La abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la firma Ypyta, solicitó al Juzgado en lo Civil y Comercial de Asunción, a cargo del juez Édgar Rivas Laguardia, en el marco del juicio caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, que libre los oficios correspondientes al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a los efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicada en el departamento de Amambay.
El pedido obedece a que el pasado 19 de febrero se ordenó realizar dicha constitución; sin embargo, hasta la fecha, el cuestionado juez de primera instancia, Édgar Rivas —de dudosa actuación en el presente juicio—, no ha librado los oficios pertinentes para ejecutar la diligencia en la propiedad en litigio.
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Asimismo, la representante legal de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que proceda a constituirse en los bienes raíces individualizados precedentemente, en conjunto con el Juez de Paz del Distrito de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para tomar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis u otros medios documentales pertinentes para describir el estado de los bienes y de las personas halladas en ellos, labrando acta detallada de lo actuado para elevar el informe escrito al Juzgado.
El escrito subraya que la intervención del síndico es sumamente importante, considerando que la situación de los inmuebles se dio en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al Juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.
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Plantean ley para que jueces intervengan de oficio ante casos de violencia doméstica
Un proyecto de ley que plantea que los jueces puedan actuar de oficio ante los casos de violencia doméstica tuvo entrada oficial este miércoles durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
Son proyectistas los diputados Saúl González y Santiago Benítez, quienes plantean la modificación del artículo 1º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica, y “el artículo 1º de la Ley Nº 6568/2020, Que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica”.
Fundamentan que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de protección judicial para las víctimas de violencia en el ámbito familiar, mediante la intervención oportuna de los jueces de Paz y la adopción de medidas urgentes. Esto, ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las personas.
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Es así que el proyecto plantea que los magistrados puedan actuar de oficio cuando tomen conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieran constituir violencia doméstica, aun cuando la persona afectada no haya presentado una denuncia formal.
De esta manera, se busca evitar que la falta de una denuncia impida o retrase la intervención de las autoridades ante situaciones que requieran una respuesta inmediata.
Los proyectistas señalan que las víctimas pueden enfrentar diversas dificultades para denunciar a sus agresores, entre ellas el temor a represalias, las amenazas, la dependencia económica y las presiones familiares.
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Comisarías de oro: juez Palacios llevará adelante la audiencia preliminar de Filizzola
Tras las diversas chicanas impulsadas por el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, finalmente la causa judicial que enfrenta por lesión de confianza será reencauzada con la designación del juez penal de garantías, Miguel Ángel Palacios.
El magistrado se encuentra a cargo del juzgado penal número 7 y será el que que fije fecha para la audiencia preliminar, tras la cual se deberá determinar si la causa a va a juicio oral y público.
Palacios fue asignado a la causa conocida como “comisarías de oro” mediante la vía del sorteo y luego de que Filizzola a través de su abogado José Duarte Cacavelos, haya recusado el pasado 15 de octubre al juez Yoan Paul López, por parcialidad y falta de independencia.
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Antecedentes
La causa judicial investiga una supuesta lesión de confianza y un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones al Estado, originado durante la gestión de Rafael Filizzola como ministro del Interior (2008-2011) a raíz de presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción de obras en comisarías.
En cuanto al proceso judicial, este se ha visto dilatado durante años mediante una serie sucesiva de chicanas interpuestas por la defensa, lo que ha evitado la realización de un juicio oral y público definitivo, registrando sobreseimientos previos en 2022 y nuevas postergaciones de audiencias preliminares en medio de cuestionamientos sobre los plazos procesales.
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Abogada afirma que proyecto contra la ideología de género no reduce penas a abusadores
La abogada, especialista en derecho penal, gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, Dannia Ríos Nacif, defendió la iniciativa popular que plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.
“El proyecto de ley propone modificar el artículo 135 del Código Penal incorporando un apartado nuevo, el 135c. Este apartado tipifica como abuso infantil la elaboración, distribución, promoción o difusión de materiales o actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción natural sobre la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica de los mismos”, afirmó Ríos Nacif en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Añadió también que “estas conductas atentan contra el desarrollo armónico del niño, el mismo bien jurídico protegido en los casos de abuso sexual en niños, denominado indemnidad, el cual consiste en el derecho del niño a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad”.
Mencionó que a través de la propuesta se “busca proteger el derecho constitucional del niño, contemplado en el artículo 54 de la Constitución Nacional, que obliga a la familia, la sociedad y el Estado, que incluye a todas las instituciones, funcionarios y autoridades, a garantizarle su desarrollo armónico e integral, protegiéndolo, entre otras cosas, contra el abuso”.
Detalló que la incorporación del artículo 135, inciso c, “abuso bajo otras formas”, no modificará ni reducirá las penas y conductas ya tipificadas en los artículos 135a y 135b. “Se mantienen según la ley vigente (Ley N.º 7394/24). Solo se agrega una figura penal nueva que protege el mismo bien jurídico”, afirmó.
Con relación al cuestionamiento de la senadora opositora Esperanza Martínez, quien sostiene que la iniciativa adolece de serios problemas constitucionales y que restablece penas más bajas para los abusadores sexuales, la abogada dijo que “esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. El proyecto no reduce ninguna pena. Las penas por abuso sexual en niños se mantienen conforme a la ley vigente (Ley N.º 7394/24). El texto se elaboró originalmente en el año 2023 y, mediante el trámite correspondiente, será incorporado al marco legal vigente”.
