El Ministerio Público confirmó que el comerciante Abner Josías Santacruz Torres, propietario del local TS Celulares, no será procesado penalmente por la muerte del asaltante Fredy Javier Gamarra Figueredo, al concluir que actuó en legítima defensa durante un violento intento de robo registrado en Ciudad del Este.
El hecho ocurrió el viernes a la siesta sobre la avenida San José y José Martí, en el barrio Ciudad Nueva, y generó una fuerte conmoción pública. El enfrentamiento armado dejó un saldo trágico: además del presunto delincuente abatido, falleció Fabiola Monserrat Romero Wuyk, pareja del comerciante.
El fiscal interviniente, Gabriel Segovia, sostuvo que la reacción del dueño del local se produjo ante un ataque armado directo, lo que encuadra dentro de la figura legal de defensa propia. Asimismo, confirmó que la pistola calibre 9 mm utilizada por Santacruz Torres contaba con documentación legal de tenencia, expedida por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).
Ambas armas fueron incautadas como parte de las diligencias investigativas.
Investigación sigue
Pese a quedar absuelto en relación con la muerte del asaltante, el comerciante continuará vinculado al proceso mientras se esclarecen las circunstancias del disparo que terminó con la vida de su pareja.
El agente fiscal explicó que aún se aguardan los resultados de las pericias balísticas y criminalísticas. “Sin los resultados de las pericias no se puede adelantar una conclusión”, señaló.
Incluso, mencionó que podría analizarse la figura de excitación emotiva, una alteración psicológica intensa que puede incidir en la responsabilidad penal cuando una persona actúa bajo un estado extremo de shock o miedo.
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20 años de cárcel
En paralelo, el presunto cómplice del asalto, Arnaldo José Gómez Brizuela, de 19 años, fue imputado por robo agravado con resultado de muerte. Aunque no posee antecedentes penales, la expectativa de pena oscila entre 8 y 20 años de prisión.
Actualmente pesa sobre él un pedido de prisión preventiva, mientras se aguarda la decisión judicial para su traslado a un centro penitenciario. La causa continúa en etapa investigativa, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la inseguridad, la reacción de las víctimas frente al delito y las consecuencias irreparables que deja la violencia.