La defensora pública de Capiatá Andrea Elizabeth Castillo Alvarenga obtuvo un amparo favorable para que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) reponga el servicio de energía eléctrica en una humilde vivienda. En el hogar reside una mujer en situación de vulnerabilidad, quien tiene a su cargo el cuidado permanente de su madre y su hermana menor, ambas con discapacidad mental.

La interrupción del suministro mediante el retiro del medidor colocó a esta familia en una situación crítica, afectando directamente su dignidad, salud y calidad de vida. La energía eléctrica, más que un simple servicio, se consideró un derecho esencial para garantizar condiciones mínimas de existencia, especialmente para personas con discapacidad.

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En la vivienda, ubicada en la ciudad de Capiatá, la mujer ejerce la función de curadora de sus familiares, quienes fueron declaradas judicialmente incapaces. Ante esta realidad, la defensora Castillo Alvarenga intervino de manera inmediata, promoviendo un amparo constitucional en defensa de los derechos fundamentales de las personas bajo su cuidado.

A pesar de que la ANDE solicitó el rechazo del amparo alegando la legalidad de sus procedimientos comerciales, el Juzgado Civil, Comercial y Laboral del 5º Turno de Luque, a cargo del juez Alexis María Vallejos Mendoza, resolvió hacer lugar a la acción. En su sentencia, el magistrado subrayó que se trata de una cuestión de derechos humanos que compromete la dignidad humana y la protección de sectores vulnerables, principios plenamente amparados por la Constitución Nacional de Paraguay. La urgencia demostrada justificó plenamente la procedencia de esta garantía constitucional.

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