Ciudad del Este. Agencia Regional.
El juicio oral y público que se desarrolla desde hace cinco meses en el Palacio de Justicia de Asunción a dos religiosas falsas por trata de personas tuvo ayer otro debate donde se presentaron los alegatos finales, pero no concluyó. La sentencia se dará a conocer el 20 de marzo, según dijo a La Nación/Nación Media la fiscal del caso Vivian Coronel.
La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes en Alto Paraná, solicitó 17 y 18 años de prisión para las “religiosas”.
Los antecedentes del caso refieren que las acusadas captaron a la adolescente bajo engaño, con el pretexto de una supuesta formación religiosa. Una de las mujeres retiró a la menor de su hogar en el kilómetro 13 Acaray de Minga Guazú y la trasladó a un establecimiento del kilómetro 14 del mismo distrito.
Allí, la víctima fue sometida supuestamente a trabajos de servidumbre y maltratos, además de ser obligada a vender pan y pedir limosnas, antes de ser llevada a su destino final en Luque, bajo la custodia de la otra acusada. En ese lugar, la menor sufrió un régimen de servidumbre, trabajos forzados y castigos físicos denigrantes, según la acusación.
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Los informes relatan agresiones sistemáticas y la obligación de realizar tareas domésticas extenuantes hasta altas horas de la madrugada. Las responsables mantuvieron a la víctima incomunicada y le prohibieron retornar con su familia, recurriendo a amenazas constantes para asegurar su control.
El Ministerio Público detectó que las acusadas coaccionaron a la víctima para mentir a sus familiares sobre su situación personal y justificar su permanencia con las supuestas religiosas. Los informes médicos y psicológicos confirman el daño sistemático infligido durante el tiempo que permaneció con las encausadas.
Tras la denuncia, la Fiscalía activó los protocolos de protección integral para resguardar a la adolescente. Luego, consiguió la detención de las involucradas, quienes hoy enfrentan la etapa final del juzgamiento, donde se determinará su responsabilidad y las sanciones correspondientes conforme a la ley.