El Tribunal de Apelación, Tercera Sala de la Capital, integrado por Arnaldo Martínez Rozzano, Antonia López y Neri Villalba, salvó al Banco Nacional de Fomento (BNF) de pagar la suma multimillonaria de G. 8.289 millones al revocar una resolución que hizo lugar a una demanda por indemnización de daños y perjuicios. La demanda civil había sido promovida por la firma Internacional Cubiertas S.A. contra la entidad bancaria y varios de sus funcionarios.
Los camaristas concluyeron que, tras someter a un examen riguroso los presupuestos de viabilidad de la acción indemnizatoria, se constató la inexistencia de los requisitos necesarios, los cuales deben presentarse de forma concurrente.
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Al no configurarse los elementos de responsabilidad y ante la evidente falta de legitimación pasiva, el fallo de segunda instancia refiere que corresponde revocar y dejar sin efecto la sentencia condenatoria de primera instancia.
Asimismo, los jueces mencionaron que la responsabilidad subsidiaria del BNF, bajo el amparo del Art. 1846 del Código Civil y el Art. 106 de la Constitución Nacional, se halla subordinada a la existencia de un acto ilícito imputable a sus funcionarios. Al determinarse que no hubo responsabilidad por parte de sus agentes dependientes, la pretensión contra el ente bancario deviene improcedente.
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Corte gestiona recuperación de más de G. 250 millones retenidos en ueno bank
La Corte Suprema de Justicia informó que se encuentran pendientes de transferencia por parte de ueno bank los ingresos percibidos en concepto de tasas judiciales y registrales correspondientes al 2 de noviembre de 2026, por un valor de G. 248.441.083, y al 3 de noviembre, por G. 2.007.877. El monto total asciende a G. 250.448.960, conforme al contrato suscrito con la entidad bancaria.
El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank. En ese marco, la Ley N° 2334/03 establece una cobertura general del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad financiera, lo que actualmente equivale a G. 228.300.000. Asimismo, la Ley N° 7745/2026 incorpora un mecanismo de anticipo de dicha garantía, sujeto a las condiciones legales aplicables a los depositantes.
La Corte Suprema de Justicia realizará las gestiones necesarias ante las instancias competentes para procurar el recupero de los fondos y, en caso de ser necesario, ejecutará la garantía de fiel cumplimiento prevista en el contrato respectivo.
Finalmente, se recuerda que el cobro de tasas a través de ueno bank se encuentra suspendido. Los pagos pueden efectuarse en las demás entidades habilitadas: Itaú, Basa, Continental y Sudameris.
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Caso ueno bank: Iglesia pide priorizar a los más vulnerables, actuar con transparencia y evitar la impunidad
La Iglesia pide priorizar a los más vulnerables, empezando por los jubilados y trabajadores, pequeños ahorristas y emprendedores para la recuperación de sus dineros lo antes posible, “sin trámites ni esperas innecesarias”, con especial ayuda a los adultos mayores, manifestaron los obispos en un comunicado dado a conocer este miércoles tras la crisis financiera desatada con la resolución de ueno bank.
Asimismo, expresaron su cercanía a las personas y familias afectadas. “Miles de personas se quedaron sin acceso a su dinero: el sueldo del trabajador, la jubilación del abuelo, la caja del pequeño negocio, el ahorro de toda una vida. Detrás de cada depósito hay esfuerzos, proyectos y esperanzas que deben ser respetados”, recordaron.
El mensaje dirigido a la ciudadanía fue emitido en el marco de la 250.ª Asamblea General Ordinaria, por los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), dando su postura ante la realidad nacional y los recientes acontecimientos.
Los religiosos católicos también reclaman transparencia en la información sobre dinero público y de la previsional. “Que se informe con claridad cuánto dinero, cuánto dinero del IPS y del Estado estaba en este banco y cómo se va a proteger, con participación de las partes interesadas. Ese dinero es del pueblo”, puntualizaron.
Hacen un llamado a las autoridades a impartir justicia sin dar lugar a la impunidad. ”Que el Congreso, la Fiscalía, la Contraloría y el propio Banco Central investiguen a fondo, sin importar cargos ni cercanías al poder. Que se esclarezcan los hechos, se determinen las responsabilidades y, si se comprueban, se apliquen las sanciones que manda la ley y se repare el daño causado”, sentenciaron.
