La jueza de Ejecución, María Lidia Wyder, rechazó un pedido de tutela jurisdiccional presentado a favor del pastor José Alberto Insfrán, recluido en el Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada.
La magistrada desestimó la solicitud tras constatar que Insfrán no sufre vulneraciones en sus derechos ni garantías.
El abogado Nelson López, representante del procesado en el caso “A Ultranza Py”, sostiene que su defendido recibe tratos inhumanos dentro del penal. Sin embargo, la jueza afirmó que se pudo comprobar que el procesado no padece ningún tipo de atropello a sus derechos, por lo cual dictaminó el rechazo del pedido formulado.
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De todos modos, la jueza de Ejecución exhortó al director del establecimiento a arbitrar los mecanismos necesarios para continuar salvaguardando la salud e integridad física del interno.
El Ministerio Público sostiene que tanto José como su hermano, Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”), son los líderes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero a gran escala.
Esta estructura fue desbaratada mediante el operativo “A Ultranza Py”, que contó con la colaboración de la DEA, Europol y la Policía de Uruguay. Se trata del mayor operativo de esta magnitud en el país, el cual dejó al descubierto los vínculos del crimen organizado con la política, iglesias y empresas utilizadas para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
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Feprinco pide que proyecto sobre regalías biotecnológicas agrícolas no sea aprobado
La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) que aglutina a varios gremios, pide que el proyecto de ley que establece las condiciones de ejercicio en el cobro de regalías biotecnológicas agrícolas y modifica la ley nº. 1630 de patentes de invención, no sea aprobado.
En una nota remitida al presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, la federación expresó su preocupación sobre este proyecto de ley, ya que señalan que los efectos podrían trascender el ámbito estrictamente sectorial y afectar los compromisos internacionales asumidos en materia de propiedad intelectual.
Este proyecto se encuentra en el Congreso para su análisis.
“Se debe evaluar las consecuencias para el país en materia de imagen y credibilidad internacional del Paraguay, seguridad jurídica, respeto a las inversiones, acceso a tecnología y previsibilidad de las reglas”, señala el documento.
Consideran importante que el debate en torno a este proyecto no debe plantearse como una discusión entre usuarios de tecnologías y dueños de Propiedad Intelectual.
“La cuestión de fondo es más amplia y se relaciona con el tipo de país que queremos proyectar y con las condiciones que Paraguay debe ofrecer para atraer inversión, innovación y nuevas tecnologías”, explica.
Paraguay no puede reclamar seguridad jurídica, previsibilidad y respeto a las reglas para acceder a los mercados internacionales y, al mismo tiempo, generar dudas respecto de esas mismas garantías para quienes invierten, desarrollan y/o aportan tecnología en nuestro país.
A ello se suma que el proyecto presenta aspectos que vulneran principios constitucionales y de compatibilidad con compromisos internacionales asumidos por el Paraguay, particularmente en materia de propiedad intelectual, aumentando innecesariamente el riesgo de litigios y controversias, fundamenta la Feprinco.
El proyecto adquiere especial relevancia en momentos en que Paraguay sale al mundo con el discurso de atraer inversiones, tecnología e innovación y, recientemente firmar un acuerdo con la Unión Europea, señalan.
El Acuerdo Mercosur–UE reafirma la protección de los derechos de propiedad intelectual y las obligaciones internacionales asumidas en el marco de ADPIC/OMC1.
“Una legislación que limite el derecho al cobro por propiedad intelectual, generará cuestionamientos sobre 1ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) o sus siglas en inglés: TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). la compatibilidad de la normativa paraguaya con dicho compromiso internacional y puede afectar las relaciones comerciales con la Unión Europea”, explica la nota.
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A Ultranza Py: Fiscalía expone en juicio más de 2.000 chats entre Marset y Tío Rico
Durante el juicio por la causa A Ultranza PY, el Ministerio Público presentó más de 2.000 mensajes de chat encriptados que son atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, entre ellos se reveló un mensaje en el que conversan sobre un presunto homicidio y la forma de “hacer desaparecer un cuerpo”.
La semana pasado, el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dio a conocer el contenido de los mensajes encriptados dentro una herramienta denominada Sky ECC, una plataforma comúnmente utilizada dentro del crimen organizado.
La presentación se dio en el marco de la producción de pruebas, que se está presentando contra alias Tío Rico y 17 acusados en el proceso que se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.
