Ciudad del Este. Agencia Regional.

La fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, presentó acusación contra un joven de 24 años por el presunto abuso sexual de una niña de 4 años, hija de su cuñado. Asimismo, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.

El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 6, a cargo del magistrado Nelio Prieto.

El hecho ocurrió el 5 de septiembre de 2025, alrededor de las 02:00, en el interior de una vivienda del km 8 Monday de Ciudad del Este. El hoy acusado habría ingresado a la habitación donde dormía la menor y, presuntamente, fue descubierto violentando a la niña y tapándole la boca para evitar que gritara.

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La propia madre de la víctima lo habría encontrado en esa situación y tras ayudar a su hija, reprendió severamente al agresor. Sin embargo, el presunto abusador manifestó que no sabía lo que estaba haciendo, pidió disculpas y habló de quitarse la vida, según el relato de los hechos en la acusación.

Acto seguido, huyó corriendo y trepó la muralla de la propiedad, pero fue retenido por sus propios hermanos.

Posteriormente, la madre radicó la denuncia y la niña fue inspeccionada por un médico forense de la Fiscalía; además, recibió una evaluación psicológica por parte de una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

Durante la entrevista, la menor relató sobre el abuso sufrido, con elementos que fueron ratificados posteriormente mediante la declaración en Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba. Por su parte, el presunto agresor fue detenido y sometido a proceso penal, enfrentando ahora la acusación del Ministerio Público.

De acuerdo con los registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a diciembre del año 2025, fueron atendidas 3.386 víctimas de casos de abuso sexual en niños, es decir 9 víctimas por día.

Los departamentos con más denuncias de abuso sexual en niños son: Central con 1.233 hechos, Alto Paraná 414, Asunción 309 e Itapúa 249, Caaguazú con 185, San Pedro 130 y 110 en Cordillera.

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La Audiencia de Valladolid celebra, desde este próximo martes 2 de marzo, el juicio contra los cinco presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos que fue desarticulada en noviembre de 2022 por traer a la capital mujeres desde Paraguay con el fin de someterlas a explotación sexual, actividad que ejercían en condiciones de verdadera esclavitud y bajo un control férreo de los acusados. Los encausados se enfrentan a un conjunto de penas que suman más de 112 años de cárcel.

El juicio por la ‘Operación Tentaciones’ en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se extenderá al jueves y viernes, y al mismo la Fiscalía vallisoletana se presenta con un escrito en el que, en distinto grado, imputa al clan paraguayo encausado un total de catorce delitos, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

De ellos, cinco son por trata de seres humanos con la finalidad de la explotación sexual de la víctima, en concurso medial con otros tantos de prostitución coactiva, uno de ellos en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de blanqueo de capitales, un delito de grupo criminal y un delito de grupo criminal.

La mayor de las penas solicitadas recae en la presunta jefa del entramado, L.C.P, alias ‘Lorena’ o ‘Nicole’, quien se expone a un total de 52 años de cárcel, multa de 9.300 euros, libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la sentencia y la inhabilitación especial por espacio de veinte años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que suponga contacto regular y directo con menores de edad, mientras que su prima, M.A.P.G, podría ser condenada a 25 años, con idénticas medidas que la anterior, y multa de 15.600 euros. Para los otros tres acusados, M.G.G, H.J.A.A. y J.R.A, la acusación pública interesa condenas de 18, nueve años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente.

Además, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que los cinco, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de sus víctimas con 80.000 euros por daños morales. A mayores, la supuesta jefa de la organización tendría también que abonar 50.000 euros a las víctimas de cuya prostitución se ha aprovechado.

Por auto de fecha 24 de noviembre de 2022, se autorizó la entrada y registro en varios domicilios de la organización que al menos desde la segunda mitad del año 2021 y hasta finales de noviembre del año 2022 se habría estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes con graves problemas económicos y familiares, procedentes de zonas deprimidas de Paraguay, al objeto de financiar y facilitar su llegada, a territorio español, donde eran explotadas en una vivienda en la Avenida de Burgos.

A la cabeza de dicho entramado, tomando todas las decisiones principales, se encuentra la acusada L.C.P, natural de Paraguay, alias ‘Lorena y Nicole’, residente legalmente en España con un permiso de larga duración y principal beneficiaria de toda la actividad delictiva.

El proceso comenzaba por la captación, traslado y acogimiento de las chicas hasta la vivienda mencionada para su explotación sexual. Ya en el piso de la Avenida de Burgos, las ‘turistas’ eran informadas de la deuda contraída que iban a tener que satisfacer trabajando en la prostitución, para lo cual, en primer lugar y como trámite previo, la acusada contrataba los servicios de un fotógrafo profesional que tomaba unas fotografías sugerentes de las mujeres, siempre sonriendo y mirando a la cámara, vestidas con lencería o incluso semidesnudas, al objeto de poder publicitar en las páginas especializadas de contactos sexuales.

La propia acusada asignaba a cada víctima su ‘nick’ o nombre que iba a utilizar en los intercambios sexuales, comenzando de inmediato a prestar los mismos, cuyas citas concertaba ‘Lorena’, fijando el importe, la duración y contenido del servicio sexual contratado.

Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día, arregladas y maquilladas en espera de los clientes y solo podían abandonar el domicilio durante dos horas al día, de una en una, previa solicitud, que no siempre se concedía, debiendo de regresar inmediatamente al mismo si fuera requerida para ello por la presencia de algún cliente.

