Eddie Jara anunció a través de un comunicado a la opinión pública que renuncia a la presidencia de Petróleos Paraguayos (Petropar), explicando además los motivos de su salida.

“Ante los hechos de público conocimiento, y con el propósito de contribuir a la paz social, a la estabilidad institucional y al respeto debido a la República, he presentado mi renuncia al cargo de presidente de Petropar ante el presidente de la República”, anunció este martes.

Menciona además que asume esta posición “con responsabilidad, seriedad y dignidad, convencido de que en estos momentos sensibles, el interés nacional debe estar por encima de toda consideración personal”.

Finalmente expresa que ejerció el cargo “con honor, compromiso y lealtad al servicio del país”, y que se retira “con la conciencia tranquila y absoluto respeto a la ciudadanía y las instituciones de la nación”.

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El presidente de la República, Santiago Peña, aceptó la renuncia de Jara y ya designó a William Wilka como nuevo titular de la petrolera estatal.

“En este segundo tiempo, he pedido a William Wilka que asuma la conducción de la institución con una misión clara: proyectar a Petropar hacia el futuro y fortalecer su rol estratégico, avanzando hacia una gestión más ágil y eficiente”, confirmó el mandatario a través de sus redes sociales.

Como una instrucción inmediata, Peña ordenó “iniciar un diálogo directo con los cañicultores para construir soluciones responsables y sostenibles que den previsibilidad al sector y fortalezcan toda la cadena productiva”.

El presidente de la República sostuvo además que “Petropar es una empresa clave para mi gobierno. Desde allí hemos tomado decisiones importantes, como la reducción del precio de los combustibles para acompañar a las familias y al sector productivo”.

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El viceministro de Economía, Felipe González Soley, manifestó que se vuelve "demasiado indispensable" el establecimiento de una edad mínima para acceder a la jubilación dentro de la propuesta de reforma de la Caja Fiscal, que algunos sectores de trabajadores públicos, principalmente de docentes, se oponen.

“Nosotros necesitamos mirar el conjunto y pensar en cómo se están jubilando en las otras cajas que tenemos, dentro del sector privado especialmente, para que justamente se dé una mayor condición de equidad en las condiciones de jubilación y para eso es demasiado indispensable poder exigir también una edad mínima, de la misma manera que el Instituto de Previsión Social (IPS) lo exige para que se pueda jubilar un trabajador del sector privado”, indicó al programa “Cara o Cruz” de Unicanal.

Actualmente, los únicos sectores que no requieren una edad mínima para jubilarse son los docentes, policías y militares, distribuidos en el Magisterio Nacional, Universitarios y Fuerzas Públicas. En la contrapropuesta presentada al Ejecutivo y el Congreso Nacional, las 23 organizaciones docentes propusieron acceder al beneficio de la jubilación con un mínimo de 25 años de aporte y una tasa de sustitución de 80 %, o 35 años de aporte, con el 100 % de tasa de sustitución.

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“Cualquier ajuste que se quiere hacer en términos de edad mínima que es justamente la cuestión crucial para poder asegurar que la reforma tenga un impacto en la sostenibilidad de la Caja Fiscal y que no tenga un impacto muy importante en el presupuesto, tiene que ir con un ajuste en la tasa de sustitución”, comentó González Soley.

El alto funcionario de Estado acotó: “Si no se considera el ajuste global o el impacto global que tendrían los cambios en todos los parámetros, no podemos hablar si estaremos frente a una reforma que tenga el impacto que estamos esperando”.

La remuneración base para la jubilación ordinaria, de acuerdo al planteamiento de los docentes, sería el promedio de los últimos cinco años, a menos que en dicho periodo se hayan registrado incrementos de turnos y horas cátedra, en cuyo caso la base sería el promedio de los últimos 10 años.

Igualmente, plantean una jubilación extraordinaria con una antigüedad de entre 10 y 24 años de servicio, exclusivamente para los maestros que se encuentren física o intelectualmente incapacitados. La tasa de sustitución sería del 40 % de la remuneración base a los 10 años y con un incremento del 2,5 % progresivo hasta llegar a los 24 años con el 75 % de tasa de sustitución.

Los diferentes gremios docentes ratificaron el requerimiento de un aporte estatal del 14 % de manera gradual, que iniciaría con un 7 % en el primer año, sumando el 7 % restante en el segundo periodo. A la par, el sector propone mantener en un 16 % el aporte de los trabajadores.

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Este sábado, en el Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, reveló que en el capítulo de Violencia contra la Mujer, hasta la fecha se registraron 9 víctimas de feminicidio en Paraguay. Además quedaron un total de 8 causas abiertas, atendiendo que en una se investiga la muerte de 2 víctimas.

