La firma Ypyta solicitó que se realice la constitución judicial en la propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero, donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián. Foto: Gentileza
Caso Ypyta: presentan urgimiento para agilizar constitución judicial en propiedades de PJC
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En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, la abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la citada empresa, presentó un urgimiento al cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. El magistrado, de llamativa demora, aún no ha firmado los oficios correspondientes para comisionar al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicadas en el departamento de Amambay.
El pedido de celeridad obedece a que desde el pasado 19 de febrero se ordenó dicha diligencia, sin embargo, hasta la fecha el juez Rivas —cuya actuación en el caso ha sido calificada de dudosa— no ha suscrito los documentos pertinentes para ejecutar la inspección en las tierras en litigio. La diligencia judicial se debe realizar en la propiedad donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián.
Asimismo, la representante de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que se constituya en los bienes raíces mencionados junto con el juez de Paz de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para realizar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis y otros medios documentales que describan el estado de los bienes y de las personas halladas en el lugar, labrando un acta detallada para informar al juzgado.
El escrito subraya que la intervención del síndico es fundamental, considerando que la situación de los inmuebles se originó en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.
Tras violar arresto, juez ordenó la aplicación de tobillera electrónica a Thiago Gorostiaga
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El juez Penal de Garantía, Raúl Florentín, ordenó la aplicación de la tobillera electrónica para Thiago Gorostiaga, exalumno de un prestigioso colegio de Asunción, acusado por supuesta coacción sexual, cuya víctima es un adolescente. La medida se adopta para fortalecer el control sobre el sometimiento al proceso y resguardar a la víctima.
La decisión del citado magistrado fue adoptada tras una audiencia de revisión que el juzgado realizó de oficio, ante la violación del arresto domiciliario por parte de Gorostiaga.
El presente proceso penal está paralizado debido a las chicanas que presentó la defensa de Gorostiaga. Una vez que se destrabe el caso, el juez Florentín tendrá que fijar nueva fecha para el desarrollo de la diligencia judicial en la que se definirá si el acusado va a juicio oral, así como pidió la Fiscalía.
Días atrás la Cámara de Apelación Penal Adolescente confirmó la resolución que elevó a juicio oral la causa contra un exalumno de un prestigioso colegio de Asunción, acusado por supuesto abuso sexual en personas indefensas. Actualmente, el procesado es mayor de edad, pero los hechos habrían ocurrido cuando era menor, por lo cual la causa se tramita en el fuero penal adolescente.
En el caso particular, el joven es acusado de haber manoseado a una menor de 15 años, estando la misma bajo los efectos del alcohol. El hecho se habría dado en el año 2023, en la habitación del hijo de un expresidente de la República.
El juez Rodrigo Estigarribia fijó para el 6 de mayo la audiencia preliminar del exsenador Rodolfo Friedmann, acusado por un caso de merienda escolar cuando el mismo era gobernador de Guairá. Foto: Archivo
Juez fija para el 6 de mayo la audiencia preliminar para Rodolfo Friedmann
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El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, fijó para los días 6, 7 y 8 de mayo la audiencia preliminar para el exsenador Rodolfo Friedmann y otros acusados por el presunto esquema de corrupción con la merienda escolar en la Gobernación de Guairá. En este proceso penal, el exdiputado Ever Noguera ya fue elevado a juicio oral y público.
Friedmann fue acusado por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.
También están procesados en la causa Lourdes María Auxiliadora González, tesorera de la empresa ESSA S.A., y Eduardo Domínguez, quien se desempeñaba como secretario del exsenador durante su gestión como gobernador.
Según la investigación, Friedmann habría montado un esquema para adjudicarse licitaciones de la gobernación destinadas a la provisión del almuerzo escolar a través de la empresa Eventos y Servicios S.A. (ESSA), de la cual sería el principal accionista.
Fiscalía pidió 12 años de cárcel para exfiscala acusada de extorsión y otros delitos
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Los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez solicitaron 12 años de cárcel para la exfiscal de San Lorenzo, Ana Girala, por el supuesto esquema de apriete y extorsión en la Fiscalía de San Lorenzo.
Igualmente, el Ministerio Público pidió 9 años de cárcel para Griselda Beatriz Acha Alcaraz, exsecretaria de dicha unidad fiscal, y 4 años para Christi Magalí Ortega Domínguez, ex asistente de la Unidad Penal Nº 1 de San Lorenzo.
Además, pidieron 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad para la abogada Liz Elena Martínez Robles; 2 años de cárcel para la abogada Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, y 2 años y 6 meses de cárcel para el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza.
El juicio continuará el 24 de abril a las 8:00 horas donde la defensa de cada acusado tendrá la posibilidad de poder presentar los alegatos finales y ya luego podría dictar sentencia de primera instancia.
De acuerdo al Ministerio Público la ex fiscala Ana Girala, la conducta se encuadra en múltiples hechos punibles cometidos de manera reiterada y dentro del marco de una estructura organizada dentro de la Fiscalía de San Lorenzo. Indican que la procesada habría incurrido en delitos como asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, extorsión, prevaricato y persecución de inocentes, configurándose un concurso real de hechos punibles que eleva el marco penal aplicable.
Juzgado entregó a la Senabico vehículo decomisado del crimen organizado
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El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado Nº 3, a cargo del magistrado Carlos Luis Mendoza Peña, oficializó la entrega de un vehículo comisado a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). El procedimiento se realizó a través de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El bien decomisado, que fue utilizado para la comisión de hechos ilícitos vinculados al crimen organizado, fue transferido bajo lo establecido en la Ley Nº 5.876/17. Al respecto, el juez Mendoza explicó que la entrega se basó en los procedimientos legales vigentes, reafirmando el compromiso con el combate al crimen organizado y la protección del Estado social de derecho.
La medida corresponde a la causa “Nélida Rodríguez Ramírez s/ transgresión de la Ley 1340/88”, artículos 26 y 27. Mediante el A.I. Nº 82, con fecha 13 de junio de 2025, el juzgado dispuso la ejecución de la S.D. Nº 233 del 16 de junio de 2023, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico (integrado por los jueces Gloria Hermosa, Víctor Alfieri y Alba González). Dicha sentencia ordenó el comiso de un automóvil Chevrolet Onix, color gris, año 2014, con matrícula BTR 774.
Participaron del acto de entrega el abogado Sergio Benítez, en representación de la Senabico; Melissa González, responsable de la Coordinación de Inscripción de Bienes de la CSJ; y el actuario judicial Cristian Marcelo Martin Ojeda.
Cabe recordar que la Senabico es el órgano técnico especializado encargado de la guarda, custodia, administración y destino de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados en el marco de procesos penales.