La abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la firma Ypyta, solicitó al Juzgado en lo Civil y Comercial de Asunción, a cargo del juez Édgar Rivas Laguardia, en el marco del juicio caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, que libre los oficios correspondientes al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a los efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicada en el departamento de Amambay.
El pedido obedece a que el pasado 19 de febrero se ordenó realizar dicha constitución; sin embargo, hasta la fecha, el cuestionado juez de primera instancia, Édgar Rivas —de dudosa actuación en el presente juicio—, no ha librado los oficios pertinentes para ejecutar la diligencia en la propiedad en litigio.
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Asimismo, la representante legal de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que proceda a constituirse en los bienes raíces individualizados precedentemente, en conjunto con el Juez de Paz del Distrito de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para tomar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis u otros medios documentales pertinentes para describir el estado de los bienes y de las personas halladas en ellos, labrando acta detallada de lo actuado para elevar el informe escrito al Juzgado.
El escrito subraya que la intervención del síndico es sumamente importante, considerando que la situación de los inmuebles se dio en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al Juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.
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Paraguay y Argentina fortalecen herramientas jurídicas para agilizar procesos
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, realizó en la fecha una visita oficial a la República Argentina, en cuyo marco suscribió con su homólogo argentino, el ministro Pablo Quirno, dos instrumentos internacionales destinados a fortalecer la cooperación jurídica y judicial bilateral.
Los acuerdos buscan otorgar mayor previsibilidad y eficacia a los procedimientos que requieren la actuación coordinada de las autoridades de ambos países, en atención a la movilidad de personas, las relaciones económicas y comerciales y la dinámica propia de una frontera de intensa interacción.
Durante el acto de suscripción, el canciller Rubén Ramírez Lezcano destacó que estos instrumentos reflejan “el compromiso firme entre la República del Paraguay y la República Argentina para profundizar nuestra alianza estratégica, mediante herramientas jurídicas eficientes y de gran impacto”.
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Asimismo, señaló que la seguridad jurídica constituye un componente clave para la previsibilidad y la confianza entre los Estados, así como para el desarrollo económico, el fomento de las inversiones, la eficiencia en la administración de justicia y el bienestar de los ciudadanos.
En ese sentido, el ministro subrayó que la intensidad de los vínculos entre ambos países, la movilidad transfronteriza de personas y bienes y el flujo permanente de capitales hacen necesario contar con un marco jurídico que otorgue certezas normativas y permita respuestas eficaces, acompañadas de una cooperación jurídica internacional eficiente.
El primero de los instrumentos suscritos es el “Tratado de Asistencia Jurídica Internacional sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias”, que establece mecanismos para facilitar el reconocimiento y la ejecución, en uno de los dos países, de decisiones judiciales dictadas en el otro, conforme a las condiciones previstas en el acuerdo.
La implementación de este marco permitirá brindar mayor seguridad a las personas y actores económicos que mantienen vínculos jurídicos en ambos países, contribuyendo a una cooperación judicial más ágil y previsible.
Protección Infantil
Asimismo, fue suscrito el “Tratado de Cooperación Jurídica Internacional en materia de Restitución Internacional de Niños y Retornos Seguros”, orientado a fortalecer la coordinación entre las autoridades paraguayas y argentinas que involucren a niños, niñas y adolescentes de ambos países.
El instrumento establece mecanismos de cooperación destinados a facilitar una respuesta oportuna y coordinada, con las debidas garantías y atendiendo al interés superior del niño.
La suscripción de ambos instrumentos representa un nuevo paso en el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Paraguay y Argentina y reafirma la voluntad de ambos países de continuar desarrollando herramientas jurídicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de sus ciudadanos.
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LN PM: edición del 31 de agosto
Tribunal inició el juicio de Prieto y sancionó a un abogado por chicanear
El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, declaró abierto este lunes el juicio oral y público en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por el caso conocido como “Tía Chela”.
En la apertura de la audiencia se presentaron incidentes con uno de los abogados defensores, en este caso el abogado Martín Prieto, defensor del acusado Julián Benítez Gamarra, quien solicitó la suspensión de esta audiencia, argumentando que supuestamente no tuvo acceso a la investigación, para tener tiempo para ejercer la defensa. El tribunal rechazó el pedido y convocó a una sanción disciplinaria al citado representante legal.
Nueva Alianza 57 asesta golpe de más USD 100 millones al narcotráfico
Las intervenciones realizadas en los departamentos de Canindeyú y Caaguazú en el marco de la operación Nueva Alianza 57 permitieron desmantelar 44 campamentos y anular más de 671 toneladas de marihuana, con un perjuicio estimado de USD 100.687.500 para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó este lunes que la operación finalizó después de 12 días de incursiones en zonas boscosas de ambos departamentos. En las intervenciones fueron eliminadas 222 hectáreas de cultivos de marihuana, con un potencial estimado de 666.000 kilogramos de la droga, además de 5.250 kilogramos de marihuana ya lista, totalizando 671.250 kilogramos anulados.
