La jueza de Ejecución, María Lidia Wyder, rechazó un pedido de tutela jurisdiccional presentado a favor del pastor José Alberto Insfrán, recluido en el Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada.
La magistrada desestimó la solicitud tras constatar que Insfrán no sufre vulneraciones en sus derechos ni garantías.
El abogado Nelson López, representante del procesado en el caso “A Ultranza Py”, sostiene que su defendido recibe tratos inhumanos dentro del penal. Sin embargo, la jueza afirmó que se pudo comprobar que el procesado no padece ningún tipo de atropello a sus derechos, por lo cual dictaminó el rechazo del pedido formulado.
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De todos modos, la jueza de Ejecución exhortó al director del establecimiento a arbitrar los mecanismos necesarios para continuar salvaguardando la salud e integridad física del interno.
El Ministerio Público sostiene que tanto José como su hermano, Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”), son los líderes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero a gran escala.
Esta estructura fue desbaratada mediante el operativo “A Ultranza Py”, que contó con la colaboración de la DEA, Europol y la Policía de Uruguay. Se trata del mayor operativo de esta magnitud en el país, el cual dejó al descubierto los vínculos del crimen organizado con la política, iglesias y empresas utilizadas para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
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Intendencia de Asunción rechaza parcialmente presupuesto municipal 2027
La nueva administración municipal de Asunción rechazó parcialmente el presupuesto correspondiente a 2027, aprobado por la Junta Municipal.
El anunció fue realizado por la intendenta Soledad Núñez, quien dijo que la medida responde a las modificaciones introducidas por el Legislativo comunal, que contemplan un esquema de administración financiera y presupuestaria independiente del Ejecutivo Municipal.
Durante una conferencia de prensa, la jefa comunal explicó que la decisión fue adoptada tras un análisis jurídico, administrativo y financiero realizado por su equipo, considerando las disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Administración Financiera del Estado.
Núñez señaló que el proyecto presupuestario había sido remitido inicialmente por el Ejecutivo Municipal del ex intendente Luis Bello a la Junta, donde fue objeto de modificaciones. Una vez devuelto, el Ejecutivo debía optar entre su aprobación con modificaciones o el veto, sin posibilidad de introducir nuevas modificaciones en esta instancia referente a las partidas presupuestarias.
Fundamentos del veto parcial
La intendenta explicó que el principal cuestionamiento se refiere a la intención de la Junta Municipal de administrar de manera independiente recursos presupuestarios, mediante un mecanismo que obligaría al Ejecutivo a realizar transferencias mensuales.
Según indicó, esta disposición entra en conflicto legal con las atribuciones que la Ley Orgánica Municipal confiere al exclusivamente al Ejecutivo Municipal para administrar y ejecutar el presupuesto de la Municipalidad.
La jefa comunal sostuvo que la decisión busca resguardar la correcta administración de los recursos públicos y el cumplimiento de las responsabilidades institucionales.
Adicionalmente, el asesor de la intendenta, el exsenador Stephan Rasmussen, indicó que hay un antecedente respecto a este punto.
En el año 2020, la Contraloría General de la República elevó un Reporte de Indicios de Hechos Punibles a la Fiscalía General del Estado donde señalaba expresamente que la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción oficia de ordenador de gastos, constituyéndose en una entidad administrativa autónoma a la Administración Municipal, fuera de las atribuciones constitucionales y de la Ley N 3966/10 Orgánica Municipal; por lo que queda claro que dicha atribución es ilegal y podría ser un delito.
Comunicación a la Junta Municipal
La intendenta de Asunción informó que la decisión fue comunicada a los nueve concejales que acompañan su gestión, quienes expresaron su respaldo al veto parcial.
Asimismo, señaló que el presidente de la Junta Municipal, el concejal colorado Gerardo Benítez, fue informado de la decisión del Ejecutivo en una reunión llevada a cabo en la fecha en el despacho de la Intendenta.
La jefa comunal manifestó su expectativa de que el veto reciba el acompañamiento de todos los integrantes del Legislativo Municipal.
Finalmente, recordó que este viernes vencía el plazo para pronunciarse sobre el presupuesto aprobado por la Junta, motivo por el cual la decisión debía adoptarse sin demora. El Legislativo Municipal tiene diez días corridos para tomar una decisión con relación al veto remitido por el Ejecutivo Municipal.
El presupuesto municipal 2027 constituye el instrumento que permitirá planificar y ejecutar las obras, así como financiar los servicios que la Municipalidad presta a la ciudadanía asuncena durante el próximo ejercicio fiscal.
