La firma Ypyta solicitó que se realice la constitución judicial en la propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero, donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián. Foto: Gentileza
Caso Ypyta: presentan urgimiento para agilizar constitución judicial en propiedades de PJC
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En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, la abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la citada empresa, presentó un urgimiento al cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. El magistrado, de llamativa demora, aún no ha firmado los oficios correspondientes para comisionar al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicadas en el departamento de Amambay.
El pedido de celeridad obedece a que desde el pasado 19 de febrero se ordenó dicha diligencia, sin embargo, hasta la fecha el juez Rivas —cuya actuación en el caso ha sido calificada de dudosa— no ha suscrito los documentos pertinentes para ejecutar la inspección en las tierras en litigio. La diligencia judicial se debe realizar en la propiedad donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián.
Asimismo, la representante de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que se constituya en los bienes raíces mencionados junto con el juez de Paz de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para realizar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis y otros medios documentales que describan el estado de los bienes y de las personas halladas en el lugar, labrando un acta detallada para informar al juzgado.
El escrito subraya que la intervención del síndico es fundamental, considerando que la situación de los inmuebles se originó en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.
Plantean ley para que jueces intervengan de oficio ante casos de violencia doméstica
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Un proyecto de ley que plantea que los jueces puedan actuar de oficio ante los casos de violencia doméstica tuvo entrada oficial este miércoles durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
Son proyectistas los diputados Saúl González y Santiago Benítez, quienes plantean la modificación del artículo 1º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica, y “el artículo 1º de la Ley Nº 6568/2020, Que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica”.
Fundamentan que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de protección judicial para las víctimas de violencia en el ámbito familiar, mediante la intervención oportuna de los jueces de Paz y la adopción de medidas urgentes. Esto, ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las personas.
Es así que el proyecto plantea que los magistrados puedan actuar de oficio cuando tomen conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieran constituir violencia doméstica, aun cuando la persona afectada no haya presentado una denuncia formal.
De esta manera, se busca evitar que la falta de una denuncia impida o retrase la intervención de las autoridades ante situaciones que requieran una respuesta inmediata.
Los proyectistas señalan que las víctimas pueden enfrentar diversas dificultades para denunciar a sus agresores, entre ellas el temor a represalias, las amenazas, la dependencia económica y las presiones familiares.
Corte definirá la continuidad del cuestionado juez Édgar Rivas
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendrá la difícil tarea de estudiar si confirma o no en el cargo al cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia.
El magistrado también está en la mira del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por su dudosa actuación en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”.
Los ministros de la Corte —Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón, César Garay Zuccolillo, Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y Víctor Ríos— tendrán la oportunidad de analizar los polémicos antecedentes del juez Rivas.
Meses atrás, el pleno de la CSJ le negó el ascenso a miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Segunda Sala de la Capital a Édgar Rivas, debido a las fuertes críticas por su desempeño en el fuero civil y las presuntas irregularidades en el manejo del mencionado expediente.
En su lugar, los ministros decidieron elegir por mayoría de votos al magistrado Carlos Escobar para integrar dicha cámara de apelaciones. El apartamiento de Rivas fue absoluto, al punto de que ningún ministro lo propuso para el cargo de camarista, lo que significó un duro rechazo institucional a su gestión.
La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel que recibió Hernán Rivas y sostiene que la sentencia se basó en presunciones y no en elementos de prueba. Foto: Gentileza
Defensa de Rivas apeló condena y afirma que la misma se basó en presunciones y no en pruebas
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La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel dictada contra el exsenador Hernán David Rivas por la posesión de un título dudoso de abogado. La defensa de Rivas sostiene que la sentencia de primera instancia adolece de errores de fondo que obligan a su absolución o, como mínimo, a la realización de un nuevo juicio oral para revisar la pena.
Entre los principales argumentos, la defensa menciona que el presunto hecho de producción de documentos públicos de contenido falso ya se encontraba prescripto al momento del inicio del proceso penal. Asimismo, refiere que el fallo no determina las conductas concretas atribuidas al acusado y que el Tribunal de Sentencia lo condenó por hechos que la Fiscalía ni siquiera incluyó en su acusación. A su vez, crítica que no se distinguieron cuáles conductas correspondían a la producción y cuáles al uso de documento no auténtico, un defecto que, según afirman, arrastra el Ministerio Público desde la acusación original.
La abogada Zaracho sostiene además que la condena se basó en presunciones y no en pruebas fehacientes. Añadió que se invirtió la carga de la prueba al exigirle a Rivas demostrar su inocencia, y que se utilizaron elementos que nunca fueron producidos en el juicio oral y público. Respecto a la tipicidad, la defensa argumentó que los instrumentos cuestionados no constituyen “documentos falsos” en el sentido estrictamente penal: “Una designación del Congreso o un acta de juramento no certifican que alguien sea abogado. El título, el certificado de estudios y su registro en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) son documentos válidos y legales hasta el momento”.
Finalmente, sostiene que la pena de 8 años de penitenciaría, además de ser excesiva, violó garantías de la Constitución Nacional y el Código Penal. El escrito de apelación señala que el tribunal aplicó erróneamente un agravante (la calificación de “especialmente grave”) y duplicó la valoración de los mismos motivos para justificar dicha gravedad, aplicar el concurso de delitos del artículo 70 y realizar la medición de la pena.
Por último, advierten una evidente discordia en los votos de la mayoría, ya que los dos jueces partieron de bases distintas para el cálculo de la sanción, utilizando incluso elementos propios del tipo penal dentro de la medición de la pena.
Comisarías de oro: juez Palacios llevará adelante la audiencia preliminar de Filizzola
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Tras las diversas chicanas impulsadas por el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, finalmente la causa judicial que enfrenta por lesión de confianza será reencauzada con la designación del juez penal de garantías, Miguel Ángel Palacios.
El magistrado se encuentra a cargo del juzgado penal número 7 y será el que que fije fecha para la audiencia preliminar, tras la cual se deberá determinar si la causa a va a juicio oral y público.
Palacios fue asignado a la causa conocida como “comisarías de oro” mediante la vía del sorteo y luego de que Filizzola a través de su abogado José Duarte Cacavelos, haya recusado el pasado 15 de octubre al juez Yoan Paul López, por parcialidad y falta de independencia.
La causa judicial investiga una supuesta lesión de confianza y un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones al Estado, originado durante la gestión de Rafael Filizzola como ministro del Interior (2008-2011) a raíz de presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción de obras en comisarías.
En cuanto al proceso judicial, este se ha visto dilatado durante años mediante una serie sucesiva de chicanas interpuestas por la defensa, lo que ha evitado la realización de un juicio oral y público definitivo, registrando sobreseimientos previos en 2022 y nuevas postergaciones de audiencias preliminares en medio de cuestionamientos sobre los plazos procesales.