Normalmente, existía un chat compartido por la acusada y las víctimas, ‘Nicole Relax’, a través del cual se las comunicaba la presencia de un cliente o bien a través de comunicación de WhatsApp directa. Además de los servicios prestados en la vivienda, que era lo habitual, también se ofrecía la posibilidad de salidas a domicilios de clientes y hoteles, con diferentes tarifas y abono del importe del taxi que utilizaría la víctima, que, hasta el pago de la totalidad de la deuda contraída, sólo percibían una pequeña cantidad para poder vivir.

La vivienda utilizada como prostíbulo contaba con tres cámaras de vídeo vigilancia y audio al objeto de poder controlar todo lo que allí sucedía y en especial los clientes que accedían, el tiempo que estaban con las víctimas y si éstas hablaban con los clientes de cosas particulares más allá del servicio contratado.

Dicho inmueble estaba distribuido en nueve habitaciones y tres cuartos de baño, de tal manera que la persona que hacía de encargada tenía una habitación para ella sola a modo de oficina, mientras que el resto de víctimas vivía hacinado en una o dos habitaciones, en literas, ocupando entre cuatro o cinco personas una habitación. El resto de estancias disponibles eran para la prestación de los servicios sexuales.

En la vivienda mencionada, además de prestarse servicios sexuales, como oferta adicional, con unos códigos previamente establecidos en el sector (fiesta, fiesteras, fiesta blanca), para aquellos clientes que lo solicitaran se distribuía droga, concretamente cocaína y en alguna ocasión pastillas de viagra, si bien las víctimas, que no podían negarse a prestar este servicio, no participaban del beneficio generado, que recogía únicamente a la acusada.

En la adquisición y traslado de la droga a la vivienda de la Avenida de Burgos colaboraba el también acusado J.R.A, pareja sentimental de la jefa. La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta febrero del año 2022, momento en el que la acusada, obsesionada con su propia seguridad personal, empezó a tomar medidas de protección más eficaces para evitar ser responsabilizada, llegado el caso, de la actividad narrada.

A partir de ese momento, sería su prima y también acusada M.A.P.G, natural de Paraguay y en situación irregular en territorio español, quien asumiría diversas funciones de gestión y control de la actividad para que la anterior pasara a un discreto segundo plano.

En las tareas de captación de mujeres participarían también, siempre según la acusación pública, los otros dos acusados, una mujer con iniciales M.G.G, y el varón H.J.A, quien trabajaba en una empresa de paquetería en Valladolid entregando y recogiendo paquetes principalmente para ciudadanos de Paraguay.

Fuente: Europa Press.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Agentes de la División Inteligencia, regional Alto Paraná, reportaron la detención de un hombre de 28 años que estaba siendo buscado como supuesto autor de un hecho de abuso sexual de una niña de 10 años. El procedimiento fue en el barrio 23 de Octubre, de Ciudad del Este. Fue incautado del poder del mismo un aparato celular.

El detenido es el tío de la víctima y fue derivado a la Dirección de Policía, tras pasar por el Hospital Regional para la revisión de rigor. El hombre fue denunciado por el padre de la niña violentada el pasado martes 20 de enero.

De acuerdo a su relato, los hechos habrían ocurrido entre el 16 y el 20 de enero en varias oportunidades, teniendo en cuenta que el supuesto autor frecuentaba la casa al tratarse de un familiar. El denunciado habría manoseado a la niña y cometido actos sexuales, específicamente en horas de la noche.

El caso se conoció cuando la niña contó a una vecina y ella a su vez contó al padre de la víctima, quien decidió denunciar ante la comisaría jurisdiccional, desde donde fue reportado al Ministerio Público.

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El hecho está siendo investigado por la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes y también de la Unidad contra la Trata de Personas.

La niña vivía con su madre en el barrio 23 de Octubre, pero a raíz de lo ocurrido, fue llevada por el padre para que viva con él, con intervención de la Defensoría Pública de la Niñez. Se trata de un caso que repite el padrón más registrado entre los hechos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes: los autores son del entorno cercano o familiar.

El nombre del detenido no es divulgado por cumplimiento del Código de la Niñez, donde se indica que debe evitarse cualquier dato que permita identificar a menores de edad, ya sean víctimas o victimarios y, en este caso, el hombre es el tío de la niña afectada.

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La Mesa Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Trata de Personas, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó recientemente una reunión en la que se presentó un balance de las acciones desarrolladas en 2025 y se establecieron las líneas de trabajo para este año.

Durante la sesión se revisaron los compromisos asumidos, evidenciándose un alto nivel de cumplimiento en materia de prevención, protección y asistencia a las víctimas.

Asimismo, se expuso el balance de las acciones correspondientes al año 2025, destacándose la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento del Plan Nacional y la consolidación de informes orientados a la evaluación del “Trafficking in persons report” (Reporte de tráfico de personas), lo que contribuye al fortalecimiento de la cooperación internacional y a la credibilidad del país.

También se resaltó el Plan de Trabajo Paraguay-Bolivia, firmado el 31 de octubre, que establece mecanismos de cooperación bilateral y la realización de actividades conjuntas, además de la creación de un grupo ad hoc encargado de actualizar instrumentos estratégicos y la malla curricular de capacitaciones.