“En este mismo contexto, se registran otras 8 víctimas de tentativas de feminicidio, además otras 3 causas investigadas como tentativa de homicidio (pero que fueron víctimas colaterales, entre ellas 1 niño)”, explicaron.

Indicaron también que en el primer mes del 2026 se reportaron 6 casos y en el mes de marzo 3 casos. Las cifras exponen que en dicho lapso y de acuerdo con los datos registrados por departamento a nivel país, Central reportó 6 víctimas, Concepción 1 caso, Asunción 1 caso, y Canindeyú 1 caso.

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Los autores del estudio también destacaron que la edad promedio de las víctimas es de entre 12 y 80 años, mientras que la edad promedio de los agresores es de 18 a 80 años. Una de las víctimas era menor de 12 años.

Desde Datos Abiertos también expusieron acerca de la cantidad de hijos que quedaron huérfanos, una de las consecuencias que casi siempre quedan sin ser visibilizadas. En tal sentido, indicaron que “17 hijos quedaron huérfanos, 6 de las víctimas eran madres. Del total de víctimas, 9 eran de nacionalidad paraguaya, dos de ellas pertenecientes a comunidades indígenas”.

En lo que respecta al parentesco del agresor, principalmente fueron parejas, es decir 3 parejas, asimismo, 1 expareja, 1 padrastro, 1 hijo, 2 conocidos y 1 a determinar. Tres de los autores se suicidaron.

Con relación al sitio de los sucesos, 7 casos tuvieron lugar en viviendas y 2 en la vía pública.

El estudio también se refiere al tipo de arma utilizada: en 5 casos se utilizaron arma blanca, 2 casos de muerte por arma de fuego, mientras que 1 víctima falleció por asfixia y 1 por traumatismos, por golpes.

Agregaron que hsta el momento, 6 presuntos responsables se encuentran imputados por el Ministerio Público, en tanto que 3 se suicidaron.

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Finalmente, recoradron que “la violencia es todo acto y/o acciones sistemáticas, que puedan tener como resultado un daño psicológico, físico o un daño sexual. Así también amenazas, coacción, o privación de libertad, u otro tipo de daño, tanto si se producen en la vida pública, laboral o en la vida privada".

Durante un operativo de entrega vigilada realizado ayer vier­nes a la tarde, una comitiva fiscal-policial, encabezada por el agente fiscal Fede­rico Delfino, procedió a la detención del jefe de Clínica Médica Forense del Minis­terio Público, por un caso de presunta extorsión a un funcionario de esa misma dependencia.

El hecho se registró en la parte trasera de un conocido shopping de Asunción y en la ocasión los intervinien­tes detuvieron a Juan José Saldívar, responsable de la Clínica Médica Forense de la Fiscalía, quien no opuso resistencia en el momento de la aprehensión. El fiscal Delfino dijo en la 1020 AM que Saldívar había pedido a un funcionario suyo la entrega de 15 millones de guaraníes, billetes que pre­viamente fueron fotocopia­dos para convalidar el pro­cedimiento.

“Saldívar fue detenido por un posible caso de extorsión a uno de sus funcionarios, quien a su vez habría encu­bierto una supuesta falta administrativa en la institu­ción”, afirmó el fiscal Delfino. La investigación continúa en curso. En las próximas horas, Saldívar sería imputado por la Fiscalía. El jefe forense también sería funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

En otro caso, el fiscal Alberto Torres Flores, titular de la Unidad Zonal 3 de Presi­dente Franco, imputó a tres supuestos miembros (de 23, 26 y 28 años) de una banda criminal que habría sido responsable del asalto a un cambista y de otros hechos de robo a mano armada. Tam­bién está procesado el padre de uno de los jóvenes, de 53 años, en calidad cómplice, porque habría facilitado su vehículo a la gavilla a cambio de dinero.

El escrito de imputación sos­tiene que los citados habrían conformado un grupo crimi­nal para planificar el atraco. Uno de los hechos por los que se los imputa ocurrió el 28 de febrero de 2026, alrededor de las 5:15, cuando los tres hom­bres se trasladaron hasta Pre­sidente Franco a bordo de un automóvil Toyota Premio, color plateado.

Vestidos con chalecos y pan­talones tácticos, quepis y los rostros parcialmente cubier­tos, interceptaron a la víc­tima frente a su vivienda en el barrio Santa Rosa a punta de armas de fuego. El afectado se disponía a salir en su rodado cuando fue encañonado y des­pojado de 800.000 guaraníes, dos anillos de oro, documen­tos personales y un teléfono celular de la marca Xiaomi. El hecho quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado de la vivienda, donde también se pudo ver cuando abordaron nuevamente el vehículo para abandonar el lugar.