El exdiputado Ulises Quintana se presentó este lunes ante el juez penal de Garantías Miguel Palacios para firmar el acuerdo con las medidas sustitutivas a la prisión que le fueron impuestas luego de la elevación a juicio oral y público de la causa Berilo, que investiga una red de narcotráfico internacional, lavado de dinero y asociación criminal.
Quintana estuvo recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hasta el pasado 1 de abril. El exparlamentario fue sobreseído de los cargos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, pero enfrentará el juicio oral por asociación criminal y lavado de dinero.
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En la misma causa es investigado el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien al igual que Quintana estuvo recluido en Tacumbú hasta el pasado 1 de abril y actualmente está con medidas alternativas. Cucho tiene prohibido salir del país y solamente puede movilizarse entre Asunción y Lambaré usando tobillera electrónica.
A diferencia del exlegislador, Cabaña está acusado por tráfico internacional de drogas, asociación criminal, lavado de dinero y comercialización de estupefacientes.
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Gobierno de Bolivia investiga por narcotráfico y lavado al fiscal general tras su captura
Las autoridades de Bolivia investigan al fiscal general Roger Mariaca por lavado de dinero y narcotráfico, anunció este jueves el gobierno tras su detención dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. Mariaca fue arrestado por policías la noche del miércoles en la ciudad de Santa Cruz (este). También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción, otro funcionario boliviano sancionado por Washington.
“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia”, dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior). La Fiscalía General boliviana, “encabezada por Roger Mariaca, se volvió la organización criminal destinada a proteger incentivar y proteger el narcoterrorismo”, agregó. Según las autoridades, se le atribuyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.
Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú, a los que acusa de corrupción, vínculos con el narco o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz busca estrechar lazos con Estados Unidos. En marzo se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.
Dinero en una ambulancia
El ministro Oviedo denunció que durante la madrugada cuatro personas intentaron retirar dinero en efectivo de la casa de Mariaca a bordo de una ambulancia, aunque no reveló la cantidad. Los policías retiraron fajos escondidos entre los compartimientos del vehículo médico, según un video difundido por el ministerio.
En total fueron detenidos cuatro fiscales, seis empleados del Ministerio Público y las cuatro personas encontradas en la ambulancia. Los fiscales están detenidos en la policía y serán remitidos a la justicia ordinaria local, dijo Oviedo.
La Fiscalía General señaló en un comunicado que ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, asumió el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” dentro de la institución.
Mariaca fue designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad. Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que “se va a colaborar con todo”. “Lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso”, afirmó.
Cooperación estadounidense
Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones.
El ministro Oviedo dijo el jueves que el operativo para su captura fue realizado por la policía boliviana, pero con la “cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias” que colaboran “en la lucha contra el terrorismo”.
Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.
Medios locales difundieron el miércoles un video en el que se ve a Marset el día de su arresto, junto a policías de élite en su domicilio, asegurando supuestamente: “Mariaca es mi amigo”. La AFP no ha podido verificar la autenticidad de este video.
Allanamientos en Fiscalía
La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la fuerza.
“Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.
“Estoy arrestada”, dijo más tarde a la AFP Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. “Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (...), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos”, afirmó. La policía también realizó operativos en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz, según imágenes de medios locales.
Fuente: AFP.
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Defensa de Marset asume narcotráfico, pero alega que no operó en EE.UU.
La defensa del uruguayo Sebastián Marset asumió ante el juez Rossie D. Alston Jr., de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, que es un narcotraficante, sin embargo, negó que el mismo haya participado en cualquier tipo de actividad criminal en territorio estadounidense.
Los abogados alegaron que Marset operaba en países sudamericanos, pero no en los Estados Unidos, por lo que Washington no tiene jurisdicción para juzgar al uruguayo.
El cuestionamiento planteado por la defensa de Marset se da en torno a la jurisdicción para juzgarlo por los hechos, principalmente narcotráfico, bajo la argumentación que todas sus operaciones se dieron fuera del de territorio de los Estados Unidos.
Bajo esta argumentación, el juez federal de Virginia deberá definir si el alcance de la jurisdicción de los Estados Unidos sobre Marset.
En este sentido, el juez estableció un plazo hasta el 12 de octubre presente sus argumentos y el pronunciamiento del magistrado se dará antes del 6 de noviembre, mientras que el inicio del juzgamiento está previsto para inicios del 2027.
Sebastián Marset es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados con el lavado de dinero y tráfico de drogas, luego fue incorporado la acusación de cargos relacionados al narcoterrorismo.
Los abogados de defensa apuntan a la desestimación de estos cargos, cuestionando las pruebas que fueron obtenidas luego de la captura del uruguayo en Bolivia, y posteriormente trasladado a los EE. UU.
De acuerdo con el reporte de medios internacionales, el abogado Robert Feitel, uno de los que conforma la parte defensora, señaló durante esta última audiencia que su cliente no niega haber realizado estos hechos ilícitos que se los atribuye, pero que los mismos no se dieron en la jurisdicción norteamericana, sino en los países sudamericanos, como Bolivia.