Por otra parte, invitan a la ciudadanía a estar alerta. “Invitamos a todos a seguir de cerca las decisiones de las autoridades, con responsabilidad y respeto para que la verdad salga a la luz. La corrupción y la impunidad no pueden tener lugar en el Paraguay”, subrayaron.
Finalmente, piden a las parroquias acompañar a los afectados y les ayuden con los trámites, atendiendo a no caer en manos de estafadores. “No entreguen sus claves a nadie que prometa ‘recuperar’ su dinero”, advierten.
Los obispos, por su parte, se unen en oración rogando superar este difícil momento que afronta nuestro país.
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Cae empleado infiel: simuló asalto para quedarse con más de G. 10 millones
- Rocío Gómez. Corresponsal en Itapúa.
El empleado de una empresa de productos de limpieza denunció haber sido víctima de un robo agravado en Encarnación, departamento de Itapúa, pero la investigación reveló que todo fue una simulación para apropiarse del dinero de las cobranzas. El procedimiento se realizó en la noche de ayer miércoles, por personal del departamento de Investigaciones.
La denuncia inicial fue recepcionada en la Comisaría 37ª, donde el cobrador manifestó que mientras realizaba su recorrido fue interceptado por dos hombres en moto que lo despojaron de una mochila con el dinero. Tras comunicar el hecho a sus jefes, la propia empresa no dio credibilidad a su versión y el caso pasó a Investigaciones.
Según el subjefe de Investigaciones, comisario Blas Bordón, al verificar el circuito cerrado de todo el trayecto que el denunciante dijo haber hecho, no se encontró ni su desplazamiento ni el de los supuestos autores y fue nuevamente convocado a declarar.
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Al presentarse ante las autoridades, cayó en “evidentes contradicciones” y mostró una actitud nerviosa ante las preguntas reiteradas. Al verse acorralado, confesó que había simulado el hecho.
El empleado infiel fue identificado como Alejandro Daniel Franco, de 31 años, domiciliado en un barrio de Encarnación, quien trabaja en la firma hace cinco meses y no cuenta con antecedentes penales.
El mismo condujo a los intervinientes hasta su vivienda y entregó de forma voluntaria el monto íntegro, que superaba los G. 10 millones. Manifestó que lo hizo por apremios económicos y problemas de salud de familiares. Quedó detenido a disposición del Ministerio Público por simulación de hecho punible y denuncia falsa.
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Cámara debe estudiar y rechazar chicana de abogado imputado por coacción y otros
Se integró el Tribunal de Apelación de Central que estudiará la chicana presentada por el abogado Fernando René Marecos Gamarra, imputado por coacción y usurpación de funciones públicas.
Al profesional se le acusa de participar, sin tener poder legal, en un procedimiento judicial realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Los camaristas Fabriziano Villalba, Alicia Orrego y Gustavo Bóveda conforman el colegiado que tendrá que resolver el planteamiento dilatorio del imputado.
En este caso, se inhibieron previamente los camaristas María Teresa González de Daniel —debido a que su esposo, Arturo Daniel, asumió la defensa del procesado—, Lourdes Cardozo y Dionicio Nicolás Frutos, quienes se apartaron por su relación de amistad con el empresario Juan José Zapag.
Los nuevos camaristas deberán destrabar el proceso penal y confirmar la admisión del acta de imputación resuelta por el juez de garantías Nelson Romero.
El magistrado consideró en su resolución que la imputación reunía todos los requisitos legales para su admisión y que la providencia recurrida por la defensa se dictó conforme al artículo 303 del Código Procesal Penal.
Romero ya había fijado el 8 de octubre para la audiencia de imposición de medidas cautelares, la cual se suspendió a raíz de la “chicana2 planteada por Marecos Gamarra.
La imputación
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de setiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial irregular que disponía un cambio temporal en la administración de la firma.
La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento. En dicha diligencia estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron, quien hoy se encuentra acusada por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo, el acta fiscal señala que Marecos participó en la diligencia como supuesto representante de la parte demandante, a pesar de que no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. Además, de forma prepotente y unilateral, decidió destituir a funcionarios de la empresa Cargo Line de manera totalmente irregular. El denunciante del caso es el actual administrador judicial de la firma, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauzó juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.
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