Gianina García Troche seguirá recluida en Viñas Cué tras fallo judicial
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El juez Penal de Garantías, Rodrigo Estigarribia, confirmó la prisión preventiva de Gianina García Troche en la cárcel militar de Viñas Cué. La exesposa del prófugo uruguayo Sebastián Marset se encuentra procesada por lavado de dinero y otros delitos en el marco del operativo A Ultranza Py, tras haber sido extraditada desde España.
La defensa de la imputada solicitó al juzgado el arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica; sin embargo, el pedido fue rechazado por el magistrado Estigarribia. El juzgado alegó que persiste el peligro de fuga y de obstrucción a la investigación. Además, señaló que la prisión preventiva es una medida proporcional a la eventual sanción que podría recibir en caso de una condena.
Por su parte, el fiscal sostuvo que los argumentos de la defensa ya habían sido analizados previamente tanto por el juzgado como por el Tribunal de Apelación, subrayando que no se acreditaron hechos nuevos que justifiquen la modificación de la medida cautelar.
La defensa de García Troche tiene ahora la posibilidad de apelar el fallo judicial. De ser así, un tribunal de alzada será el encargado de definir si corresponde confirmar o revocar la resolución del juez Estigarribia.
La jueza Lici Sánchez decretó la prisión de varios imputados por narcotráfico en el caso del jet privado en el que se incautó marihuana premium. Foto: Gentileza
Narcojet: jueza decretó la prisión preventiva para funcionarios de la Dinac y otros imputados
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La jueza Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Gustavo Adolfo Sandoval subgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), así como de Víctor Fernández Arce (vinculado a la empresa de servicios aeroportuarios MUNSER FBO), Herman Cecilio Melgarejo Morales (despachante de vuelo) y José María Fernández Vera. Todos ellos están imputados por hechos punibles relacionados con el narcotráfico, tras la incautación de 263,7 kilos de marihuana premium (conocida como hachís) en un jet privado estadounidense que aterrizó en un hangar privado del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
De acuerdo con la resolución judicial, dada a conocer tras la audiencia de imposición de medidas en la oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia, los imputados permanecerán en la Senad durante cinco días y luego serán trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú.
Esta nueva imputación, presentada por la fiscal Ingrid Cubilla, corresponde a una segunda fase investigativa que busca determinar las intervenciones en la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y las gestiones para evitar la verificación de las autoridades.
Según la hipótesis fiscal, el jet Challenger 604, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, llegó el 29 de mayo de 2026. Al día siguiente, durante la descarga, personal militar detectó bolsones con sustancias que el laboratorio identificó como resina de marihuana o hachís. La investigación atribuye a Fernández Arce la coordinación previa del vuelo y la descarga; a Melgarejo, las gestiones y presiones para liberar la carga; a Fernández Vera, el traslado de los bolsones; y a Sandoval (el subgerente de la Dinac), las comunicaciones para negociar la liberación del cargamento a cambio de una supuesta recompensa.
Para el Ministerio Público, las conductas atribuidas a los cuatro procesados habrían contribuido a facilitar la operación y el eventual retiro de la droga sin los controles correspondientes.
El juez de Garantía de Fernando de la Mora, Miguel Ruíz, elevó a juicio ora el proceso que enfrenta el hijo de un exvicepresidente de la República, acusado por abuso sexual en niños. Foto: Gentileza
Hijo de exvicepresidente de la República enfrentará juicio por presunto abuso sexual de un niño
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El juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, elevó a juicio oral y público el proceso penal contra el hijo de un exvicepresidente de la República, quien fue acusado por supuesto abuso sexual de un niño de 10 años. El Ministerio Público sostiene en su acusación que el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad del menor para manosearlo en varias oportunidades.
Tras la audiencia preliminar, el juzgado resolvió admitir íntegramente la acusación del Ministerio Público y, además, dispuso que el acusado cumpla arresto domiciliario con control de la comisaría jurisdiccional de la zona. Asimismo, impuso medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y a su madre.
La acusación presentada por el fiscal Armin Echeguren refiere que el procesado, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía 10 años a la fecha de la denuncia, procedía a manosearlo en sus partes íntimas, por debajo de su ropa, utilizando como herramienta la excusa de los juegos para conseguir su cometido de índole sexual.
Los episodios, según la investigación, sucedían durante las visitas a su domicilio y, ocasionalmente, en la casa de los abuelos paternos, debido a que contaba con un régimen de relacionamiento.
Con la resolución del juzgado de primera instancia, el acusado deberá afrontar juicio oral y público y será juzgado por un Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora.
La Corte suspendió sin goce de sueldo al juez de Capitán Bado, Cristian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Foto: Gentileza
Corte suspende a juez de Capitán Bado, imputado por caso vinculado a “Cabeza Branca”
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El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió suspender preventivamente en el ejercicio de sus funciones, y sin goce de sueldo, al juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Capitán Bado (Circunscripción Judicial de Amambay), Cristian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por el supuesto hecho de lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Asimismo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició un proceso de enjuiciamiento en su contra.
De acuerdo con el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de una causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
Según el escrito fiscal, en agosto de 2023 la Senabico informó al juez que los inmuebles poseían medidas cautelares vigentes dictadas en dicha causa. Pese a ello, el magistrado dispuso la subasta de ambas propiedades. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos emitidos en octubre y noviembre de 2023 —a pedido del propio juez— confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez.
A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. El 28 de noviembre, el juez aprobó el remate y ordenó la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Finalmente, la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a la vigencia de las medidas cautelares dictadas en el proceso penal relacionado con el caso “Cabeza Branca”.
Elevan a juicio oral causa por hurto contra sospechoso del crimen de Eusebio Ayala
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El juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, uno de los sospechosos del crimen de Rebeca Martínez en Eusebio Ayala. En esta causa, Rodríguez Merlo está acusado en Asunción por el hurto agravado de una camioneta Toyota Fortuner, ocurrido el 20 de octubre de 2024 en el barrio Sajonia. Asimismo, el magistrado levantó la orden de captura internacional que pesaba sobre el imputado y decretó su prisión preventiva.
En relación con su presunto cómplice, José Luis Paes Gasparin, el juzgado se opuso al pedido de sobreseimiento provisional y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ratifique la solicitud o presente una acusación formal.
La causa penal se originó tras la sustracción de una Toyota Fortuner blanca, año 2020, perteneciente a Héctor Daniel Villalba. El vehículo había sido estacionado alrededor de las 19:35 del 20 de octubre de 2024 en la intersección de las calles Cala’a y Antonio Ruiz de Arellano, en el barrio Sajonia.
Según la acusación, Rodríguez Merlo manipuló la puerta del conductor mientras Paes Gasparin realizaba tareas de vigilancia. Tras forzar el acceso, ambos ingresaron al habitáculo, lograron arrancar el rodado y, aproximadamente a las 21:04, se dieron a la fuga, iniciando la investigación por supuesto hurto agravado.