La agente fiscal Vivian Andrea Coronel imputó a una docente de 43 años de edad por la presunta violación del deber de cuidado o educación. Según la investigación, la imputada habría ignorado los protocolos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) destinados a prevenir el acoso escolar y la violencia psicológica durante el año 2023, lo que derivó en que el alumno se quitara la vida en 2024 tras un deterioro progresivo de su salud mental.
De acuerdo con las pesquisas, la docente, en su carácter de asesora de curso, tuvo conocimiento directo de las situaciones de acoso sufridas por el menor en un establecimiento educativo de Presidente Franco. En aquel entonces, la víctima tenía 12 años y la educadora habría omitido activar los procesos de detección y comunicación de violencia. Como consecuencia de esta falta de intervención oportuna, el menor experimentó un declive psíquico que culminó en su fallecimiento el 3 de julio de 2024.
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El requerimiento fiscal sostiene que la conducta omisiva constituye una violación grave de su responsabilidad como garante de la integridad del alumno, ya que debía brindar apoyo educativo personalizado ante los procesos sociales de sus estudiantes. Entre los elementos de sospecha figuran actas de entrevistas, informes del centro educativo y una autopsia psicológica que vincula el acoso con el riesgo de suicidio.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión, tales como la fijación de domicilio, comparecencia periódica ante el juzgado y la prohibición de salida del país, además de la restricción de acercarse a los familiares de la víctima. Se ha establecido un plazo de cuatro meses para presentar el requerimiento conclusivo.
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Denuncian intento de desalojo a docente jubilada de 76 años por un error catastral en San Pedro
Este viernes, una docente jubilada de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú denunció que enfrenta una demanda por un error catastral que atribuyó su terreno a otra persona y esta busca apropiarse de ella. Junto a su abogada, denuncia mala fe y pide justicia para conservar su casa.
Según la abogada Elva Yegros, representante legal de la mujer, su clienta Amelia Blanco de Yegros enfrenta una demanda judicial que busca despojarla del terreno y la vivienda donde ha residido de forma pacífica, pública e ininterrumpida por más de 29 años. La disputa se originó tras detectarse un aparente error material en el Servicio Nacional de Catastro.
“En el 2009 ella compró por resolución municipal este terreno y cuando ella decide titular su terreno va a la escribanía y ahí se entera que hubo un error, su terreno estaba inscripto a nombre de su vecina. El escribano le dijo que no se preocupe, que es fácil de enmendar, que suele pasar eso”, expresó Yegros, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Los antecedentes indican que el inmueble perteneció históricamente a la familia de Amelia, siendo inicialmente ocupado por una tía suya. En el año 2009, la municipalidad regularizó la situación expidiendo una resolución oficial de venta a favor de la docente.
Cómo ocurrió el error
Tras el error que ocurrió al titular el terreno, la señora Amelia tuvo que recurrir junto a la mujer en cuyo nombre se inscribió la propiedad. En un principio llegaron a buenos términos y pensaron que todo iba trascurrir como pensaron, pero grande fue la sorpresa cuando la mujer decidió tomar procesión de la vivienda.
“Ella se acercó a la señora Maura Andresa Valiente, le comenta del error, que habló con el escribano, que es fácil de enmendar. La señora en ese momento dijo que iba a hablar con sus abogados y que le iba a avisar en unos días, pero grande y desagradable fue la sorpresa que se llevó Amelia, porque ahí se entera y le llega la notificación de la demanda”, expresó la abogada.
Aclaró que creen que el error fue en registro de Catastro y que el número de la cuenta catastral del inmueble donde vive la docente se transcribió en el documento de la demandante. Todo se ocurrió porque las viviendas de ambas mujeres en su momento habrían pertenecido a la misma persona.
Mala fe
“Esta mujer con toda la mala fe del mundo junto a sus abogados está queriendo adueñarse de un inmueble que nunca compró, que ni siquiera fue inquilina en su momento, ni siquiera jamás pisó. Ahora se está queriendo aprovechar de ese error para despojarle a la señora Amelia de su casa”, manifestó Yegros.
Afirmó que ya realizaron los procedimiento correspondientes, pero que desean realizar la denuncia pública para que la docente pueda recuperar su propiedad. La comunidad y los familiares exigen que las autoridades judiciales y el Servicio Nacional de Catastro actúen para subsanar el error registral y devuelvan la propiedad a su legitima dueña.
“No pedimos nada fuera del lugar, no pedimos nada extraordinario, solo que la señora y la Justicia haga lo suyo que le devuelvan la tranquilidad a mi cliente. Soñamos con que antes de que ella muera vea la Justicia. Esperamos, queremos que la Justicia actúe”, puntualizó.
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Bello dispone colaboración con la Fiscalía en intervención de la Dirección de Vialidad
El intendente de Asunción, Luis Bello, informó que el Ministerio Público se constituyó en la Dirección de Vialidad del municipio asunceno, tras haber dispuesto su intervención, el pasado 16 de julio. En prosecución de esta investigación, el jefe comunal comunicó al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, en una nota remitida el 27 de julio acerca de las denuncias sobre el presunto desvío de recursos públicos en dicha dependencia.
