El Juzgado de Paz de la ciudad de Pirayú, Circunscripción Judicial de Paraguarí, a cargo de la jueza Mélida Sofía Galeano Ruiz Díaz, marcó un hito institucional con la emisión de su primera resolución firmada digitalmente, consolidando así un avance significativo en el proceso de modernización del sistema de Justicia.
La implementación de esta herramienta tecnológica también abarcó los Juzgados de Paz de las ciudades de Acahay y Escobar y estuvo a cargo del equipo de la Sección Informática de Paraguarí, en el marco del plan de transformación digital impulsado por la Corte Suprema de Justicia.
La incorporación de la firma digital fortalece la eficiencia, la transparencia y la celeridad en la tramitación de los procesos judiciales, además de contribuir a la reducción del uso de papel y optimizar la gestión administrativa. Esta innovación permite agilizar procedimientos y garantizar mayor seguridad jurídica en las actuaciones.
Con este avance, el Juzgado de Paz de Pirayú se suma al proceso de modernización institucional promovido por el Poder Judicial, cumpliendo el compromiso de brindar un servicio de justicia más accesible, ágil y acorde a las necesidades de la ciudadanía.
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Tras mortal ataque en Canindeyú, Diputados pide radiografía de la infraestructura policial
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución por el que solicita a la Comandancia de la Policía Nacional un informe detallado sobre el estado edilicio de todas las sedes policiales del país.
La iniciativa surge a raíz del trágico ataque al Puesto Policial N.º 4 de la colonia Naranjito, en el departamento de Canindeyú, que, según el diputado colorado Hugo Meza, dejó en evidencia la extrema precariedad de la infraestructura de seguridad.
El pedido establece un plazo constitucional de 15 días para detallar la cantidad exacta de comisarías, subcomisarías y puestos que continúan siendo de madera o que a pesar de estar construidos con material cocido (ladrillo), requieren una urgente reparación estructural.
El proyecto legislativo obtuvo el acompañamiento de la mayoría del plenario de la Cámara Baja, al momento que fue presentado como conmoción, en el espacio de tratamientos sobre tablas, de la sesión extraordinaria llevada a cabo el martes último.
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El diputado Meza explicó que es indiscutible la gravedad del violento asalto perpetrado por un grupo de aproximadamente 30 personas armadas y vestidas con prendas camufladas contra el referido puesto policial de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. El trágico suceso dejó como saldo tres fallecidos, vehículos quemados y la destrucción total de la sede policial.
Al respecto, sostuvo que este hecho volvió a desnudar las precarias condiciones en las que operan los agentes de seguridad, ya que se constató que la base incinerada era una estructura antigua de madera, incapaz de ofrecer las garantías mínimas de protección. Agregó que esta lamentable situación se extiende a numerosas dependencias construidas con material cocido (ladrillo) que se encuentran en total deterioro.
La resolución aprobada consta de puntos específicos que la Comandancia deberá responder. Pide censar comisarías, subcomisarías o puestos policiales construidos con madera en el territorio nacional, especificando la cantidad exacta y su distribución por municipio, distrito y departamento.
Además, solicita remitir el listado pormenorizado de los locales hechos de ladrillo que presentan muy malas condiciones edilicias y demandan mantenimiento urgente, detallando ubicación exacta.
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Allanan Junta Municipal de Ypané tras nuevo juramento anulado por el TSJE
Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.
El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.
Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.
Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.
Ediles colorados coaccionados
Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.
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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.
“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.
Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.
“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.
De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.
Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.
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Juzgado de Paz de Luque es el primero en tener el Expediente Judicial Electrónico
El Juzgado de Paz de Luque se convirtió en el primero del departamento Central en implementar el Expediente Judicial Electrónico, en el marco del proceso de transformación digital impulsado por la Corte Suprema de Justicia para agilizar la tramitación de las causas y fortalecer la transparencia del servicio judicial.
El acto fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera; y el ministro Eugenio Jiménez Rolón, superintendentes de la Circunscripción Judicial de Central.
Con esta implementación, el Juzgado de Paz de Luque inicia la gestión electrónica de sus actuaciones en un despacho que actualmente administra alrededor de 12.400 expedientes activos, uno de los mayores volúmenes de causas del país, con una importante carga de procesos relacionados con violencia doméstica.
Como parte de la puesta en funcionamiento del sistema, la jueza de Paz de Luque, Karin Leite Zaracho, realizó la firma digital de dos expedientes, oficializando el inicio de las actuaciones electrónicas. Asimismo, informó que continúa el proceso de vinculación de profesionales abogados y usuarios para la utilización de la plataforma.
Durante el acto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia señaló que esta implementación responde a una política institucional sostenida de modernización del servicio judicial. “Es la prueba más eficiente de que queremos que los procesos judiciales sean tramitados de manera transparente y facilitar el trabajo de los abogados, para que puedan litigar desde cualquier parte del mundo, cualquier día y a cualquier hora”, enfatizó. Asimismo, reafirmó la continuidad del proceso de digitalización.
Asimismo, el ministro Eugenio Jiménez Rolón expresó que la incorporación del Expediente Judicial Electrónico constituye “un paso trascendente para responder a las necesidades de todos, fundamentalmente del destinatario final de nuestros esfuerzos: la ciudadanía”.
Seguidamente, la presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central, doctora María Teresa González de Daniel, reiteró que el Juzgado de Paz de Luque es el primero del departamento en incorporar esta herramienta y recordó que se trata del despacho con el mayor ingreso de causas del país, especialmente en materia de violencia doméstica.
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Senado excluye de la lista de postulantes para contralor a exjuez destituido
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores notificó este miércoles al abogado Edgar Hernán Sosa que su postulación para el cargo de contralor general de la República quedó fuera del proceso de selección, tras el análisis de admisibilidad administrativa de los antecedentes.
De acuerdo con la nota suscrita por el presidente de la comisión, senador Javier Zacarías Irún, la decisión se fundamenta en que el postulante se encuentra comprendido dentro de los impedimentos previstos en el artículo 5° de la Ley N° 276/94, Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República.
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El equipo técnico de la comisión asesora encargada de la evaluación de los documentos presentados por los postulantes halló impedimentos legales en sus antecedentes, por lo que presentó el informe a los miembros legisladores de esta comisión y la resolución fue emitida con la firma del titular de la mesa asesora.
La circunstancia que hoy le deja fuera de carrera a este profesional del derecho tendría que ver con un antecedente sobre una remoción dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), conforme a la Sentencia Definitiva Nº 04/14 del JEM, del 8 de abril de 2014, que dispuso su remoción como juez interino del Juzgado Penal de Sentencia Nº 6 de Ciudad del Este.
Sosa, abogado de Ciudad del Este con cerca de tres décadas de ejercicio profesional, se postulaba para integrar la nómina de aspirantes al cargo de contralor general y la resolución de la Comisión determina que su postulación no continuará en el proceso de selección.
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