Los investigadores mencionaron que las conversaciones entre Marset y Tío Ríco se produjeron entre el 2019 y el 2020. Entre los intercambios figura, en particular, la del 14 de setiembre del 2020, en la que el narcotraficante uruguayo le consulta a Tío Rico sobre “cómo hacer desaparecer un cuerpo que tengo”, y luego mencionan que hay mensajes que hablan de “cal y ácido”.
Movimiento de la droga
En otros mensajes de los criminales se muestra cómo coordinaban el traslado de grandes cantidades de drogas. En las conversaciones se puede observar la forma que organizaban los envíos ilícitos entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.
La Fiscalía también señaló que en las transcripciones incluyen algunas menciones sobre una presunta participación de autoridades de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay que estarían vinculados en la estructura criminal que es investigada. Aunque indicaron que esas conversaciones se mostrarán en otra ocasión.
El Tribunal de Sentencia Especializada está presidido por María Luz Martínez e integrado por los jueces Dina Marchuk y Federico Rojas, quienes están a cargo del juicio oral por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py, en que también está involucrado el uruguayo Sebastián Marset, hoy preso y en proceso penal federal en los Estados Unidos.
Marset desafió a DEA
Por otra parte, la Fiscalía estadounidense dio a conocer documentos que contienen mensajes intercambiados por el narcotraficante Marset, quien en tono desafiante dialogó con un agente de la DEA (por sus siglas en inglés de Administración de Control de Drogas) casi un año antes de ser capturado en Bolivia.
En esos mensajes, el uruguayo no solo rechazó entregarse, sino que además amenazó al funcionario norteamericano. De acuerdo a esos mensajes, incluso Marset se jactó de estar fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos.
Según la información de la fiscalía norteamericana, el contacto comenzó el 26 de marzo de 2025, cuando el agente especial Michael Greisen le escribió por WhatsApp para advertirle que las autoridades estadounidenses continuarían buscándolo y ofrecerle una salida negociada.
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En el escrito que consta en el expediente se lee que el agente de la DEA le mencionó: “Estados Unidos cuenta con un brazo de la justicia de largo alcance, vastos recursos y paciencia. Mantendremos la presión hasta capturarlo”.
Mientras que la inmediata respuesta de Marset fue: “No me van a capturar nunca”; “la justicia no existe” y “yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”; luego que el agente de la DEA insistiera en que buscaba una solución para evitar consecuencias mayores para su entorno familiar.
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Intensificarán operativo contra vertederos clandestinos
La Municipalidad de Asunción anunció que a partir de la próxima semana intensificará el operativo Vertederos Clandestinos Cero, que busca eliminar los puntos donde se arrojan residuos de manera ilegal. Asimismo, la idea es generar conciencia ciudadana de mantener limpia la ciudad.
Los relevamientos realizados permitieron identificar más de 100 vertederos clandestinos en distintos sectores de Asunción, aunque se estima que podrían existir muchos más, según expresiones del director general de Gestión Ambiental, Máximo Barreto.
“Hemos realizado algunas intervenciones, pero con mayor intensidad lo haremos a partir de la próxima semana”, indicó.
La primera etapa del operativo contempla la intervención de 20 puntos ya mapeados, para los cuales la Municipalidad cuenta con una hoja de ruta de trabajo durante lo que resta del mes de septiembre.
Las acciones, encaradas por la administración de Luis Bello, contemplan la limpieza y recuperación de los sitios con equipos municipales y el apoyo de instituciones aliadas. Luego, una segunda línea de acción consistirá en identificar a quienes arrojan residuos ilegalmente y aplicar las sanciones correspondientes.
En ese sentido, trabajarán con la Policía Municipal de Vigilancia, con apoyo de la Policía Nacional.
Barreto recordó que arrojar basura en la vía pública o en lugares prohibidos constituye una falta gravísima, con multas que pueden ir de 20 a 2.700 jornales mínimos, de acuerdo con la normativa municipal.
Igualmente, los vehículos utilizados para arrojar residuos, como motocarros, podrán ser incautados y puestos a disposición del Juzgado de Faltas Municipales. La reincidencia puede derivar en sanciones mayores.
Más allá de la limpieza y la fiscalización, la Dirección General de Gestión Ambiental considera fundamental la participación de los vecinos. “Pedimos la ayuda de los vecinos, que permanentemente realizan reclamos y denuncias y que, a través de ellos, también hemos identificado estos puntos”, manifestó.