“Puse a disposición toda la colaboración de la Municipalidad para contribuir al esclarecimiento de los hechos e informé sobre la designación de un equipo de auditores para acompañar los procesos administrativos”, indicó Bello en una publicación en redes sociales. “Valoramos el trabajo del Ministerio Público y reafirmamos nuestra plena apertura y colaboración con la investigación. No vamos a tolerar ninguna irregularidad. Los responsables deberán responder ante la ley”.
En la nota remitida a Rolón, el intendente de Asunción adjunta la Resolución de Intendencia n.° 929/2026 I., de fecha 16 de julio de 2026, que determina la Intervención de la Dirección de Vialidad, como medida de carácter temporal y excepcional destinada al esclarecimiento de los hechos denunciados, la verificación del correcto funcionamiento de dicha dependencia, la preservación de la legalidad de la actuación administrativa y del patrimonio municipal, identificar las eventuales deficiencias administrativas, y, de corresponder, la remisión de los antecedentes a las instancias competentes.
El documento informa que fueron designados funcionarios de la Dirección de Contraloría Interna para acompañar el proceso de Intervención, brindando el apoyo técnico necesario para el adecuado desarrollo de las tareas de verificación, análisis y evaluación que comprende dicha medida administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero de la citada resolución, una vez concluidas las actuaciones de la Intervención y emitido el informe final pormenorizado, el mismo será remitido a la Fiscalía General del Estado, acompañado de los antecedentes, documentos e informes que lo sustenten, para los fines que estime pertinentes.
“Esta Intendencia Municipal expresa su plena disposición de coadyuvar con las diligencias investigativas que eventualmente impulse el Ministerio Público, poniendo a disposición toda la información, documentación y antecedentes que fueren requeridos y prestando la colaboración que resulte necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales”, reitera la nota de Bello.
“La presente comunicación tiene por finalidad propiciar una actuación institucional coordinada y oportuna que contribuya al debido esclarecimiento de los hechos y, en su caso, a la determinación de las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieren derivarse de los hechos investigados, en el ámbito de competencia de las autoridades correspondientes”, finaliza la solicitud dirigida a la Fiscalía.
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Faltas en deber del cuidado en abuelos crecieron 25 % en los últimos tres años
Por el Día de los Abuelos, el Ministerio Público informó que en los últimos tres años se reportó un aumento significativo de causas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos. El grupo etario de 80 a 89 años figura entre las víctimas más frecuentes dentro del registro. La fecha del 26 de julio celebra a San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús.
Según el análisis realizado por la Dirección de Planificación entre 2023 y 2025, las causas pasaron de 620 a 775, lo que indica un incremento del 25 %. Apuntan a que la mayoría de las víctimas son personas adultas mayores o personas con discapacidad y que el 96 % de los hechos ocurrió dentro de su propia vivienda.
“En el 83 % de los casos, los presuntos responsables fueron hijos de la persona afectada. El grupo etario de 80 a 89 años registró el incremento proporcional más importante dentro del total de víctimas. En 2023 representaba el 9 %, en 2025 alcanzó el 33 %”, aclara el informe.
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En el año 2025, el 82 % de las víctimas correspondió a personas adultas mayores, el 9 % a adultos mayores con discapacidad y otro 9 % a personas con discapacidad. Dejando en evidencia los casos afecta a personas que, por su edad o condición de discapacidad, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
“En 2025, el 55 % de las víctimas fueron de sexo masculino y el 45 % femenino, una tendencia que también se observó en 2023, cuando los hombres representaban el 59 % de los casos registrados. En el 94 % de las causas se identificaron el incumplimiento de necesidades básicas de alimentación, atención médica, higiene o protección”, puntualiza.
El 50 % de los casos fue reportado en Asunción y Alto Paraná. El 85 % de las denuncias fue presentado por familiares cercanos y responden a una mayor conciencia ciudadana para denunciar estos hechos.
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Tres procesados en causa penal de Prieto admiten los hechos y se solicitó salida alternativa
El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento para tres integrantes del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto. Con estas salidas procesales se desmitifica la persecución judicial o política alegada por el exjefe comunal de CDE.
Los procesados reconocieron los hechos atribuidos y brindaron una colaboración efectiva con la investigación fiscal, circunstancia que fue valorada positivamente por la Fiscalía al requerir la aplicación de esta salida procesal alternativa. La solicitud se enmarca en la causa abierta por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Prieto.
Con este requerimiento, suman cuatro los integrantes del Consejo Local de Salud que accedieron o fueron propuestos para salidas alternativas al proceso tras colaborar con el Ministerio Público. Anteriormente, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, ya había sido beneficiado con una medida similar.
El pedido del Ministerio Público comprende a Hugo Benítez Vázquez, entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud; Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, quien se desempeñaba como secretaria; y Karen Elizabeth González Vergara, miembro suplente de la comisión directiva del mismo organismo.
De acuerdo con la investigación fiscal, el perjuicio patrimonial asciende a G. 757.166.276, monto que corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M. Los trabajos fueron realizados en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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