La acusación del Ministerio Público refiere que Cucho Cabaña se desempeñaba como el supuesto líder y principal financista de la organización criminal.

La Cámara de Ape­lación, integrada por los magistrados Arnaldo Fleitas, Camilo Torres y José Waldir Ser­vín, ratificó de manera unánime que Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y los demás implicados en el caso Berilo deberán enfren­tar un juicio oral y público. Con esta resolución, el Tri­bunal de Alzada confirmó la determinación previa adoptada por el juez penal de Garantías, Miguel Pala­cios.

Tras esta confirmación, el siguiente paso procesal con­sistirá en el sorteo corres­pondiente para designar a los jueces que integrarán el Tribunal de Sentencia, quie­nes tendrán la responsabili­dad de juzgar a los acusados. La causa judicial, enmar­cada en el conocido opera­tivo Berilo, investiga una compleja estructura crimi­nal presuntamente dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.

Según las pesquisas de la Fis­calía, esta red civil y comer­cial operaba transportando cargamentos de estupefa­cientes procedentes de Boli­via, cruzando el territorio paraguayo, para finalmente introducirlos en el mercado de Brasil.

La acusación del Ministerio Público refiere que Cucho Cabaña se desempeñaba como el supuesto líder y prin­cipal financista de la organi­zación criminal.

Por su parte, varios de sus familiares directos y un entorno de colaboradores cercanos cumplían roles específicos y tareas logísti­cas diferenciadas dentro del esquema. En lo que respecta al exdiputado Ulises Quin­tana, también procesado en la causa, la Fiscalía le atribuye haber realizado supuestas gestiones de influencia

para facilitar las operaciones de la banda, así como inter­venciones directas paralograr la liberación de personas vin­culadas al grupo y de sumas de dinero incautadas.

Al analizar los recursos presentados por las defen­sas técnicas, la Cámara de Apelación sostuvo firme­mente que la resolución que elevó la causa a juicio oral no presenta vicios de nulidad ni errores en la aplicación de la ley. Al verificar que el proceso se ajustó estricta­mente a las normas vigentes, los camaristas rechazaron las apelaciones y ratificaron la validez de la remisión del expediente a la etapa de juz­gamiento público.

La Cámara de Apelación, integrada por los magistrados Arnaldo Fleitas, Camilo Torres y José Waldir Servín, ratificó de manera unánime que Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y los demás implicados en el caso Berilo deberán enfrentar un juicio oral y público. Con esta resolución, el tribunal de alzada confirmó la determinación previa adoptada por el juez penal de Garantías, Miguel Palacios.

Tras esta confirmación, el siguiente paso procesal consistirá en el sorteo correspondiente para designar a los jueces que integrarán el Tribunal de Sentencia, quienes tendrán la responsabilidad de juzgar a los acusados. La causa judicial, enmarcada en el conocido “Operativo Berilo”, investiga una compleja estructura criminal presuntamente dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.

Según las pesquisas de la Fiscalía, esta red civil y comercial operaba transportando cargamentos de estupefacientes procedentes de Bolivia, cruzando el territorio paraguayo, para finalmente introducirlos en el mercado de Brasil.

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La acusación del Ministerio Público refiere que “Cucho” Cabaña se desempeñaba como el supuesto líder y principal financista de la organización criminal. Por su parte, varios de sus familiares directos y un entorno de colaboradores cercanos cumplían roles específicos y tareas logísticas diferenciadas dentro del esquema.

En lo que respecta al exdiputado Ulises Quintana, también procesado en la causa, la Fiscalía le atribuye haber realizado supuestas gestiones de influencia para facilitar las operaciones de la banda, así como intervenciones directas para lograr la liberación de personas vinculadas al grupo y de sumas de dinero incautadas.