Nuevos ataques en Oriente Medio disparan precios del petróleo
Los precios del petróleo se dispararon el lunes tras un nuevo recrudecimiento de la guerra entre Irán y Estados Unidos, mientras las bolsas asiáticas cayeron ante la apuesta de los inversores por una subida de los tipos de interés estadounidenses. Tras una tendencia a la baja durante la mayor parte de la semana pasada, los precios del petróleo se dispararon de nuevo el lunes, después de que Washington anunció que atacó lanzacohetes iraníes en una pequeña isla en el estrecho de Ormuz, su primera ofensiva contra Teherán en un mes.
Irán respondió golpeando objetivos militares estadounidenses en Jordania. El intercambio se produjo poco después de que la guerra cumpliera seis meses, y en un momento en que las hostilidades se habían ido reduciendo. El barril de crudo Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subió 2,6 % a 90,39 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, también aumentó 2,3 % a 85,33 dólares.
Experto resalta una “visión integrada” del Gobierno en la planificación energética
“El gobierno tiene la idea de fortalecer institucionalmente al sector eléctrico, hay una preocupación que se manifiesta en reuniones constantes”, resaltó el experto en energía, Victorio Oxilia, sobre la decisión del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, de impulsar la planificación energética integral del Paraguay.
“Básicamente, en menos de un mes tuvimos tres reuniones con altas autoridades para debatir sobre temas energético y eléctrico en particular. Se habla sobre una planificación energética con una visión integrada, es decir, no solo el sector eléctrico, sino que se incorpora al análisis de planificación al sector hidrocarburo, biomasa, la radiación solar, haciendo entonces la integración de diferentes recursos apuntando a un desarrollo energético”, indicó este lunes en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Allanamiento en PJC: incautaron gran cantidad de armas y droga
Agentes de la Senad de la oficina regional de Pedro Juan Caballero allanaron este domingo una vivienda, donde incautaron 30 fusiles calibre 7,62 y droga, que estaban a punto de ser enviados a Brasil para abastecer a un grupo criminal, según los investigadores. Durante la intervención, fueron detenidos dos hermanos.
El fiscal Antidrogas Celso Morales brindó detalles sobre el procedimiento y confirmó la importancia del hallazgo del arsenal de armas durante el allanamiento realizado en el barrio Virgen de Caacupé de la ciudad fronteriza.
Oficializan renuncia masiva de médicos especialistas y subespecialistas
Cerca de 200 médicos oficializaron sus renuncias, este lunes, ante el Ministerio de Salud tras la falta de diálogo con el Gobierno. Son especialistas de distintas áreas del ámbito pediátrico (terapeutas, cardiólogos, endocrinólogos) y de diversos hospitales a nivel nacional.
Entre los renunciantes, un 86 % corresponde al plantel de especialistas del Hospital Acosta Ñu, donde son 40 terapistas y 21 anestesiólogos. Se suman los cuatro únicos cirujanos de ortopedia y traumatología infantil del Hospital de Trauma además de 20 neurocirujanos del mismo centro asistencial, más anestesiólogos y terapistas del Hospital Nacional de Itauguá.
Vicepresidente desmiente publicación de Abc y pide mayor rigurosidad
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, respondió a la publicación realizada por el medio Abc Color sobre el supuesto vínculo con un médico que se encuentra en la lista de funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá, pero cumple funciones en la vicepresidencia. El medio de comunicación aludió que se trataría del médico de cabera del segundo del Ejecutivo.
Esta publicación, que incluyó la tapa del periódico, fue desmentida por el vicepresidente, quien también instó a una mayor rigurosidad con este tipo de publicaciones. Lamentó que sea blanco de constantes informaciones que lo involucran de manera tergiversada.
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Ypytá: JEM está habilitado a investigar de oficio al juez Édgar Rivas por mal desempeño
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya está habilitado para iniciar de oficio una investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, en el que firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.
El pasado 21 de agosto de 2026 se cumplió el plazo legal. Ahora, los integrantes del órgano juzgador tienen las facultades para estudiar el caso y enjuiciar al cuestionado juez Rivas Laguardia por su dudosa actuación en el mencionado expediente judicial. De acuerdo con los datos recabados, existirían irregularidades suficientes para avanzar con el enjuiciamiento.
Los miembros del JEM —Alicia Pucheta, Enrique Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón, Mario Varela, Alejandro Aguilera y Diego Candia— son quienes deberán votar para iniciar el proceso y, si correspondiera, solicitar la suspensión del magistrado.
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Semanas atrás, el Jurado decidió tomar conocimiento de la causa ante una serie de publicaciones periodísticas del diario La Nación, que se hizo eco de las presuntas y arbitrarias irregularidades cometidas por el juez Rivas.
Las irregularidades
En su momento, la abogada Patricia Rebollo, representante legal de Ypyta, señaló su sorpresa ante la actuación del juez Rivas respecto a la firma del título de propiedad perteneciente a la firma, el cual fue transferido a otra persona. Según explicó, el magistrado no intimó a la empresa ni al síndico de quiebras para realizar dicho acto, lo cual calificó como totalmente ilegal e irregular.
Rebollo señaló: “El hecho de que el juez no haya intimado a la firma Ypyta para poder firmar la transferencia del inmueble en litigio podría causar lesiones a los derechos procesales y a la propiedad que posee la empresa que represento”. Asimismo, fue tajante al aclarar que “todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio civil deben ser comunicadas a la firma Ypyta, porque la misma fue rehabilitada legalmente”.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.