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Diputados rechaza juicio político contra Pedro Alliana
Diputados rechazó el pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Con 48 votos en contra y 30 a favor, quedó rechazada la formulación de la acusación y el proyecto pasa a archivo.
Anterior a esto, la Cámara Baja pasó a cuarto intermedio la sesión extraordinaria convocada para tratar el pedido de juicio político contra el ahora expresidente, Santiago Peña y dio paso a una segunda sesión extraordinaria, en la que se trató el libelo acusatorio contra el vicepresidente.
Esto se dio luego de Peña anunciara su renuncia a la Presidencia de la República, en medio de la crisis desatada por el caso ueno bank, que provocó una fuerte presión política y cuestionamientos a las principales autoridades del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.
La sesión extraordinaria solo duró unos minutos, donde los diputados colorados expusieron su postura en contra del juicio político para el segundo del Ejecutivo. Las bancadas del Partido Colorado, A y B, anunciaron previamente que estaban a favor del juicio a Peña, pero no para Alliana.
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Ratifican prisión y elevan a juicio proceso por el sicariato del militar Guillermo Moral
La jueza de Garantías Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal contra Ángel David González Guillén, acusado de colaborar con la logística del sicariato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la UNA. Asimismo, la magistrada ratificó la prisión preventiva del procesado y admitió la acusación fiscal por los delitos de sicariato y asociación criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado habría colaborado con una transferencia de G. 800.000 destinada a financiar la vigilancia y el seguimiento de la víctima. El dinero fue entregado por su hermano, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, quien también le proporcionó los datos de una cuenta bancaria para realizar el envío. González Guillén recurrió a su amigo Rolando Javier Torres Rivarola, quien finalmente efectuó la transferencia a una cuenta perteneciente a Lucía Guadalupe Portillo Benítez, tía de uno de los presuntos autores materiales del crimen, Rogelio Lemuel Díaz Brítez.
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El Ministerio Público señala que las comunicaciones por WhatsApp, los registros bancarios y las declaraciones de testigos respaldan firmemente la acusación. Por otra parte, la jueza se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que, en un plazo de 10 días hábiles, ratifique o rectifique la solicitud presentada por los fiscales inferiores.
Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de Sentencia que deberán juzgar al acusado por el caso registrado frente a la facultad de derecho de la UNA.
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Cámara de Apelación revoca y rechaza amparo promovido por jubilados navieros del IPS
La Cámara de Apelación Segunda Sala de la Capital —integrada por Juan Carlos Paredes, Stella Maris Zárate y Antonia López de Gómez— rechazó el amparo de pronto despacho promovido por un grupo de jubilados navieros del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes accionaron contra el ente previsional para obtener la devolución y reajuste de sus aportes jubilatorios.
Los magistrados mencionaron en su resolución judicial que “no puede prosperar una acción de amparo, si existe un litigio judicial pendiente de resolución entre las partes cuyo objeto tenga conexidad con la petición en el amparo, porque de admitirse ello, se estaría violando una disposición judicial”.
Por las razones expuestas, se votó por hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el representante del IPS y, en consecuencia, revocar íntegramente la sentencia apelada, rechazando en su lugar la presente acción de amparo de pronto despacho, refiere el argumento del tribunal de alzada.
El abogado Raúl Mongelós, en representación de más de veinte jubilados del IPS, promovió una acción de amparo constitucional de pronto despacho contra el IPS, alegando que sus representados han cumplido con la presentación de los recaudos necesarios ante la institución para obtener lo que corresponde a cada uno.
Ante la no contestación del IPS, los jubilados recurrieron a la justicia, donde un juez de primera instancia hizo lugar al amparo, pero en segunda instancia se revocó y se rechazó la citada garantía constitucional.
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Los jubilados sostienen que el IPS no se ha pronunciado respecto de su petición de establecer los montos referidos a la liquidación de sus haberes con base en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en los autos “Lino Asciano Acosta Amarilla y otros contra la Ley Nº 98/92”.
En dicho proceso, la Corte Suprema de Justicia dictó el Acuerdo y Sentencia (A. y S.) Nº 1917/2016, mediante el cual hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad y declaró la inaplicabilidad de los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 98/92 en relación con todos los accionantes. La decisión fue posteriormente objeto de aclaratoria mediante el A. y S. Nº 1197/2017, manteniéndose el alcance de la decisión respecto de todos los accionantes.
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