Luego de una reunión llevada a cabo este martes, los gremios del sector judicial decidieron realizar un paro simbólico este miércoles a las 10:00 frente al Palacio de Justicia de Asunción. El objetivo es solicitar la suspensión del inminente estudio del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal.
La medida también será replicada en distintas circunscripciones del interior del país, según indicaron los representantes sindicales. Asimismo, advirtieron que, en caso de no suspenderse la sesión de la Cámara de Diputados prevista para el jueves, los funcionarios y servidores del sistema de Justicia se trasladarán hasta el Congreso para dialogar con los parlamentarios y solicitar formalmente la postergación del tratamiento del proyecto.
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Días atrás, el camarista del fuero laboral, Jorge Barboza, indicó que con la posible sanción del proyecto presentado por el Ejecutivo, la situación de los magistrados empeorará e, incluso, muchos podrían renunciar a sus cargos.
Sostuvo que la “sangría” en el ámbito judicial aumentará considerablemente; explicó que existen actualmente 200 magistrados con resolución firmada por la Dirección de Jubilaciones y estiman que aproximadamente otros 200 se jubilarían de forma anticipada ante la sanción de la ley.
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Ejecutivo reglamenta aporte jubilatorio para contratados que cotizarán a la Caja Fiscal
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N.° 5929/2026, mediante el cual se reglamenta el régimen de seguridad social para los empleados públicos contratados de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).
La normativa dispone la incorporación obligatoria de estos trabajadores al Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en cumplimiento de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil.
La medida será efectiva a partir del segundo semestre del presente ejercicio fiscal. Como paso previo, los empleados contratados deberán gestionar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la baja o suspensión de su registro en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través del Sistema Marangatu, ya que dejarán de facturar como prestadores de servicios para pasar a ser cotizantes directos de la Caja Fiscal.
Implementación progresiva y antigüedad
Si bien los contratados dependientes del Poder Ejecutivo inician sus aportes este año, el decreto establece un cronograma para el resto de los Organismos y Entidades del Estado. Estos se incorporarán de manera gradual, teniendo como plazo máximo el 1 de enero de 2028.
Un punto clave de la reglamentación, basada en el artículo 84 de la Ley N.° 7445/2025, es la preservación de la antigüedad. En caso de que un empleado contratado pase a ser funcionario permanente mediante concurso o asuma un cargo electivo, seguirá aportando de forma ininterrumpida, y su antigüedad se computará desde el primer aporte realizado bajo la figura de empleado público.
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Retenciones y excepciones
Los OEE serán los encargados de efectuar las retenciones correspondientes sobre las remuneraciones imponibles. Para viabilizar la liquidación, cada contrato registrado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) deberá incluir obligatoriamente el código de cotizante.
Quedan exceptuados de esta medida, los contratados por productos específicos; las consultorías; y los servicios profesionales independientes que no impliquen una relación de dependencia con el Estado. Estas categorías continuarán rigiéndose por las disposiciones tributarias y administrativas actuales.
Ajustes administrativos
El MEF será la autoridad encargada de reglamentar los procedimientos técnicos y contables. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios en el Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE), para garantizar que la transición operativa y el flujo de los aportes jubilatorios se realicen de manera eficiente y segura.
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Caso Centenario: condenado por abuso sería remitido hoy a Tacumbú, según viceministro
Rodrigo Daniel Renaut (28), condenado a cinco años y medio de prisión por un caso de abuso sexual ocurrido en el año 2012 en el Club Centenario, sería remitido hoy a Tacumbú. “Es una cuestión de tiempo”, manifestó este miércoles Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal, en el programa Arriba Hoy de canal GEN y Radio Universo 970 AM/Nación Media.
Explicó que usualmente no se demora mucho cuando el destino está especificado en la resolución judicial. Por lo tanto, “su remisión es una cuestión de tiempo. Puede ser hoy, perfectamente”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que no hay un plazo establecido para el proceso de remisión a la cárcel desde el Departamento de Judiciales, donde actualmente se encuentra el detenido.
“Ni el Código de Ejecución ni el Código Procesal Penal establecen un plazo para que la parte administrativa firme la resolución y luego la parte policial le traslade al establecimiento”, puntualizó. Depende de varias circunstancias. “Hay casos en que en el listado vienen algunos extranjeros, y se tiene que verificar bien su identidad, o personas con algún tipo de vulnerabilidad”, indicó.
Se hace un análisis en conjunto. “Por ejemplo, se ve si es un adulto mayor cuál sería el establecimiento más apropiado considerando sus características”, refirió. Pero tampoco suele extenderse de manera prolongada el traslado de un condenado a la penitenciaría, apuntó. “No tengo conocimiento de que se haya demorado más de una semana, salvo en época de pandemia por la circunstancia sanitaria”, subrayó.
Luego, explicó el procedimiento que se lleva adelante para que una persona condenada ingrese a la penitenciaría para cumplir su pena privativa de libertad. El Departamento de Judiciales recibe a todas las personas que son privadas de libertad, sea en el marco de una prisión preventiva o porque fueron condenados y sus condenas quedaron firmes y se presentan para la ejecución de su condena.