Señaló que el cambio de hábitos requiere de una tarea de concienciación sostenida en el corto, mediano y largo plazo, acompañada de controles efectivos.
Convocó a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil a trabajar juntos con la Municipalidad. “El papel del ciudadano y de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental”, apuntó.
Las denuncias sobre vertederos clandestinos pueden hacerse al WhatsApp de Atención al Ciudadano 0986 128 777.
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Masivo respaldo recibe Recalde tras el enfrentamiento con un médico sindicalizado
Un masivo “espaldarazo” institucional recibió el viceministro de Salud, Dr. Saúl Recalde, por parte de directores regionales, funcionarios y el plantel médico del Hospital de Pedro Juan Caballero, quienes rechazaron las acusaciones en su contra y repudiaron la constante estigmatización de los profesionales de Amambay con supuestos nexos con el narcotráfico.
Mediante sendos comunicados conjuntos expresaron su apoyo al viceministro Recalde, calificando de infundadas y descalificadoras las declaraciones; repudiando los ataques personales lanzados contra su persona y ratifican su respaldo a su gestión al frente del área asistencial.
El pronunciamiento masivo se dio a raíz del grave incidente ocurrido en los pasillos de la cartera sanitaria, donde el viceministro Recalde y el médico sindicalizado Freddy Cantero protagonizaron un altercado físico y verbal.
La reacción del alto funcionario se debió al sentirse aludido por las fuertes acusaciones que realizó el médico Cantero en su estado de WhatsApp, en las que se denunciaba mala praxis y se señalaba la presencia de “narcopolíticos” en la gestión sanitaria pública, interpretándolo como un ataque injurioso hacia su persona por ser oriundo del departamento de Amambay.
Intachable calidad humana
Ante la repercusión mediática del hecho, los Directores Regionales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se pronunciaron rechazando de manera categórica todo ataque infundado que pretenda descalificar o empañar la labor de quienes día a día trabajan por el fortalecimiento del sistema de salud pública.
“Destacamos la intachable calidad humana, el profesionalismo, la vocación de servicio y el compromiso constante que caracterizan al Dr. Saúl Recalde en el desempeño de sus funciones. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera articulada y coordinada bajo el liderazgo del Viceministerio, priorizando siempre la salud y el bienestar de toda la población”, expresa el documento.
Repudian ataque personal
En tanto, el plantel de funcionarios del Viceministerio de Atención Integral de la Salud (VAIS / MSPBS) ratificaron su respaldo y reconocimiento a su gestión, compromiso y desempeño profesional al frente de esta dependencia.
“Rechazamos y repudiamos toda expresión o señalamiento de carácter personal que pueda afectar la honra y la trayectoria de las personas, y consideramos que cualquier cuestionamiento debe realizarse con responsabilidad y respeto. Como funcionarios del VAIS, reiteramos nuestro compromiso con el trabajo institucional, la ética, el respeto y, principalmente, con el fortalecimiento de la salud pública en beneficio de toda la ciudadanía”, remarcaron.
Rechazan estigmatización médica
Mientras, el plantel de médicos del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero expresó su respaldo al viceministro Saúl Recalde y repudió de manera categórica la constante estigmatización que sufren los profesionales de la salud del departamento de Amambay, quienes son vinculados sin pruebas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas tras los recientes cuestionamientos públicos.
“Sin ingresar en cuestiones políticas, partidarias o administrativas, consideramos inaceptable que las diferencias, reclamos o reivindicaciones sean canalizadas mediante ataques personales, descalificaciones o acusaciones de extrema gravedad que puedan afectar la honra, la dignidad y la trayectoria profesional de una persona”, expresa parte del documento.
Mencionan que, todo cuestionamiento o denuncia debe formularse con responsabilidad, fundamentarse en hechos concretos y seguir los canales institucionales correspondientes, respetando el debido proceso y el marco legal vigente.
“Manifestamos nuestra preocupación y rechazo a la constante estigmatización que sufren los médicos del departamento de Amambay, a quienes reiteradamente se nos pretende vincular, sin pruebas, con el narcotráfico u otras actividades ilícitas. Este tipo de señalamientos injustos no solo vulneran nuestra dignidad y la de nuestras familias, sino que desvalorizan el trabajo honesto y comprometido que realizamos a diario en favor de la salud de la población”, enfatizaron.
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