Al analizar los recursos presentados por las defensas técnicas, la Cámara de Apelación sostuvo firmemente que la resolución que elevó la causa a juicio oral no presenta vicios de nulidad ni errores en la aplicación de la ley. Al verificar que el proceso se ajustó estrictamente a las normas vigentes, los camaristas rechazaron las apelaciones y ratificaron la validez de la remisión del expediente a la etapa de juzgamiento público.

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El hijo del depuesto mandatario Nicolás Maduro afirmó el martes que las fotografías que circularon el fin de semana de su padre fueron tomadas por personal de la prisión en Estados Unidos y enviadas luego por correo a la familia. La autenticidad de las dos imágenes de Maduro suscitó dudas. En las fotos aparece vestido con un chándal gris mostrando una clara pérdida de peso tras su captura en enero por fuerzas estadounidenses.

Las fotografías fueron compartidas el domingo en las redes sociales del depuesto mandatario, dos días después del anuncio de un histórico acuerdo energético que le otorga a Estados Unidos el manejo de la quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela. “Esa foto fue tomada el día 25 de junio, un día después del doble terremoto” que han dejado 6.500 fallecidos, dijo Nicolás Maduro Guerra en un video publicado en X. La fecha coincide con la del registro de la cámara.

“Él (Maduro) nos cuenta que eran a eso de las 6 de la tarde, llegó la persona que tomó fotos y él estaba frente al televisor, estaba muy conmocionado, estaba muy afligido”, narró. Según Maduro Guerra, su padre, recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn acusado de narcotráfico, “no tenía el ánimo de tomarse la foto”, pero “la persona que tomó la foto insistió” y le dijo que luego podía enviarla.

“Efectivamente la foto se la dan impresa, las dos fotos se la dan impresas, y él las envió por correo postal el 13 de julio y nos llegó a una dirección en los Estados Unidos el día martes 25 de agosto”, aclaró.

Maduro Guerra dijo que luego le “enviaron una foto de la foto” y el viernes su padre le dictó un mensaje desde la cárcel que publicó luego junto a las fotografías.

“Nosotros seguimos aquí trabajando en el nombre de Dios sacando el país adelante y luchando por la liberación pronto de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores”, afirmó Maduro Guerra.

En prisión Maduro no tiene acceso a periódicos ni a internet, pero está autorizado a hablar por teléfono con su familia y sus abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes, con un máximo de 15 minutos por llamada.

Fuente: AFP.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ratificó la condena de 28 años de cárcel para Óscar Ariel Caballero Sahlmann, condenado por la muerte del exfiscal y exviceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, ocurrido en noviembre del 2023 en San Lorenzo, departamento Central. Caballero fue sentenciado en abril del 2025 por homicidio doloso y hurto especialmente grave.

Con el voto en mayoría de los ministros Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, la máxima instancia judicial no admitió el recurso de casación planteado por la defensa del condenado. Ambos altos magistrados señalaron que el escrito carece de fundamentación suficiente que habilite a la Sala Penal para estudiar la procedencia del recurso interpuesto.

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Asimismo, señalan que “los impugnantes se limitan a formular afirmaciones de carácter genérico, sin individualizar cuáles son las pruebas que, a su criterio, fueron omitidas o incorrectamente apreciadas por el Tribunal, ni explicar de qué manera la supuesta errónea valoración probatoria habría incidido en el sentido del fallo. En consecuencia, la crítica recursiva carece del desarrollo argumentativo mínimo necesario para demostrar la existencia del vicio denunciado”, indica la resolución judicial de la Corte.

El tribunal de sentencia integrado por Gloria Garay, Leticia Frachi y Ana Carolina Silveira, condenó a 28 años de cárcel a Óscar Ariel Caballero Sahlmann luego de ser encontrado culpable por el homicidio del exfiscal Javier Ibarra. La determinación se dio a conocer luego del juicio oral y público. El fiscal del caso fue Julio Ortiz, quien pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el grave hecho registrado donde resulto víctima fatal el exrepresentante del Ministerio Público.

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