“El procedimiento ordinario es que Judiciales remite una nota comunicando a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, que a su vez hace el análisis de la información preliminar, porque debe cumplir ciertos requisitos, y luego determina el destino de cada uno, siempre y cuando que la orden judicial no establezca un solo lugar de reclusión”, especificó.
Si es para ejecución de la pena, depende de la resolución judicial. “Si dice Tacumbú, ese es su destino. Ya es cuestión de que pase todo el trámite, se saque la resolución y se remita”, acotó. En ese sentido, señaló que por la cercanía de Judiciales y Tacumbú no requiere mucho tiempo.
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Caso Centenario: condenado por abuso todavía no fue remitido a prisión
El hombre condenado en el caso de abuso en el Club Centenario aún no fue remitido a la cárcel de Tacumbú, pese a que el mismo fue detenido a las 5:00 de la mañana del martes.
El estudiante de 28 años fue condenado a pena privativa de libertad por cinco años y seis meses tras ser hallado culpable en un caso de abuso sexual en el club social.
Rodrigo Daniel Renaut es el único sentenciado por el caso. Permaneció prófugo 14 años hasta ayer en que fue detenido durante un allanamiento de la Policía en San Lorenzo.
La sentencia establece específicamente que el hombre debe guardar reclusión en Tacumbú. Sin embargo, permanece en el Departamento de Judiciales.
“Está todavía en forma provisoria en el Departamento de Judiciales. La razón es que él vino ayer (martes). Hoy estamos solicitando su ingreso a la penitenciaría”, informó esta mañana el comisario Ramón Cañete, jefe del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, en declaraciones al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Sobre la demora de su remisión a Tacumbú, el jefe policial indicó que se debían a motivos administrativos. “Se solicita por escrito al coronel Rubén Peña (director general de Establecimientos Penitenciarios) una resolución de remisión a la penitenciaría designada por el juzgado. Ahora se está llevando la solicitud de ingreso”, expresó.
Pero aclaró que son numerosas las solicitudes de remisión. “Para hoy tengo 42 solicitudes de personas privadas de libertad. Entre esos, figura el muchacho. Y entre esta tarde o mañana de mañana se sabría su destino”, precisó.
Afirmó que el trámite varía mucho de acuerdo a la cantidad de documentaciones. “A veces se da en el día o al día siguiente. En este caso, mañana (jueves) es nuestro último día laboral y dependemos de eso”, apuntó.
Dijo desconocer que haya algún pedido de la defensa para que el detenido vaya a otra penitenciaría. “Esos pedidos no van a venir a nosotros, porque nosotros no manejamos el destino de ellos. Nosotros solo hacemos el acompañamiento de la resolución que viene de parte del coronel Peña y su equipo”, aseguró.
Renault contaba con orden de captura y ahora deberá cumplir su condena en la penitenciaría de Tacumbú. De cuatro sospechosos, solo uno fue sentenciado por el hecho.
Durante un allanamiento en San Lorenzo, agentes del Departamento de Antisecuestro detuvieron al sujeto, quien contaba con orden de captura nacional e internacional por el caso ocurrido en el año 2012.
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Gobierno ve con buenos ojos cambiar el IPC para fijar el salario mínimo
Mañana martes se reunirá el Consejo Consultivo Tripartito (CCT) para analizar propuestas sobre la fijación del salario mínimo. Al respecto, César Segovia, viceministro de Trabajo, dijo que la instancia es más amplia que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) y que hay planteamientos a ser analizados entre las partes. La visión del Gobierno consiste en ir más allá del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El funcionario explicó que el CCT es más amplio que la Conasam, dando cabida a más entes del Estado, sindicatos y gremios empresariales. La instancia consultiva fue creada por decreto en el año 2014, precisó en diálogo con la 780 AM.
Segovia habló sobre las diferentes propuestas acercadas, tanto desde los sindicatos, los empresarios y la visión del propio Gobierno. “Son diferentes propuestas, sobre todo del sector sindical, una de ellas que plantea el reajuste del 20 %, una del 25 %, otra que plantea incorporar en el análisis una nueva canasta de productos, por sobre todo alimenticios, y apartarse un poco del IPC, que es lo que la normativa establece en el artículo 255”, explicó. “El sector empresarial ha manifestado su predisposición a escuchar, pero aparentemente están con la idea de mantener el IPC”, citó por otro lado.
Visión del Gobierno
En cuanto a lo que puede plantear el Gobierno en la fijación del salario mínimo, expresó que el IPC no sería un índice adecuado actualmente. “En el Gobierno estamos con la idea de que el IPC es un buen instrumento a nivel monetario, pero no para poder evaluar adecuadamente la pérdida del poder adquisitivo del trabajador asalariado y, por sobre todo, del salario mínimo, ya que el IPC contiene canasta muy amplia de productos, y muchos de los cuales no consume habitualmente el sector trabajador”, manifestó.
La normativa vigente establece que, a mitad de año, la Conasam debe establecer el reajuste del salario mínimo con base en la variación del IPC (inflación acumulada), fijado por el Banco Central del Paraguay (BCP).