Los fiscales Belinda Bobadilla y Laura Giacummo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción presentaron imputación por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y otros delitos contra tres funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), en el marco de la investigación abierta por el presunto desvío de más de G. 1.100 millones.
Los investigados habrían desviado los fondos de la institución a sus cuentas personales. Los agentes del Ministerio Público solicitaron la aplicación de medidas cautelares, atendiendo la gravedad de los hechos investigados.
Según la carpeta investigativa, los hechos habrían sido ejecutados mediante un esquema que involucró el acceso indebido a los sistemas informáticos y a las cuentas bancarias de la Copaco, con el fin de simular egresos a favor de la Municipalidad de Asunción, aparentando el pago de obligaciones municipales, cuando en realidad los fondos habrían sido redirigidos a cuentas particulares de funcionarios del ente y de terceros.
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Fueron imputados el gerente administrativo financiero de la entidad, Osmar Cañete, quien fue sindicado como presunto autor de los hechos de lesión de confianza, instigación a la alteración de datos y producción de documentos no auténticos.
El jefe del Departamento de Tesorería, Roque Valdez, como presunto cómplice del hecho de lesión de confianza, y un funcionario del área de informática, como presunto autor de alteración de datos relevantes en los sistemas contables.
Esquema
El esquema fue descubierto al inicio de 2026, cuando se identificaron registros contables que consignaban facturas municipales por montos significativamente superiores a los habituales, lo que motivó verificaciones internas y el inicio de una auditoría que reveló que las operaciones comenzaron en el 2023 y se extendieron hasta el 2025.
Durante el proceso se constató la eliminación y modificación de dichos registros, quedando evidencias en las pistas de auditoría del sistema, así como la presentación de documentos que no coincidían en montos, numeración ni cantidad con los inicialmente registrados.
En el marco de la investigación se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en las viviendas de Cañete y Valdez. En la ocasión fueron incautados varios documentos que serán sometidos a análisis.
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