En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará este domingo, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), a través de su observatorio, presentó un Boletín Estadístico Sobre la Situación de Niñas y Adolescentes mujeres en Paraguay.

El informe, elaborado por el Observatorio de CDIA, señala que la violencia intrafamiliar continúa en aumento. Solo en 2025 se registraron 37.825 víctimas, según datos del Ministerio Público, una cifra que refleja que en los últimos diez años los casos denunciados casi se cuadruplicaron.

La mayoría de las víctimas son mujeres, y la violencia también impacta en niñas, niños y adolescentes que viven en entornos familiares violentos.

El boletín también advierte sobre la persistencia de la forma más extrema de violencia de género: el feminicidio. Durante 2025 se registraron 37 casos, entre ellos 7 adolescentes.

Como consecuencia de estos crímenes, 69 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad materna, mientras que desde 2020 la cifra acumulada asciende a 404.

Entre otras problemáticas, el informe destaca la magnitud de las uniones tempranas. Según el último Censo Nacional (realizado en 2022) 10.055 niñas y adolescentes viven en Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranas y Forzadas (MUITF), situaciones que las exponen a embarazos tempranos, abandono escolar y mayores riesgos de violencia.

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El boletín también evidencia desigualdades en educación y trabajo. Entre las niñas y adolescentes fuera del sistema educativo, el principal motivo registrado es “motivos familiares”, seguido por la falta de recursos en el hogar y la ausencia de instituciones cercanas.

Además, se identificaron 10.136 niñas y adolescentes trabajando como empleadas domésticas, pese a que la ley prohíbe este tipo de trabajo antes de los 18 años.

El boletín expresa además que “los datos reflejan el preocupante contexto de violencias que viven mujeres, niñas y adolescentes, expresadas en denuncias por maltrato intrafamiliar, abusos y feminicidios.

Para la CDIA, estas cifras dejan en evidencia que las desigualdades de género se reproducen desde la niñez y adolescencia, por lo que resulta urgente fortalecer políticas públicas que prevengan las violencias, erradiquen las uniones tempranas y garanticen el acceso a la educación y a condiciones de vida dignas para niñas y adolescentes.

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Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este jueves sobre la reunión desarrollada entre miembros de la máxima instancia judicial y representantes de la Asociación de Magistrados. Durante la audiencia dialogaron acerca de temas de interés institucional y acciones orientadas a fortalecer el servicio de justicia.

Estuvieron presentes el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, junto con los vicepresidentes primero y segundo, Luis María Benítez Riera y Gustavo Santander Dans, quienes integran el Consejo de Superintendencia. Las alta autoridades recibieron en la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción a los representantes de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP)

Por otra parte, también participaron del encuentro el presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, Ángel Cohene, quien estuvo acompañado por integrantes de la comisión directiva del gremio, entre ellos, el vicepresidente segundo Luis Osmar Fretes y la secretaria general Victoria Carolina Noguera.

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También formaon parte del encuentro Luz Genes, defensora pública; Carmen Mendoza, miembro del Tribunal de Apelación de Cordillera; Karen González, jueza; Marcial Machado, agente fiscal; y Marysa Valiente, defensora pública.

En la ocasión intercambiaron consideraciones sobre diversos aspectos vinculados al funcionamiento del sistema judicial y a la labor que desempeñan los distintos operadores de justicia en el país.

Agregaron que las autoridades de la Corte Suprema destacaron la importancia de mantener espacios de diálogo institucional con los gremios que representan a los distintos actores del sistema judicial, así como de promover iniciativas orientadas a la cooperación y la capacitación permanente.

“Fue una reunión muy amena en la que hemos enfocado temas de actualidad. Vamos a trabajar de manera coordinada con la Corte Suprema de Justicia; esto es muy importante para nosotros porque, como gremio, representamos a jueces, fiscales y defensores”, expresó Ángel Cohene, titular de la AMJP.

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Con la finalidad de presentar a las autoridades judiciales los resultados de investigaciones de campo realizadas por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), este viernes se desarrolló la segunda jornada de la mesa técnica de trabajo entre integrantes de la la Oficina Técnica Penal (OTP) y del CEJ.

Con la presencia de la ministra de la Corte, Carolina Llanes, se pormenorizaron detalles relacionados con la aplicación de la prisión preventiva y medidas alternativas mediante el análisis de riesgos procesales en 322 resoluciones correspondientes al primer semestre de 2025.

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La jornada tuvo relación con los proyectos del sistema de Justicia Penal orientados a apoyar la labor de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva, vinculados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de libertad (PPL) con enfoque de derechos humanos.

“Con apoyo del analista Jorge González, integrantes del CEJ expusieron los resultados del análisis de riesgo de 322 resoluciones dictadas entre enero y junio de 2025″, informaron.

María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ, señaló que en esta oportunidad se presentaron a la Sala Penal los resultados de las investigaciones de campo realizadas por la institución en relación con la aplicación de la prisión preventiva y medidas alternativas.

El trabajo busca comprender la dinámica del análisis jurisprudencial de los jueces de Garantías en estos puntos, a fin de identificar reiteraciones y la aplicación de normas.

La intención principal es detectar posibles debilidades que permitan a la Sala Penal contar con un panorama preciso para orientar políticas judiciales.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves al ministro Alberto Martínez Simón como nuevo presidente del Poder Judicial. En tanto, el ministro Luis María Benítez Riera fue electo como vicepresidente primero y el ministro Gustavo Santander como vicepresidente segundo.

Por otra parte, el ministro Benítez Riera también fue designado como representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura, reemplazando a Eugenio Jiménez. A su vez, el ministro Manuel Ramírez Candia fue confirmado como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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Durante su intervención en la sesión plenaria ordinaria de la Corte, Martínez Simón expresó que “en este ejercicio democrático que marca nuestra carta orgánica —creo que ello hace bien a la institucionalidad de la Corte— establecer que tengamos procesos naturales marcados por la norma, con discusión previa, diálogo, propuestas y el afianzamiento de una o más candidaturas hace el buen manejo de la Corte”.

En otro momento, sostuvo que los integrantes del máximo tribunal realizaron un buen trabajo en este último periodo, trabajo que seguirá bajo su presidencia, principalmente de manera colectiva.

“Todos apuntamos hacia el mismo lugar: queremos la mejor conducción de la justicia en nuestro país. Me consta personalmente, en las distintas presidencias en las que trabajé, como vicepresidente también, que todos ponemos el mejor esfuerzo. Se da por descontado que, así como el año anterior se realizó un gran trabajo colectivo entre todos, este año será igual”, apuntó.

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