Durante un operativo de entrega vigilada realizado ayer vier­nes a la tarde, una comitiva fiscal-policial, encabezada por el agente fiscal Fede­rico Delfino, procedió a la detención del jefe de Clínica Médica Forense del Minis­terio Público, por un caso de presunta extorsión a un funcionario de esa misma dependencia.

El hecho se registró en la parte trasera de un conocido shopping de Asunción y en la ocasión los intervinien­tes detuvieron a Juan José Saldívar, responsable de la Clínica Médica Forense de la Fiscalía, quien no opuso resistencia en el momento de la aprehensión. El fiscal Delfino dijo en la 1020 AM que Saldívar había pedido a un funcionario suyo la entrega de 15 millones de guaraníes, billetes que pre­viamente fueron fotocopia­dos para convalidar el pro­cedimiento.

“Saldívar fue detenido por un posible caso de extorsión a uno de sus funcionarios, quien a su vez habría encu­bierto una supuesta falta administrativa en la institu­ción”, afirmó el fiscal Delfino. La investigación continúa en curso. En las próximas horas, Saldívar sería imputado por la Fiscalía. El jefe forense también sería funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

En otro caso, el fiscal Alberto Torres Flores, titular de la Unidad Zonal 3 de Presi­dente Franco, imputó a tres supuestos miembros (de 23, 26 y 28 años) de una banda criminal que habría sido responsable del asalto a un cambista y de otros hechos de robo a mano armada. Tam­bién está procesado el padre de uno de los jóvenes, de 53 años, en calidad cómplice, porque habría facilitado su vehículo a la gavilla a cambio de dinero.

El escrito de imputación sos­tiene que los citados habrían conformado un grupo crimi­nal para planificar el atraco. Uno de los hechos por los que se los imputa ocurrió el 28 de febrero de 2026, alrededor de las 5:15, cuando los tres hom­bres se trasladaron hasta Pre­sidente Franco a bordo de un automóvil Toyota Premio, color plateado.

Vestidos con chalecos y pan­talones tácticos, quepis y los rostros parcialmente cubier­tos, interceptaron a la víc­tima frente a su vivienda en el barrio Santa Rosa a punta de armas de fuego. El afectado se disponía a salir en su rodado cuando fue encañonado y des­pojado de 800.000 guaraníes, dos anillos de oro, documen­tos personales y un teléfono celular de la marca Xiaomi. El hecho quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado de la vivienda, donde también se pudo ver cuando abordaron nuevamente el vehículo para abandonar el lugar.

En un documento de 84 páginas, este viernes, desde el Ministerio Público informaron que los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acta de imputación en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor. También fueron imputados:

1. Sebastián Martínez Insfrán
2. Sonia Barrios Ramírez
3. Walter Hugo García Méndez
4. Salem Esgaib Zugaib
5. Lucía Elizabeth Lisboa de Torales
6. Valeria Fabiana Romero
7. Hugo Benítez Vázque
8. Karen González Vergara
9. Fredy Guzmán Martínez
10. y Cinthia Noelia Alen Guerrero

Todos ellos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices.

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Según breve relato, se le atribuye a Prieto Vallejos un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276, resultantes de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora de la Lic. Cinthia Noelia Alen, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Luego de los trámites de rigor, la Fiscalía requiere la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva sobre los imputados, indicaron.

“En ese contexto, nos encontramos ante la presencia de suficientes elementos de convicción que nos indican la existencia de un hecho punible y nos hallamos ante la suficiente sospecha de la participación de los imputados en su perpetración quienes habrían colaborado con el jefe comunal en la disminución patrimonial de la comuna”, explicaron los agentes fiscales.

Por tanto, a continuación indicaron que se aplican las siguientes medidas cautelares:

• Fianza personal o caución real adecuada sobre los imputados por la suma que el Juzgado estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de los hechos que se investigan.
• Prohibición de salida del país.
• Fijación de un domicilio procesal y teléfonos para las notificaciones personales a los imputados.
• La obligación de presentarse periódicamente ante el juez.
• y cualquier otra medida que sea compatible con la naturaleza del caso.

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Durante un operativo de entrega vigilada realizada hoy viernes a la tarde, una comitiva fiscal-policial, encabezada por el agente fiscal Federico Delfino, se procedió a la detención del jefe de Clínica Médica Forense del Ministerio Público, por un caso de presunta extorsión a un funcionario de esa misma dependencia.

El hecho se registró en la parte trasera de un conocido shopping de Asunción y en la ocasión los intervinientes detuvieron a Juan José Saldívar, responsable de la Clínica Médica Forense de la Fiscalía, quien no opuso resistencia en el momento de la aprehensión.

El fiscal Delfino dijo en la 1020 AM que Saldívar había pedido a un funcionario suyo la entrega de 15 millones de guaraníes, billetes que previamente fueron fotocopiados para convalidar el procedimiento.

“Saldívar fue detenido por un posible caso de extorsión a uno de sus funcionarios, quien a su vez habría encubierto una supuesta falta administrativa en la institución”, afirmó el fiscal Delfino.

La investigación continua en curso. En las próximas horas, Saldívar sería imputado por la Fiscalía.

El jefe forense también sería funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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El Tribunal de Apelación ratificó la admisión de la imputación por lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sud­americana de Fútbol (Con­mebol), que apunta a recupe­rar al menos USD 15 millones que el fallecido empresario Nicolás Leoz desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.

“Significa que formalmente está confirmada su vincula­ción al proceso penal y se dis­cute la necesidad de dispo­ner otras medidas cautelares para asegurar el avance del proceso”, indicó el abogado Claudio Lovera, represen­tante legal de la Conmebol, a la 1000 AM.

“Esto implica que realmente el proceso cumple con los estándares previstos en la ley, es una sospecha razo­nable, fundada y se cumplió en comunicar la sospecha a la persona imputada, enton­ces estamos ante un proceso regular que está en su marco de avance en la investigación”, explicó Lovera en otra entre­vista con la 1020 AM.

Una vez que el expediente retorne al juzgado, el juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú, deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cau­telares. En dicha diligencia se determinará si Zaldívar liti­gará en libertad o bajo medi­das restrictivas.

“El Ministerio Público requi­rió de medidas cautelares para garantizar su someti­miento al proceso y que el caso avance. El juzgado debe convocar a una audiencia en donde se analizará esta pre­tensión y los argumentos de la defensa para definir qué medidas cautelares considera pertinentes”, dijo el abogado.

En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tun­holi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.

De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fidei­comiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones. En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodís­ticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órga­nos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos rela­cionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denomi­nado FIFA-Gate.