A Ultranza Py: jueza afirma que no se vulneran derechos ni garantías del pastor Insfrán
Compartir en redes
La jueza de Ejecución, María Lidia Wyder, rechazó un pedido de tutela jurisdiccional presentado a favor del pastor José Alberto Insfrán, recluido en el Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada.
La magistrada desestimó la solicitud tras constatar que Insfrán no sufre vulneraciones en sus derechos ni garantías.
El abogado Nelson López, representante del procesado en el caso “A Ultranza Py”, sostiene que su defendido recibe tratos inhumanos dentro del penal. Sin embargo, la jueza afirmó que se pudo comprobar que el procesado no padece ningún tipo de atropello a sus derechos, por lo cual dictaminó el rechazo del pedido formulado.
De todos modos, la jueza de Ejecución exhortó al director del establecimiento a arbitrar los mecanismos necesarios para continuar salvaguardando la salud e integridad física del interno.
El Ministerio Público sostiene que tanto José como su hermano, Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”), son los líderes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero a gran escala.
Esta estructura fue desbaratada mediante el operativo “A Ultranza Py”, que contó con la colaboración de la DEA, Europol y la Policía de Uruguay. Se trata del mayor operativo de esta magnitud en el país, el cual dejó al descubierto los vínculos del crimen organizado con la política, iglesias y empresas utilizadas para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
La Patrulla Caminera destacó un balance positivo del Operativo Verano
Compartir en redes
La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), finalizó el Operativo Verano 2025-2026, desplegado en todo el territorio nacional durante el periodo de mayor circulación vehicular en rutas.
El operativo consistió en la presencia constante de agentes en las distintas jefaturas y destacamentos del país con patrullajes móviles, regulación del tránsito en puntos de alta concentración y fiscalizaciones preventivas, informaron desde la institución.
Destacaron que el operativo dejó un balance positivo, atendiendo que que se produjeron menos infracciones y se redujo la cantidad de conductores alcoholizados. El objetivo fue acompañar el incremento del flujo vehicular y reducir conductas que puedan derivar en siniestros viales.
En comparación con el Operativo Verano del año anterior, verificaron que se registró una disminución en la cantidad de personas sancionadas por distintas infracciones. También se observó una reducción en los casos de conductores bajo los efectos del alcohol: de 668 detectados en el periodo 2024-2025, la cifra descendió a 595 en esta edición.
“Cada uno de estos procedimientos permitió retirar de circulación a personas que representaban un riesgo potencial en ruta”, subrayaron. Durante el operativo se contabilizaron 616 siniestros viales a nivel país, entre accidentes sin consecuencias graves y hechos con personas heridas.
Si bien los números reflejan que aún existen desafíos en materia de seguridad vial, desde la institución aclaran que la presencia sostenida y el control preventivo contribuyeron a ordenar la circulación y a generar mayor conciencia en los conductores. Con el cierre del Operativo Verano, los controles continúan dentro del esquema habitual, recordando que la seguridad vial es una tarea permanente y compartida.
Asesinato del militar Moral: jueza decretó la prisión del imputado
Compartir en redes
La jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, decretó la prisión preventiva de Carlos Báez, alias “Lulu”, detenido por la muerte del militar Guillermo Moral, ocurrida frente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de Trinidad. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares realizada vía telemática.
Días atrás, la Policía Nacional capturó a un hombre que estaría implicado en el crimen de Guillermo Moral, personal militar que fue asesinado frente a la Facultad de Derecho. Se presume que el detenido fue quien contrató a los sicarios y luego eliminó a uno de ellos. Según el reporte dado por los intervinientes, la aprehensión de Carlos Báez Guillén se logró en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.
En el momento de su detención, el hombre portaba un arma de fuego e intentó huir, pero finalmente se entregó a las autoridades.
Báez Guillén ya fue derivado al Departamento de Homicidios de la Policía en la ciudad de Asunción, donde brindó declaración e indicó que él no tendría vinculación con el crimen. El hombre contaba con orden de captura internacional porque está acusado de matar a tres personas en Argentina. El personal militar fue asesinado en la tarde del 2 de octubre del año pasado.
Uno de los sicarios fue identificado como Rogelio Díaz Brítez, que sigue con paradero desconocido, en tanto que un adolescente de 17 años fue sindicado como el que realizó los disparos. Este último fue hallado muerto en el río Paraná días después y habría sido ultimado por el ahora detenido.
En operativo ambiental destruyen presas ilegales en el arroyo Capiibary, de Caazapá
Compartir en redes
La agente fiscal ambiental Liza Baeza, llevó a cabo un operativo en la localidad Buena Vista para la destrucción de presas ilegales, detectadas en el arroyo Capiibary. Durante la intervención se logró eliminar cinco de las 17 estructuras, y las labores proseguirán hasta el levantamiento total de las trampas para peces, conocidas como “pira ñuha”.
El procedimiento se desarrolló con el acompañamiento de técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), efectivos policiales del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Bomberos Voluntarios amarillos del departamento de Caazapá.
Los intervinientes señalaron que las 17 presas fueron construidas con distintos materiales, entre ellos madera, piedra y bambú. Una de ellas estaba ubicada solo a escasos metros de la ruta asfaltada que une las localidades de Buena Vista con San Francisco.
Estas estructuras impiden que los peces remonten el arroyo para desovar, lo que provoca la mortandad de ejemplares en el cauce, en cuyo sitio fueron hallados dos especímenes de surubí.
El operativo resultó complejo debido que fue requerida orden de allanamiento de propiedades privadas y el bajo caudal de agua dificultó la utilización de las embarcaciones.
El procedimiento forma parte de las acciones orientadas a proteger los recursos hídricos y la fauna acuática de la zona, así como a reforzar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
La jueza de Curuguaty, Sonia Medina Paredes, fue denunciada ante la Corte por actuar de forma irregular en juicios civiles, otorgando medidas cautelares. Foto: Gentileza
Denuncian ante la Corte a jueza por irregularidades en juicios civiles
Compartir en redes
La abogada Gessy Ruiz Díaz presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, solicitando una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por la jueza de Primera Instancia de Curuguaty, Sonia Medina Paredes. La denuncia se centra en el manejo de dos juicios de interdicto y la celeridad inusual con la que se resolvió uno de ellos.
Lo más llamativo del caso es que Ruiz Díaz promovió un juicio de interdicto para recobrar la posesión de un inmueble el pasado 2 de febrero, en representación de colonos de Nueva Durango. Sin embargo, un segundo expediente, caratulado “Abrahan Krahn contra Isaak Wall Schmidt y otros sobre interdicto de retener la posesión”, fue presentado ante la misma magistrada recién el 5 de febrero y recibió un tratamiento privilegiado.
La jueza Medina hizo lugar a una medida cautelar a favor del accionante del segundo juicio en un plazo extremadamente breve, dejando sin análisis el proceso presentado originalmente el 2 de febrero. Según la denuncia, esta “velocidad luz” en el despacho judicial levanta sospechas que deberían ser analizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).”
“Verificamos que se ha dictado una medida cautelar de forma prácticamente ‘express’, a diferencia de lo ocurrido con la demanda que presentamos con anterioridad. Hemos analizado dos expedientes que tenían básicamente el mismo objeto procesal”, indicó Ruiz Díaz.