El ministro Riera anunció la implementación de cinco medidas de seguridad a fin de evitar más actos violentos en encuentros deportivos.

El presidente de la Aso­ciación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, junto a otros directivos tuvieron ayer una charla con el ministro del Interior, Enrique Riera, quien se encargó después de citar cinco medidas que serán implementadas de manera inmediata tras la suspensión del clásico Olim­pia-Cerro Porteño, debido sucesos violentos. “Son las primeras medidas de efecto inmediato y están respalda­das por la Fiscalía General de la Nación”, avisó el minis­tro.

Según el comisario Ángel Franco, director de Preven­ción y Seguridad, las medi­das deberán cumplirse al pie de la letra para evitar actos violentos dentro de los esta­dios y también reforzará la seguridad en cada encuentro deportivo. Las cinco medi­das fueron desarrolladas por el Ministerio del Inte­rior con la Fiscalía General de Estado.

“Una de las medidas es poseer entradas personales individuales para el ingreso, los cuales serán cruzadas por una base de datos de identificación para corro­borar si pertenece a la per­sona o no”, expresó Franco, en entrevista con el pro­grama Tarde de perros” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Como segundo punto, el comisario habló sobre la implementación de la tecno­logía para realizar un con­trol biométrico de reconoci­miento facial, para así poder identificar fácilmente a per­sonas que ocasionan inci­dentes y que estas no pue­dan acceder a las canchas. El listado de medidas sigue con una nómina de aquellos hinchas con antecedentes que no tendrá acceso a los encuentros. “Es la lista defi­nitiva de personas con ante­cedentes o tienen pendien­tes con la Justicia y que no podrán ingresar a la can­cha”, refirió.

El cuarto punto es la valida­ción de las cédulas de identi­dad que será realizada por el Departamento de Identifica­ciones. “La implementación de tecnología será muy útil y un elemento probatorio y sostenible para el Ministe­rio Público, pudiendo agili­zar la aplicación de sancio­nes”, aclaró.

Agregó que se realizará un Registro Nacional de Even­tos Deportivos (Renae), que contendrá el regis­tro de todas las personas habilitadas a asistir a los encuentros deportivos. “Por último, el control pre­vio de los buses que trasla­darán a las barras, si está en condiciones y si poseen registros de habilitación”, puntualizó.

“Parece que estamos esperando que sucedan hechos luctuosos”, afirmó el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, ayer lunes al urgir la aplicación de la normativa 7269 de Pre­vención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, promulgada por el Ejecutivo en junio de 2024.

“Esta ley que está en vigencia fue muy bien trabajada junto con la Asociación Paraguaya de Fút­bol, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, así como la Secretaría Nacional del Deporte. Es de prevención, si no actuamos y no nos consideramos todos culpables, se tendrán hechos que lamentar. Los dirigentes ya no tienen que dar entradas de favor a hinchadas organizadas violentas, dijo el senador al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media., dijo Núñez.

La Policía Nacional reportó sobre el hallazgo del cuerpo de una persona en un camino vecinal en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, con un panfleto que decía: “no robar”.

El cadáver pertenece a un hombre y presentaba varias heridas producidas por un arma de fuego.

Según el reporte de los intervinientes, pobladores del barrio General Genes denunciaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona al costado de un camino vecinal entre la maleza. El mismo fue detectado por un vecino que pasaba por la zona y avisó a la comisaría sexta de PJC.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo atado de manos y pies. Además, tenía consigo una nota que decía: “no robar”, lo que se presume que la persona fallecida contaba con antecedentes y habría cometido un asesinato.

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Además, del mensaje en el que advierte que no se deben asesinar, este panfleto estaba firmado por JDF, grupo criminal autodenominado “Justiciero de la Frontera”, y finaliza con un “vamos por más”, que indica que seguirán cometiendo crímenes de esta índole. Este grupo criminal busca a personas que cometieron robos u otro hecho punible y los asesina.

Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público y un médico forense que confirmó que el cuerpo de esta persona presentaba varias heridas de arma de fuego que provocaron su muerte. Hasta el momento, el cadáver sigue sin ser identificado por las autoridades.

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Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.

El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).

Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.

El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.

Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.

1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.

2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.

3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.

Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.

4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.

• Ciudad del Este. Agencia regional

Suman los hechos de agresiones dentro del entorno familiar a causa de personas en estados de adicciones a drogas o alcohol.

Es el caso de una joven de 23 años que fue denunciada por su madre por haberla maltratado y agredido con piedra. Agentes de la Comisaría 6ª. de Presidente Franco aprehendieron a la mujer y el fiscal Edgar Delgado la imputará por violencia familiar.

Ocurrió a las 10:30 de ayer 15 de abril en una vivienda del barrio San Juan, zona baja de la ciudad. La madre, de 43 años, contó al personal policial que su hija llegó a la casa y comenzó a maltratarla y, ante su negativa a hacer algo que la joven le pedía, tomó una piedra y tiró hacia ella ocasionándole un rasguño en la cara.

La denunciante contó que su hija es adicta a las drogas y ya en otras oportunidades mostró una conducta agresiva; suele salir de su casa y volver después de varios días. Asimismo, la mujer contó que ella cuida a su nieta de dos años, frente a quien ocurrió el último episodio de violencia.

El caso fue comunicado al fiscal de turno de la unidad zonal de Presidente Franco, Edgar Delgado. Tras las declaraciones de rigor, la joven sería imputada por violencia familiar, teniendo en cuenta que ya en otras oportunidades tuvo la misma conducta de agresión, según refirió el fiscal.

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El agente del Ministerio Público informó que son frecuentes las denuncias contra jóvenes por conducta violenta, teniendo a la adicción como característica común de los agresores. Dijo que cuando está de turno, el promedio de causas es de dos y tres casos por semana que llegan a la unidad.

Para el agente fiscal, al tratarse de un problema social y de salud muy complejos, se requiere de un trabajo integral de varias instituciones para la atención del problema de fondo que abarca el microtráfico de drogas, las oportunidades laborales y énfasis en la educación con accesibilidad, donde el problema sea abordado desde el inicio.

Planteó como medida de urgencia la creación de Centros de Rehabilitación de gestión pública, empezando por uno en Alto Paraná, “capaz de atender la demanda de la región donde se multiplican los casos que requieren una urgente atención”. Remarcó que solo existen centros privados a los cuales no pueden acceder en la mayoría de los casos.

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