Agregó que “en cuanto a la constitucionalidad, precisamente el proyecto se fundamenta en el derecho constitucional que protege al niño en su etapa de desarrollo (artículo 54 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, este derecho no puede dejar de ser atendido, tratándose del sector más vulnerable. Invocar derechos de adultos para introducir estas ideas en niños, atenta contra ese derecho y, en última, prevalece el interés superior del niño”.
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Consultada sobre si el proyecto apunta a impedir toda forma de acceso a la información sobre diversidad sexual y género, Ríos Nacif argumentó que “el proyecto no prohíbe que los adultos accedan a información ni que discutan estos temas entre mayores de edad. Lo que busca es impedir que se introduzcan en la educación y en actividades dirigidas a niños, aquellos contenidos que interfieran en la formación de su identidad biológica y sexual, atentando contra su indemnidad. El objetivo es la protección del niño”.
Respecto a las afirmaciones de que la iniciativa equipara la educación sobre género con el abuso infantil, la abogada comentó que “el proyecto tipifica como abuso infantil aquellas acciones o materiales dirigidos a niños que le presenten la idea de que la identidad no responde al dato biológico, sino que se construye o se autopercibe y le siembra la duda acerca de la sexualidad o su identidad. Valga señalar que el niño no está en condiciones de comprender ni de consentir este tipo de ideas por ser un ser en desarrollo, es decir, no se trata de cualquier educación”.
Sectores que apoyan la propuesta
Señaló que la iniciativa popular amparada en el artículo 123 de la Constitución Nacional y las leyes, se encuentra impulsada especialmente por padres de familia y cuenta con el respaldo de las organizaciones como FEDAPAR, FENAPEP, FRENVIFA, RECNAPY y Somos Muchos Muchos Más. “También cuenta con el apoyo de sectores confesionales, sectores de la iglesia católica como evangélica y la firma de más de 50.000 ciudadanos”, comentó.
Requieren celebridad al Congreso
Puntualizó también que requerirán al Congreso Nacional que dé celeridad al tratamiento y sanción del proyecto de ley, en respeto a las 50.000 firmas ciudadanas que dan aval a su presentación.
“En las próximas semanas se acompañará el trámite legislativo, se mantendrá informada a la ciudadanía y se continuará el diálogo con los legisladores para que el proyecto sea estudiado y aprobado, protegiendo el desarrollo armónico de los niños en cumplimiento al artículo 54 de la Constitución Nacional”, argumentó.
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Paraguay busca ganar protagonismo tecnológico tras su ingreso a Pax Silica
El presidente de la República, Santiago Peña, destacó la incorporación de Paraguay a la declaración Pax Silica, iniciativa impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos y afirmó que el país busca dejar de ser solo consumidor de tecnología para convertirse en productor, aprovechando su energía limpia para atraer inversiones y generar empleos.
A través de un comunicado oficial del Departamento de Estado del gobierno norteamericano informó que los Estados Unidos recibió con beneplácito la adhesión de Paraguay, convirtiéndose en el vigésimo sexto signatario de la declaración Pax Silica.
Al respecto, el mandatario paraguayo sostuvo que Paraguay busca ganar protagonismo en la economía digital, con una estrategia que apunta a aprovechar sus recursos energéticos para desarrollar infraestructura vinculada con la inteligencia artificial.
“El Paraguay ya no mira la era digital desde afuera: dejamos de ser consumidores de tecnología para ser productores. Como resultado de nuestra visita a Washington, nos sumamos a Pax Silica, la alianza de naciones confiables que construye la cadena de suministro de la inteligencia artificial, desde la energía y los minerales críticos hasta los centros de datos. Nuestra energía limpia ahora es parte de ese futuro. Más inversión, más empleo y más oportunidades para los paraguayos”, resaltó el presidente Peña.
En tanto, la embajada de los Estados Unidos, igualmente explicó a través de sus redes sociales que, Pax Silica es una iniciativa liderada por Estados Unidos que reúne a países aliados y socios para fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro de tecnologías estratégicas, desde minerales críticos y energía hasta semiconductores, centros de datos, e inteligencia artificial.
Con la adhesión, Paraguay se suma a un mecanismo de cooperación que busca articular las capacidades de sus países participantes y atraer inversiones en infraestructura tecnológica, así como la generación de empleo en el país.
En el informe del Departamento de Estado, se destaca que el acuerdo se concretó con la firma de la declaración por parte del ministro de Relaciones Exteriores Rubén Ramírez Lezcano, en nombre del Gobierno de Paraguay en una ceremonia celebrada en el Departamento de Estado, en Washington D. C., junto al subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, lo que marca el inicio de la participación de Paraguay en la iniciativa.
Cooperación estratégica e inversión
Desde la Presidencia de la República destacaron que la adhesión se suma a las acciones del Gobierno del Paraguay para ampliar su vinculación con mercados internacionales y promover el aprovechamiento de sus recursos energéticos en actividades de mayor valor agregado.
Pax Silica contempla la cooperación entre los países participantes en materia de infraestructura tecnológica, seguridad económica y cadenas de suministro estratégicas, necesarias para el desarrollo de tecnologías avanzadas.
Explicaron que la incorporación de Paraguay también se produce en el contexto del fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, cuya agenda reciente ha incluido conversaciones sobre inversiones, energía, comercio y desarrollo tecnológico.