La agente fiscal Vivian Andrea Coronel imputó a una docente de 43 años de edad por la presunta violación del deber de cuidado o educación. Según la investigación, la imputada habría ignorado los protocolos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) destinados a prevenir el acoso escolar y la violencia psicológica durante el año 2023, lo que derivó en que el alumno se quitara la vida en 2024 tras un deterioro progresivo de su salud mental.

De acuerdo con las pesquisas, la docente, en su carácter de asesora de curso, tuvo conocimiento directo de las situaciones de acoso sufridas por el menor en un establecimiento educativo de Presidente Franco. En aquel entonces, la víctima tenía 12 años y la educadora habría omitido activar los procesos de detección y comunicación de violencia. Como consecuencia de esta falta de intervención oportuna, el menor experimentó un declive psíquico que culminó en su fallecimiento el 3 de julio de 2024.

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El requerimiento fiscal sostiene que la conducta omisiva constituye una violación grave de su responsabilidad como garante de la integridad del alumno, ya que debía brindar apoyo educativo personalizado ante los procesos sociales de sus estudiantes. Entre los elementos de sospecha figuran actas de entrevistas, informes del centro educativo y una autopsia psicológica que vincula el acoso con el riesgo de suicidio.

Finalmente, el Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión, tales como la fijación de domicilio, comparecencia periódica ante el juzgado y la prohibición de salida del país, además de la restricción de acercarse a los familiares de la víctima. Se ha establecido un plazo de cuatro meses para presentar el requerimiento conclusivo.

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