el marco de la causa n.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza y otros.
El pedido comprende información relacionada con personas vinculadas a la administración de la entidad bancaria y a distintas sociedades mencionadas en la investigación, entre ellas: Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. Corredores de Seguros, Vinanzas S.A., ITTI S.A.E.C.A. y otras empresas.
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La diligencia forma parte de las actuaciones impulsadas por el equipo fiscal integrado por Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, designado mediante la Resolución FGE n.º 4393, del 3 de noviembre de 2026. En el documento, la representación fiscal requirió que los informes sean remitidos en formato digital dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la nota.
El pedido de información se realiza en el marco de las diligencias investigativas destinadas a reunir antecedentes financieros y societarios relacionados con los hechos objeto de la causa.
En el presente caso están imputadas 27 personas, entre ellas los principales directivos de la firma ueno bank, Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Diana Leticia Mongelos González y Miguel Ángel Almada.
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Fiscalía urge a la Corte destrabar causa penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar
El Ministerio Público presentó su segundo urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para destrabar la causa penal caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero” (N.º 6/2021). El fiscal Jorge Arce fue quien solicitó a los ministros de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Víctor Ríos, que destraben el mencionado proceso.
El expediente judicial se encuentra en poder del ministro Víctor Ríos desde el mes de agosto, y solo falta la firma del duplicado en limpio de dicho alto magistrado para que el proceso penal se destrabe y pueda avanzar.
La Fiscalía argumenta que es urgente resolver el caso para brindar certeza procesal, evitar dilaciones indebidas y cumplir con los principios de celeridad, economía procesal y plazo razonable. Los integrantes de la Sala Penal deben resolver la recusación presentada por el acusado Celio Tunholi, quien recusó a los camaristas Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar Garay.
Del mismo modo, en septiembre pasado, el abogado Claudio Lovera, en representación de la Conmebol como querellante adhesiva, ya había presentado un urgimiento exigiendo destrabar el proceso. La recusación contra los camaristas fue planteada el 10 de abril de 2026; es decir, hace ya más de seis meses.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz (fallecido en agosto de 2019) desvió del ente rector del fútbol sudamericano hacia el Banco Atlas, institución financiera de la familia Zuccolillo.
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Gobierno de Bolivia investiga por narcotráfico y lavado al fiscal general tras su captura
Las autoridades de Bolivia investigan al fiscal general Roger Mariaca por lavado de dinero y narcotráfico, anunció este jueves el gobierno tras su detención dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. Mariaca fue arrestado por policías la noche del miércoles en la ciudad de Santa Cruz (este). También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción, otro funcionario boliviano sancionado por Washington.
“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia”, dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior). La Fiscalía General boliviana, “encabezada por Roger Mariaca, se volvió la organización criminal destinada a proteger incentivar y proteger el narcoterrorismo”, agregó. Según las autoridades, se le atribuyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.
Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú, a los que acusa de corrupción, vínculos con el narco o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz busca estrechar lazos con Estados Unidos. En marzo se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.
Dinero en una ambulancia
El ministro Oviedo denunció que durante la madrugada cuatro personas intentaron retirar dinero en efectivo de la casa de Mariaca a bordo de una ambulancia, aunque no reveló la cantidad. Los policías retiraron fajos escondidos entre los compartimientos del vehículo médico, según un video difundido por el ministerio.
En total fueron detenidos cuatro fiscales, seis empleados del Ministerio Público y las cuatro personas encontradas en la ambulancia. Los fiscales están detenidos en la policía y serán remitidos a la justicia ordinaria local, dijo Oviedo.
La Fiscalía General señaló en un comunicado que ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, asumió el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” dentro de la institución.
Mariaca fue designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad. Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que “se va a colaborar con todo”. “Lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso”, afirmó.
Cooperación estadounidense
Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones.
El ministro Oviedo dijo el jueves que el operativo para su captura fue realizado por la policía boliviana, pero con la “cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias” que colaboran “en la lucha contra el terrorismo”.
Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.
Medios locales difundieron el miércoles un video en el que se ve a Marset el día de su arresto, junto a policías de élite en su domicilio, asegurando supuestamente: “Mariaca es mi amigo”. La AFP no ha podido verificar la autenticidad de este video.
Allanamientos en Fiscalía
La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la fuerza.
“Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.
“Estoy arrestada”, dijo más tarde a la AFP Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. “Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (...), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos”, afirmó. La policía también realizó operativos en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz, según imágenes de medios locales.
Fuente: AFP.