La defensa argumentó que Marset “evitó cuidadosamente” realizar sus operaciones de tráfico de drogas que involucren directamente a los Estados Unidos y el Gobierno.
Argumentos de la defensa
Por otra parte, también el abogado Feitel prestó su cuestionamiento sobre las conexiones de Marset con las organizaciones declarada como grupos terroristas por el Gobierno estadounidense, como el Clan del Golfo de Colombia y el Primer Comando de Capital (PCC) de Brasil, ya que estas declaraciones se dieron después de los hechos investigados.
En cuanto al movimiento bancario, el cual se incluye en la acusación de lavado de dinero, la defensa señala que “una transferencia bancaria utilizada como base de la acusación sea suficiente para establecer jurisdicción estadounidense”, esto de acuerdo a las publicaciones de medios internacionales. Como respaldo de este argumento, se presentó como testigo a un exfuncionario del Departamento del Tesoro especializado en inteligencia financiera.
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Alex Saab, aliado de Maduro, admite culpa por lavado de dinero en EE. UU.
El exministro de Industria venezolano y aliado del expresidente Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró el martes culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, informó un tribunal de Miami. Extraditado en mayo de este año, Saab se había declarado inicialmente “no culpable” ante el juez el pasado 24 de julio, pero ahora modificó a “culpable” a cambio de cooperar para reducir su condena, según un auto judicial.
“El acusado acepta declararse culpable del único cargo de la acusación, que imputa al acusado el delito de Conspiración para Blanquear Instrumentos Monetarios”, explica el auto de la corte del Distrito Sur de Florida. El acuerdo establece un monto de confiscación de 195 millones de dólares, valor que la Fiscalía vincula a una presunta trama de corrupción y desvío de dinero durante años del programa de ayuda alimentaria CLAP en Venezuela.
Saab podría ser condenado a unos 20 años de cárcel por ese cargo de lavado de dinero, pero tanto el monto de confiscación como la condena firme dependen del grado de colaboración con las autoridades. Su caso está estrechamente ligado al del expresidente Maduro y su esposa Cilia Flores, que se litiga ante una corte en Nueva York, tras su captura en Caracas el 3 de enero por fuerzas armadas estadounidenses.
Supuesto testaferro
Nacido en Colombia, este exempresario fue una figura muy activa de la política venezolana durante los últimos años de la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Fue supuestamente gracias a sus actividades de testaferro de Maduro y lavador de dinero que recibió la ciudadanía venezolana y un pasaporte diplomático.
“El acusado acuerda que cooperará plenamente con esta Oficina”, explica el documento firmado por Saab y los fiscales encargados de su caso. “Además, el acusado acepta que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, y que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad”, añadió el texto.
Tras ser objeto por primera vez de sanciones estadounidenses en 2019, Saab fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente.
Fue liberado luego en 2023 por el gobierno de Joe Biden como parte de un canje de prisioneros negociado con Venezuela.
Maduro nombró a Saab ministro de Industria tras su regreso a Caracas, en 2024.
Poco después de que fuerzas estadounidenses capturaran en enero pasado a Maduro en Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó a Saab de todos sus cargos, y fue extraditado el 16 de mayo.
Tras el terremoto político que supuso la salida del país de Maduro y el nombramiento de Rodríguez, Washington y Caracas han emprendido una singular colaboración económica y política que ha generado sorpresa dentro y fuera de Venezuela.
Delcy Rodríguez, que era también una estrecha colaboradora de Maduro, salió el 1 de abril de la lista de responsables políticos extranjeros sancionados por el gobierno estadounidense, y ha sido elogiada repetidamente por el presidente Donald Trump.
Venezuela ha accedido a cambiar profundamente el marco legislativo de la explotación de hidrocarburos para abrir el mercado a las multinacionales extranjeras.
Esa apertura culminó en un acuerdo por el que Washington controlará parte de la producción de crudo, a través de una empresa concesionaria, North American Blue Partners.
Fuente: AFP.
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Defensa de Óscar Boidanich solicitó ratificar su absolución
El Tribunal de Apelación deberá estudiar si corresponde confirmar el fallo dictado en primera instancia.
La defensa del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich solicitó al Tribunal de Apelación ratificar íntegramente su absolución de culpa y pena. Boidanich había sido juzgado por el supuesto delito de frustración de la persecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los abogados defensores, Claudio Lovera y César Alfonso, contestaron la apelación presentada por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer, quienes habían recurrido ante el tribunal de alzada la determinación adoptada inicialmente por un Tribunal de Sentencia.
La defensa de Boidanich sostiene que la decisión de primera instancia debe ser confirmada porque nunca se configuró el delito de frustración de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomisados en nuestro país y a eso se le agrega que dicho fallo ya está firme en la Corte.
Del mismo modo la defensa de Boidanich sostiene que el Ministerio Público pretende de manera irregular que la Cámara de Apelación revalore pruebas testimoniales y documentales, algo prohibido por la norma y más en segunda instancia.
ABSOLUCIÓN DE CULPA
Un tribunal de sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible.
Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresario fue imputado y sus activos fueron incautados.
Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces evidenciaron que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación para perjudicar al Boidanich.
Durante el juicio oral, funcionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspondiente.
Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.